El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha invitado a visitar su país a su homólogo israelí, Benjamín Netanyahu. Según ha confirmado este jueves el jefe de Gabinete del dirigente húngaro, Gergely Gulyás, este viaje se producirá en las próximas semanas. El Gobierno nacionalpopulista de Budapest desafía así el derecho internacional al ignorar la orden de arresto emitida contra el mandatario israelí por el Tribunal Penal Internacional (TPI) el pasado noviembre. De cumplirse, se trataría de la primera visita a Europa de Netanyahu —y, de hecho, a un país distinto de Estados Unidos— desde que el TPI ordenase su arresto y el de Yoav Gallant, su ministro de Defensa durante gran parte de la guerra en Gaza, por considerarlos responsables de crímenes de guerra y contra la humanidad en la Franja. Como todos los países comunitarios, Hungría es firmante del tratado de creación del tribunal, por lo que está legalmente obligada a detener a Netanyahu en cuanto pise el país. Orbán ya adelantó, sin embargo, que no solo incumpliría la orden detención, sino que lo invitaría a su país. Orbán tildó la decisión del tribunal de “escandalosamente descarada” y “cínica” apenas un día después del anuncio del tribunal. “No hay elección, tenemos que desafiar esta decisión”, afirmó en la radio pública Kossuth el primer ministro ultraconservador, que describió la orden de arresto como un dictamen “disfrazado de decisión jurídica, pero en realidad con fines políticos”. Este jueves, en una rueda de prensa en la que ha confirmado que la visita de Estado de Netanyahu, todavía sin fecha concreta, se producirá antes de Semana Santa, Gulyás ha asegurado que apoyaría la retirada del país del TPI porque “se ha convertido en una organización política”. Desde entonces, Netanyahu solo ha viajado a Estados Unidos. Lo hizo en febrero, ya con Donald Trump en la Casa Blanca, aunque su predecesor, Joe Biden, había calificado de “indignantes” las órdenes de arresto. A diferencia de Hungría, EE UU no está obligado a cumplirlas porque no es uno de los 124 países firmantes del Tratado de Roma. Orbán, un verso suelto en la Unión Europea, también advirtió a principios de 2023 de que no ejecutaría la orden de arresto del TPI que también pesa sobre el presidente ruso, Vladímir Putin, si este visitaba Hungría. El socio de la UE más cercano al Kremlin ofreció en aquella ocasión argumentos legales. Argumentó, según medios como Telex, que a pesar de haber firmado el Estatuto de Roma y de que el Parlamento lo hubiera ratificado, no había sido promulgado y no formaba parte del ordenamiento jurídico del país. En el caso de Netanyahu, además de motivos jurídicos, el Gobierno húngaro defendió razones morales. El líder húngaro es la expresión más extrema de la división que generaron en la UE las órdenes de arresto, como suele suceder en los debates comunitarios en los que se cuela la palabra Israel. El casi seguro próximo canciller alemán, Friedrich Merz, aseguró hace dos semanas, tras su victoria electoral, que ha “prometido” a Netanyahu que encontrarán “la manera de que visite Alemania y pueda volver a salir sin ser arrestado”. Polonia lo invitó también a participar en los actos de homenaje del 80º aniversario de la liberación del campamento de exterminio nazi de Auschwitz. Francia o Italia han sido vagos o contradictorios sobre si cumplirán las órdenes de arresto. Otros países, como España, Irlanda, Bélgica, Austria y Eslovenia, han adelantado que lo harán. El primer ministro israelí respondió a la invitación de Orbán en noviembre alabando la “claridad moral y firmeza a favor de la justicia y la verdad” del dirigente húngaro, “frente a la vergonzosa debilidad de quienes se han alineado con la indignante decisión contra el derecho del Estado de Israel a defenderse”. El fiscal también promovía originalmente el arresto de tres líderes de Hamás ―Ismael Haniya, Yahia Sinwar y Mohamed Deif―, pero todos han muerto por fuego israelí, en Gaza o en Irán, desde el ataque del 7 de octubre de 2023. Castigos colectivos Entre los presuntos crímenes de guerra que apuntó el fiscal está “matar de hambre a civiles” en Gaza. Es un cargo poco mencionado en las dos décadas de historia del tribunal y figura entre los constitutivos de genocidio, acusación por la que Israel tiene una causa abierta en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Mientras quse el TPI juzga personas; el TIJ lo hace a Estados. En las dos últimas semanas, Israel ha vuelto a impedir por completo la entrada de ayuda humanitaria y cortado la única línea de electricidad que mantenía y que alimentaba una planta de desalinización de agua. El objetivo de los dos castigos colectivos, en medio del mes sagrado musulmán de Ramadán, es forzar a Hamás a que acepte una prórroga del alto el fuego en la que siga entregando rehenes sin garantías de que llevará al fin de la guerra, en contraposición con lo que acordaron en enero. El anuncio de Orbán se produce la misma semana del arresto del expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte en el aeropuerto de Manila, precisamente por orden del mismo TPI, que lo acusa de crímenes de lesa humanidad por las decenas de miles de asesinatos en la sangrienta guerra contra las drogas que efectuó durante su mandato (2016-2022). Ocurre, además, un mes después de que Trump sancionase al personal del TPI que haya participado en causas contra EE UU, sus ciudadanos o aliados como Israel. La propia orden ejecutiva criticaba explícitamente las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant, y definía ambos países como “democracias florecientes cuyas Fuerzas Armadas se adhieren estrictamente a las leyes de la guerra”. El pasado noviembre, el entonces jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, criticó el cumplimiento “a la carta” de las exigencias de la justicia internacional. “No es decir: ‘Si va contra Putin, me gusta, y si va contra Netanyahu, no me gusta’. […] Quien forma parte del tribunal ha firmado un compromiso. Está o no está. No es potestativo. Es una cuestión fundamental”,
