20 de marzo de 2025

Donald Trump cumplió este jueves otra de sus promesas de campaña. Mediante la firma de un decreto en el Despacho Oval, el presidente estadounidense pretende poner en marcha el desmantelamiento del Departamento de Educación para, cumpliendo una vieja aspiración republicana, repartir sus funciones entre los Estados y devolver el poder a los padres sobre la instrucción de sus hijos. En un acto en la Casa Blanca en el que estuvo rodeado de niños y adolescentes sentados en pupitres, Trump dijo que se disponía a eliminar el Departamento de Educación “de una vez y por todas”, aunque él mismo es consciente de que no es así. El texto firmado por Trump pide a Linda McMahon, secretaria de Educación, que inicie las tareas de demolición, aunque estas no están enteramente en su mano. El cierre del Departamento precisa de la aprobación del Congreso, y más concretamente, de 60 votos en el Senado, extremo altamente improbable, dado que los republicanos, que controlan ambas cámaras en el Capitolio, solo cuentan con 53 escaños en la baja. Se da por hecho que ningún miembro del Partido Demócrata apoyará esa moción. Así que la decisión de Trump en parte engrosa su repertorio de gestos del teatro político que ha instalado en la Casa Blanca desde su regreso al poder por segunda vez. Lo que sí puede hacer McMahon es reducir el Departamento de Educación a su mínima expresión dentro de lo que permite la ley; es decir, despojarlo de algunas de sus funciones para que se gestionen a otras partes de la Administración, lo cual provocará a buen seguro una reacción en los tribunales. El decreto ordena a McMahon “tomar todas las medidas necesarias para facilitar el cierre del Departamento de Educación y devolver la autoridad educativa a los Estados, sin dejar de garantizar la prestación efectiva e ininterrumpida de los servicios, programas y prestaciones de los que dependen los estadounidenses”. La acción de Trump hará que el departamento sea mucho más pequeño de lo que es hoy, pero seguirá gestionando los préstamos federales para estudiantes y las becas Pell para personas con menos recursos. “Más allá de estas necesidades básicas, mi Administración tomará todas las medidas legales para cerrar el departamento. Vamos a cerrarlo y a cerrarlo lo más rápido posible. No nos está sirviendo de nada. Queremos que nuestros estudiantes regresen a los estados donde solo algunos de los gobernadores aquí presentes están tan contentos con esto, quieren que la educación regrese a ellos, que regrese a los Estados Unidos, y van a hacer un trabajo fenomenal”, dijo Trump antes de firmar la norma. Lo más probable es que se reproduzcan las medidas adoptadas en otras agencias gubernamentales por el Departamento de Eficiencia Gubernamental, el ya famoso DOGE de Elon Musk: profundos recortes de personal, programas y subvenciones. De hecho, la Administración ya ha tomado medidas para reducir la plantilla del Departamento casi a la mitad. Las atribuciones del Departamento de Educación no son tan amplias como las de los organismos europeos similares. No decide sobre los planes educativos, eso es cosa de los Estados, y tampoco ordena a los profesores qué deben enseñar. Sus responsables sí se encargan de la financiación federal de las escuelas de primaria y secundaria, aunque no fijan sus currículos educativos; gestionan los préstamos estudiantiles, investigan las quejas por discriminación y examinan el progreso a nivel nacional de las habilidades lectoras y con las matemáticas. También manejan subvenciones federales por valor 18.400 millones de dólares, y contribuyen a la financiación de escuelas primarias y secundarias en zonas pobres. Asimismo, cuentan con un programa (15.500 millones) para ayudar a la educación de los estudiantes con discapacidades. Trump justifica la supresión del Departamento en los malos resultados que obtienen los alumnos, pero sin explicar por qué la medida mejorará su educación. “Estados Unidos gasta más dinero en educación, con diferencia, que cualquier otro país, y gasta, igualmente, con diferencia, más dinero por alumno que cualquier país, y ni siquiera se acercan, pero sin embargo ocupamos uno de los últimos puestos de la lista en términos de éxito”, dijo durante el acto. Efectos sobre los préstamos estudiantiles Las consecuencias más graves del desmantelamiento anunciado tal vez sean los efectos que podría tener en un plan préstamos estudiantiles de 1,6 billones de dólares, ayuda que se concede a cambio de que las universidades cumplan las normas que les imponen para participar. Centenares de miles de alumnos y exalumnos no saben bien a qué atenerse con sus deudas pendientes, obligaciones que a menudo pesan sobre ellos durante décadas. Tras la decisión de Trump, está la idea de que la gestión federal de la educación lleva demasiado tiempo en manos de funcionarios progresistas. Según esa teoría, esos burócratas han hurtado a los conservadores su poder de decisión sobre la mejor manera de instruir a sus hijos, al incidir en asuntos de la agenda progresista (woke, en la despectiva designación de la derecha), como la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, la enseñanza del pasado racista del país o la atención a la así llamada “ideología de género”, que aboga por los derechos de los colectivos LGTBIQ+. En un vídeo de campaña del verano pasado, Trump aseguró que “las escuelas públicas han sido tomadas por los lunáticos de la izquierda radical” y que una de sus prioridades sería “devolver el poder a los padres estadounidenses”. En un mensaje posterior, detalló cómo pensaba dar a los niños de su país la educación “de alta calidad y proestadounidense que merecen”. Entre otras promesas, figuraban “recortar la financiación federal para cualquier escuela o programa que promueva la teoría crítica de la raza, la ideología de género u otro contenido racial, sexual o político inapropiado”, “mantener a los hombres fuera de los deportes femeninos”, en referencia a las atletas trans, acabar con “el marxismo que se imparte en las escuelas, agresivamente hostil a las enseñanzas judeocristianas” y “localizar y eliminar a los radicales que se han infiltrado en el Departamento”. La nueva secretaria de Educación proviene del

Los 137 venezolanos señalados de ser miembros del Tren de Aragua fueron deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798 que otorga al presidente una amplia autoridad para detener y deportar a los ciudadanos de una nación enemiga durante tiempos de guerra. MIRA: La reconocida defensora de los migrantes que se refugió 3 años en una iglesia y que ahora fue detenida por Trump para ser deportada El mismo día de las deportaciones, el juez James Boasberg bloqueó de manera temporal la capacidad de la administración para invocar esa ley, lo que hizo que Trump sugiriera que ese magistrado debería ser destituido. Las declaraciones del magnate llevaron al presidente de la Corte Suprema, John Roberts, a reprender al mandatario. Presuntos miembros del Tren de Aragua en una cárcel de El Salvador, el 16 de marzo de 2025 tras ser deportados por Estados Unidos. (EFE). Boasberg está exigiendo al Gobierno que le entregue detalles sobre los vuelos con los deportados, pero el Departamento de Justicia considera que ello es innecesario y baraja la posibilidad de invocar el privilegio de secretos de Estado para no entregar lo requerido. Los otros 101 venezolanos deportados son migrantes que fueron expulsados bajo leyes de inmigración regulares, dijeron funcionarios de Estados Unidos. El Gobierno de Trump no ha revelado las identidades de los deportados. Tampoco ha compartido las pruebas o evidencias que hay en contra de estas personas, algo que está llevando a los críticos del gobierno republicano a señalar que están pisoteando las libertades civiles. Por ejemplo, el senador Richard Durbin, demócrata de Illinois, dijo en la red social X que el Gobierno de Trump estaba “deportando inmigrantes sin debido proceso, basándose únicamente en su nacionalidad”. “Los tribunales determinan si las personas han quebrantado la ley, no un presidente actuando solo… y no agentes de inmigración eligiendo quién es encarcelado o deportado”, agregó. Trasladando de supuestos miembros de la banda criminal Tren de Aragua al Cecot en El Salvador. (EFE). De acuerdo con la cadena de noticias Univisión, en Estados Unidos no hay declaraciones de miembros confirmados del Tren de Aragua que permitan armar una estructura operativa de la banda criminal en el país e identificar a sus integrantes y cabecillas. Si el Gobierno tiene toda esa información, no la ha hecho pública. Por su parte, la cadena CNN informó que el miércoles, cuando un reportero preguntó por qué la administración Trump no compartía información básica sobre los detenidos, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el Gobierno no revelaría “detalles operativos sobre una operación contra el terrorismo”. Agregó que tiene “el mayor grado de confianza en nuestros agentes de ICE”, al referirse al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. La prensa de Estados Unidos ha preguntado directamente al ICE sobre la forma en la que se determinó que los deportados eran miembros del Tren de Aragua, pero no hubo respuesta. Esta semana, en una declaración presentada en un tribunal federal, un funcionario del ICE dijo que los agentes “verificaron cuidadosamente” las afiliaciones a pandillas de cada uno de los 261 deportados y proporcionaron descripciones amplias de los crímenes por los que varios de ellos han sido arrestados o condenados en Estados Unidos y en el extranjero, anotó CNN. Pero en esa misma declaración, el director interino de la oficina de campo de ICE, Robert L. Cerna, reconoció que muchos de los deportados “no tienen antecedentes penales en Estados Unidos”. Agregó que “eso se debe a que solo han estado en Estados Unidos por un corto período de tiempo”. “La falta de un antecedente penal no indica que representen una amenaza limitada”, escribió Cerna en la declaración. Aseguró que la escasez de información sobre ellos, en cambio, “destaca en realidad el riesgo que representan… Demuestra que son terroristas respecto a los cuales carecemos de un perfil completo”. Yarelis Herrera sostiene una foto de su hijo Edwuar Hernández, quien fue deportado de Estados Unidos a una cárcel salvadoreña. (Foto de Pedro MATTEY / AFP). / PEDRO MATTEY Los deportados por migración no deberían estar presos En El Salvador, el Gobierno de Bukele tampoco ha informado de manera oficial sobre las pruebas que hay en contra de los venezolanos deportados, dijo a El Comercio el periodista David Bernal, quien es editor en el diario “La Prensa Gráfica”. “Incluso no se ha publicado un listado con los nombres de estas personas que están en en Cecot”, indicó. Precisó que el mismo Bukele informó el fin de semana que los 238 venezolanos deportados eran miembros del Tren de Aragua. Sin embargo, ya el Gobierno de Estados Unidos aclaró que 101 venezolanos fueron expulsados por su condición migratoria irregular. Bernal sostuvo que en este caso, a los 101 migrantes venezolanos no les correspondería estar en prisión sino en albergues de migrantes para que luego sean ayudados a volver a su país. El periodista indicó que de manera extraoficial se sabe que a estos 101 venezolanos se les ha separado del grupo, y se les está dando un trato diferente. “No se les está tratando como a delincuentes, sino que se les está dando comida diferente y se les ha permitido más tiempo afuera de las celdas”. Además, dijo que se les ha colocado en celdas más amplias, aunque eso no implica que se les vaya a deportar de inmediato a Venezuela. “Solo implica que al parecer el Gobierno Salvadoreño está queriendo cuidarse la espalda, porque ya se sabe que 101 personas no son miembros del Tren de Aragua”. ¿Pero qué pasará con los que son miembros del Tren de Aragua, dónde serán juzgados y cuánto tiempo estarán en el Cecot? Bernal sostuvo que no se ha informado sobre los aspectos legales que siguen para los deportados. “Lo único que se sabe es que hay un acuerdo con Estados Unidos, que ha pedido que El Salvador reciba hasta 300 personas en el Cecot durante un año. Por ese tiempo Estados Unidos se ha comprometido a pagar 6 millones de dólares, eso

La inteligencia estadounidense avisó a la Casa Blanca de que los soldados ucranios no están “cercados” en Kursk Los soldados ucranios en la región rusa de Kursk han perdido terreno en los últimos días, pero no están rodeados por las fuerzas rusas, en contra de los comentarios recientes realizados por el presidente estadounidense, Donald Trump; y el ruso, Vladímir Putin; según tres funcionarios estadounidenses y europeos cercanos a las evaluaciones de inteligencia de sus gobiernos, tal y como recoge la agencia de noticias Reuters. Las agencias de inteligencia estadounidenses, incluida la CIA, han compartido dicha evaluación con la Casa Blanca durante la última semana, según han informado un funcionario estadounidense y otra persona familiarizada con el asunto. Sin embargo, Trump ha seguido afirmando que las tropas ucranias están rodeadas en la región de Kursk, en el oeste de Rusia. Las evaluaciones de inteligencia estadounidenses y europeas muestran que las tropas ucranias se han enfrentado a una intensa presión de las fuerzas rusas, pero no están completamente rodeadas, según las mismas fuentes. Los expertos han descrito la afirmación de Putin del 13 de marzo de que las fuerzas ucranias en Kursk están aisladas y que, en última instancia, tendrían que “rendirse o morir” como desinformación destinada a mostrar que Rusia está ofreciendo concesiones al salvar la vida de soldados ucranios, lo que le daría a Putin influencia en las negociaciones del alto el fuego. En una publicación en redes sociales el 14 de marzo, Trump afirmó haberle pedido al presidente ruso que perdonara la vida a miles de ucranios que, según él, estaban “completamente rodeados” y vulnerables. Putin afirmó que lo haría si se rendían. Trump repitió la afirmación sobre las fuerzas ucranias “rodeadas” durante un discurso en el Kennedy Center de Washington el lunes y en una entrevista con Fox News el martes. El Consejo de Seguridad Nacional de EE. UU. no respondió directamente a las preguntas sobre las evaluaciones de inteligencia, pero remitió a Reuters a una declaración conjunta del secretario de Estado, Marco Rubio; y el asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz; que mencionaba la llamada de Trump con Zelenski el miércoles y cómo ambos líderes acordaron seguir compartiendo información de inteligencia sobre Kursk. (Reuters) Source link