No es lo único que ha sucedido en estos días. El 5 de mayo, el presidente también usó sus redes sociales para ordenar la detención de empresarios del transporte público cuyas unidades no trabajaron ese día. Hay 16 arrestados y se les sindica de incumplimiento de deberes, denegación de auxilio, peculado y extorsión. MIRA: El cabecilla de la MS-13 que sabía mucho sobre el pacto con Bukele y que fue devuelto por Trump a El Salvador Esta semana fue detenida la abogada Ruth López, una de las voces más críticas del Gobierno del Bukele y defensora de los derechos humanos. La Fiscalía la acusa de peculado, pero su organización, la reconocida ONG Cristosal, sostiene que el caso forma parte de la “tendencia en El Salvador, donde la criminalización y detención contra defensores de derechos humanos ha cobrado especial connotación y gravedad”. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, el 11 de noviembre de 2024. (Foto de Ezequiel BECERRA / AFP). / EZEQUIEL BECERRA Además, el portal digital El Faro confirmó que varios de sus pariodistas han salido del país ante las advertencias oficialistas de órdenes de arresto como consecuencia de publicar una investigación y entrevistas a pandilleros sobre el pacto de Bukele con las maras desde que fue alcalde de San Salvador. En cuanto a la Ley de Agentes Extranjeros, todo comenzó la noche del lunes 12 de mayo, cuando unas 300 familias campesinas de la comunidad El Bosque protestaron a 500 metros de la entrada de la urbanización privada Los Sueños, donde vive Bukele y donde Presidencia de la República está construyendo una nueva residencia presidencial, informó El Faro. La comunidad de El Bosque quería llamar la atención y solicitaba la ayuda del presidente luego de que se les notificara una orden judicial de desalojo. La policía capturó al líder comunal José Ángel Pérez y a Alejandro Henriquez, consultor jurídico de la Cooperativa El Bosque y defensor de los derechos humanos. Una manifestación para pedir la liberación de un joven abogado, defensor de derechos ambientales, y de un líder comunitario detenidos en El Salvador tras solicitar la ayuda del presidente Nayib Bukele para detener el desalojo de unas 300 familias. (EFE/ Rodrigo Sura). En la tarde del martes 13 de mayo, Bukele, en el poder desde el 2019, reaccionó través de su cuenta personal en la red social X, donde acusó a las organizaciones de la sociedad civil de responder a una agenda globalista y de buscar desestabilizar al país, y anunció el envío al Congreso de la Ley de Agentes Extranjeros. “Ayer fuimos testigos de cómo personas humildes fueron manipuladas por grupos autodenominados de izquierda y ONG globalistas, cuyo único objetivo real es atacar al Gobierno”, escribió Bukele. El presidente reconoció que la situación de El Bosque era “difícil”, pero aseguró que no usaría recursos públicos para atenderla. “Sería injusto que los salvadoreños que pagan alquileres o cuotas de vivienda tengan que financiar con sus impuestos los terrenos de quienes simplemente hacen más ruido”, dijo. “Por eso, y ante la aparente preocupación de estas ONG, he decidido enviar a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley de Agentes Extranjeros, el cual incluirá un impuesto del 30% sobre todas las donaciones que estas ONG reciben. Con esos fondos, se pagará la deuda de la cooperativa”, anunció. El Faro recordó que el mismo proyecto de ley ya había sido enviado por Bukele al Congreso en el 2021, pero aquella vez el impuesto era del 40%. La propuesta no se convirtió en ley debido a la presión internacional, especialmente de Estados Unidos. Pero hoy, con Donald Trump en el poder en ese país, el enfoque de Washington ha cambiado, pues comparte con Bukele las críticas contra las organizaciones de la sociedad civil. La deriva autoritaria de Bukele El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, llega a una conferencia de prensa el 14 de enero de 2025 en San Salvador. (Foto de Marvin RECINOS / AFP). / MARVIN RECINOS En diálogo con El Comercio, el director ejecutivo de la ONG Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, calificó el proyecto de ley como una legislación represiva y contraria a los principios democráticos, como la libertad de expresión y el derecho a la organización. Escobar dijo que todavía no se conoce el texto completo de la propuesta, pero indicó que además del impuesto del 30% esta contendrá disposiciones que tienen que ver con impedir el trabajo de las ONG. “Se busca afectar financieramente a las organizaciones de la sociedad civil e impedirles realizar su trabajo. Ese es el efecto inmediato. ¿Cuál es el delito en organizarse y reclamar sus derechos?”, cuestionó. Agregó que El Salvador vive en este momento una escalada autoritaria por parte del gobierno contra diferentes sectores que no están cumpliendo con lo que el presidente quiere. “Esta medida está enmarcada en esa lógica de exclusión de la sociedad civil. Nos pone como enemigos del pueblo y se da justo cuando escala la represión, pues se ha detenido a algunos defensores de los derechos humanos, a empresarios del transporte público… También es un intento por desviar la atención pública ante una serie de situaciones que pueden impactar en la imagen del presidente, como las revelaciones de El Faro sobre la relación del gobierno con las pandillas, entre otros temas», refirió. ¿Hacia dónde va la democracia en El Salvador? Escobar sostuvo que el país “va camino a ser una Nicaragua 2.0. El presidente ya hizo todo lo del manual: ya reformó la Constitución, ya se reeligió, ya destituyó magistrados, ya tiene controlada la Asamblea Legislativa, está atacando a la prensa independiente, está atacando a las organizaciones civiles, detiene a empresarios de cierto nivel cuando no están haciendo lo que él dice». “Muchas personas y organizaciones han abandonado sus esfuerzos, pues no buscan convertirse en mártires, especialmente cuando existen condiciones para una detención ilegal. Las principales afectadas serán las comunidades, ya que los proyectos podrían detenerse”, anotó. El caso de
