24 de marzo de 2025

La Audiencia Nacional ha condenado a dos años y medio de prisión a dos hermanos de nacionalidad brasileña y residentes en Estepona (Málaga, 74.493 habitantes) por los delitos de autoadoctrinamiento y autocapacitación terrorista, además de otros cinco años de libertad vigilada. Sus nombres son Felipe, de 33 años, y Benjamín, de 30 y ambos han reconocido que después de formarse “estaban dispuestos a pasar a la acción” siguiendo la llamada del autodenominado Estado Islámico “a la yihad individual”, según recoge la sentencia, firmada a principios de este año. Ambos llevan en prisión desde su detención, por parte de la Guardia Civil, en noviembre de 2023, durante una operación denominada Male en la que colaboraron también el FBI estadounidense y agentes de la Policía Federal Brasileña. A principios de 2023, las fuerzas de seguridad españolas tuvieron conocimiento de la existencia de dos personas en Estepona, originarias de Brasil, que habían llamado la atención de la comunidad musulmana en la que se movían porque practicaban su fe de manera muy ortodoxa. Cuando la Guardia Civil comenzó sus averiguaciones, descubrió que ambos habían sido ya investigados por su relación con movimientos islamistas radicales y que aún tenían presencia en grupos y canales de distribución de propaganda del Estado Islámico, organización terrorista conocida también con Daesh por sus siglas en árabe. El seguimiento realizado a los dos hermanos permitió saber que el 14 de noviembre del 2023 uno de ellos, Felipe, que se había convertido al islam en 2015, envió un correo electrónico a una mujer en la que se despedía de ella: “Este tendrá que ser nuestro adiós. No puedo decir mucho, pero pídele a Alá que me acepte como uno de sus mártires. Nadie me hizo elegir esto, ha sido mi elección. Y me alegro de la decisión que he tomado”. Los dos habían cambiado sus rutinas esos días y, por tanto, los agentes pensaron que podrían actuar pronto, así que los detuvieron diez días más tarde de aquella carta. Tras pasar a disposición judicial, entraron en prisión. El pasado 24 de enero se celebró el juicio en el que ambos comparecieron desde la cárcel. Lo hicieron para reconocer los hechos y manifestar su conformidad con la pena de dos años y medio, acuerdo que había presentado ese mismo día el Ministerio Fiscal tras llegar a un acuerdo con las defensas. Los hechos probados recogen que Felipe, conocido como Avispado y Ratón fue extraditado a Brasil desde Portugal tras verse supuestamente implicado en el asesinato de una persona. Pasó un tiempo en la cárcel a la espera de ser juzgado. Fue un periodo que él tomó “como una forma de castigo por su religión” y en el que, además, empezó a tener contacto con otros presos relacionados con delitos de terrorismo. “Estos hechos, junto con la posesión de archivos editados por la organización terrorista DAESH y acceso a productos propagandísticos, ponen de relieve el profundo proceso de radicalización experimentado” por este hombre, según la Audiencia Nacional, que no duda de que estaba dispuesto a morir por su religión. Llama la atención al tribunal, además, de que de las 32 contraseñas recuperadas de su móvil, hasta 19 sean una combinación de la fecha de los atentados de Al Qaeda el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Tanto en su terminal como en el de su hermano, además, había fotos de ambos con atuendos yihadistas y armas de guerra. Biblioteca sobre el martirio El brasileño quería viajar a una zona de conflicto para cumplir su objetivo, pero antes quiso conocer mejor el islam y, además, prepararse físicamente. Por eso, empezó a acudir a diario a un gimnasio de Estepona para entrenar en técnicas de combate y se interesa en formación paramilitar con armas de fuego. De hecho, analizó la posibilidad de viajar hasta Albania y estudió un manual de creación de explosivos. En total, tenía un millar de contenidos yihadistas “especialmente indicados para el adoctrinamiento y la capacitación técnica e ideológica”, según la sentencia, que indica que muchos los compartía con su hermano menor “tenían toda una verdadera biblioteca de contenido doctrinal sobre el martirio”, añade el documento. De hecho, Benjamín —que utilizaba los alias de Millonario, Zurdo, Pirata o Bucanero— también acudía al gimnasio, se formaba en el uso de armas de fuego. El menor de los hermanos, que se estaba radicalizando, consideraba igualmente la práctica de la Yihad (la guerra santa) “como una obligación para los musulmanes”. De forma paralela, ambos mantenían una vida relativamente normal, trabajando uno en la construcción y otro en el sector de las piscinas. Mientras le seguían la pista, los agentes de la Guardia Civil conocieron la carta digital que uno de ellos había enviado a una mujer despidiéndose antes de convertirse en un mártir. El correo electrónico terminaba diciendo que “no hay necesidad de responder, ya que no habrá tiempo de ver la respuesta”. Fue el detonante para que la investigación acelerase y se arrestase a ambos hermanos, que desde entonces están en prisión. También lo están muchas de las 38 personas arrestadas en los tres primeros meses en España acusados de diferentes delitos relacionados con el yihadismo, según los datos del Ministerio del Interior. Source link

Un adolescente que mató a su madre y dos hermanos, además de planear una masacre que no llegó a cometer en su antigua escuela, fue condenado el miércoles a cadena perpetua por un tribunal de Luton, al norte de Londres.   Nicholas Prosper, de 19 años, mató a su madre, Juliana Falcon, de 48, a su hermana Giselle, de 13, y a su hermano Kyle, de 16, con una escopeta de caza en el apartamento de la familia en Luton, en la madrugada del 13 de septiembre de 2024.   El joven, que apuñaló además a su hermano más de 100 veces, se había declarado culpable en febrero y debe cumplir al menos 49 años de prisión.   El acusado había planeado asesinar a sus familiares mientras dormían y luego ir a su antiguo centro escolar, la Saint Joseph’s Catholic School, en Luton, a las 9 de la mañana, para matar a 30 niños de entre cuatro y cinco años, y dos maestros, antes de suicidarse.   Pero su madre se despertó alrededor de las 04h30 de la madrugada y estropeó sus planes. El adolescente la disparó con la escopeta que había comprado el día anterior, luego hizo lo mismo con su aterrorizada hermana y después mató a su hermano.   Era demasiado temprano para ir a la escuela a cometer la masacre que planeaba y la policía lo arrestó dos horas después.   El adolescente quería pasar a la historia, cometiendo una masacre más trágica que la ocurrida en la escuela primaria Sandy Hook, en Estados Unidos, donde Adam   Lanza, de 20 años, mató a 27 estudiantes y profesores después de asesinar a su madre mientras dormía, el 14 de diciembre de 2012.   «Buscaba la notoriedad. Usted quería ser reconocido como el asesino escolar más notorio del siglo XXI», dijo el miércoles el juez Bobbie Cheema-Grubb al pronunciar la sentencia, añadiendo que Nicholas Prosper admiraba a Adam Lanza.   Source link

Tres aviones aterrizaron en El Salvador con 238 venezolanos y con 23 supuestos pandilleros salvadoreños de la Mara Salvatrucha (MS-13). La Presidencia salvadoreña divulgó un video de tres minutos con música de película de acción que muestra el traslado a la prisión de máxima seguridad. A los venezolanos se les ve eposados y con cadenas en las piernas. Antes de entrar en sus celdas fueron rapados. Bukele señaló que todos los venezolanos eran del Tren de Aragua. MIRA: ¿Qué dice la Ley de Enemigos Extranjeros que Trump invocó para deportar a venezolanos a la prisión de Bukele en El Salvador? Las autoridades de Estados Unidos han informado que los 137 venezolanos acusados de ser miembros del Tren de Aragua fueron deportados a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma hecha para tiempos de guerra. La llegada de presuntos miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua al Centro de Reclusión del Terrorismo (CECOT) en la ciudad de Tecoluca, El Salvador. (AFP). / HANDOUT La deportación se llevó a cabo el mismo día en que el juez estadounidense James Boasberg bloqueó de manera temporal la capacidad del Gobierno de Trump para usar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar y dispuso el regreso de los aviones que iban a El Salvador, algo que no sucedió. Según el acuerdo firmado entre Estados Unidos y El Salvador, los deportados permanecerán detenidos en el Cecot un año, tiempo que podría extenderse. El caso de las personas que no han sido siquiera imputadas de delito alguno podría generar problemas legales tanto a EE.UU. como a El Salvador. Un presunto miembro de la organización criminal venezolana Tren de Aragua siendo rapado a su llegada al Centro de Reclusión del Terrorismo (CECOT) en la ciudad de Tecoluca, El Salvador. (AFP). / HANDOUT Consultado por El Comercio, Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano, dijo que en princio sí se están violando leyes internacionales que protegen a las personas. “No se puede decir con certeza cuántas leyes internacionales se están violando, porque se desconcen los detalles de cada caso. Se sabe que 101 de ellos no eran criminales sino inmigrantes irregulares. En principio, por parte de Estados Unidos se estan violando la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, sostuvo Orozco. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todas las personas tienen derecho a no ser detenidas de manera arbitraria. Los migrantes tienen los mismos derechos humanos que los ciudadanos, sin discriminación alguna. Específicamente, sobre los migrantes señala: Los Estados deben evitar la detención arbitraria, la tortura y las expulsiones colectivas. Los Estados deben tomar medidas para proteger a los migrantes de la violencia y los abusos. Los Estados deben aplicar medidas alternativas a la reclusión. “También se deben estar violando leyes de El Salvador, ya que estas siguen el mismo principio del derecho humano. El Gobierno no ha informado sobre sus identidades. No han tenido derecho a un abogado y se les está privando de libertad. Son muchas las violaciones que han cometido tanto Trump como Bukele”, anotó Orozco. En El Salvador, Cristosal, una ONG de defensa de los derechos humanos y de la democracia, advirtió en un comunicado que el encarcelamiento de los migrantes “podría constituir desapariciones forzadas de corta duración”, ya que “la detención de estas personas en suelo salvadoreño carece de fundamento jurídico”. Cristosal explicó que “en esta situación los migrantes quedan aislados, sin que sus familias reciban información sobre su paradero, situación jurídica o estado de salud, a merced de un sistema carcelario ampliamente denunciado por violaciones a los derechos humanos”. Agregó que la desaparición forzada es una grave violación de derechos humanos y un delito internacional reconocido en diversas convenciones. Sostuvo que las desapariciones forzadas de corta duración ocurren cuando “una autoridad o un actor que actúa con su consentimiento priva de libertad a una persona y se niega a reconocer su detención o a proporcionar información sobre su paradero, generando incertidumbre sobre su vida e integridad”. “El principio de no devolución prohíbe a los Estados transferir o expulsar a una persona de su jurisdicción o control efectivo cuando existan razones fundadas para creer que enfrentará violaciones graves a sus derechos humanos”, señaló Cristosal. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, gesticula mientras pronuncia un discurso durante la inauguración del Instituto Key, una institución privada de educación superior. (Foto de Marvin RECINOS / AFP). / MARVIN RECINOS Indicó que las personas afectadas o sus familiares pueden recurrir a mecanismos como el habeas corpus ante la justicia constitucional de El Salvador o presentar una comunicación al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas. “El traslado de personas entre países, así como su detención en condiciones de total opacidad, no solo vulnera sus derechos fundamentales, sino que también sienta un peligroso precedente a nivel mundial”, advirtió Cristosal. El Salvador está en régimen de excepción desde el 27 de marzo del 2022. Se permite la detención de personas sin necesidad de informarles de inmediato los motivos ni garantizarles asistencia legal desde el inicio del proceso. ¿Cuándo una persona puede ser deportada? Trasladando de supuestos miembros de la banda criminal Tren de Aragua al Cecot en El Salvador. (EFE). La mundialmente conocida megacárcel de Bukele fue inaugurada el 31 de enero del 2023. Tiene una capacidad para 40.000 personas y fue construida para recluir a los “más peligrosos” pandilleros que operaban en El Salvador de las maras Salvatrucha y Barrio 18. En la actualidad hay al menos 14.500 reos. En Estados Unidos, Donald Trump afirmó este viernes que los migrantes venezolanos deportados a El Salvador fueron sometidos a un proceso “muy riguroso” para verificar que formaban parte de la banda de crimen transnacional Tren de Aragua. “Me dijeron que pasaron por un proceso de revisión muy riguroso y que eso continuará en El Salvador”, dijo Trump en declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca. No se refirió a los

La costa de Esmeraldas, históricamente un pulmón verde y una fuente de vida, ha sido el epicentro de una tragedia anunciada: el derrame de miles de barriles de petróleo que se ha filtrado en sus ríos y ha invadido sus playas. Lo que en un principio parecía un incidente más de las tantas roturas del sistema de oleoducto transecuatoriano (SOTE), que transporta petróleo desde la Amazonia, hoy es una de las peores tragedias ambientales que golpea a miles de familias de al menos tres ciudades de esa provincia del norte de Ecuador. Con cada gota de crudo que toca las aguas y las tierras, la huella de esta tragedia se profundiza, arrasando ecosistemas frágiles y poniendo en peligro la vida de miles de personas que dependen del mar y la tierra para sobrevivir. Más de una semana después del derrame de petróleo, el Gobierno aún no tiene claridad sobre la magnitud de la tragedia. La cifra de barriles vertidos sigue siendo incierta. Mientras la ministra de Energía, Inés Manzano, habla de 3.800 barriles, el gerente de Petroecuador, la empresa estatal responsable, prefiere esperar a que se normalice el bombeo de crudo para realizar el cálculo exacto. El derrame ocurrió por más de media hora, que es el tiempo que le tomó a los operadores cerrar manualmente todas las válvulas para detener el vertido del crudo, debido a la falta de un sistema automatizado en el oleoducto transecuatoriano (SOTE). ¿Qué originó el derrame? La versión de las autoridades sigue siendo incierta y contradictoria. El gerente de Petroecuador, Roberto Concha, aseguró que la rotura fue consecuencia de un deslizamiento de tierra provocado por las fuertes lluvias que azotan a la provincia. El deslizamiento desplazó el enorme tubo del SOTE, que en esa zona estaba enterrado, dejándolo expuesto hasta que se rompió debido al impacto del material arrastrado. Sin embargo, para la ministra de Energía, Inés Manzano, la causa es otra: un sabotaje. No es la primera vez que el Gobierno recurre a esta versión. La palabra “sabotaje” se ha convertido en una respuesta recurrente en situaciones de crisis, como cuando se produjeron los primeros cortes de electricidad que sorprendieron a la ciudadanía, después de semanas de declaraciones oficiales que aseguraban que no habría apagones. Incluso, esta explicación fue utilizada para justificar el aumento de los crímenes violentos y como pretexto para la deportación de la periodista cubana Alondra Santiago. En este contexto, la insistencia del Gobierno en señalar el sabotaje como causa del derrame de petróleo solo suma dudas sobre la transparencia y la gestión en la crisis que ha generado descontento en los afectados por el retraso en la provisión de agua potable. Una niña a lado de la zona afectada en el río Cuple por un derrame de petróleo.Cesar Munoz (REUTERS) El petróleo avanzó sin control y alcanzó rápidamente los ríos Caple, Viche y Esmeraldas, fuentes vitales para las comunidades locales que dependen de ellos para el consumo de agua, la pesca y la agricultura. Miles de familias han perdido el acceso a estos recursos hídricos, que ahora están cubiertos por una espesa capa de crudo que impide su uso. La contaminación no se limitó a los ríos: el agua afectada también llegó al Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario Río Esmeraldas, según informó el Ministerio de Ambiente. La devastación es incalculable, con miles de especies muertas y ecosistemas enteros en peligro. Mientras tanto, las medidas de contención, limpieza y remediación avanzan a cuentagotas, insuficientes frente a la magnitud del desastre. La mancha negra recorrió más de 80 kilómetros del río Esmeraldas hasta alcanzar el océano, contaminando al menos tres playas que fueron cerradas al público. La tragedia ambiental también ha golpeado la economía local, especialmente a los negocios turísticos, que ven cómo sus fuentes de ingresos se desvanecen junto con las aguas contaminadas. La incertidumbre se apodera de la población, que se pregunta qué deparará el futuro en los próximos días, semanas y meses, en medio de la devastadora crisis ambiental. “¿Cuándo se normalizará el sistema de agua potable?”, se pregunta Sofía Weir, quien vive en la ciudad de Esmeraldas, donde el penetrante olor a hidrocarburo ha invadido su hogar. “La provincia siempre ha tenido problemas para abastecernos de agua potable, y con esto la situación va a empeorar”, agrega con preocupación. Esmeraldas, una de las provincias con mayores deudas sociales por parte del Estado, enfrenta esta nueva crisis en medio de un panorama desolador: cinco de cada diez ciudadanos viven con menos de tres dólares al día, y el desempleo afecta a ocho de cada diez, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. En este contexto, la crisis del petróleo no solo amenaza el entorno natural, sino también la supervivencia de las familias que ya luchan contra la pobreza, la marginación y una severa crisis de inseguridad. Source link