EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí. En el inicio de 2025, todas las miradas sobre la tecnología y la inteligencia artificial apuntaron al norte del mundo, con dos hechos de importancia. Durante su segunda asunción, Donald Trump confirmó la alineación de los dueños de las grandes empresas tecnológicas con la administración republicana. El movimiento incluyó la revocación de la orden ejecutiva 14110 de 2023 que proponía “el desarrollo y uso seguro, protegido y confiable de la inteligencia artificial”. Y se coronó con la designación de Elon Musk como jefe del Departamento Gubernamental de Eficiencia, un órgano de tecnocracia extrema que busca ir contra los excesos de la burocracia, aunque otros advierten que irá contra las mismas bases de la democracia. Un mes después, el AI Action Summit organizado por Emmanuel Macron en París se esperaba como un contrapeso para trabajar en una “inteligencia artificial inclusiva y sostenible para las personas y el planeta”. Sin embargo, resultó una decepción. Académicos, integrantes de la sociedad civil y activistas, en especial del sur global, replicaron su queja: el encuentro europeo no fue mucho más que el lanzamiento de una inversión de 109.000 millones de euros para “hacer de Francia una potencia de la IA” y posicionar al país en la misma carrera que disputan Estados Unidos y China, pero monetizan los hombres más ricos del mundo. Este escenario geopolítico dispuesto a avanzar en desarrollos tecnológicos sin limitaciones parece dejar a América Latina sin más opción que adaptarse ni debatir escenarios alternativos. Pero si miramos hacia adentro, estudios recientes indican que en nuestro continente no sólo existe la preocupación por las consecuencias del desarrollo tecnológico para los habitantes y el planeta, sino que las regulaciones que se buscan implementar aún encuentran barreras para su avance. Según un estudio realizado por Luminate e Ipsos en Argentina, Brasil, Colombia y México en 2024, el 55% de las personas apoyan que la inteligencia artificial sea regulada. La proporción aumenta hasta el 65% entre quienes declaran tener un buen conocimiento o han usado estas herramientas. En la región más desigual del mundo, el 37% de la ciudadanía coincide en que la inteligencia artificial podría aumentar las desigualdades en sus países. “Con la IA tenemos la oportunidad de aprender de los errores que hemos cometido con las plataformas de redes sociales, donde las consecuencias de la falta de rendición de cuentas se sienten en toda nuestra región, desde la difusión incontrolada de desinformación y discursos de odio hasta el aumento de la polarización y la vigilancia”, señala Felipe Estefan, vicepresidente de Luminate para América Latina. En este continente, el 54% de los encuestados se opone al uso de la IA para tomar decisiones en tribunales, el 51% está en contra de que se utilice para redactar leyes y el 50% considera inaceptable el uso de la IA para definir quién tiene derecho a recibir beneficios sociales. Regulaciones y límites Durante 2024, distintos países de América Latina avanzaron en regulaciones. Un caso resonante fue el de Brasil, cuyo Senado dio luz verde a un proyecto de ley para establecer normas para la gobernanza responsable de los sistemas de inteligencia artificial. El texto, que debe pasar a la otra cámara para su aprobación, se inspiró en la Ley de IA de la Unión Europea al proponer un sistema para categorizar riesgos y prohibir la implantación de aquellos que impliquen afectaciones a las personas, al tiempo que supone obligaciones de evaluación de impacto para los desarrolladores. Para descartar falsos dilemas, el proyecto “se basa en la premisa de que no existe una disyuntiva –una elección mutuamente excluyente– entre la protección de los derechos y libertades fundamentales, la valorización del trabajo y la dignidad de la persona humana frente al orden económico y la creación de nuevas cadenas de valor”. El proceso brasilero está siendo extenso. Comenzó en 2022 con la creación de distintas comisiones y borradores del proyecto, donde el sector privado ocupó gran parte de las audiencias. Según investigaciones de Intercept Brasil y Derechos Digitales, el 31% de los espacios de debate fueron ocupados por empresas, mientras que la academia y la sociedad civil participaron en el 26% y el 19%, respectivamente. Intercept reveló además que los representantes corporativos, en muchos casos, se presentaron a las audiencias como parte de otros sectores, lo que demostró el interés en contra de esta regulación por parte de las tecnológicas y su gran poder de lobby para maquillar sus intereses como ajenos. Mientras, otras iniciativas han avanzado con distinta suerte en la región. De acuerdo con la el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA), que elabora la Cepal, Chile, Brasil y Uruguay son los países que no sólo han avanzado en la implementación de tecnologías basadas en la IA, sino que también están orientando sus estrategias nacionales hacia la consolidación y expansión de estas tecnologías en todos los sectores de su economía y sociedad. De acuerdo con el organismo de Naciones Unidas, “cuentan, además, con un entorno favorable que potencia la investigación, el desarrollo y la adopción de tecnologías, promoviendo la innovación y aplicación de IA”. Les siguen Argentina, Colombia y México como países en una categoría inferior, pero en desarrollo. Aún con estos avances, el informe señala que persisten desafíos en materia de participación equitativa de las mujeres en investigación y desarrollo de IA, lo que exige la implementación de políticas con enfoque de género, también en los países mejor calificados en la adopción de políticas para el sector. Como otras metas a lograr en la región, se destacan la incorporación de mejores infraestructuras y la retención de personas formadas en tecnologías: la migración de las personas más capacitadas al norte del mundo conspira contra modelos propios. En términos ambientales, en 2024 el Índice incorporó el factor de sustentabilidad en el desarrollo de la IA, destacando que se debe “promover la reflexión en torno al impacto medioambiental de los modelos, particularmente su