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Será la primera vez que un tribunal evalúe el impacto de la ganadería industrial en los recursos hídricos, desde el punto de vista de la vulneración de los derechos fundamentales, es decir, el derecho a la vida, la prohibición de la tortura y el trato degradante, el derecho a la vida privada y familiar y el derecho al domicilio y la protección de la propiedad. Quienes se tendrán que defender son la Xunta de Galicia (PP), la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (dependiente del Gobierno central y alternativamente en manos del PP y el PSOE) y varios Ayuntamientos de la zona afectada, alrededor del embalse de As Conchas (Ourense) o a orillas del río Limia (Bande, Muiños, Lobeira, Trasmiras y Os Blancos). Siete vecinos, más la propia comunidad local del pueblo que se llama igual que el embalse, As Conchas (Lobeira), y la Federación de Consumidores y Usuarios CECU —con el apoyo de Amigas de la Tierra y ClientEarth— dan por primera vez este paso en Europa al llevar el tema ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Lo hacen, según difunden en un comunicado, en defensa “de las personas afectadas que residen o han residido en la localidad de As Conchas así como de los consumidores del abastecimiento de agua” de dos comarcas de Ourense. Se trata de A Limia, donde localizan el origen del problema, con centenares de macrogranjas de cerdos y pollos, y A Baixa Limia, donde supuestamente se acumulan en el embalse, antes de la presa construida por Fenosa (hoy Naturgy), los excrementos generados por una población de casi dos millones de cerdos (1.982.242, según un cálculo de 2023). “La situación es inaceptable, el embalse es un estercolero”, denuncia Blanca Ruibal, portavoz de Amigas de la Tierra: “Queremos que se siente un precedente y que más personas puedan sumarse a demandas así”. Según la denuncia, las autoridades competentes en la zona permitieron desde hace más de 20 años, pese a las advertencias tanto de vecinos, como de científicos y ecologistas, la contaminación de este embalse de 631 hectáreas y unos 14 kilómetros de largo. El escrito defiende que las malas prácticas del negocio voraz de las granjas —que fueron multiplicándose a lo largo del curso del Limia— ha hecho “inviable” la vida en As Conchas, un pantano a los pies de la Reserva de la Biosfera Gerês-Xurés. Más información Las explotaciones intensivas han recibido una y otra vez el visto bueno del Gobierno autonómico para instalarse y ampliarse pese a las voces de alarma que advertían que la tierra (en una comarca, A Limia, también eminentemente agrícola, con campos de patata y cereal) estaba empachada de nitratos procedentes de los purines y la gallinaza. La demanda se documenta con distintos peritajes que señalan una correlación directa entre la actividad de ganadería industrial y los elevados niveles de contaminación del agua, el aire y el suelo. Estos informes revelan la grave contaminación de los pozos y la presencia de bacterias resistentes a antibióticos, además de nitratos, nitritos, fosfatos y cianobacterias resultantes del proceso de eutrofización por la carga orgánica del agua embalsada. “Tanto la Constitución como la legislación europea son inequívocas en su mandato: las autoridades tienen la obligación legal de proteger a la ciudadanía”, dice Nieves Noval, abogada de la ONG ClientEarth, “Las autoridades han fallado a las personas, pese a ser plenamente conscientes del impacto real que la ganadería industrial ejerce sobre la zona, continúan autorizando estas explotaciones de manera permisiva y reiterada”. “Estamos orgullosos de apoyar a esta comunidad”, reconoce la representante de ClientEarth, “y les proporcionaremos toda la asistencia posible para que se haga justicia”. Montículos de gallinaza, estiércol de ave, depositados sobre un terreno encharcado en el municipio de Sandiás (A Limia), en una imagen cedida por la Sociedade Galega de Historia Natural.SGHN “El creciente nivel de contaminación en As Conchas está afectando la vida diaria de sus habitantes y poniendo su salud en riesgo, lo que consideramos una violación de sus derechos fundamentales”, defienden Amigas de la Tierra, CECU y ClientEarth. “Si los demandantes ganan, el caso podría sentar un precedente en España y servir de referencia para casos europeos similares sobre la necesidad de proteger a los ciudadanos de la contaminación del agua y de los acuíferos proveniente de la ganadería industrial”. Según la demanda, las Administraciones “ni siquiera cumplen, en ocasiones, con el requisito mínimo de alertar a los residentes sobre la toxicidad del embalse” cuando se producen los episodios más graves durante el verano. En este lugar se celebran competiciones y campamentos estivales de escolares, y se han documentado situaciones en que los responsables políticos argumentaban que la calidad del agua era “buena” pese a que “numerosos estudios demostraron que es falso”. Una de las investigaciones universitarias encargadas para la demanda apunta a las “superbacterias resistentes a antibióticos”, que se vinculan con los tratamientos veterinarios del ganado y que la OMS ha definido como “unas de las 10 peores amenazas para la humanidad”. Asimismo, aportan un informe médico que recomienda explícitamente a los residentes de la zona que “solo beban agua embotellada y que eviten las cercanías del embalse para evitar inhalar sustancias tóxicas”. Un trabajo de campo que analizó muestras de 76 pozos particulares de más de 60 metros de profundidad, reveló que más de la mitad superaban los límites permitidos de nitratos en el agua potable y muchos triplicaban lo permitido. Según denuncian ahora los vecinos de As Conchas, la vida se ha “deteriorado gravemente”: ven en riesgo su salud, temen beber agua de los pozos, y a partir de junio, cuando aprieta el calor, no pueden abrir las ventanas porque el aire es hediondo y dañino. También advierten de que algunas aguas de abastecimiento municipal están contaminadas. Los demandantes acusan a los organismos responsables de infringir la legislación estatal y europea por la falta de control sobre el tratamiento que debe darse al exceso de purines y gallinaza. El estiércol siempre se ha empleado como abono, pero aquí se produce mucho más del que

La Dirección General de Tráfico (DGT) bonificará desde este miércoles a las personas conductoras de ciclomotores, motos y coches que superen de forma voluntaria un curso de conducción segura y eficiente con dos puntos en el carné de conducir hasta un máximo de 15. Los nuevos cursos serán voluntarios para los conductores que quieran mejorar su conducción. Están regulados en una orden publicada el 6 de marzo en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Hay dos modalidades, una para quienes manejen turismos y otra para quienes conduzcan motos y ciclomotores. En este segundo se incluyen dos modalidades en función del tipo de vía: cursos de conducción segura y eficiente en zona urbana y otro para carretera convencional. El objetivo de estas formaciones voluntarias es formar a los conductores para que sean capaces de evitar siniestros y reduzcan el consumo de combustible y las emisiones contaminantes de sus vehículos. La DGT se propone que quienes manejan un coche, una moto o un ciclomotor estén preparados para reaccionar ante situaciones de peligro y no incurran en malas prácticas durante la conducción, así como evitar cualquier conducta de riesgo al volante. Las formaciones de la DGT serán accesibles para todo el que tenga un permiso de conducción válido y en vigor para manejar turismos, motos y ciclomotores y que posean un saldo positivo de puntos en el carné. Quienes superen el curso, obtendrán una bonificación de dos puntos adicionales hasta un límite de 15. Solo se podrá realizar un curso de cada tipo cada dos años. Para aprobarlos, los conductores deben superar una parte teórica y una práctica. La formación teórica tiene una duración de mínimo una hora y 45 minutos que se tiene que distribuir obligatoriamente a lo largo de todo el curso; la parte práctica dura al menos cuatro horas y 15 minutos se realizará tanto en circuitos cerrados como en vías abiertas a la circulación, y se compone de maniobras y ejercicios de conducción que se pueden completar en una o dos sesiones. Source link

EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí. “Parece que el diablo está planchando”, suelen decir en mi ciudad natal, ubicada en pleno desierto, cuando el calor se vuelve insoportable. Al rebasar los 35 grados en Chihuahua, probablemente el primer impulso sea encender el aire acondicionado, prender el abanico o el ventilador, o al menos abrir una ventana. Pero imagina que ninguna de estas opciones existe: estás atrapado en una casa convertida en horno, sin aire frío ni posibilidad alguna de escapar del calor. Esta es la realidad cotidiana de millones de personas en América Latina, una región que presume haber alcanzado el 97% de cobertura eléctrica, pero donde tener electricidad no siempre significa disfrutar de bienestar. Como han señalado científicas y científicos latinoamericanos, la pobreza energética no se acaba con el acceso a la energía (electricidad y gas); las personas requieren acceder a servicios energéticos adecuados para satisfacer sus necesidades. Una de estas necesidades es el confort térmico frente a temperaturas extremas. En la sierra del norte de México, durante los inviernos helados, cada año decenas de familias mueren dormidas en sus casas por inhalar monóxido de carbono emitido por calentadores de gas. La falta de opciones seguras y la pobreza energética obligan a muchos hogares a utilizar estos calentadores para protegerse del frío, a pesar de sus riesgos. Por otra parte, ante el calor extremo, la falta de acceso a sistemas de refrigeración también se convierte en un asunto de vida o muerte. En 2024, la temperatura promedio global aumentó 1,46 °C respecto a los niveles preindustriales (1850-1900) y, en algunas áreas específicas, superó los cuatro grados. Este mes, el servicio meteorológico de Chile emitió una alerta por una inusual ola de calor, con temperaturas de hasta 36°C en varias regiones del país. Con el cambio climático, las olas de calor son cada vez más intensas y prolongadas, y la mayoría de los hogares y ciudades latinoamericanas no están preparadas para enfrentarlas. Más de 185 millones de personas en Latinoamérica están en una situación de riesgo medio o alto al no contar con sistemas de refrigeración adecuados para garantizar el confort térmico, conservar alimentos, productos agrícolas y medicamentos, en medio de condiciones climáticas cada vez más extremas. La falta de acceso a electrodomésticos eficientes y a precios accesibles agrava esta desigualdad. Ante la imposibilidad de pagar al contado, muchas familias deben recurrir a créditos con altísimas y abusivas tasas de interés, que oscilan entre el 25% y el 65%. Por ejemplo, en la tienda Elektra de México, que cuenta con más de 20 millones de clientes, un aire acondicionado no eficiente cuesta 7.799 pesos (360 euros) al contado. Sin embargo, con un financiamiento a un año, las personas terminan pagando 12.342, es decir, un 63,19% más. La necesidad de estos electrodomésticos críticos perpetúa ciclos de endeudamiento y exclusión, principalmente para las mujeres, ya que el trabajo doméstico sigue recayendo sobre ellas. En promedio, trabajan tres veces más que los hombres, unas 20 horas a la semana en tareas domésticas como la crianza, el cuidado de personas enfermas, la limpieza, la preparación de alimentos y el mantenimiento del hogar. Todo esto requiere servicios energéticos —como refrigeradores, estufas, lavadoras, sistemas de calefacción o refrigeración— que han sido históricamente ignorados y subfinanciados. Aun cuando las familias logran acceder a electrodomésticos críticos como sistemas de refrigeración, deben destinar una cantidad significativa de sus ingresos al pago de electricidad. En Uruguay, las personas en los quintiles de menores ingresos destinan 19% de gasto a energía. Muchas familias -especialmente aquellas encabezadas por mujeres, que representan una de cada tres en la región- se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad por tener ingresos más bajos. Un niño toma un baño en un asentamiento irregular con poco acceso a servicios básicos, en la zona de Puente Alto en las afueras de Santiago de Chile, en agosto de 2022. IVAN ALVARADO (Reuters) Si la política energética sigue enfocándose en el espacio público y en las necesidades de los hombres, sin voltear la mirada hacia los hogares, ni promover esquemas de financiamiento e inversiones que faciliten su acceso a servicios de electricidad, entonces, las mujeres, el resto de la población y el planeta terminarán perdiendo. Las personas seguirán comprando electrodomésticos poco eficientes porque son más accesibles que los productos de alta eficiencia energética, con lo que la demanda de electricidad aumentará. Las tasas de interés abusivas a las que se enfrentan para comprar estos productos, sumados a los costos de la electricidad, continuarán sumiéndolas en un círculo vicioso de pobreza. Y a pesar de todo esto, las políticas energéticas continúan ignorando estas realidades cotidianas. Un indicador sobre energía y género del Banco Mundial mide los subsidios eléctricos para hogares encabezados por mujeres; sin embargo, permanece vacío para prácticamente todos los países de Latinoamérica. Impulsar el acceso a electrodomésticos eficientes a un precio razonable es un asunto de interés público porque la carencia de estos pone en riesgo a millones de personas. Debemos poner a las mujeres y su trabajo en los hogares que sigue invisibilizado, al centro de las iniciativas del cambio climático. Para lograrlo, se requieren políticas gubernamentales claras: adoptar estándares regionales obligatorios de eficiencia energética; promover incentivos económicos para la adquisición de electrodomésticos eficientes, regular las tasas de interés abusivas para su compra y adoptar subsidios específicos dirigidos a hogares encabezados por mujeres, quienes enfrentan una situación de mayor vulnerabilidad energética. Si en la región seguimos celebrando la cobertura eléctrica mientras ignoramos para qué y para quién sirve esa electricidad, seguiremos atrapados en una paradoja. ¿De qué sirve tener acceso a la electricidad si no garantiza la vida y el bienestar de quienes más la necesitan? Laura Aragón Castro es politóloga, especialista en políticas para el empoderamiento de las mujeres y energía. Source link

En el grupo de 238 personas que fueron deportadas por Estados Unidos a El Salvador, la mayoría venezolanos, estaba un cabecilla de la Mara Salvatrucha (MS-13) que fue acusado en Nueva York de terrorismo y aguardaba juicio. Pero antes de su expulsión, a César Humberto López Larios, alias el ‘Greñas de Stoner’, se le retiraron los cargos. Es considerado uno de “los doce apóstoles del diablo”, en referencia a los fundadores originales de la MS-13. ¿Por qué es importante este personaje y qué información comprometedora tiene sobre el Gobierno de Nayib Bukele? En total, el gobierno de Donald Trump devolvió a El Salvador en la madrugada del 23 de marzo a 23 miembros de la Mara Salvatrucha, entre los que se encuentran dos cabecillas que estaban acusados en Estados Unidos por actos de terrorismo. MIRA: ¿Qué leyes internacionales estarían violando EE.UU. y El Salvador al recluir a migrantes en la megacárcel de Bukele? Todos los deportados fueron internados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la mundialmente conocida megacárcel que mandó a construir el presidente Nayib Bukele para los criminales más peligrosos. El cabecilla pandillero César Humberto López Larios el día de su deportación a El Salvador desde Estados Unidos. De acuerdo con el medio digital salvadoreño El Faro, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York renunció a la acusación de López Larios en Estados Unicos a cambio de que sea juzgado en El Salvador; alegó que lo hizo por “razones geopolíticas y de seguridad nacional”. El Faro informó que López Larios estaba recluido en el ala de Alojamiento Especial (SHU) del Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn. Había sido enviado a ese lugar por “amenazas específicas y creíbles tanto de la MS-13, su propia organización criminal, como de otras organizaciones criminales rivales, incluyendo la Mafia Mexicana y los Sureños”, según un documento del 22 de noviembre de 2024. ¿Quién es el ‘Greñas de Stoner’? César López Larios, cabecilla de la Mara Salvatrucha MS-13 que fue deportado por Estados Unidos a El Salvador. El ‘Greñas de Stoner’ tiene 47 años. Nació en en la ciudad de Santa Ana, El Salvador. En su país tiene antecedentes por resistencia, homicidio simple, homicidio agravado, extorsión y agrupaciones ilícitas, indicó El Faro. Vivió en Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles, pero en 1999 fue deportado. En El Salvador fundó la clica Stoners Locos. En el 2002, junto a otros líderes históricos, fundó la Ranfla Nacional de la pandilla, el máximo organismo de dirección de la MS-13 que con el paso del tiempo extendió su influcencia a México y la costa este de Estados Unidos. López Larios purgó prisión en El Salvador por homicidio simple y salió libre en el 2011. En enero del 2013, fue detenido por extorsión imperfecta en Chalatenango, pero fue liberado ese mismo año y huyó a Estados Unidos donde, según la Fiscalía de ese país, cometió extorsiones transnacionales desde North Hollywood. Amenazaba a salvadoreños en Estados Unidos y en El Salvador. Fue capturado y deportado en el 2017 a El Salvador. En su país fue recluido en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. El Faro precisó que desde diciembre del 2020, López Larios estaba acusado en Estados Unidos de conspiración para proporcionar y ocultar el apoyo material para terroristas, conspiración para cometer actos de terrorismo que trascienden las fronteras nacionales, conspiración para financiar terrorismo y conspiración para el narcoterrorismo. Fue arrestado el 9 de junio del 2024 en la ciudad de Arriaga, en el estado mexicano de Chiapas. Las autoridades mexicanas lo enviaron a Houston, Texas, donde fue entregado al FBI y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. El pacto con Bukele El Faro explicó que el 2019 se presentó en Estados Unidos la primera acusación contra algunos líderes de la MS-13, inlcuido López Larios. Luego, en el 2020, el departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó formalmente la persecución contra la Ranfla Nacional de la Mara Salvatrucha. El 14 de enero del 2021 la Fiscalía de Nueva York presentó un documento de acusación por terrorismo contra 14 pandilleros salvadoreños creadores de la Ranfla Nacional. En esa acusación figuraba César Antonio López Larios, indicó El Faro. Según la acusación, el departamento de Justicia de Estados Unidos consideró demostrado que el Gobierno de Bukele negoció en secreto desde el 2019 con la Mara Salvatrucha, y que ofreció a los principales líderes pandilleros beneficios financieros y facilidades de comunicación para que mantuvieran control territorial y de sus estructuras durante la duración de ese acuerdo. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, hace un gesto mientras pronuncia un discurso ante estudiantes de secundaria el 15 de marzo de 2025. (Foto de Marvin RECINOS / AFP). / MARVIN RECINOS El pacto incluyó condiciones carcelarias menos restrictivas e incluso reducciones de pena. A cambio, según fiscales federales estadounidenses, la MS-13 apoyó al partido Nuevas Ideas en las elecciones municipales y legislativas del 2021, y mantuvo bajos los niveles de homicidios al menos hasta marzo del 2022, cuando el pacto se rompió, algo que fue confirmado en audios publicados por El Faro por el director de reconstrucción de Tejido Social, Carlos Marroquín. Tras formalizar la acusación, Estados Unidos pidió a El Salvador la extradición de los cabecillas pandilleros. De acuerdo con El Faro, en los documentos judiciales de las autoridades estadounidenses se menciona que parte del pacto entre el Gobierno de Bukele y las pandillas implicaba bloquear las extradiciones. El Faro hizo notas que desde mayo del 2021, la Corte Suprema de El Salvador, controlada por Bukele, negó al menos cuatro peticiones de extradición de los líderes criminales salvadoreños. Uno de ellos, Élmer Canales Rivera, alias Crook, fue liberado ilegalmente por las autoridades salvadoreñas en noviembre del 2021, meses antes de que la tregua se rompiera y Bukele decretara en marzo del 2022 su régimen de excepción que sigue vigente. Crook fue capturado por el FBI en México y enviado a Estados Unidos. El Faro informó que en su desesperación por recapturar a Crook, el Gobierno Salvadoreño llegó a negociar

EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí. En la plaza principal de Peine, un pueblo de casas bajas y calles de tierra del Desierto de Atacama, en el norte de Chile, apenas hay movimiento. Es mediodía y el sol se asoma en el cielo sin nubes. De vez en cuando, un camión rompe el silencio mientras trepa sus pendientes agrietadas. Pero no siempre es así de tranquilo. Aunque esta localidad tiene poco más de 300 habitantes, su población puede cuadruplicarse después de las seis de la tarde, cuando regresan a descansar los trabajadores del litio. Este mineral ha convertido a este rincón remoto en un eslabón crucial de la transición energética global. Peine se ubica en el borde del Salar de Atacama, que abarca cerca de 3.000 kilómetros cuadrados. Bajo su superficie, disuelto en aguas salinas subterráneas conocidas como salmuera, se encuentra una de las mayores y más concentradas reservas de litio del planeta. Este mineral se utiliza en el aire acondicionado, computadores y medicamentos estabilizadores del ánimo, hasta, más recientemente, en baterías de autos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía renovable. A medida que gobiernos e industrias en todo el mundo adoptan tecnologías más sostenibles, la demanda de litio se ha disparado. El Salar de Atacama es epicentro de este auge. Se estima que contiene unos 8,3 millones de toneladas de litio y actualmente abastece el 30% de la demanda global. Chile tiene un plan nacional para aumentar aún más su producción. Pero este boom ha transformado el frágil ecosistema del desierto y la vida de las 18 comunidades indígenas que rodean el salar, donde reside el pueblo Lickanantay, también conocidos como atacameños. Hoy, camiones, maquinaria pesada y tuberías cruzan el paisaje desértico, transportando salmuera rica en litio desde pozos subterráneos hacia una red de piscinas de evaporación. Bajo el sol de Atacama, el agua se evapora y deja tras de sí montículos de sal y litio. El cloruro de litio se carga en camiones que recorren el desierto rumbo a la ciudad de Antofagasta, donde el material es refinado en una planta química para obtener carbonato e hidróxido de litio. Luego se transporta 60 kilómetros al norte hasta el puerto de Angamos, en Mejillones, y desde ahí se exporta a destinos como China, Corea, Japón y Estados Unidos. Peine, antes un lugar de “vida tranquila y sana”, según su presidente comunitario, Sergio Cubillos, se ha convertido en un corredor de vehículos de contratistas al atardecer. Por seguridad, los vecinos han instalado rejas. “Hay consumo de drogas y alcohol”, dice Cubillos. Algunas casas exhiben banderas negras en señal de descontento. En varias comunidades del Salar de Atacama las banderas negras en viviendas o construcciones reflejan el descontento de los residentes con el futuro de la extracción de litio.Muriel Alarcon (Grist) Pero el problema más crítico es el agua. La minería en el norte de Chile “usa volúmenes comparables a los caudales del río Loa”, el más largo del país y principal fuente hídrica de la región, explica Christian Herrera, experto en hidrogeología en zonas áridas de la Universidad Católica del Norte. Un estudio reciente reveló que la zona del Salar de Atacama, donde se extrae salmuera rica en litio, está hundiéndose hasta dos centímetros por año, y que están disminuyendo los niveles de aguas subterráneas. Los pueblos aledaños han visto cómo se reduce su ya escasa agua potable. En Peine, el agua se corta en las noches para recargar sus estanques. Cubillos comprende que el litio es clave para un mundo sin combustibles fósiles, pero exige mayor regulación. “No queremos que llegue el momento en que se diga: ‘¿Sabe qué? Va a tener que emigrar de Peine porque ya no tiene agua, no le queda territorio’”. *** Los Lickanantay han habitado el desierto no polar más seco del mundo durante milenios. Han sido cazadores, pastores y agricultores. En kunza, su lengua ancestral, la tierra o Madre Tierra se llama Patta Hoiri y el agua, Puri. La región en la que viven es rica en minerales: hace millones de años, la actividad volcánica y magmática los depositó en el subsuelo, y el clima árido los ha preservado. Las compañías mineras llegaron a la zona a comienzos del siglo XX en busca de cobre. Pronto surgieron pueblos alrededor de los yacimientos. En Peine, la industria inyectó recursos a la economía rural: ayudó a construir la capilla de la iglesia San Roque, la escuela local y una cancha de fútbol. También ha sido una fuente clave de empleo formal. Pero la demanda reciente de litio ha superado con creces los niveles históricos de extracción. El Estado chileno, a través de la agencia estatal Corfo, es dueño de los derechos mineros del Salar de Atacama. Corfo gestiona los contratos de explotación con empresas que operan en la zona: Albemarle y SQM, con participación accionaria de la firma china Tianqi Lithium y la familia Ponce Lerou, vinculada al exdictador Augusto Pinochet. Una nueva alianza público-privada entre SQM y la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) también operará en el salar entre 2025 y 2060, con Codelco como socio mayoritario (50 % más una acción). Según la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), la demanda global de litio alcanzará 3,8 millones de toneladas métricas de carbonato de litio equivalente en 2035 —frente a 310.000 toneladas en 2020—; se multiplicará por 12. En 2023, el presidente Gabriel Boric presentó la Estrategia Nacional del Litio, con la meta de aumentar la producción del país en un 70% al 2030 y devolverle a Chile el liderazgo mundial del mercado, perdido en 2017 ante Australia. “Nadie desconoce que ha existido un desarrollo”, dice Cubillos. “Pero lo que más se reclama es que hay un abandono estatal”. Según el presidente de la Comunidad de Peine, Sergio Cubillos, esta localidad se ha convertido en una vía de paso para camiones y autobuses de contratistas.Muriel Alarcon (Grist) A diferencia de Australia, donde el