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Las moderadoras de CBS solo cerraron los micrófonos de ambos candidatos una vez en los 90 minutos que duró el debate vicepresidencial: durante el segmento sobre la inmigración. Por 10 minutos, J. D. Vance y Tim Walz intercambiaron golpes en asuntos como la seguridad fronteriza, el fentanilo, la gran deportación que promete Donald Trump, la separación de familias… y los inmigrantes haitianos. Fue este último tema el que llevó a apagar los micrófonos. Las moderadoras intentaron cambiar de tema y centrar la conversación en la economía, pero Vance continuó hablando por encima de ellas para defender los comentarios falsos que ha hecho sobre la comunidad haitiana de Springfield, Ohio. Cuando Walz se lanzó a responderle, ambos fueron silenciados. “Nadie puede oírlos”, advirtieron las moderadoras. Aunque Vance adoptó esta noche un tono algo más moderado al hablar de los inmigrantes haitianos de Springfield —por ejemplo, en vez de insistir en que se están comiendo las mascotas de sus vecinos, optó por decir que su llegada a esta localidad ha llevado la ciudad “a su límite”—, continuó llamándolos “ilegales”. El candidato republicano a la vicepresidencia repitió sus críticas al programa de estatus de protección temporal, o TPS, por sus siglas en inglés, bajo el cual la mayoría de los inmigrantes haitianos se encuentran legalmente en el país. Tanto Trump como Vance opinan que este programa es ilegal, y esta noche el senador por Ohio lo describió como una “amnistía” que ha perjudicado a comunidades pequeñas como Springfield al desbordar los recursos locales. “Solo para aclarar a nuestros telespectadores, Springfield, Ohio, tiene un gran número de inmigrantes haitianos que tienen estatus legal, estatus de protección temporal”, señaló la moderadora Margaret Brennan a modo de refutación. TPS permite a personas de países designados por el Departamento de Seguridad Nacional vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, pero no incluye una vía hacia la residencia permanente o la ciudadanía. La Administración de Barack Obama concedió esta protección a los haitianos que vivían ilegalmente en Estados Unidos en 2010 y el Gobierno de Joe Biden la renovó este verano. Por su parte, Walz acusó a Vance de deshumanizar a la comunidad haitiana. “Esto es lo que ocurre con un asunto cuando no se quiere resolver. Se demoniza”, dijo. “Al estar con Donald Trump y no trabajar juntos para encontrar una solución, se convierte en un tema de conversación, y cuando se convierte en un tema de conversación como este, deshumanizamos y villanizamos a otros seres humanos”, añadió. Otro tema que acaparó gran parte de la discusión en torno a la inmigración tuvo que ver con la “mayor deportación de la historia” que la papeleta Trump-Vance promete llevar a cabo. Es una propuesta que, según encuestas recientes, cuenta con el respaldo de más de la mitad de todos los votantes, independientemente de afiliación política, a pesar de que ninguno de los dos republicanos ha concretado cómo se realizaría esta gran expulsión de millones de inmigrantes irregulares. Y cuando esta noche se le pidió explícitamente a Vance que detallara el plan, lo único que dijo es que las deportaciones comenzarían con “criminales”. “Hay un millón de inmigrantes que han cometido algún tipo de delito, empecemos con ellos”, dijo, aun sin explicar el cómo ni el cuándo. Las moderadoras insistieron y le preguntaron dos veces si Trump deportaría a padres indocumentados cuyos hijos hayan nacido en suelo estadounidense y, por tanto, sean ciudadanos. En efecto, preguntaban: ¿volverá el republicano a separar familias de inmigrantes, como ya hizo durante su primer mandato bajo la política de “tolerancia cero” en la frontera? Vance esquivó la pregunta ambas veces. En lugar de dar una respuesta directa, el candidato a vicepresidente atacó a los demócratas: “Ya tenemos separaciones masivas de familias gracias a la política de fronteras abiertas de Kamala,” dijo. “Es culpa de Kamala”, remató. El senador también acusó a Harris de permitir que los cárteles “operen libremente en este país” y afirmó que utilizan a niños para introducir drogas en el país. La relación entre la inmigración y las drogas fue un tema al que Vance —cuya madre luchó contra la drogadicción durante su infancia— recurrió varias veces durante el debate. “Kamala Harris dejó entrar fentanilo a niveles récord”, afirmó. Al igual que hizo Harris durante su debate frente a Trump en septiembre, Walz se refirió en múltiples ocasiones al fallido proyecto de ley de inmigración que el expresidente efectivamente tumbó a principios de este año, a pesar de que contaba con el apoyo de ambos partidos, por motivos políticos. La legislación habría limitado el acceso al asilo e incluía un mayor presupuesto para agentes de la Patrulla Fronteriza, jueces de inmigración y tecnología para detectar contrabando como el fentanilo. “Trump dijo ‘no’, y les dijo que votaran en contra” porque quería politizar el tema durante la campaña electoral, apuntó Walz, insistiendo en que ni Trump ni Vance buscan soluciones reales a los problemas de los que tanto se quejan. “¿De qué hablaría Donald Trump si realmente hiciéramos algunas de estas cosas? Y son cosas que tiene que ser hechas por la legislatura, no se puede hacer esto a través del poder ejecutivo”, añadió el demócrata. Source link

Después de más de 20 prórrogas al plazo de presentación de enmiendas desde que el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible tuviera entrada, el pasado mes de febrero, en el Congreso de los Diputados, parece que, por fin, su tramitación parlamentaria va a salir de su largo periodo de estancamiento. La incertidumbre que se cernía desde hace meses sobre su calendario de tramitación, e incluso sobre si el proyecto tendría finalmente posibilidad de tramitarse, se despejó de un plumazo el pasado miércoles 26 de septiembre, cuando el pleno del Congreso de los Diputados rechazó por mayoría absoluta la enmienda a la totalidad presentada por el Partido Popular, que solicitaba la devolución al Gobierno del citado proyecto de ley. Esta enmienda a la totalidad no contenía un texto alternativo, lo que al menos hubiera demostrado un cierto espíritu constructivo, sino que era primordialmente una recopilación de muchas de las deficiencias que, efectivamente, tiene este proyecto de ley. Mucho más propositivos fueron los grupos de la oposición que votaron en contra de la enmienda a la totalidad, si bien todos dejaron muy claro al PSOE — y al titular del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, presente en el hemiciclo durante todo el debate— que el proyecto de ley puede salir adelante si se tienen en cuenta sus planteamientos para solventar los importantes defectos de los que actualmente adolece. En lo relativo a los aspectos medioambientales y climáticos, fueron especialmente incisivos los representantes de Sumar, EH-Bildu y ERC, pues destacaron, entre otras cosas, que el proyecto de ley no incluye en su articulado la obligación de conseguir la neutralidad climática del sector transporte-movilidad, a más tardar en el año 2050, en línea con la ley climática europea y española. También señalaron la tremenda incoherencia de que el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, supuestamente comprometido con la descarbonización, considere prioritario el uso de un combustible fósil como el gas natural licuado para su despliegue en los puertos y el suministro al transporte marítimo. Con respecto a esto último, no hay que olvidar que el sector del transporte es el principal responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en España. En 2022, este sector contribuyó con el 30,7% del total de dichas emisiones, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Por sí solo, el transporte por carretera supuso el 28,4% del total de las emisiones de GEI. Descubre el pulso del planeta en cada noticia, no te pierdas nada. SIGUE LEYENDO Por ello, además de lo discutido por los distintos grupos en el Congreso, el proyecto de ley debería especificar claramente en su articulado que se incluirán en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) objetivos concretos y cuantificables de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del sector transporte para 2030 y 2040 respecto a los niveles de 1990, cuya actualización solo se podrá contemplar al alza en las sucesivas revisiones del PNIEC. Desde el punto de vista de la salud, el sector del transporte-movilidad es actualmente uno de los principales responsables de la mala calidad del aire que respiramos. La contaminación atmosférica es responsable de más de 300.000 muertes prematuras en Europa y alrededor de 20.000 en España, cada año, además de provocar importantes costes sanitarios. Sin embargo, el proyecto de ley tampoco incorpora objetivos de reducción de la contaminación atmosférica provocada por este sector. Sin duda, debido a las importantes repercusiones que la actividad del transporte y la movilidad tiene en la vida de los ciudadanos, en la salud pública y en el medio ambiente, España necesita urgentemente una Ley de Movilidad Sostenible valiente y eficaz, con ambiciosos objetivos de descarbonización y de avance medioambiental. Con ese fin, las 15 entidades sindicales, ecologistas, sociales y juveniles abajo firmantes hemos presentado a la mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados una serie de propuestas de mejora del proyecto de ley, tratando también de articular una mayoría progresista que, solventando las actuales carencias del texto, permita sacar la ley adelante con éxito. Sería necesario que la futura ley integrara la eficiencia energética en el conjunto de su articulado, optando por un sistema multimodal de transporte que tenga como columna vertebral el transporte público y los tres modos más sostenibles: el peatonal, el ciclista y el ferroviario. Dentro del espacio urbano, debería darse claramente prioridad a la movilidad no motorizada. Medidas para el medio rural Así mismo, se deberían recoger medidas específicas para la movilidad sostenible y electrificada en el medio rural, un ámbito prácticamente olvidado por esta propuesta legislativa, y siempre respetando el ámbito competencial. Se deberían introducir medidas concretas de transición justa e incorporar el concepto de “pobreza en el transporte” y medidas para combatirla. Puesto que la mayoría de los desplazamientos en días laborables se hacen para ir a trabajar, el proyecto de ley tiene que mejorar notablemente el pobre planteamiento que hace sobre los planes de movilidad sostenible al trabajo, para que reflejen adecuadamente la realidad de nuestro tejido empresarial. Con respecto al ferrocarril, se debe incluir la recuperación de las conexiones transfronterizas y los trenes nocturnos y plantearse seriamente poner a España al nivel de la UE en el porcentaje de mercancías transportadas por ferrocarril. En un contexto de emergencia climática, declarada oficialmente por el Gobierno en 2020, no podemos permitirnos perder la gran oportunidad que supone el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible para lograr conseguir un sistema multimodal de transporte, descarbonizado, eficiente, sostenible, justo e inclusivo en España. Carlos Bravo, en nombre de Alianza por el Clima, Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE), Comisiones Obreras (CC.OO.), ConBici, Consejo de la Juventud de España (CJE), Ecologistas en Acción (EeA), Eco-Union, Federación de Consumidores y Usuarios CECU, Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), Fundación Renovables, Greenpeace, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME), Promoció del Transport Public (PTP), Transport & Environment (T&E) y Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT). Source link