18 de marzo de 2025

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema dispuso notificar “en el día” al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la resolución judicial que declara la ilegalidad del partido político liderado por el sentenciado Antauro Humala Tasso. Con ello, el JNE deberá anular la inscripción del partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O) del Registro de Organizaciones Políticas y ejecutar el cierre de sus locales a nivel nacional, según la resolución judicial a la que accedió El Comercio. La Corte Suprema confirmó la ilegalidad del partido de Antauro Humala el pasado 28 de enero, pero la agrupación del condenado etnocacerista presentó recursos contra la medida. El tribunal supremo, presidido por el magistrado Carlos Calderón Puertas, señaló que el documento se expide luego de que la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, mediante la resolución del 6 de marzo de 2025, declaró improcedente el recurso de “casación excepcional” interpuesto contra la resolución de primera instancia. Esto es, la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema que declaró improcedentes las excepciones e infundada la tacha, declarando la ilegalidad de la organización política Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros. MIRA: Sin debate y en una sola sesión: estas son las denuncias contra cuatro congresistas que archivó la Comisión de Ética Por tanto, continuando con el trámite la sala suprema puso en conocimiento de las autoridades competentes, notificándose al Ministerio Público, parte del proceso; así como al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a fin de que adopten las acciones que resulten pertinentes en el ejercicio de sus atribuciones. “Estando al mérito de lo resuelto, póngase en conocimiento del Jurado Nacional de Elecciones, en el día, de las copias certificadas de la sentencia de primera instancia de fecha 14 de octubre de 2024, emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de esta Corte Suprema, así como de la sentencia de vista de fecha 28 de enero de 2025, emitida por la Sala Civil Permanente de esta Corte Suprema, a fin de procedan conforme a sus atribuciones.” Sala de Derecho Constitucional Y Social Permanente Desde el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) señalaron que, de haberse recibido hoy martes la resolución judicial, se ejecutará de manera inmediata. Indicaron que el documento deberá ser remitido al ROP para su análisis a fin de dar cumplimiento de acuerdo a lo que se señala en la misma. Actualmente, según el padrón electoral, el partido A.N.T.A.U.R.O cuenta con 36,900 afiliados. Según lo resuelto por la Corte Suprema, pese a que dicho partido cuenta con una organización institucional, quien lo dirigía en la práctica y de manera pública, era el etnocacerista Antauro Humala, sentenciado a 17 años de cárcel por homicidio por la toma de la comisaría de Andahuylas, en enero del 2005. Durante sus presentaciones públicas, Humala Tasso profería ideas contrarias al espíritu democrático y amenazaba la vida de las personas. Como ejemplo, la Corte Suprema puso de relevancia las declaraciones del etnocacerista en las que anunciaba que, de llegar a la presidencia, ordenaría el “fusilamiento” de su hermano Ollanta Humala, y de los exmandatarios Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski. Junto a ello, la justicia también consideró una amenaza sus ideas para excluir a personas en situación de vulnerabilidad, miembros de la comunidad LGTBIQ+ y la población migrante. Pese a que los dirigentes trataron de desligarse de Antauro Humala Tasso, señalando que era solo un “militante”, la Corte Suprema consideró que la agrupación le había dado libertad al etnocancerista para que pueda expresarse a nombre del partido; e incluso, realizar actividades respaldado por miembros de la cúpula partidaria. Además, señaló la justicia, los que figuraban en la dirigencia partidaria no realizaron algún pronunciamiento de rechazo o le iniciaron algún proceso para sancionarlo por sus expresiones antidemocráticas. “Las declaraciones verbales, escritos de los órganos del partido, sus dirigentes o líderes vinculan necesariamente al partido político del cual son miembros. Y si no consta una manifestación de rechazo frente a discursos y actuaciones que vulneran la democracia, corren peligro los derechos fundamentales de toda o parte de la población”, señalaron en su resolución. Partido de Antauro Humala Pedirán una “aclaración” ante el JNE sobre la situación de afiliados inscritos En diálogo con El Comercio, Rubén Ramos Zapana, representante legal del partido A.N.T.A.U.R.O señaló que acatarán la decisión judicial y lo que disponga el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). No obstante, indicó que como el JNE y el ROP les permitieron la inscripción, solicitarán ante dicha instancia que se defina cuál será la situación de los afiliados. Ello, pese a que la sentencia señala que los afiliados podrán continuar ejerciendo sus derechos políticos, al no haber sido inhabilitados para ello. “Seguro el Jurado Nacional de Elecciones nos va a notificar y vamos a pedir la aclaración sobre cómo interpreta el Jurado esta parte de la sentencia que dice que los derechos constitucionales van a seguir siendo respetados y van a prevalecer”, anunció. Ramos Zapana anunció que, además de interponer la aclaración ante el JNE, también acudirán en vía constitucional u otro recurso para defender los derechos de los afiliados. “Aún no tenemos la notificación del Jurado, pero tenemos que acatar. Pero vamos a continuar, hay instancias de amparo y vamos al Tribunal Constitucional seguro, vamos a seguir interponiendo lo que permite la norma”, anotó. Finalmente, aseguró que como grupo político aún no han avanzado conversaciones con otra agrupación a la que puedan sumarse. Sin embargo, señaló que, de manera individual, dirigentes o afiliados como Antauro Humala, sí viene acercándose a otros partidos. “No (se han acordado alianzas), al menos mi persona y los dirigentes formales; y el informal, que según algunos era Antauro (Humala), camina con JP (Junto por el Perú) a título personal, pero los del partido no. Tal vez, tengo entendido de algunos dirigentes nuestros que pretende ser invitados en las regiones, pero institucional no. Pero, individualmente tienen la libertad de participar. El señor Antauro (Humala) sí, seguro será

En una sola sesión y sin debate, la Comisión de Ética del Congreso archivó el lunes tres denuncias contra cuatro congresistas. El grupo que preside el parlamentario Alex Paredes (Bloque Magisterial) libró a Kira Alcarraz, Darwin Espinoza, José Arriola (Podemos Perú) y Héctor Valer (Somos Perú) de eventuales sanciones por infracciones al Código de Ética. En el caso de Alcarraz y Espinoza, ambos se encontraban denunciados por presunto intercambio de favores para beneficiar a sus allegadas con cargos públicos en el Parlamento. En abril de 2024, el programa “Punto Final” reveló que Alcarraz ordenó la contratación en el Congreso de Stephania Cuya Bezzolo, una amiga muy cercana de Espinoza desde la campaña electoral de 2021. Registros oficiales de las visitas al Congreso dieron cuenta de que Cuya frecuentaba el despacho de Espinoza. Incluso fueron vistos regresando juntos de un viaje al norte del país en marzo del 2024, al que también acudió Alcarraz. Por su parte, Espinoza no solo contrató a una extrabajadora de Alcarraz, sino que también le cedió el cupo que Acción Popular, su otrora bancada parlamentaria, tenía en la Comisión de Ética. No obstante, la comisión aseguró que no pudo acreditar que los congresistas coordinaran las contrataciones de sus allegadas ni que el viaje al norte haya tenido como objetivo que Espinoza se reúna con Cuya. Además, señaló que no encontró irregularidades ni falta ética en el hecho de que Acción Popular -con la gestión de Espinoza- haya cedido su cupo a Alcarraz en la comisión. Lee también: El 52% considera que la calidad de enseñanza en el país empeoró durante gobierno de Boluarte El grupo de trabajo parlamentario archivó el caso con ocho votos a favor, uno en contra y una abstención. ASÍ FUE LA VOTACIÓN: CONGRESISTA BANCADA A FAVOR EN CONTRA EN ABSTENCIÓN Alex Paredes (presidente de Ética) Bloque Magisterial X María Taipe Coronado Perú Libre X Nelcy Heidinger Alianza para el Progreso X Rosangella Barbarán Fuerza Popular X Kelly Portalatino Perú Libre X Héctor Ventura Fuerza Popular X Elvis Vergara Acción Popular X María Zeta Fuerza Popular X Jorge Marticorena Alianza para el Progreso X Margot Palacios no agrupada X TOTAL 8 1 1 Caso mochasueldo Luego, la comisión archivó una denuncia contra José Arriola por presuntamente recortar el sueldo a los trabajadores de su despacho parlamentario. El caso – que previamente había sido investigado por Ética – se reabrió a raíz de un informe periodístico de “Punto Final” emitido en junio de 2024. El programa accedió a declaraciones de extrabajadores de Arriola ante el Ministerio Público, quienes afirmaron que el congresista había ordenado a la entonces coordinadora de su despacho, Yolanda Cuya Llajaruna, actuar como su “cajera”, es decir, recolectar el dinero que otros trabajadores le entregaban. A raíz de estos hechos, el Ministerio Público presentó el año pasado una denuncia constitucional contra Arriola por presunto delito de concusión. Según la acusación, el congresista habría exigido a sus trabajadores el 10% de sus salarios y el 15% de sus bonificaciones extraordinarias desde diciembre de 2021. No obstante, la Comisión de Ética señaló que no encontró nuevos elementos que justificaran volver a pronunciarse sobre el caso de Arriola. El año pasado, el congresista fue sancionado con una amonestación escrita pública y una multa equivalente a 30 días de su remuneración. En aquella ocasión, la comisión concluyó que no existían indicios suficientes para probar que Arriola recortaba el sueldo de sus trabajadores. Sin embargo, sí encontró que se aprovechó de “donaciones” realizadas por su equipo a poblaciones vulnerables para mejorar su imagen. Para archivar la nueva denuncia, la comisión se basó en el principio jurídico ne bis in idem, que establece que no se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo delito o infracción. Como en el caso anterior, la comisión resolvió el archivamiento sin debatir el tema. ASÍ FUE LA VOTACIÓN: CONGRESISTA BANCADA A FAVOR EN CONTRA EN ABSTENCIÓN Alex Paredes Bloque Magisterial X Rosangella Barbarán Fuerza Popular X Kelly Portalatino Perú Libre X Elvis Vergara Acción Popular X María Taipe Perú Libre X Margot Palacios no agrupada X Nelcy Heidinger Alianza para el Progreso X Jorge Marticorena Alianza para el Progreso X TOTAL 5 2 1 Por unanimidad La Comisión de Ética también declaró improcedente, por unanimidad, la denuncia de un empresario contra Héctor Valer. El congresista fue acusado de haber realizado gestiones a favor de un privado en una licitación pública para el recojo de residuos sólidos a cargo de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. El denunciante señaló que Valer infringió los tres primeros artículos del Código de Ética Parlamentaria, sobre las conductas de los legisladores, y realizó supuestos hechos de patrocinio indebido. Lee también: Congreso reparte más de S/276 millones al año en pagos extras para sus trabajadores No obstante, la comisión concluyó que el legislador ejerció labores de control político y fiscalización ante denuncias de presuntas irregularidades en la mencionada municipalidad. ASÍ FUE LA VOTACIÓN: CONGRESISTA BANCADA A FAVOR EN CONTRA EN ABSTENCIÓN Alex Paredes Bloque Magisterial X Nelcy Heidinger Alianza para el Progreso X Rosangella Barbarán Fuerza Popular X Jorge Marticorena Alianza para el Progreso X Margot Palacios no agrupada X Kelly Portalatino Perú Libre X Héctor Ventura Fuerza Popular X Elvis Vergara Acción Popular X María Zeta Fuerza Popular X María Taipe Perú Libre X TOTAL 10 0 0 Otros casos En la misma sesión, la comisión aprobó abrir una investigación contra el congresista Edgar Tello (Podemos). Tello fue denunciado por ingresar sin autorización a un terreno de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en Lurín, en medio de una disputa legal sobre la titularidad de la propiedad. En tanto, se aprobó una cuestión previa para que la congresista Sigrid Bazán sea sancionada con una amonestación pública por calificar como “delincuencial” al Congreso de la República. Una fuente parlamentaria destacó que, en la gestión de Alex Paredes, la Comisión de Ética no ha recomendado ninguna suspensión por 60, 90 o 120 días contra ningún congresista, a pesar de las graves denuncias que