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Las amenazas de Donald Trump y de un Congreso sumiso a sus deseos está afectando a la capital del país como ciudad que acoge a los migrantes sin importar su estatus. Las autoridades del Distrito de Columbia ya no quieren que la ciudad se defina como “santuario”, término que hace referencia a las ciudades y los Estados que no colaboran con el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) para detener a los indocumentados con el objetivo de deportarlos. La prueba es que se ha eliminado la página de la web del Gobierno de DC en la que la alcaldesa, Muriel Bowser, reafirmaba que era una ciudad santuario. En la declaración que ha sido borrada, fechada en noviembre de 2016, después de que Trump ganara sus primeras elecciones, Bowser sostenía: “Los valores, las leyes y las políticas de Washington DC no cambiaron el día de las elecciones. Celebramos nuestra diversidad y respeto de todos los residentes de DC sin importarnos su estatus migratorio. Somos una ciudad santuario porque sabemos que nuestros barrios son más seguros y fuertes cuando nadie tiene miedo de pedir ayuda al Gobierno”. En 2019, en un mensaje en Twitter (ahora X), reiteraba: “Washington DC continúa siendo una orgullosa ciudad santuario, tenemos el compromiso de proteger los derechos de todas nuestras familias inmigrantes frente a las preocupantes amenazas”. Entonces, la alcaldesa prometió que redoblaría los esfuerzos para que la DC se convirtiera en una ciudad santuario de forma oficial, lo que consiguió con la aprobación de una ley en 2020. Esta vez, el presidente vuelve a ser el mismo, pero el discurso de la alcaldesa ha cambiado. El mes pasado, en una conferencia de prensa, Bowser admitió que ya no usa el término “ciudad santuario” para definir a DC porque “es engañoso”, ya que “sugiere decirle a alguien que si está violando la ley de inmigración, este es un lugar donde puedes violar las leyes de inmigración” y, añadió que “siempre se es vulnerable a las leyes federales de inmigración”. El giro del discurso de Bowser parece estar determinado por la presión que Trump ha ejercido sobre el distrito, del que ha dicho en más de una ocasión que quiere tomar el control. Además, está en juego el recorte del presupuesto que se está aprobando en el Congreso, que reduciría en mil millones de dólares la asignación para DC. “Los ataques del Gobierno federal ya se han producido. La realidad es que la alcaldesa está siendo muy inteligente al no retar a la Administración y tratar de trabajar con ellos lo mejor posible sin que afecte a los servicios que esta ciudad puede dar o a la autoridad que tiene en este momento”, opina desde Washington Abel Núnez, presidente de CARECEN (Centro de Recursos para Centroamericanos), una organización que ayuda a los migrantes a integrarse en la sociedad. Nuñez afirma que su organización ya ha sentido los efectos del recorte de gastos federales ordenado por Trump e impulsado por el ahora poderoso dirigente del DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental), Elon Musk. “No solamente están atacando a las comunidades vulnerables, como los inmigrantes, como la gente pobre, sino que también están atacando a las organizaciones que trabajan para dar servicio a las comunidades y asegurar que puedan participar en la vida de la ciudad”, asegura Nuñez, quien admite que “también estamos adoptando un lenguaje que no sea de confrontación con esta Administración. Hemos perdido fondos del Gobierno federal y queremos asegurar que CARECEN va a sobrevivir”. El polémico término “santuario” es otra de las palabras que el Gobierno quiere borrar del vocabulario en las Administraciones públicas. The New York Times publicó este mes una larga lista de palabras que las agencias deben evitar, como “racismo”, “minoría hispana”, “justicia social” o “poblaciones vulnerables”. Varios Estados como California, Colorado, Connecticut, Illinois, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón y Washington y más de un centenar de jurisdicciones se consideran santuario. Entre ellas, Chicago, Nueva York, San Francisco y Los Ángeles tienen leyes que prohíben usar los recursos locales, como transporte o personal, para cumplir las normativas federales de inmigración. Los alcaldes demócratas de cuatro de las mayores ciudades de Estados Unidos —Chicago, Denver, Boston y Nueva York— defendieron la semana pasada en el Congreso sus políticas como ciudades santuario y negaron que ello implique un riesgo para la seguridad, como sostienen los republicanos. Trump, descontento con el ritmo de las deportaciones de indocumentados, que son inferiores a sus previsiones, ha arremetido contra las ciudades santuario, advirtiendo que cortará sus fondos federales si no colaboran con las detenciones. El Departamento de Justicia ha demandado a Nueva York y Chicago por interferir con su campaña antiinmigración. Para ICE, la forma más fácil de llevar a cabo las deportaciones es acudir a las cárceles locales y llevarse a los indocumentados detenidos por otros delitos, en su mayoría faltas menores como multas de tráfico, pero para ello es necesaria la colaboración de las autoridades locales, lo que no se permite en las ciudades santuario. La presión de la Administración contra ellas se ha producido desde que Trump ganó las elecciones. Bowser fue uno de los funcionarios electos que días antes de que Trump fuera investido recibió una carta de America First Legal, dirigida por Stephen Miller, uno de sus asesores en política y seguridad, en la que advertía que enfrentarían consecuencias legales por interferir o impedir la aplicación de las leyes federales de inmigración. Bowser, que cumple su tercer mandato al frente de la ciudad, ha dado muestras de suavizar su enfrentamiento con Trump en el regreso del republicano al Despacho Oval. El ejemplo más reciente es que cedió a los deseos de Trump al mandar retirar un mural de la Plaza Black Lives Matter, muy cerca de la Casa Blanca, después de que los republicanos en el Congreso amenazaran con retener los fondos para el distrito si lo mantenía. Bowser lideró la iniciativa para construir la Plaza BLM en 2020 después de que agentes federales lanzaran gases lacrimógenos contra manifestantes tras el

El mundo sufre uno de los contextos más complejos de las últimas décadas: los conflictos son los más numerosos desde la Segunda Guerra Mundial. Hemos superado el vergonzoso récord de más de 120 millones de personas obligadas a abandonar sus hogares. La emergencia climática causa cada vez mayores estragos, los feminicidios y el recorte de derechos de las mujeres avanzan de forma alarmante, y en muchos lugares defender los derechos y la libertad de identidad supone la persecución e incluso la muerte. Además, el cierre de USAID, la agencia estadounidense de cooperación, ya está suponiendo graves impactos sobre miles de personas en todo el planeta y las consecuencias son catastróficas, especialmente en cuestiones tan importantes como la atención a la población refugiada, la asistencia humanitaria, la salud sexual y reproductiva o la prevención y atención del VIH. En un entorno de estas características es fundamental apostar por la defensa, pero no por aquella que de forma incoherente se vincula con la militarización, sino por una defensa radical de los derechos humanos, de la paz y de la garantía de vidas dignas en todo el planeta. La intención de Pedro Sánchez de aumentar el gasto militar hasta el 2% del PIB para 2029 nos obliga a dar la voz de alerta. En primer lugar, supone un enorme contraste con la situación en la que se encuentra la cooperación internacional para el desarrollo, que apenas recibe un 0,24% del PIB, una cifra muy alejada del compromiso contemplado por la ley aprobada hace dos años, que aspira a llegar a un 0,7% de nuestro PIB en 2030. De cumplirse este anuncio del presidente, el gasto militar superará en casi 10 veces los fondos destinados a cooperación. Sin ir más lejos, en un solo año, la subida sería de entre 4.000 y 5.000 millones de euros, una cantidad superior a los 3.800 millones que España destina actualmente a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). En segundo lugar, estas declaraciones desatan algunos interrogantes que son, en realidad, fruto de una profunda preocupación: ¿el dinero destinado a fines militares se restará de políticas sociales que garantizan derechos humanos? Si hay dinero para gastos militares, ¿por qué no lo hay para cumplir con lo establecido en la Ley de Cooperación o para financiar otras políticas sociales que son urgentes? Si el Gobierno realiza declaraciones en defensa de la Agenda 2030, ¿cómo se entiende esta apuesta por el belicismo que va en contra, precisamente, del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? La elección debería estar muy clara: se trata de elegir entre políticas de guerra o políticas que contribuyan a la paz. Liderar el cambio de rumbo España puede cambiar el rumbo y marcar la diferencia. Se trata de apostar por una política de defensa de la garantía de los derechos humanos, de la calidad democrática, de la paz y protección del planeta. Ante los discursos que presentan la guerra como inevitable, España tiene la oportunidad de liderar la construcción de la paz y políticas que garantizan derechos: educación, trabajo digno, igualdad, salud, vivienda, alimentación, agua y saneamiento, protección social o paz. Son cuestiones esenciales para fortalecer la seguridad humana y frenar los conflictos. Si algo ha demostrado la cooperación en décadas de trayectoria es precisamente su eficacia en este sentido, por eso es esencial fortalecerla más que nunca. El próximo mes de junio España acogerá la IV Cumbre de Financiación para el Desarrollo, un encuentro internacional que, según lo que recoge la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en su web, “supondrá el impulso a la movilización de las políticas y los recursos para el desarrollo por parte de la comunidad internacional para la consecución de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel global”. Este relato contrasta con una decisión que, de llevarse a cabo, añadirá más leña al fuego de los conflictos y las crisis en todo el planeta: el aumento de los gastos militares supondrá un debilitamiento de las políticas de paz y una exacerbación de los conflictos que ya afectan de manera extrema a millones de personas y donde civiles, mujeres, niños y niñas son las principales víctimas. Confiamos en que el Gobierno reconsidere su postura y avance en la dirección que la humanidad necesita. No podemos olvidar tampoco que no se trata solo de una posición de España; Europa está tomando una deriva militarista muy preocupante, como demuestra la reciente decisión de los 27 Estados miembro de aumentar el gasto militar y respaldar el plan de rearme propuesto por la Comisión. Es urgente poner freno a esta tendencia. El Gobierno español debe defender una UE coherente con sus valores fundacionales basados en el respeto a la democracia, el fomento de la convivencia y la garantía universal de los derechos humanos. Sumarse a estrategias militares que solo añaden más destrucción y sufrimiento no puede ser una opción, ni para España, ni para Europa, ni para el mundo. Hoy, más que nunca, es hora de construir colectivamente la paz. Es hora de cooperar. Source link