No es coincidencia que dos semanas después de que el Congreso aprobara su nueva ley mordaza, el Poder Ejecutivo anuncie un nuevo proyecto de ley en busca de imponer una franja informativa obligatoria a los medios de comunicación bajo la excusa de la lucha contra la inseguridad ciudadana. Ambas acciones nos muestran un peligroso accionar que han iniciado ministros y congresistas en busca de maniatar a la prensa que los viene fiscalizando semana a semana.

La imposición de franjas informativas es algo que este Congreso mira con buenos ojos. En este período, ya se han presentado iniciativas de ley, aunque bajo otras excusas. En el 2022, Segundo Montalvo (Perú Libre) presentó un proyecto donde buscaba establecer que los medios concedan obligatoriamente un espacio a las autoridades de turno para hablar de su gestión.

Mientras que, en el 2023, Waldemar Cerrón, también de Perú Libre, presentó un proyecto para la “promoción” de música nacional en medios televisivos y radiales.

Pero esos ataques camuflados no solo vienen de la izquierda. En el bloque de derecha, la legisladora Noelia Herrera (Renovación Popular) intentó revivir en el 2023 un repetitivo proyecto para obligar título y colegiatura a periodistas que ejerzan la profesión. Igual de burdo que el intento del legislador Jorge Luis Flores Ancachi (Podemos Perú), quien planteó impedir que los familiares de los periodistas contraten con el Estado. Irónicamente, los congresistas acaban de aprobar una norma que habilita a sus familiares a contratar con el aparato público.

Pero ha sido en el 2025 cuando el Parlamento ha concretado una de sus amenazas al aprobar un dictamen que eleva las condenas de los delitos de calumnia y difamación y modifica el ejercicio del derecho de rectificación. La propuesta, que está pendiente de segunda votación en el pleno, está destinada a disuadir a los periodistas de compartir información relativa a funcionarios en procesos de investigación por presuntos actos de corrupción. No es casualidad que la autora de la iniciativa sea una congresista que ha sido denunciada como mochasueldo.

Esta semana será clave para conocer el peligroso camino iniciado por el Congreso en contra de la prensa independiente. De ratificarse la segunda votación de su ley mordaza, lo más factible será que el proyecto del Ejecutivo encuentre un camino fértil para entablar su franja informativa obligatoria.

Estamos ante un peligroso escenario que nos pone al nivel de las más condenables prácticas aplicadas en países dictatoriales de la región y del mundo. El Ejecutivo y el Congreso han decidido jugar en pared en este último año que les queda de gestión y donde están demostrando que piensan aferrarse al cargo cueste lo que cueste. Lo que olvidan las autoridades de turno es que no son los primeros en intentarlo, y la prensa libre siempre ha sobrevivido y siempre sobrevivirá.