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El jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, confirmó la intención del Gobierno de que los medios de comunicación informen sus acciones en seguridad ciudadana a través de una franja, tal como anunció el último domingo el ministro de Justicia, Eduardo Arana. Durante el lanzamiento del shock desregulatorio para impulsar el crecimiento económico, el primer ministro señaló que la idea es aplicar esta franja durante los estados de emergencia para comunicar las acciones del Gobierno y las medidas que la población debe acatar. LEE MÁS: Gobierno anunció proyecto para obligar a medios a difundir sus acciones contra la delincuencia en estado de emergencia “Se tiene prevista esta idea para los estados de emergencia, donde no solamente hay que comunicar las acciones del Gobierno, sino también las medidas que se sugieren que la población adopte en este espacio”, expresó. “En todo caso, seguramente la vocación democrática de los medios de comunicación hará que se unan a esta idea”, agregó. LEE MÁS: SNRTV sobre iniciativa del Ejecutivo: “Marca una peligrosa ruta que solo transitan gobiernos autoritarios” En ese sentido, Adrianzén aseveró que la intención no es “dictar la pauta” a los medios de comunicación, sino “invitar” a la prensa en general a participar en la “visibilización de las acciones” que el Gobierno lleva a cabo en materia de seguridad ciudadana. “No tenemos la más mínima intención de dictar la pauta a la prensa, claro que no, de hecho la participación de ustedes aquí es la muestra exacta de que tenemos una prensa libre. No tengo que decirles cuando me dedican a mí artículos o portadas, tampoco”, subrayó. LEE MÁS: Gustavo Adrianzén: “El Estado Constitucional de Derecho no permitirá que el crimen organizado empañe las elecciones” “Jamás hemos iniciado un proceso de rectificación ni de aclaración, sin embargo sí creemos que la lucha contra la delincuencia urbana y el crimen organizado debe ser una tarea de todos y por eso lo que se ha hecho ha sido invitar a la prensa para que pueda participar en la visibilización de las acciones que desde el Gobierno llevamos adelante, constantemente”, añadió. Como se recuerda, el último domingo el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, informó que su cartera alista un proyecto de ley para obligar a los medios de comunicación a informar los actos que realiza el Gobierno en la lucha contra la inseguridad ciudadana durante los estados de emergencia. LEE MÁS: Elecciones 2026: JNE exhorta a funcionarios públicos a cumplir con la norma de neutralidad Arana aseguró que se trata de un proyecto que modifica la Ley de Radio y Televisión, que crea una franja informativa mediante la cual los medios de comunicación tendrán que difundir las acciones y actividades que viene realizando el Ejecutivo en contra de la delincuencia en estados de emergencia. Source link

La bancada de Perú Libre, a través del congresista Isaac Mita, ha presentado un proyecto que busca amedrentar a fiscales y policías sobre la divulgación de información sobre las detenciones preliminares en casos de no flagrancia. Mira también: ¿Quién es Julio Diaz Zulueta, el reemplazante de Juan José Santiváñez? Se trata del proyecto de ley N°1060/2024-CR, que lleva las firmas de Flavio Cruz, María Agüero, Segundo Montalvo, Waldemar Cerrón y Américo Gonza. Todos integrantes de la agrupación del lápiz, cuyo lider, Vladimir Cerrón, está prófugo de la justicia. Mita, titular de la Comisión de Justicia, desde donde se han promovido polémicas normas, pretende nuevamente modificar artículos del Código Procesal Penal sobre la detención preliminar sin flagrancia. El texto será analizado y debatido por el grupo de trabajo que preside. Isaac Mita, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso. (Foto: Congreso) Entre los cambios propone que esté prohibido que los fiscales e integrantes de la policía nacional “divulguen en cualquier forma” las actuaciones realizadas en el desarrollo de dicha diligencia, bajo responsabilidad funcional. Indica que el incumplimiento de esta restricción sería considerado una infracción muy grave, conforme rija la carrera del funcionario o servidor público. Mira también: Encuesta de Datum: El 70% está a favor de que haya menos partidos en las próximas elecciones Especialistas consultados por El Comercio advierten que se estaría buscando poner una mordaza sobre los integrantes de la fiscalía y la PNP, quienes podrían ser sancionados por simplemente dar información general sobre las detenciones preliminares o emitir comunicados de prensa. Señalan, además, que catalogar la falta como muy grave derivaría en suspensiones y destituciones. La difusión sobre las detenciones preliminares a bandas criminales u otros delincuentes ha sido de ayuda para que otras víctimas los reconozcan y puedan acudir a realizar las respectivas denuncias. Es una manera de que la ciudadanía esté informada sobre la labor de la policía y el Ministerio Público en la lucha contra la criminalidad. Por ejemplo, este martes 25 de marzo, la fiscalía dio a conocer sobre la detención del presunto asesino de Paul Flores García, cantante de Armonía 10. #FiscalíaActúa | Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Los Olivos (Cuarto Despacho) viene realizando las diligencias urgentes y necesarias tras la detención de Mariano Altamirano (21), quien fue intervenido en posesión de un arma de fuego y drogas, en Los Olivos.… pic.twitter.com/FOR2zAqh15 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) March 25, 2025 Sin embargo, Mita pretende que se prohíba todo tipo de difusión bajo el argumento de que esta reserva “garantiza la protección de la reputación, imagen y vida privada del imputado, especialmente de figuras públicas que podrían ver afectada su dignidad ante una eventual exoneración”. “Al evitar la exposición mediática prematura, se protege el derecho al honor y se reduce el impacto de una posible estigmatización social”. La propuesta es muy similar a la que planteó el Poder Ejecutivo cuando observó la norma que restituye la detención preliminar sin flagrancia. El Gobierno de Boluarte pedía que se establezca una restricción con el objetivo de que la fiscalía y la policía no expongan mediáticamente a los detenidos preliminarmente. En ese sentido, buscaba que esté prohibida la difusión de fotografías y videos de estos. Mira también: Santiváñez: Los argumentos del juez para rechazar el pedido fiscal de impedimento de salida del país La iniciativa usa como argumento otras observaciones que el Gobierno de Dina Boluarte hizo a la ley que proponía restablecer esta figura. Como se recuerda, esta norma fue aprobada por insistencia por el Parlamento el pasado 6 de marzo, sin tomar en cuenta las objeciones realizadas por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, Mita decidió tomarlas en cuenta en su propuesta con argumentos similares. Por ejemplo, pretende que la figura solo se aplique para determinados delitos. Por otro lado, pide que el mismo juez que decidió sobre la detención preliminar no sea quien también revise la prisión preventiva. Mita señala, además, que se han planteado diversos cuestionamientos sobre la detención preliminar sin flagrancia. Entre ellos, las observaciones que hizo el Gobierno de Dina Boluarte sobre la autógrafa que proponía la restitución de la detención preliminar en casos de no flagrancia. “El Ejecutivo señaló que esto no resolverá el uso indiscriminado de la detención preliminar por parte de algunos operadores de justicia, lo que podría generar afectaciones a derechos fundamentales como la presunción de inocencia y la libertad personal”, dice la iniciativa. Por otro lado, cita a autores ecuatorianos que cuestionan la medida y señalan que esta se emplea como herramienta de presión para obtener confesiones. Agrega que el uso “desproporcionado” de la detención preliminar es “preocupante” porque, a diferencia de la prisión preventiva, no se requieren elementos sólidos de convicción sino que muchas veces se basa en simples sospechas. Mita argumenta que la figura debe restringirse únicamente a delitos graves, para los cuales se establezca una pena privativa de libertad mayor a cuatro años y que afecten bienes jurídicos de importancia, como la vida, la integridad física, el patrimonio, entre otros. Finalmente, dice que la propuesta no representará ningún egreso adicional al Estado. Este Diario buscó contactarse con Isaac Mita y el portavoz de la bancada de Perú Libre, Flavio Cruz, para recoger sus comentarios, pero al cierre de este informe no respondieron. Mira también: Dina Boluarte toma juramento a Julio Díaz Zulueta como nuevo ministro del Interior Peligros En diálogo con El Comercio, los abogados penalistas Gilmar Andía, Ricardo Elías y Andy Carrión señalaron que la propuesta es peligrosa y que busca amedrentar a fiscales y policías. Andía dijo que no solo se estaría buscando la filtración de la información sino también la divulgación. Es decir, si se sale a prensa a mencionar el estado de la diligencia o si se emite una nota de prensa podría incurrir en falta grave. “Esa si es una mordaza, mordaza”, alertó Andía. “Es decir, si por ejemplo el Ministerio Público emite una nota de prensa informando sobre una diligencia en la que se detuvo a una banda criminal, esto calzaría en la figura de

En Trujillo, la situación es crítica por la ola de violencia del crimen organizado que desde hace tiempo golpea a la capital de La Libertad. En la morgue de la ciudad norteña, el panorama es incluso peor. Al lugar llegan los cadáveres de las personas asesinadas por las redes delictivas que extorsionan y por las disputas entre las mafias criminales que controlan la minería ilegal del oro de Pataz. En lo que va del 2025, en La Libertad hubo 275 homicidios (tres por día en promedio), según cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). El problema para la morgue es que recibe una cantidad de cadáveres que largamente supera su capacidad. Los cuerpos en gran medida se acumulan ahí porque no se ha podido identificar quiénes son o porque nadie los reclama. Pataz: el epicentro del crimen organizado y de la minería ilegal del oro | ESPECIAL Desde hace seis meses, en la morgue hay seis cadáveres que la Policía recuperó de un socavón de Pataz que era utilizado como fosa común por las organizaciones criminales que operan en la zona. Varios de estos cuerpos no tienen cabezas ni brazos, tal como lo reveló la Unidad de Investigación de El Comercio en octubre del 2024. La morgue de Trujillo solo tiene seis cámaras frigoríficas para conservar los cadáveres. En cada una cabe un cuerpo, pero los científicos forenses y los técnicos necropsiadores del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público que trabajan ahí meten hasta tres en el espacio en el que solo debería entrar uno. Unas de las cámaras frigoríficas de la morgue. Estuvieron malogradas durante cinco meses. En el momento más crítico, el lugar tuvo 16 occisos. Actualmente, hay 12 cuerpos. Seis son los de la fosa común de Pataz. Estos deben ser sometidos a exámenes de rayos X, pero la máquina no funciona. Además, hay dos cadáveres no identificados que tienen impactos de bala por hechos de violencia ocurridos en Trujillo. Los otros cuatro cadáveres son consecuencia de un reciente enfrentamiento en Pataz por la minería ilegal del oro. Estos cuerpos llegaron ayer en la madrugada. La policía ha confirmado a El Comercio que en Pataz existe otra fosa con cuerpos que las autoridades todavía no han recuperado. Cámaras malogradas Además de la acumulación de cuerpos, otro gran problema en la morgue de Trujillo es que las cámaras frigoríficas se malogran constantemente. Esto quiere decir que no enfrían como deberían, lo que a su vez genera una descomposición más rápida de los cadáveres y malos olores a los que los trabajadores quedan expuestos. “Desde el mes de octubre del año pasado, estas cámaras se malograron y llegaron seis cadáveres de la provincia de Pataz, que tuvimos que guardarlos acá y preservarlos, pero con las cámaras malogradas. Esto ha causado la descomposición de los cadáveres acá, [están] prácticamente en la intemperie”, relató Manuel Olórtegui, secretario nacional de Defensa de los Técnicos Necropsiadores del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público. Las cámaras frigoríficas de la morgue tienen 18 años de antigüedad. Estaban malogradas cuando este reportaje se inició. Al cierre de esta edición, ya habían empezado a funcionar de nuevo tras cinco meses inoperativas. Es la tercera vez que las reparan. Sin embargo, se requieren máquinas nuevas que no se apaguen, indicó el personal de la morgue. Tampoco funciona el equipo de rayos X, que se usa para ubicar rápidamente las balas de armas de fuego. Por esta razón, los médicos deben hacer eso manualmente, lo que toma tiempo. Asimismo, no hay equipos para practicar el dosaje etílico y el dosaje químico toxicológico para reconocer si un fallecido fue envenado con drogas. Karla Seminario, jefa del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, reconoció la crisis que atraviesa la morgue de Trujillo y otras 32 a nivel nacional. En diálogo con El Comercio, Seminario indicó que la reparación de las cámaras frigoríficas es una medida temporal, que lo que se necesita es adquirir nuevos equipos de conservación de cadáveres. “Son los incendios que tenemos que apagar y ver cómo podemos refrigerar esos cuerpos. No es usual y tampoco podría decir: ya, compren hoy día una cámara e instálenla de emergencia. Lamentablemente, no contamos con esos recursos”. Nuevo aeropuerto Jorge Chávez: Audio inédito explicaría por qué Provías Nacional anuló contrato de S/33,9 millones para instalar dos puentes sobre Faucett Ambientes improvisados Como tampoco hay espacio en las cámaras frigoríficas, los científicos forenses y personal de la morgue han tenido que adaptar ambientes del lugar para guardar los cuerpos. En una imagen obtenida para este informe se puede ver un ambiente de la morgue donde hay cuerpos en bolsas negras. Dos están sobre camillas y una en el piso. Otros cadáveres o partes de cuerpos han tenido que meterse en un contenedor de plástico para desechos. En la morgue de Trujillo se guardan los cadáveres que llegan en ambientes sin refrigeración. María del Carmen Olórtegui Risco, jefa de la Oficina Defensorial de la Defensoría del Pueblo de La Libertad, se refirió al uso de contenedores para guardar los cadáveres. “Efectivamente, en estos contenedores de basura se han encontrado cuerpos envueltos en bolsas negras, cinco cuerpos. […] Quiere decir que esas tres cámaras no son suficientes. Entonces, tenemos que darle solución a eso”, manifestó. Manuel Olórtegui, del Sindicato de Técnicos Necropsiadores de la División Médico Legal de La Libertad, recalcó que se exponen a enfermedades debido a la situación de la morgue. “Entonces, nos exponemos a enfermedades que han tenido en su etapa vital los cadáveres, pero […] la contaminación, por ejemplo, tener cinco o seis cuerpos que se están deteriorando en un espacio externo, no solo contaminan al grupo de ocupacional que somos nosotros, los técnicos que entramos dos, tres horas a sala y nos encerramos en sala, junto con los médicos de tanatología [como] tres horas”. “Entonces, como nosotros no realizamos necropsias clínicas, estas personas pueden tener, por ejemplo, tuberculosis en su organismo, en su estado de vida u otras enfermedades

– ¿Cuál es el diagnóstico del cual se parte para que un grupo de partidos confluyan en una política de lucha contra la criminalidad? En palabras simples, es ya todo lo que estamos percibiendo y viendo. Cada vez que en las mañanas prendemos la televisión y estamos sometidos a estos niveles de criminalidad. Tenemos estadísticas de que el 27.5% de los peruanos ha sido víctima de un delito el último año. La tasa de homicidios casi se ha doblado entre el 2021 y el 2024. Y la violencia es más grave. Nosotros hemos dividido en dos grandes tipos de criminalidad: la predatoria, que son extorsiones, robos, el gota a gota; y la que está vinculada a las economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal y el tráfico de terrenos. Son dos tipos de delincuencia lo que nos está afectando. Y quizás ya no tenemos la misma situación que en la época del terrorismo, donde eran unos pocos que asustaban a muchos. Ahora, las economías ilegales es casi un millón y medio de peruanos que, directa o indirectamente, están vinculados a este tipo de actividad. – En el plan presentado, se incide en que la lucha contra la inseguridad y la criminalidad requiere de liderazgo y decisión política al más alto nivel. ¿Ha fracasado en esto el gobierno de la presidenta Dina Boluarte? Espero que no fracase, pero estamos ya en una situación bien precaria. Acaban de armar un ‘Cuarto de Guerra’… al margen de lo que suene bien, me hace recordar el cuarto de guerra que tenía Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban peleando contra los alemanes. Pero tiene que haber un equipo elite que maneje estos temas. Incluso en la policía, debería por lo menos dividirse en dos partes: la policía de investigaciones, que hace pues todo el análisis y el diagnóstico de la criminalidad y cómo se maneja; y después la policía armada abocarse a dar la tranquilidad en las calles. Y también hay que evaluar bien, por ejemplo, si en el tránsito se capacita a la gente de serenazgo y se delega a otro nivel para que la policía pueda estar más en tareas propias de combatir la delincuencia y todo lo que vemos. Las cosas no van bien. – Entonces espera que no… El plan recién inicia, ojalá que tenga éxito. Tiene días nomás de haber sido instalado este ‘Cuarto de Guerra’. Lee también: Encuesta de Datum: El 70% está a favor de que haya menos partidos en las próximas elecciones – ¿Pero cuál es su evaluación personal respecto al manejo que ha tenido el gobierno de la presidenta Boluarte hasta este momento? Luego de varios meses, el Congreso tuvo que censurar al ministro Santiváñez; sin embargo, su reemplazo ya arrastra cuestionamientos… Hace unas semanas me preguntaban lo mismo y decía que si no se hace un cambio radical, un cambio en el cual estén de la mano no solamente la policía, el Ejecutivo, las FF.AA., sino todo lo que es el Poder Judicial, la fiscalía, la Junta Nacional de Justicia, que tiene tantos jueces sin nombrar y con jueces provisionales. Y esto no es bueno. Sí se tiene que hacer un trabajo, un comando unificado que tenga acción y pueda hacer planeamiento. Espero que el Ejecutivo haya recogido estas sugerencias para implementarlas lo antes posible. No esperemos al 28 de julio del 2026 para recién empezar a hacer los cambios necesarios, creo que estos cambios tienen que empezar desde ahora. “Necesitamos tener un plan de seguridad firme porque si no el país no va a despegar económicamente” – Justamente, ¿este plan presentado es dirigido a Palacio de Gobierno, al Congreso, o una suerte de compromiso entre los partidos que lo suscriben de cara a las próximas Elecciones 2026? Creo que es una propuesta por la seguridad. Es una propuesta que ha sido trabajada por técnicos de partidos políticos para establecer políticas de seguridad y lucha contra la criminalidad. Y que está abierto. Es la materia prima a partir de la cual se puede empezar a tomar acción. Es quizás una hoja de ruta. Y no necesariamente pensemos que es para a partir del 28 de julio, cuanto antes mejor. Lee también: Nueva directiva permite que el ‘cofre’ de Dina Boluarte pernocte fuera de Palacio sin restricciones: los detalles de este cambio – ¿Esto podría ser tomado como una eventual alianza este los firmantes de esta propuesta? Al ser esto abierto, va a permitir que diversas fuerzas políticas, gremiales, se sumen a este esfuerzo, a efecto de mejorarlo y tomar acción. O sea, no es una cosa cerrada de ‘oye es mío, y no te lo lleves’. Sino son ideas para que las autoridades vayan empezando a tomar acciones. Son expertos los que se han reunido para hacer esta propuesta, gente con mucha experiencia y conocimiento. – Se destaca en el plan la necesidad de un ‘comando unificado’. Pero ya tenemos el CONASEC (Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana), ¿no sería lo mismo? El ‘comando unificado’ consta de tres círculos. El primero, un círculo más pequeño que estaría integrado por la presidencia de la República, el primer ministro, el ministro del Interior, de Defensa, jefe de las Fuerzas Armadas y policiales, con los organismos de inteligencia respectivos y el jefe del INPE. Ese es un primer círculo. Y en un segundo círculo que ayudaría y complementaría este trabajo ejecutivo, estaría por ejemplo el presidente del Poder Judicial, del fiscal de la Nación, el de la JNJ, etcétera. Por ejemplo, para que empiecen a depurar a todos los jueces y fiscales que no están cumpliendo bien su tarea. La parte del primer círculo sería básicamente las decisiones ejecutivas que tengan que darse. El segundo círculo, sería el apoyo de todo el sistema fiscal y judicial para trabajar de la mano con los policías y estarían gremios empresariales, laborales, como representantes de la sociedad civil, para que hagan propuestas y se les tome en cuenta. Y un tercer círculo son ministros,

El ministro de Justicia, Eduardo Arana, informó el domingo pasado que su cartera alista un proyecto de ley para obligar a los medios de comunicación a informar los actos que realiza el gobierno en la lucha contra la inseguridad ciudadana durante los estados de emergencia. Arana aseguró en conferencia de prensa que se trata de “un proyecto de norma legal que modifica la Ley de Radio y Televisión”. Precisó que se buscará crear una “franja informativa mediante la cual los medios de comunicación tendrán que difundir en estados de emergencia las acciones y actividades que viene realizando el Ejecutivo en contra de la delincuencia”. El anuncio se da en un contexto de continuas declaratorias de estado de emergencia. Además, de permanentes ataques a los medios de comunicación por parte del gobierno de la presidenta Dina Boluarte. En diversas ocasiones, la mandataria ha acusado a los medios de difundir “noticias tendenciosas”. En julio pasado reclamó atención para “las cosas buenas” que hace su gobierno. AQUÍ PUEDE ESCUCHAR EL ANUNCIO DEL MINISTRO DE JUSTICIA: La SNRTV destacó que la intención del Ejecutivo “vulneraría el principio de pluralidad informativa esencial en una sociedad democrática”. Precisó que la ciudadanía tiene el derecho a recibir información diversa y no condicionada por intereses gubernamentales. “Si el gobierno desea promover campañas informativas sobre la lucha contra la delincuencia, existen mecanismos institucionales para ello y además cuentan con los medios de comunicación del estado”, señaló. Más cuestionamientos Especialistas en libertades informativas destacaron que la propuesta supone una intervención gubernamental directa en la línea editorial de los medios. Además, el riesgo de que el Ejecutivo utilice la anunciada franja informativa para difundir propaganda gubernamental. “Es una injerencia directa en los contenidos de los medios de comunicación. […] Es inaceptable. La ley que tenemos hoy, que viene desde hace 21 años, señala que los medios de comunicación apoyarán. Creo que el verbo es bastante claro. No es una imposición, sino una invocación a apoyar en situaciones de emergencia, como ocurrió con la pandemia del COVID”, señaló la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Zuliana Lainez, en diálogo con El Comercio. Lainez destacó que el proyecto es anunciado en medio de un clima hostil contra el periodismo, generado por el Ejecutivo y el Congreso de la República. A inicios de este mes, Boluarte redobló sus ataques contra la prensa, a la que acusó de confabular con la fiscalía para ejecutar un golpe de Estado blando. El abogado Roberto Pereira señaló que, por regla general, no se pueden imponer contenidos a los medios de comunicación, salvo excepciones muy puntuales y justificadas, como la franja electoral y la prohibición de exhibir pornografía. Además, por norma, existe una franja horaria de protección al menor. “La cobertura de lo que haga o no haga el gobierno durante un estado de emergencia es decisión editorial de los medios de comunicación. […] No hay ninguna justificación para obligarlos a tener una franja informativa sobre esas acciones. Desde mi punto de vista, eso vulnera el derecho a la libertad de información de los medios de comunicación, en su expresión de definición de la cobertura y su pauta editorial”, aseveró. Pereira recordó que los medios de comunicación estatales, como TV Perú y Radio Nacional, tienen alcance nacional. Añadió que existe el riesgo de que el gobierno imponga “una franja de propaganda gubernamental”. “Es un riesgo muy alto y creo que esa es la intención del gobierno, la real motivación. Este gobierno parte de la premisa equivocada que desde los medios de comunicación estarían complotando contra sus acciones. Esa idea absurda está detrás [de la propuesta anunciada por el ministro]. Ahora, hay que ver la propuesta, hay que leerla para tener una opinión definitiva, pero creo que ya es posible adelantar estas reflexiones”, dijo en conversación con El Comercio. De acuerdo con las declaraciones del ministro de Justicia, el proyecto aún se encontraría en proceso. El Ejecutivo deberá presentarlo al Congreso de la República. En el Congreso, la iniciativa tendrá que ser evaluada por una o más comisiones ordinarias antes de llegar al pleno, que es la última y definitiva instancia parlamentaria. El abogado Erick Iriarte destacó que la Ley de Radio y Televisión no incluye a los medios impresos ni a los medios digitales, por lo que es necesario esperar a conocer los detalles del proyecto. No obstante, precisó que “forzar al desarrollo de determinados contenidos que van más allá de la información sobre una emergencia nacional termina siendo una vulneración a los principios de libertad de expresión y libertad de prensa”. Iriarte destacó: “Primero hay que conocer cuál es el alcance real de la propuesta. Segundo, establecer qué contenidos; si lo que se hará es direccionar una posición o un discurso oficial”. “Si yo digo que a partir de tal hora habrá toque de queda, no sería publicidad; pero si lo que digo es que hemos combatido la delincuencia y tengo cinco mil detenidos, sí. Esa delgada línea de qué contenidos se van a publicar tiene que ser evaluada en el proyecto que vayan a presentar”, precisó en diálogo con El Comercio. El desenlace estará en manos de un Congreso que también ha buscado golpear las libertades de expresión y prensa. Recientemente, el Parlamento aprobó en primera votación un dictamen que eleva las condenas de los delitos de calumnia y difamación y modifica el ejercicio del derecho de rectificación. La iniciativa representa una amenaza contra los periodistas y medios de comunicación, según advirtió la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Source link