2 de abril de 2025

El Poder Judicial (PJ) iniciará este 11 de abril un nuevo juicio oral en contra del prófugo Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre (PL). Esta vez, es llevado al banquillo para que pague una reparación civil solidaria ascendente a S/2′924.857.36, por el Caso Chupaca. El caso es impulsado por la Procuraduría Anticorrupción de Junín que ha requerido al PJ la imposición de una reparación civil “justa, proporcional y racional” a favor del Estado, por cuanto el caso se vincula a diversos actos de presunta de corrupción del exgobernador regional de Junín y otros exfuncionarios. El proceso, que se encuentra a cargo del Sexto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado en Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Junín, también incluye a Marco Antonio Salcedo Rodríguez, Luis Alberto Salvatierra Rodríguez, Alfredo Poma Samanez, Percy Ríos Galeas, Rubén Hugo García Abregu, Juan Carlos Sánchez Lazo, Juan Carlos Sulca Yauyo, Carlos Arturo Mayta Valdez y Yuri Valery Manrique Rivera. MIRA: JNJ programa audiencia para evaluar proceso de vacancia contra Rafael Ruiz Hidalgo ¿Cuáles son los plazos? El juicio oral deriva de las investigaciones que se iniciaron en contra de Cerrón Rojas y otros por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, cuya acción penal fue archivada por prescripción en 2023. Es decir que, por demora en el procesamiento penal del caso, el plazo que tenía el Estado para sancionar cualquier ilícito que se hubiera cometido, llegó a su fin antes de un pronunciamiento judicial. Según la imputación, el acusado se habría interesado en forma directa en favorecer al consorcio vial a cargo de la obra “Mejoramiento del Circuito vial Chupaca – Slcaya – Vicso – Aco- Mito, provincias de Chupaca, Huancayo, Concepción – Junín”. A diferencia del aspecto penal, que para Cerrón Rojas prescribió en enero del 2020; en el caso puntual de la reparación civil se tiene que la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín formuló su requerimiento de reparación civil el 02 de octubre de 2020; por tanto, teniendo en cuenta la fecha de prescripción de la acción penal, la acción civil se encontraba expedita al momento de ser formulada y por tanto procedía continuar con este extremo del juzgamiento. El inicio del juicio oral estaba programado para el 20 de marzo último ante el Sexto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Anticorrupción de Junín, pero fue suspendido por la ausencia de uno de los acusados que no pudo ser notificado adecuadamente. La próxima audiencia fue señalada por el juez Guido Arroyo para el 11 de abril a las 10:30 de la mañana. Hechos por acreditar para la imposición de una reparación Como se indicó, si bien los acusados Vladimir Cerrón y otros, no podrán ser condenados penalmente, sí podrán ser sancionados civilmente por causar un perjuicio al Estado. Así, sobre el prófugo expresidente regional de Junín, la acusación está vinculada a su interés directo para que se ejecute el pago de una carta fianza por más de S/3 millones a favor del Consorcio Vial a cargo de la mencionada obra. Estos hechos se remontan al año 2011. En un primer hecho, según la tesis que responsabiliza a Cerrón Rojas, a este se le remitió el informe legal N° 084-2011- GRJ/ORAJ de fecha 31 de enero del 2011 desde la Oficina Regional de Asesoría Legal, en el que se recomendó que el titular de la entidad podría declarar de oficio la nulidad del contrato N° 1059-2010 por el referido consorcio “por la transgresión del principio de presunción de veracidad durante el proceso de selección” o que se continúe con la ejecución del contrato suscrito, quedando a su decisión. No obstante, según la imputación, Cerrón Rojas derivó el referido informe a la oficina regional de administración financiera que, finalmente, dispuso proceder con el pago por adelanto directo del monto de S/. 1´820,555.52 al Consorcio Vial. En un segundo hecho, también se le incluye con responsable conjunto por dos pagos realizados al Consorcio Vial por concepto de “adelanto de materiales e insumos” cuando no correspondía. Vladimir Cerrón. Y es que, según el relato, el 8 de marzo del 2011, Yuri Valery Manrique Rivera, representante legal del consorcio solicitó un adelanto de S/ 2´002,403.88 por concepto de “materiales e insumos” describiendo como tales rodillo liso, tractor de orugas de 140-160 HP y motoniveladora de 125 HP; es decir, bienes que se encontraban dentro del término de referencia como “maquinaria”, por lo que no correspondía que se le otorgue el adelanto que al final se concretó en la suma de S/1´237,338.18. Luego, el consorcio volvió a realizar un segundo pedido de adelanto de S/ 1´638,269.08, por “materiales” el 17 de agosto del 2011. Para ello, presentó una carta fianza que solo tenía plazo de duración de dos meses y un día, que no correspondía a los requisitos para solicitar el segundo adelanto, lo que finalmente se aprobó sin contratiempo. En esa línea, la Procuraduría Anticorrupción a cargo de la doctora Nora Flores, señala en su requerimiento que los procesados, entre ellos Cerrón Rojas, habrían participado en el hecho delictivo en calidad de autores, vulnerando las normas a favor de un tercero (el consorcio), por lo que con dicha conducta, los acusados habrían ocasionado daños de carácter “extrapatrimonial”. Esto, por cuanto los exfuncionarios acusados se habrían interesado de manera indebida a favor de pagos de adelantos y otros a favor del tercero, obligándose a resarcir económicamente al Estado por el ilícito cometido. Por ello, sostuvo que la suma estimada por el daño extrapatrimonial causado, asciende a S/. 720,000.00 (setecientos veinte mil con 00/100 SOLES) por el delito de Negociación Incompatible. Dicho monto incluye el “Hecho 1” por la suma de S/. 300,000.00 y el “Hecho 2” por el monto de S/. 420,000.00 (considerando 02 fases de comisión-Adelantos). Pero además, la Procuraduría considera que también se ha generado un “daño patrimonial”, puesto que existirían elementos de convicción suficientes para sustentar la existencia de un “pacto colusorio” entre los funcionarios del Gobierno Regional de Junín y la representante

La fiscal adjunta suprema provisional Galinka Meza Salas renunció al Ministerio Público tras haber representado a esa institución en las dos primeras audiencias del juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo por el golpe de Estado de diciembre de 2022. La participación de la fiscal en el proceso judicial no se limitó a las sesiones iniciales del juicio, ya que previamente intervino en la mayoría de las audiencias durante la etapa de investigación y control de acusación. De acuerdo con una resolución de la Fiscalía de la Nación publicada en diario “El Peruano” el martes pasado, Meza presentó su renuncia mediante una carta fechada el último 19 de marzo. La fiscal solicitó que su salida fuera efectiva desde el 20 de marzo; es decir, pidió la exoneración del plazo legal para estos casos. La resolución precisa que la renuncia fue aceptada por la Junta de Fiscales Supremos el 21 de marzo. No brinda mayores detalles sobre los causas. Solo se limita a indicar que fue por “motivos personales”. Luego de su salida, otros fiscales de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos asumieron la conducción del caso. El despacho de la segunda fiscalía suprema transitoria en mención está a cargo de Alcides Chinchay. Meza había sido nombrada fiscal adjunta suprema provisional transitoria en septiembre de 2022, con funciones en la segunda fiscalía. El Comercio consultó al Ministerio Público sobre las razones de la renuncia y si su salida está relacionada con el proceso en curso, pero hasta la publicación de esta nota no se obtuvo una respuesta oficial. Fuentes de este Diario descartaron una motivación política o que se deba a un cambio de estrategia de la fiscalía en la acusación contra Castillo. Según conoció El Comercio, desde la Fiscalía de la Nación hubo observaciones a su desempeño en las audiencias, juicios e interrogatorios a su cargo, en particular en comparación a los otros fiscales del mismo despacho que luego participaron en las audiencias. Aún no se designa a un fiscal adjunto supremo en reemplazo de Meza. Se espera que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, lo haga cuando retorne de sus vacaciones. Consecuencias El abogado penalista Vladimir Padilla consideró que la renuncia de la fiscal afecta al Ministerio Público en el juicio contra Castillo y otros. “¿Por qué, si tenía pensado renunciar, lo asumió? Se justificaría si hay una razón poderosa de último momento, como un tema familiar o de salud. Pero el tema de fondo es si afecta o no la posición de la Fiscalía. Yo creo que sí, porque rompe el ritmo, afecta el ritmo de la Fiscalía. Que otro fiscal se enganche no es tan simple. Entonces, sí es una cierta ventaja para Castillo”, explicó. La fiscalía pide 34 años de prisión para el expresidente por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilida de pública. También son acusados la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez; su exasesor principal y exjefe del gabinete, Aníbal Torres; y el exministro del Interior Willy Huerta; además de dos policías. Padilla consideró que la renuncia de la fiscal amerita una explicación por parte del Ministerio Público, dada la relevancia del proceso contra el expresidente. “Es un caso de trascendencia, por eso amerita explicaciones”, sostuvo. El abogado expresó su confianza en la integridad de la fiscal Meza y aseguró que no cree que haya aceptado el caso sabiendo que lo dejaría. “Conozco a la doctora, es una persona bastante íntegra. No creo que sabiendo que iba a dejar el caso, lo aceptara llevar. Debe haber sucedido algo de fuerza mayor que la obliga a retirarse. Ella también ha invertido un montón de tiempo en prepararse para estudiarlo”, señaló. Padilla que no basta con conocer el expediente, sino que es fundamental que el fiscal a cargo crea en el caso que lleva. Explicó que el Ministerio Público es un ente corporativo y, en teoría, cualquier fiscal del equipo a cargo de un caso debería estar en condiciones de asumirlo. No obstante – señaló – no solo es necesario el conocimiento jurídico, sino también el dominio del caso en particular. ¿Cambiará la estrategia fiscal? El abogado penalista Andy Carrión señaló que el fiscal o la fiscal que asuma el caso deberá decidir si mantiene, modifica o mejora la estrategia previa, ya que no es común que un fiscal siga al 100% la línea de otro que ha dejado el proceso. “Suelen siempre direccionar hacia sus propias virtudes, hacia sus propias consideraciones de cómo creen que debe discurrir el caso”, explicó. Carrión subrayó que la renuncia de la fiscal tendrá un impacto en el desarrollo del proceso, especialmente porque ha estado a cargo de etapas claves. “Definitivamente, la separación o renuncia de la fiscal principal de un caso siempre afecta el discurrir de este en la etapa en la que corresponda. Debemos de recordar que esta fiscal es la que, en gran parte, ha llevado adelante no solo la investigación, sino también el control de acusación y la etapa inicial del juicio”, señaló. El abogado insistió en que el impacto de la salida de la fiscal puede ser negativo, dado que era la responsable de la estrategia del caso. “Yo creo que sí va a tener un impacto. Por lo general, cuando la cabeza principal de la estrategia deja el caso, pues el impacto suele ser negativo”, afirmó. Carrión también resaltó el papel de la fiscal Meza en el desarrollo del proceso. “Hay que atribuirle haber llevado adelante todas las etapas, desde la investigación preliminar, la acusación, además de la etapa intermedia, el control de acusación y ahora la etapa inicial del juicio”, concluyó. Luego del primer par de sesiones del juicio, han sido otros los fiscales los que han venido participando, todos ellos de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Anticorrupción. El juicio continuará este jueves 3 de abril desde las 9:00 a.m. Están citados cuatro nuevos testigos del Ministerio Público. Estos son Cristian Martínez, conductor del vehículo que trasladaba a

Entre mediados de enero y fines de marzo, la presidenta Dina Boluarte y los integrantes del Gabinete Ministerial han protagonizado, al menos, 14 discursos hostiles en contra de la prensa. De estos ataques, 10 se dieron solamente en el mes anterior y después del primer allanamiento a la casa de Juan José Santiváñez, quien dejó recientemente el Ministerio del Interior tras ser censurado por el Congreso. Y, además, desde el gobierno han acusado en cinco oportunidades a un sector de los medios de comunicación de complotar, en coordinación con el Ministerio Público, para propiciar “un golpe blando” en contra de Boluarte Zegarra. Precisamente, fue ella la que utilizó, por primera vez, ese término el 3 de marzo, luego de respaldar, con palmas y abrazo incluido, a Santiváñez. Las otras autoridades que ha enarbolado esta fuerte denuncia en contra de la prensa han sido el primer ministro, Gustavo Adrianzén, y el titular de Educación, Morgan Quero [ver recuadro]. Adrianzén ha acusado de golpismo a un sector de los medios y de la fiscalía en tres oportunidades. La última en una columna de opinión publicada el domingo 23 de marzo en el diario oficial “El Peruano”. “Quieren minar la institucionalidad desprestigiando a la presidenta. Buscan hilar una vacancia”, remarcó. (Foto: Jesus Saucedo| Archivo GEC) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO Antes de ser destituido del Ministerio Interior, Santiváñez fustigó a la prensa y en diferentes oportunidades sostuvo que esta no informaba “adecuadamente” del trabajo de la Policía Nacional, como del número de bandas criminales desarticuladas y de los operativos diarios que se realizaban. Aunque él mismo haya brindado datos falsos e inexactos, como cuando dijo que se había capturado al N°2 del grupo terrorista Sendero Luminoso. Es en este contexto, que esta semana el gobierno pasó del discurso en contra de los medios a una acción confiscatoria y anticonstitucional: el titular de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, anunció que su sector trabaja en una iniciativa legislativa para modificar la Ley de Radio y Televisión, cuya finalidad es crear una “franja informativa”. Los medios de comunicación, según detalló Arana”, “tendrán que difundir en estados de emergencia las acciones y actividades que viene realizando el Ejecutivo en contra de la delincuencia”. La “franja informativa” sería entre las 6 p.m. y 11 p.m., es decir en el horario estelar de los canales de televisión. Lee también: Exministro Santiváñez parte a Estados Unidos, pero asegura que volverá en abril y definirá postulación Sería debatido en el consejo Tras la ceremonia de inicio de obra del Corredor Vial Alimentador N.º 42, en la provincia de Candarave (Tacna), el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, dijo este martes que el Ejecutivo buscar constituir “un espacio de diálogo con los medios para ver cómo hacemos para que se difundan” las intervenciones a favor de la seguridad, “que no son del gobierno, sino del Estado”. (Foto: MTC) Pérez Reyes intentó poner paños fríos a la polémica iniciativa de la administración de Boluarte, al sostener que “no es una imposición”. “Nosotros no queremos darles una pauta a los medios, ellos tienen su pauta libremente, en un espacio de diálogo vamos a poder tener la posibilidad de que los ciudadanos se enteren, a través de los canales de señal abierta de las intervenciones de emergencia que se están haciendo”, complementó. No obstante, fuentes cercanas al Ejecutivo indicaron que este miércoles, se pondría a debate y se votaría la aprobación del proyecto anunciado por Arana. Tras ello, la propuesta sería enviada al Congreso. Este Diario intentó comunicarse con el primer ministro Adrianzén para consultarse sobre si el gobierno iba a retroceder con esta propuesta, pero no hubo una respuesta al cierre de esta nota. Lee también: Perú Libre otra vez: Bancada presenta nuevo proyecto para amedrentar a fiscalías y policías que divulguen información “Han metido la pata e intentan poner un parche” El director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Rodrigo Salazar, sostuvo que las principales autoridades del gobierno “han generado un arroz con mango”, porque primero el ministro de Justicia dijo que los medios de comunicación tendrían la obligación de transmitir la llamada “franja informativa” y luego han salido Adrianzén y Pérez Reyes a llamar al diálogo a la prensa. “Primero sale el gobierno con un anuncio confiscatorio y luego que dicen que no lo es, que se va a dialogar […] Han metido la pata y ahora intentan poner un parche sobre la marcha. Y esto porque la respuesta en contra de la franja ha sido unánime por parte de congresistas, exministros, abogados constitucionalistas y políticos”, manifestó en comunicación con El Comercio. Salazar alertó que si el gobierno concreta su proyecto estaría dando “el primer paso” hacia el camino del “autoritarismo hacia los medios de comunicación y por qué no hacia otras industrias”, porque en la práctica estaría confiscando 40 minutos de la radio y a la televisión. “Esto linda con lo velasquista”, subrayó. Lee también: Carlos Neuhaus: “No esperemos al 2026, estos cambios tienen que empezar desde ahora” A su turno, Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), refirió que la propuesta de la administración de Boluarte es la de “un bloque propagandístico”. “Esta franja de 40 minutos en el horario estelar es propaganda, y eso es inaceptable en una democracia, porque es una injerencia directa a la línea editorial de los medios. Y va en contra de los estándares interamericanos, que establecen con claridad que los gobiernos no pueden tener injerencia en los contenidos de los medios. Y parece que el gobierno no va a dar marcha atrás”, dijo. Lainez, en declaraciones a este Diario, afirmó que existe “un discurso incoherente” por parte de la presidenta y sus ministros, debido a que por un lado dicen que respetan la libertad de expresión, pero por el otro acusan a la prensa de golpista y tienen la intención de presentar un proyecto “para imponer una franja, que es propaganda”. Adriana León, jefa del Área de Libertad de Prensa del Instituto de Prensa y

No es coincidencia que dos semanas después de que el Congreso aprobara su nueva ley mordaza, el Poder Ejecutivo anuncie un nuevo proyecto de ley en busca de imponer una franja informativa obligatoria a los medios de comunicación bajo la excusa de la lucha contra la inseguridad ciudadana. Ambas acciones nos muestran un peligroso accionar que han iniciado ministros y congresistas en busca de maniatar a la prensa que los viene fiscalizando semana a semana. La imposición de franjas informativas es algo que este Congreso mira con buenos ojos. En este período, ya se han presentado iniciativas de ley, aunque bajo otras excusas. En el 2022, Segundo Montalvo (Perú Libre) presentó un proyecto donde buscaba establecer que los medios concedan obligatoriamente un espacio a las autoridades de turno para hablar de su gestión. Mientras que, en el 2023, Waldemar Cerrón, también de Perú Libre, presentó un proyecto para la “promoción” de música nacional en medios televisivos y radiales. Pero esos ataques camuflados no solo vienen de la izquierda. En el bloque de derecha, la legisladora Noelia Herrera (Renovación Popular) intentó revivir en el 2023 un repetitivo proyecto para obligar título y colegiatura a periodistas que ejerzan la profesión. Igual de burdo que el intento del legislador Jorge Luis Flores Ancachi (Podemos Perú), quien planteó impedir que los familiares de los periodistas contraten con el Estado. Irónicamente, los congresistas acaban de aprobar una norma que habilita a sus familiares a contratar con el aparato público. Pero ha sido en el 2025 cuando el Parlamento ha concretado una de sus amenazas al aprobar un dictamen que eleva las condenas de los delitos de calumnia y difamación y modifica el ejercicio del derecho de rectificación. La propuesta, que está pendiente de segunda votación en el pleno, está destinada a disuadir a los periodistas de compartir información relativa a funcionarios en procesos de investigación por presuntos actos de corrupción. No es casualidad que la autora de la iniciativa sea una congresista que ha sido denunciada como mochasueldo. Esta semana será clave para conocer el peligroso camino iniciado por el Congreso en contra de la prensa independiente. De ratificarse la segunda votación de su ley mordaza, lo más factible será que el proyecto del Ejecutivo encuentre un camino fértil para entablar su franja informativa obligatoria. Estamos ante un peligroso escenario que nos pone al nivel de las más condenables prácticas aplicadas en países dictatoriales de la región y del mundo. El Ejecutivo y el Congreso han decidido jugar en pared en este último año que les queda de gestión y donde están demostrando que piensan aferrarse al cargo cueste lo que cueste. Lo que olvidan las autoridades de turno es que no son los primeros en intentarlo, y la prensa libre siempre ha sobrevivido y siempre sobrevivirá. *El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta. Source link