3 de abril de 2025

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén será interpelado por el pleno del Congreso el 9 de abril. El titular del Gabinete deberá responder 43 preguntas y, en caso los parlamentarios consideren que las respuestas no fueron satisfactorias, pueden presentar una moción de censura en su contra. El miércoles 3 de abril, el pleno del Congreso aprobó la moción que fue impulsada por el congresista Edward Málaga (Avanza País) y firmada por legisladores de diversas bancadas. LEE TAMBIÉN: Gustavo Adrianzén asegura que Ejecutivo evalúa medidas para “hacer efectivo el equilibrio de poderes” con el Congreso La moción fue aprobada por 43 votos a favor, 39 en contra y 21 abstenciones. Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso y Somos Perú votaron en su mayoría en contra, mientras que la mayoría de Acción Popular, el Bloque Magisterial y Honor y Democracia marcaron abstención. El documento para interpelar al presidente del Consejo de Ministros ingresó el jueves 20 de marzo tras reunir 35 firmas recolectadas por Edward Málaga, legislador de Avanza País. En el camino tres legisladores retiraron su rúbrica: Katy Ugarte, Edgar Tello y Milagros Jáuregui, lo que hubiera dejado la moción con 32 rúbricas, debajo del número necesario para que siga adelante. Sin embargo, otros dos se sumaron a la moción: Nieves Limachi y Luis Picón, lo que dejó la moción con 34 suscripciones. La preguntas que deberá responder Gustavo Adrianzén En total, el pliego interpelatorio que deberá responder Gustavo Adrianzén tiene 43 preguntas, principalmente enfocadas en temas de seguridad ciudadana y lucha contra delincuencia en diferentes rubros. LEE TAMBIÉN: Martha Moyano justifica rechazo de Fuerza Popular a interpelar al primer ministro Gustavo Adrianzén La moción cuestiona la gestión del primer ministro como una marcada por la ingobernabilidad y con incapacidad para responder ante los índices de criminalidad, así como por avalar a ministros cuestionados. Cabe recordar que esta moción fue presentada antes que el pleno censurara a Juan José Santiváñez en marzo. Gustavo Adrianzén será interpelado por el pleno del Congreso y estas son algunas de las preguntas sobre seguridad. Gustavo Adrianzén será interpelado por el pleno del Congreso y estas son algunas de las preguntas sobre seguridad. También menciona críticas contra Dina Boluarte y advierte que Adrianzén ”ha fallado como vocero del Gobierno» por no aclarar dudas sobre casos como Rolexgate, Waykis en la sombra y el ‘cofre’ presidencial. En total, hay 5 preguntas sobre seguridad ciudadana, 5 sobre minería ilegal, 3 sobre los casos que involucran a Dina Boluarte y otras 3 sobre la dirección del Gobierno. También hay 3 interrogantes sobre cómo están actuando ante las próximas elecciones generales del 2026. El resto del pliego incluye dudas sobre la gobernanza del Ejecutivo, empresas públicas como EsSalud, meritocracia, respuesta ante derrames de petróleo, políticas económicas y relaciones exteriores. Puedes revisar la moción de interpelación contra Gustavo Adrianzén y las 43 preguntas en este enlace del portal del Congreso. Source link

La ahora exfiscal dijo a este Diario que su renuncia fue estrictamente por “motivos personales” que venía evaluando desde antes del inicio del juicio. A esto se sumó un período por licencia médica que tomó previo a su dimisión, solo días después de la instalación del juzgamiento, el pasado 4 de marzo. Indicó que, en ese lapso, su decisión de dar un paso al costado se confirmó. LEE TAMBIÉN | Dina Boluarte y sus ministros fustigaron a la prensa en 14 oportunidades en menos de tres meses “Como precisé en mi carta de renuncia: han sido motivos personales. Esto lo venía pensando desde hace tiempo y la presenté por esa razón”, dijo la exfiscal. También negó que su decisión haya sido fruto de alguna presión o cuestionamiento: “He tomado la decisión personalmente, yo la asumo. Esto venía siendo pensado desde hace tiempo. Han sido bastantes años que he trabajado en la institución”. Por otro lado, rechazó las versiones que vinculaban su salida con discrepancias en torno al manejo o la estrategia del caso del golpe de Estado. “Lo descarto. Lamentablemente, se tejen informaciones sin mayor sustento. La decisión no fue pensada de un momento a otro, la venía pensando desde tiempo atrás. Es una decisión personal que asumí, tomé la decisión de renunciar”, remarcó. La fiscal Galinka Meza presentó su renuncia ante el MInisterio Público días después de la instalación del juicio oral contra Pedro Castillo. (Foto: Poder Judicial) También rechazó que su dimisión esté relacionada al nombramiento de su hija como asesora del despacho del ministro de Cultura. Al respecto, recordó que su familiar ya venía trabajando en sectores ministeriales desde años atrás. “No tiene absolutamente nada que ver”, aseveró. Según fuentes de El Comercio, antes de su dimisión, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ya había observado con ojo crítico el desempeño de Meza en las audiencias de los casos emblemáticos que tramita el despacho del que era parte: la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Anticorrupción. Este es liderado por el fiscal supremo Alcides Chinchay y ella era una de sus cuatro fiscales adjuntos supremos. Lo era como provisional: su plaza de origen, en la que era titular, era de fiscal provincial penal. Por otro lado, hay dos fiscales supremos adjuntos titulares nombrados hace poco por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y a la espera de que se abra una de las plazas que habían ganado en concurso para comenzar sus funciones. La suma de esos factores -de acuerdo con las fuentes- llevaba irremediablemente a la decisión de removerla del cargo, decisión a la que no se llegó ya que la propia fiscal renunció a la institución el pasado 20 de marzo. Pese a la salida en el equipo, la fiscalía seguirá con la misma estrategia y ritmo de trabajo dentro del juicio. Meza estuvo en las dos audiencias iniciales del juicio, pero solo participó activamente en la primera con el alegato de apertura. Desde la tercera audiencia hasta la más reciente (la décimo segunda), fueron los otros tres fiscales adjuntos supremos del mismo despacho quienes llevaron adelante los interrogatorios a los testigos del Ministerio Público. Pedro Castillo y la fiscal Galinka Meza durante la primera audiencia del juicio por el golpe de estado. Foto: Poder Judicial Esa parte del juicio terminará este viernes con la declaración de un último grupo de tres testigos del Ministero Público. Fue en esas audiencias -en las que Meza no participó por su licencia y luego por su renuncia- donde se produjeron las declaraciones más importantes en lo que va del juicio: tres generales de la PNP confirmaron que Pedro Castillo dio una orden directa para cerrar el Congreso e intervenir el Congreso; el exministro Alejandro Salas reveló la justificación que le dio el expresidente sobre su golpe; la periodista llevada a Palacio para la transmisión relató el abrazo entre el expresidente, Aníbal Torres y Betssy Chávez luego del mensaje; se corroboró la intención de Chávez de sacar un decreto supremo; se relató el impedimento temporal de congresistas para entrar al Palacio Legislativo; y se detalló el intento del golpista de llegar a la embajada de México. Adicionalmente, los fiscales del mismo despacho que apoyaron como “interconsulta” a Galinka Meza en las primeras dos audiencias (el fiscal provincial Juan José Castillo y el fiscal provincial adjunto José Carlos Quiquia) luego hicieron los mismo en todas las audiencias con los otros fiscales adjuntos supremos. Así, el mismo equipo fiscal que venía representando al Ministerio Público en este juicio seguirá haciéndolo en la audiencia de este jueves 3 de abril y en las subsiguientes, programadas para los martes, jueves y viernes del resto del mes. Según fuentes de El Comercio, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, fue crítica con el desempeño de Galinka Meza en las audiencias. Foto: Ministerio Público. ¿Quién es la fiscal Meza? En la escala del Ministerio Público, un fiscal provincial viene a ser como un fiscal de primer rango o primera instancia. Tiene a su cargo a distintos fiscales adjuntos y tiene por encima a un fiscal superior. Más arriba de ellos están los fiscales supremos, que a su vez tienen fiscales adjuntos supremos, con un rango equivalente a los fiscales superiores. Meza Salas, abogada por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco desde 1986, era fiscal provincial titular penal de Lima Centro desde hace un par de décadas. Fue nombrada como tal en el 2003 por el extinto Consejo Nacional de la Magistratura (hoy la JNJ) y ratificada en el 2012. Durante esos años, la abogada se desempeñó en los años siguientes en distintas fiscalías provinciales penales de la capital, siempre como fiscal provincial titular. Recién en septiembre del 2022, durante la gestión de Patricia Benavides como fiscal de la Nación, fue promovida de fiscal provincial penal de Lima a adjunta suprema provisional en la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Anticorrupción. Ese despacho era dirigido por entonces por el fiscal Uriel Terán, cercano a la extitular del Ministerio Público, quien comenzó a contar con Meza como

De lo conocido, hasta el momento, el acto médico tuvo diversas etapas previas y posteriores, que han terminado por dar más sustento a la hipótesis de que lo practicado en el rostro de la mandataria no solo podría haber sido una intervención por “salud”, sino que se trataría de una cirugía estética. Ello, se basa en información preliminar y documentación que ha entregado la clínica Cabani respecto a la intervención realizada por Mario Cabani, quien estuvo a cargo del procedimiento. No obstante, por el secreto profesional, el médico no habría podido revelar más detalles específicos del caso de la presidenta Boluarte. MIRA: Vladimir Cerrón podría ser sentenciado a pagar S/3 millones de reparación civil: Poder Judicial inicia juicio oral por Caso Chupaca El Ministerio Público, a través del requerimiento, busca obtener más información médica de la mandataria, teniendo en cuenta que, en una anterior oportunidad, el Poder Judicial negó la autorización para allanar las Clínica Cabani y Sanna-Sede San Borja. No obstante ordenó que dichos centros entreguen información sobre la referida paciente. Por ello, ahora ha solicitado que, vía una disposición judicial, se pueda ordenar que los médicos que atendieron a la presidenta de la República proporcionen toda la información médica que sea de utilidad para los fines de la investigación. El juez supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkley, quien recibió el requerimiento, dispuso analizar el pedido fiscal este viernes 4 de abril. La mandataria es investigada ante la Fiscalía de la Nación por presunta omisión de funciones y aprovechamiento indebido del cargo. “Estando a que mediante Resolución N.° 02 del 27.03.2025, se programó la audiencia de requerimiento de levantamiento del secreto profesional médico, para el día viernes 04 de abril de 2025 a las 10:00 a.m.” Resolución judicial. Tal como ha trascendido en medios como Perú21 que la Clínica Sanna tampoco habría entregado toda la información privada sobre el historial médico de la mandataria, a pedido de esta última. Como se recuerda, según un testigo testigo protegido, inicialmente, la mandataria habría buscado ser intervenida en la Clínica Sanna de San Borja -ante un malestar- pero la cirugía finalmente se realizó en el centro estético de Mario Cabani. A fines del 2024, Boluarte Zegarra, en un mensaje a la Nación, reconoció haberse sometido a una cirugía, pero en ese momento aseguró que “no fue una intervención estética” sino una “intervención necesaria e imprescindible” para su salud. Su abogado, Juan Carlos Portugal, aseguraba también -en aquel momento- que la intervención médica no había durado más de 40 minutos y que no hubo ninguna situación que le impidiera a Boluarte seguir ejerciendo sus funciones como presidenta. Además, por entonces Boluarte Zegarra señalaba que esperaba ser citada a la fiscalía a declarar, y entonces renunciaría a su derecho a la confidencialidad de su historial médico. “Cuando se dignen en citarme una vez más, y el Ministerio Público hagan su trabajo, renunciaré voluntariamente a mi derecho a la confidencialidad médica y entregaré mi  historial clínico.” Dina Boluarte, diciembre del 2024. Sin embargo, nada de ello habría pasado. La intervención, según lo revelado por Cuarto Poder duró cerca de dos horas y media; y su defensa se ha mostrado en contra de que su secreto médico sea revelado. ¿En base a qué premisas indiciarias la fiscalía busca que los médicos hablen sobre las intervenciones de Boluarte? Tal como lo ha informado Cuarto Poder, la Clínica Cabani habría entregado información de las intervenciones a la que fue sometida la presidenta Dina Boluarte, el 28 de junio del 2023, sin comunicarlo al Consejo de Ministros, ni al Congreso de la República. No obstante, dicha información habría sido “reconstruida” por la entidad médica, que si bien ha confirmado que la mandataria se sometió a una “Rinoplastía más septumpastia funcional”, “Blefaroplastia inferior transconjuntiva lateral”, el “Injerto grasos en rostros” y la “Colocación de hilos de sustentación en el rostro”, no habría entregado el historial médico completo. El resumen médico de la intervención señala también que se le podría haber hecho una “posible infusión de vitaminas”, pero al final quedaron solo las primeras cuatro intervenciones. Mario Cabani Si embargo, antes de concretarse dicha intervención en la Clínica Cabani, la mandataria habría buscado operarse en la Clínica Sanna, ubicada en San Borja. Así lo ha relatado a la fiscalía el Testigo Protegido N° 15-2024 ante el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) que también investiga el caso, pero vinculado a las presuntas influencias para el nombramiento de terceras personas allegadas a Mario Cabani, en puestos del Estado. La información brindada por dicho testigo, a la que también accedió El Comercio, se condice con lo hallado hasta el momento por la Fiscalía de la Nación, que investiga a la mandataria por presuntamente haberse ausentado de sus funciones transgrediendo la ley. En su declaración, el referido testigo ha narrado que, en junio del 2023, Boluarte Zegarra se “sentía mal” y a través de su entonces secretaria Patricia Muriano, sacó una cita en la Clínica Sanna, ubicada en la Av. Guardia Civil (San Borja). Allí, explica el testigo, “le sacaron una placa a la presidenta de la República”, quien preguntó al médico que la atendió si podían operarla. Sin embargo, recordó, el médico que la atendió le señaló que “no era necesario”. No conforme con la respuesta que recibió en la clínica de San Borja -narró el testigo- la mandataria le habría pedido a Muriano que busque otro centro porque quería “arreglarse la nariz” ya que tenía una desviación. Finalmente, indica el testigo, encontraron al Mario Cabani, quien habría sido citado -en diversas oportunidades- a la residencia de Palacio de Gobierno en marzo del 2023. Allí, acordaron la intervención. “Por lo finalmente, el día 28 de junio del 2024, la presidenta de la República Dina Ercilia Boluarte Zegarra con su asistente Patricia Muriano concurrieron a la clínica del Doctor Mario Cabani, llegando aproximadamente a las 08:00 PM., En dicho lugar la preparan a la presidenta poniéndole en un salón, es donde el Dr. Cabani presenta a los doctores

La Comisión de Justicia del Congreso aprobó por mayoría un nuevo predictamen que afecta la labor de la Fiscalía de la Nación. Esta vez, buscan que los fiscales ya no puedan imputar delitos alternativos en el juicio oral. De acuerdo con la propuesta, la resolución que ordena el inicio del juicio (denominada auto de enjuiciamiento) deberá indicar los delitos materia de la acusación fiscal, “sin reconducir, adecuar o realizar tipificaciones alternativas o subsidiarias”. “Esto es una dificultad para el Ministerio Público cuando vaya a juicio. Solo podrá proponer un delito y no otros delitos subsidiarios o residuales”, explicó el abogado penalista Rafael Chanjan en diálogo con El Comercio. El penalista Andy Carrión explicó que actualmente los fiscales pueden, por ejemplo, acusar por colusión y, alternativamente, por negociación incompatible. “Si no respondes por un delito porque en el juicio se enerva la posibilidad de que prospere, pues entonces puede reconducirse a otro. Sin embargo, lo que quieren los congresistas con este predictamen es que eso ya no sea posible. En pocas palabras, lo que quieren con este proyecto de ley es restringir el campo de acción de las imputaciones”, explicó. El exprocurador Antonio Maldonado añadió que en casos complejos, no todo está definido cuando se llega a la etapa del juicio oral. Además, debido a que un proceso penal puede ser complicado, las leyes en el Perú permiten que el Ministerio Público proponga delitos alternativos. El peso de Perú Libre El predictamen recibió 10 votos a favor, 10 en contra y dos en abstención. Por ello, fue decisiva la postura a favor que manifestó el presidente de la Comisión de Justicia, Isaac Mita. Mita integra la bancada de Perú Libre, liderada desde la clandestinidad por el prófugo Vladimir Cerrón. Los cuatro legisladores perulibristas que integran la comisión se pronunciaron a favor; es decir, votaron en bloque. Los votos en contra fueron principalmente de Fuerza Popular, Somos Perú, Juntos por el Perú – Voces del Pueblo y Bloque Democrático. ASÍ FUE LA VOTACIÓN: CONGRESISTA BANCADA A FAVOR EN CONTRA EN ABSTENCIÓN Isaac Mita Perú Libre X Alejandro Cavero Avanza País X Waldemar Cerrón Perú Libre X Dávila Atanacio Bancada Socialista X Américo Gonza Perú Libre X José Arriola Podemos Perú X María Jáuregui Renovación Popular X Alex Paredes Bloque Magisterial X Juan Burgos Podemos Perú X Flavio Cruz Perú Libre X David Jiménez Fuerza Popular X Alejandro Muñante Renovación Popular X Martha Moyano Fuerza Popular X Margot Palacios No agrupada X Susel Paredes Bloque Democrático Popular X Tania Ramírez Fuerza Popular X Jorge Morante Somos Perú X Héctor Valer Somos Perú X Héctor Ventura Fuerza Popular X Germán Tacuri Bloque Magisterial X Francis Paredes Podemos Perú X Víctor Cutipa Juntos por el Perú – Voces del Pueblo X TOTAL 10 10 2 El predictamen se aprobó “con cargo a redacción”; es decir, sufrirá ajustes antes de llegar al pleno del Congreso. No obstante, los cambios estarían enfocados en otro punto del documento, que aborda la prisión preventiva. Durante el debate del predictamen, ni siquiera se discutió el cambio que limita la imputación de delitos. La discusión fue únicamente por las variaciones a la figura de la prisión preventiva en determinados delitos. El predictamen aprobado incluye la modificación de nueve artículos del Nuevo Código Procesal Penal. En opinión del exprocurador Antonio Maldonado, “es como una ley ómnibus”. “Ahí hay de todo, por ejemplo, quieren juzgar a jueces y fiscales con leyes especiales. Quieren invertir el orden jurídico del país en 180 grados. Es una propuesta gravísima, un despropósito total y absoluto”. De mal en peor Maldonado advirtió que el predictamen “busca afectar la labor de la fiscalía” y generar espacios de impunidad. El exprocurador resaltó que los fiscales no siempre tienen una certeza absoluta sobre la calificación jurídica de los hechos investigados. “En casos complejos, no todo está definido al llegar a juicio. La investigación preparatoria sienta las bases, pero muchos elementos pueden cambiar durante el proceso. Por supuesto, no de manera drástica”, explicó a El Comercio. Como ejemplo, recordó el caso del expresidente Pedro Castillo. Durante la investigación preparatoria por el golpe de Estado, la fiscalía planteó inicialmente el presunto delito de rebelión y, de manera alternativa, conspiración para rebelión. Para Maldonado, este caso demuestra una falla en la normativa penal. “La conducta de Castillo no encaja exactamente en el delito de rebelión tal como está redactado en la ley. Pero eso no significa que sea inocente ni que no haya intentado dar un golpe de Estado. Lo que ocurre es que la figura de rebelión no se ha adecuado a las formas modernas de un golpe”, explicó. Además, criticó que el Código Penal peruano define la rebelión en términos tradicionales, vinculándola a un golpe de Estado liderado por militares. “Es un tipo penal inadecuado, defectuoso. Y en lugar de corregir estos vacíos legales, los congresistas buscan empeorarlos”, sentenció. El impacto en los casos de corrupción El abogado penalista Rafael Chanjan advirtió que el predictamen podría afectar la forma en que los fiscales estructuran sus acusaciones, en especial en delitos de corrupción. Explicó que, en la práctica, se suelen presentar calificaciones alternativas para garantizar que un caso no quede impune. “Por ejemplo, en casos de colusión, es habitual que se haga una calificación alternativa por negociación incompatible. De esta forma, si en el juicio no se logra probar la colusión, se puede condenar por negociación incompatible, que también es un delito de corrupción, pero con una pena menor”, detalló. Por su parte, el penalista Andy Carrión advirtió que la iniciativa legislativa limitaría la capacidad de acción de la fiscalía al momento de presentar cargos. “En pocas palabras, lo que quieren con este proyecto de ley es restringir el campo de acción de las imputaciones que se materializan en el auto de enjuiciamiento”, destacó. Según Carrión, la medida reduciría las posibilidades de que los acusados enfrenten una condena en casos donde la tipificación del delito sea discutida en juicio. Otro cambio El predictamen también considera la creación de un estándar más bajo

En la segunda mitad de la década de 1980, el gobierno de Alan García implementó una franja horaria para contenido educativo: “la ofensiva cultural”. Presentaba diversos programas, unos más entretenidos o elaborados que otros, con información de diversa índole y de indudable valor para la población. No recuerdo cuánto duró el esfuerzo, pero sí algún contenido interesante que marcó mi infancia, como los programas en que un dibujo animado del cómico mexicano Mario Moreno ‘Cantinflas’ enseñaba sobre historia o geografía. También eran parte de esta franja documentales muy bien elaborados por cadenas internacionales. Cuarenta años después, el Ejecutivo anunció el fin de semana que busca impulsar una franja para difundir sus logros en materia de seguridad ciudadana. El tema resulta anticlimático con relación a la percepción de la ciudadanía. Es que la presidencia de Boluarte es la peor, en tiempos recientes, en lo que a lucha contra la delincuencia se refiere. Así, 95% es el resultado de quienes perciben su gestión como mala (26%) o muy mala (69%), según una reciente encuesta del IEP (“La República”, 30/3/2025). No obstante, el gobierno insiste en que se están consiguiendo resultados positivos. La propuesta debería haber dado risa, pero viniendo del Minjus causó justificadas alarmas. Según lo que han dicho los dos altos funcionarios que han mencionado el tema, este espacio sería de cuarenta minutos, en horario estelar y debería estar dedicado a “difundir, en estados de emergencia, las acciones y actividades que se vienen realizando desde el Ejecutivo en contra de la delincuencia y en la lucha que estamos haciendo, frontal, contra la inseguridad ciudadana” (RPP, 30/3/2025). De lo dicho, surgen interrogantes sobre su implementación y las situaciones que podría desencadenar. Vale la pena referirse, en ese sentido, a una situación hipotética planteada por Fernando Carvallo en su entrevista al viceministro Juan Alcántara. Carvallo mencionó uno de los que quizás haya sido el más vergonzoso hecho de una gestión ministerial en el despacho del Interior: la captura de Iván Quispe Palomino y su presentación como mando senderista (RPP, 31/3/2025). En tal circunstancia, los medios hubieran tenido que propalar algo que, a todas luces, resultaba ser una mentira. Difundir lo que no se puede comprobar como cierto es, en consecuencia, uno de los más graves peligros de esta medida. Como es evidente, la propuesta del Ejecutivo no tenía ningún sentido y por eso la han suspendido. En su afán de buscar aplausos, el gobierno incurrió en un despropósito. Quizás sin saberlo, recreó aquel escape iluso de la muerte que protagonizan los payasos Tripaloca y Tartaloro en la obra de César de María, cuyo título toma prestado esta columna. *El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta. Source link