Política

La Comisión de Fiscalización del Congreso volvió a citar para este miércoles 2 de octubre al suboficial PNP Félix Montalvo, chofer del vehículo asignado a la mandataria Dina Boluarte, más conocido como el ‘cofre’, a fin de declarar sobre una supuesta fuga del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Según la agenda de dicho grupo de trabajo, cuya sesión se iniciará a las 9:00 a.m., también ha sido citado Jhon Janampa Ruiz, miembro de la seguridad personal de la presidenta de la república. MIRA AQUÍ: Gustavo Adrianzén afirma que no puede dar “una fecha exacta” sobre cuándo Dina Boluarte declarará a la prensa También ha sido citado el general PNP Óscar Arriola, jefe de Estado Mayor de la Policía Nacional, a fin de dar detalles sobre el operativo de captura de Vladimir Cerrón en el condominio Mikonos y la presencia del ‘cofre’ en la zona. Sobre el tema, Vicente Villafranca, administrador de la Residencial Mikonos, es otro de los invitados a la comisión para sustentar las acciones desplegadas por la Policía el pasado 17 de enero en la zona, así como detallar el número de inmuebles allanados. MIRA AQUÍ: Consejo de la Prensa Peruana: Dina Boluarte y Santiváñez fueron los que más trabas pusieron a libertades de expresión y de prensa Otros funcionarios citados son Enrique Ernesto Vílchez Vílchez, secretario general del Despacho Presidencial, y Gonzalo Eduardo Borda Pérez Albela, jefe de la Casa Militar de Palacio de Gobierno, que deberán explicar sus participaciones en las actividades referentes al vehículo asignado a la mandataria. Agenda de la Comisión de Fiscalización. (Foto: Congreso) Agenda de la Comisión de Fiscalización. (Foto: Congreso) No acudirá Cabe indicar que días atrás el ministro del Interior, Juan José Santivañez, informó al presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos (Podemos Perú), que Félix Montalvo no acudirá a la citación de dicho grupo parlamentario. A través de un oficio enviado al titular de dicha comisión, Santivález argumentó “razones de seguridad” para justificar la inasistencia del suboficial de la PNP a la sesión de este miércoles 2 de octubre en el Palacio Legislativo. MIRA AQUÍ: Dina Boluarte: Fiscalía abre investigación preliminar contra la presidenta por caso del ‘cofre’ “Al respecto, cumplo con señalar que el mencionado suboficial PNP ha sido destacado a Seguridad del Estado para prestar servicios en el Despacho Presidencial desarrollando funciones relacionadas con el desplazamiento de la Sra. Presidenta de la República Dina Ercilia Boluarte Zegarra, encontrándose obligado, a mantener la reserva de la información con respecto a las actividades que atañen a la esfera privada e intimidad personal de la Sra. Presidenta, dado que dicha información no puede ser divulgada por razones de seguridad personal debido a su alta investidura, como lo dispone el numeral 1 inciso c) del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública aprobada por Decreto Supremo N° 021-2019-JUS”, indicó. Además, Palacio de Gobierno clasificó como “reservada” la información sobre el vehículo que traslada a la presidenta Dina Boluarte, conocido como el “cofre”, en medio de la investigación sobre si estuvo a disposición del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en febrero pasado. MIRA AQUÍ: El ‘cofre’ presidencial: ¿Por qué el Gobierno busca evitar que el chofer del vehículo declare ante el Congreso? A inicios de este mes, los periodistas Stefanie Medina, del programa “Contracorriente”, y Ernesto Cabral, del noticiero digital “La Encerrona”, solicitaron a Palacio información sobre los desplazamientos del auto, de placa EGR-844, amparados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. No obstante, Palacio les negó la información argumentando que “se encuentra comprendida dentro del Plan de Seguridad de Palacio de Gobierno y Locales Anexos”, aprobado el último 13 de septiembre. MIRA AQUÍ: El “cofre”: ¿El Congreso está dispuesto o no a investigar supuesto uso de auto presidencial en caso Vladimir Cerrón? Incluso, precisó que este plan y sus anexos fueron clasificados como reservados mediante una resolución del último 17 de setiembre. Es decir, se refirió a dos documentos emitidos luego de los pedidos de información. Source link

El jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, afirmó que no puede dar “una fecha exacta” sobre cuándo la presidenta Dina Boluarte declarará a la prensa, pese a que lleva 177 días sin responder en los últimos seis meses, como señaló un informe de este Diario. En conferencia de prensa desde la ciudad de Chiclayo, señaló que es la mandataria quien toma las decisiones respecto a sus declaraciones ante los periodistas e incluso enfatizó que Boluarte Zegarra es una “demócrata que cree en la libertad de prensa”. MIRA AQUÍ: Dina Boluarte suma 177 días sin responder a la prensa en los últimos seis meses “La señora presidenta de la república hoy ha tenido un gesto que yo creo que la pinta tal cual es ella, una demócrata que cree en la libertad de prensa y sobre todo cree en esa prensa que –como ella dijo- dice la verdad y es objetiva”, expresó. “Respecto a cuándo ella se dirigirá directa y personalmente a la prensa, en una entrevista, en un solo o un mensaje a la nación con reporteros, yo no puedo dar una fecha exacta, es ella quien toma esas decisiones, pero no dude que las circunstancias lo ameritan ella estará frente a vuestras cámaras respondiendo a sus preguntas”, agregó. MIRA AQUÍ: Consejo de la Prensa Peruana: Dina Boluarte y Santiváñez fueron los que más trabas pusieron a libertades de expresión y de prensa Un informe de El Comercio reveló que la presidenta suma, en total, 177 días sin responder a la prensa en los últimos seis meses y que la última vez que lo hizo fue el pasado 8 de julio; es decir, hace 84 días, cuando dio una conferencia para hablar sobre su viaje a China. Previamente, el pasado 5 de abril, dio otra conferencia para responder sobre el Caso Rolex. En esta cayó en contradicciones sobre la posesión de relojes de alta gama y otras joyas que le entregó el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. MIRA AQUÍ: Dina Boluarte en Conasec: “Unidos ganaremos una guerra que no comenzamos, pero que vamos a terminar” Además, desde que asumió la presidencia el 7 de diciembre del 2022, ha sostenido un discurso estigmatizante contra la prensa en al menos seis ocasiones. Trabas a las libertades de expresión y de prensa Cabe indicar que en su informe de setiembre, el Consejo de la Prensa Peruana señaló que Dina Boluarte y su ministro del Interior, Juan José Santiváñez, fueron los funcionarios que más trabas pusieron a libertades de expresión y de prensa. MIRA AQUÍ: El gobierno tuvo 13 ministros del Interior desde el 2021: los motivos y el impacto de la inestabilidad en el sector En el documento, dicho gremio señaló que el mes pasado más del 80% de los casos de agresión a las libertades de expresión y de prensa en el Perú provino del Poder Ejecutivo. De éstos, todo menos uno involucran a la mandataria. Source link

El Consejo de la Prensa Peruana afirmó que la presidenta Dina Boluarte y su ministro del Interior, Juan José Santiváñez, fueron los funcionarios que más trabas pusieron a libertades de expresión y de prensa en setiembre de este año. En su informe mensual de libertad de expresión, dicho gremio señaló que el mes pasado más del 80% de los casos de agresión a las libertades de expresión y de prensa en el Perú provino del Poder Ejecutivo. De éstos, todo menos uno involucran a la mandataria. MIRA AQUÍ: Dina Boluarte: las razones de la fiscalía para iniciar investigación por presunto encubrimiento en caso Vladimir Cerrón “La presidenta y su ministro del Interior, Juan José Santiváñez, fueron los funcionarios públicos que más trabas pusieron el mes pasado a que los peruanos se informen libre y abiertamente, como corresponde en una democracia”, remarcó. Al respecto, el Consejo de la Prensa Peruana recordó que al inicio de su mandato, Boluarte Zegarra prometió a una delegación de esa organización respetar el trabajo de la prensa y no comparece ante los periodistas hace casi tres meses. MIRA AQUÍ: Revelan que pericia compromete a chofer del vehículo presidencial con el Caso Escuadrón de la Muerte “Asimismo, se están por cumplir tres meses de la última vez que la presidenta compareció ante una conferencia de prensa”, subrayó. El CPP presenta su informe de libertad de expresión de septiembre, compuesto en un 80% por casos de hostigamiento del Poder Ejecutivo. Ver informe:https://t.co/evrkyETN5h pic.twitter.com/zacRNKq68G — Consejo de la Prensa Peruana (@ConsejodePrensa) October 1, 2024 Casos mencionados En el informe de tres páginas se mencionan las amenazas del ministro del Interior contra periodistas que difundan audios que lo involucrarían en la fuga del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. MIRA AQUÍ: Dina Boluarte invoca al Congreso aprobar ley que tipifica delito de terrorismo urbano También se refiere al vocero de la presidenta Dina Boluarte, quien dijo esperar que el Ministerio Público pueda actuar “contra quienes pretenden alterar la verdad de los hechos”, en relación a la cobertura de la prensa de una actividad en Piura. Del mismo modo, se reseña la decisión del Gobierno de no entregar información sobre uno de los vehículos usados por Boluarte Zegarra que habría sido utilizado para transportar a Cerrón Rojas. MIRA AQUÍ: Dina Boluarte reaparece en actividad pública y dice que su gobierno “no se esconde” Finalmente, se detalla el impedimento a ocho medios de comunicación de realizar parte de su cobertura durante un evento oficial de la mandataria en la región San Martín, así como las críticas de la presidenta contra la prensa tras las críticas surgidas en los medios. Source link

El Tribunal Constitucional (TC) admitió el pedido de Aldo Vásquez, integrante de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), para participar como ponente en una audiencia por la demanda competencial que planteó el Congreso contra el Poder Judicial y que busca anular la reincorporación, tanto de Vásquez como de Inés Tello a la junta. En el auto con fecha de emisión 23 de setiembre al cual tuvo acceso El Comercio, se autoriza que se realice una audiencia pública en Lima para que otra vez participen los ponentes de ambas partes y, adicionalmente, Vásquez Ríos. LEE TAMBIÉN: Congreso vs PJ: Los argumentos de la demanda ante el TC por reposición de Aldo Vásquez e Inés Tello en JNJ La fecha y hora de esta audiencia fue publicada en la página web del TC. Se llevará a cabo el próximo 11 de octubre. Esta decisión se toma en base al pedido de reprogramación de la audiencia que hizo Aldo Vásquez el 9 de julio con relación a la sesión que se realizó el 10 de ese mismo mes en Arequipa. Originalmente, el tribunal declaró improcedente el pedido y llevó a cabo la audiencia luego de evaluar que el integrante de la JNJ no era parte del proceso competencial entre el Congreso y el Poder Judicial y que, por ende, no podía interponer pedidos, recursos o solicitar la reprogramación de audiencias. TC autoriza audiencia para ver demanda. Esto, a pesar de que el fallo del Poder Judicial que motivó la demanda competencial del Congreso es la que anuló la inhabilitación de Vásquez y de Inés Tello y que, por ende, permitió que sean repuestos como miembros de la JNJ. El TC, posteriormente, con fecha 27 de julio admitió que Aldo Vásquez se incorpore en calidad de “tercero con interés en el resultado del proceso”, lo que permitió que presente escritos e informes orales en audiencias públicas. LEE TAMBIÉN: Dina Boluarte: TC evaluó demanda de la presidenta contra investigación fiscal por el Caso Rolex “A fin de dar cumplimento a lo dispuesto supra, este Tribunal Constitucional dispone la celebración de una audiencia pública con el propósito de que don Aldo Alejandro Vásquez Ríos pueda informar oralmente en la audiencia, si así lo solicita, con el objeto de aportar sentidos interpretativos relevantes -que es el sentido de su incorporación como tercer con interés en esta causa-, que serán tomados en consideración por este Tribunal Constitucional para mejor resolver la presente causa”, señala el auto. Además de Aldo Vásquez, ambas partes deberán presentarse en la audiencia para presentar sus respectivos alegatos nuevamente. Source link

En las empresas vinculadas al investigado y detenido Andrés Hurtado Grados, conocido como Chibolín, hay un nombre que se repite: Kelly Katherine Medina Meza, quien aparece como apoderada o gerenta de varias firmas. Además, ella fue gerenta general de Inversiones Los Ceivos S.A.C., una empresa que comercializa mineral aurífero y que fue creada en setiembre del 2018 por Ana María Lei Siucho, madre de Javier, Diego, Jean Carlo y Sebastián Miu Lei. Apoderada de Chibolín dirigió empresa de oro de la familia Miu Lei. MIRA: Nuevas revelaciones contra Andrés Hurtado: aumenta presión sobre su situación legal Chibolín es investigado por la fiscalía porque supuestamente intercedió ante una fiscal para lograr la devolución de lingotes de oro incautados a Minera Las Lomas Doradas, de Javier Miu Lei. Según documentos a los que El Comercio accedió, en el 2021 Inversiones Los Ceivos le vendió por lo menos US$425.691 de mineral aurífero a Las Lomas Doradas. Factura de empresa Inversiones Los Ceivos Factura de empresa Inversiones Los Ceivos El nexo Desde noviembre del 2020, Medina, quien se dedica a actividades de contabilidad según la Sunat, tiene un poder entregado por AH Entertainment Company, empresa de Andrés Hurtado. El poder le permitía representar legalmente a la sociedad y contratar auditorías, entre otras gestiones. En junio del 2022, ella asumió como gerenta general de Andrés Travel, agencia de viajes vinculada directamente a Chibolín; en julio del mismo año se convirtió en la gerenta de AH Gold Entertainment S.A.C. Desde abril de este año, es presidenta de la ONG Andrés Hurtado. Kelly Medina figura como presidente y Andrés Chibolín Hurtado como tesorero de ONG creada en abríl del 2024. Medina aparece en Inversiones Los Ceivos desde el 14 de abril del 2022, día en el que su junta general de accionistas acordó nombrarla gerenta general, puesto desde el que tenía a su cargo la transferencia de acciones y la conducción de las operaciones de la firma, entre otras funciones. Cuando era gerenta, Los Ceivos pasó de tener un capital de S/150.000 a S/6′000.000 debido a una inyección de capital realizada en diciembre del 2023. La empresa registra exportaciones de mineral desde el 2021. Ese año, exportó US$5′735.757, según cifras de la Sunat. En el 2023, con Medina como gerenta, las exportaciones llegaron a US$28′510.942. El nombramiento de Medina se dio dos meses después de que la compañía de Javier Miu Lei lograra que el Poder Judicial determinara la devolución de cinco barras de oro incautadas en un operativo contra la minería ilegal. En febrero del 2020, en la bóveda para exportación de Talma Servicios Aeroportuarios se incautaron nueve barras de oro bajo la sospecha de que el mineral era ilegal. Cinco barras de oro halladas, que tenían un peso total de 38,29 kilos, pertenecían a Las Lomas Doradas, de Javier Miu Lei. El fiscal Lucio Sal y Rosas investigó el caso. Apoderada de Chibolín asume gerencia general de minera del clan Miu Lei Recientemente, la Segunda Fiscalía de Lavado de Activos recogió la confesión sincera de Iván Siucho Neira. Él sostuvo que Chibolín habría intercedido ante la fiscal superior Elizabeth Peralta para que se lograra la devolución de los lingotes que pertenecían a la empresa de su primo Javier Miu Lei. En abril de este año, Medina renunció a la gerencia general de la empresa de Ana Lei Siucho. El mismo mes, Las Lomas Doradas acordó dar a Ana Lei Siucho y a su hijo Javier facultades para que hicieran operaciones bancarias y bursátiles. El Comercio se comunicó con David Navarro, abogado de Las Lomas Doradas, para que detallara las compras de oro a Los Ceivos y el nexo con Medina. Dijo que toda información se dará a las autoridades: “En este caso, la fiscalía está investigando, y todas las facturas, contratos que haya entre unas y otras empresas, se presentarán ante ellos”. Source link

La presidenta Dina Boluarte suma, en total, 177 días sin responder a la prensa en los últimos seis meses. La última vez que interrumpió su silencio prolongado fue el pasado 8 de julio; es decir, hace 84 días, cuando dio una conferencia para hablar sobre su viaje a China. Aquella vez tuvo respuestas evasivas a los principales cuestionamientos contra su gobierno, que han seguido incrementándose. Además evitó pronunciarse sobre decisiones del Congreso de la República, como la aprobación de la ley sobre el crimen organizado, que ha permitido que sindicados de tráficos de migrantes queden libres y se registren demoras en operativos. Previamente, el pasado 5 de abril, dio otra conferencia para responder sobre el Caso Rolex. En esta cayó en contradicciones sobre la posesión de relojes de alta gama y otras joyas que le entregó el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Lee también: Dina Boluarte: las razones de la fiscalía para iniciar investigación por presunto encubrimiento en caso Vladimir Cerrón La decisión de continuar eludiendo a la prensa – y así incumplir con el deber de transparencia y rendición de cuentas ante la ciudadanía – se da en un contexto en el que es investigada por el presunto delito de encubrimiento personal. Esto ante la posibilidad de que el vehículo oficial que la moviliza haya estado a disposición del prófugo Vladimir Cerrón a inicios de este año, para ayudarlo a evadir la justicia. A la estrategia del silencio, Boluarte sumó nuevamente la del ataque a los medios de comunicación el último domingo. Durante una actividad oficial en Piura, en la que entregó patrulleros para las comisarías, aseguró: “A la prensa regional que nos está acompañando, gracias. Ojalá pasen estas noticias positivas. […] Ustedes sean el piloto de decir la verdad y van a ganar más sintonía, porque cuando se miente, se miente y se miente ya nadie escucha la mentira. Prefieren ver Youtube, Tik Tok, Instagram. Ya no ven los canales. […] Ustedes sean el ejemplo de dar una noticia ajustada a la verdad”. La mandataria no respondió a los medios de comunicación de Piura. Se mantuvo sin atender a la prensa luego de su discurso. Lee también: El gobierno tuvo 13 ministros del Interior desde el 2021: los motivos y el impacto de la inestabilidad en el sector Además, desde que asumió la presidencia el 7 de diciembre del 2022, ha sostenido un discurso estigmatizante contra la prensa en al menos seis ocasiones, como dio cuenta un informe de El Comercio. Como mínimo en tres oportunidades calificó a los medios de “tendenciosos” por revelar escándalos como el Caso Rolex o las irregularidades de su hermano, Nicanor Boluarte. Este es investigado por el Caso Los Waykis en la Sombra y enfrenta un pedido de prisión preventiva. La politóloga Katherine Zegarra apuntó que el largo silencio de Boluarte refleja su poca vocación democrática. Recordó que su antecesor, el expresidente Pedro Castillo, tuvo el mismo perfil. Boluarte y Castillo llegaron a Palacio en la misma plancha presidencial, con el partido Perú Libre, en las elecciones del 2021. Este último tampoco respondía a los medios de comunicación pese a los cuestionamientos que se acumulaban en su contra. “Los autócratas no hablan con los medios de comunicación, los censuran o solo responden a medios oficialistas. Los tintes pocos democráticos de Castillo como de Boluarte se pueden ver en su falta de apertura con los medios”, dijo Zegarra. La politóloga añadió que Boluarte sigue perjudicando su imagen al no aclarar a la ciudadanía, mediante la prensa, las objeciones a su gestión. Solo el 6% la aprueba y el 91% rechaza su gestión, según la última encuesta de Datum Internacional para El Comercio. “La presidenta tiene grandes dificultades para comunicarse claramente. […] Ha mostrado que se enreda y genera versiones que se contraponen. No habla con los medios por su dificultad para aclarar sus cuestionamientos, pero en una democracia es importante que los presidentes rindan cuentas a la ciudadanía mediante los medios de comunicación”, agregó Zegarra. Lee también: Dina Boluarte: ¿quién es Enrique Vílchez, el funcionario de Palacio que declaró “reservada” la información sobre el ‘cofre’? En tanto, Rober Villalva, especialista en comunicación política, destacó que cuando un gobernante no se comunica con la población deja un vacío que necesariamente será ocupado por otro actor político. “Creo que este silencio innecesario o esta desconexión con la población lo hace para evitar un ataque mediático o ataques de la oposición. Sin embargo, comete un grave error al dejar de comunicarse, porque genera grietas. Estas se profundizan con el pasar del tiempo y en algún momento provocan un desenlace político caótico”, añadió. Sin resultados Desde mayo pasado, el gobierno cuenta con el cargo de vocero del Despacho Presidencial. Este es asumido por Fredy Hinojosa, un alto funcionario de Palacio que cuenta con la confianza de Boluarte. Recientemente, Hinojosa pidió al Ministerio Público que investigue a los medios de comunicación por la cobertura de protestas contra Boluarte. El vocero presidencial aseguró que cubrir hechos de violencia contra autoridades constituye “un acto más bien ilícito, una suerte de instigación a la violencia”. Esas declaraciones generaron el rechazo del Consejo de la Prensa Peruana, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) por estar reñidas con el deber del gobierno de proteger la libertad de expresión. Hinojosa se refería a reportes periodísticos que dieron cuenta que ciudadanos de Sullana (Piura) dieron una áspera despedida a Boluarte y su comitiva el último 5 de septiembre. En opinión del vocero, informar esos hechos – cuya veracidad puso en cuestión – “es instigación al atentado contra las autoridades”. Hinojosa es vocero del Despacho Presidencial y jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia. (Foto: Presidencia) En otras ocasiones también se ha pronunciado sobre el presunto uso ilegal del vehículo presidencial, los nombramientos de prefectos y subprefectos, las declaraciones juradas de la presidenta y otros temas. En opinión de Zegarra, la figura del vocero presidencial no está ayudando. “Es extraña, antinatural. Tiene que ser la propia presidenta o

Esta norma a pocos meses de haber entrado en vigor viene dificultando duramente la labor de la Policía Nacional y el Ministerio Público frente a la delincuencia. LEE TAMBIÉN | ¿El Congreso tiene el ánimo de retomar y aprobar norma que impediría a asesinos y otros postular? El titular del Poder Legislativo, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), propuso que, en la sesión de este lunes 30 de septiembre, se evalúe y debata la iniciativa de la parlamentaria Ruth Luque (Bloque Democrático) que busca que la norma sea derogada. La parlamentaria había solicitado que su proyecto de ley se aborde directamente en el pleno y sea exonerada del trámite en comisiones. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por la mayoría de agrupaciones y ahora tendrá que seguir un largo camino en la Comisión de Justicia, presidida por Perú Libre, la bancada que promovió la polémica ley y tiene a su líder, Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia. Fuentes parlamentarias detallaron a El Comercio que la propuesta solo recibió el respaldo del Bloque Democrático Popular, Juntos por el Perú-Voces por el Pueblo y la Bancada Socialista. Y que Salhuana no expresó postura alguna durante el debate, como sí lo había hecho horas antes ante las cámaras de la televisión. El rechazo vino del resto de agrupaciones. Estas son APP, representada por Alejandro Soto, colega de Salhuana; Podemos Perú, Renovación Popular, Perú Libre, Fuerza Popular, Somos Perú, Acción Popular, Avanza País y Honor y Democracia. LEE TAMBIÉN | Empresario Carlos Añaños: “No puedo tirar por la borda mi historia haciendo cosas malas” En la sesión también estuvieron presentes Patricia Juárez (Fuerza Popular) y Waldemar Cerrón (Perú Libre), quienes ocupan la primera y segunda vicepresidencia del Congreso, respectivamente. Este último es investigado junto a su hermano por organización criminal. En tanto, el tercer vicepresidente, Alejandro Cavero (Avanza País), participó de forma virtual. Las mismas fuentes señalaron que ellos no participaron de la votación. Votaron en contra José Williams (Avanza País), Guido Bellido (Podemos Perú), Flavio Cruz (Perú Libre), Elvis Vergara (Acción Popular), Arturo Alegría (Fuerza Popular), Alejandro Muñante (Renovación Popular), José Cueto (Honor y Democracia), Héctor Valer (Somos Perú), Segundo Quiroz (Bloque Magisterial), Alejandro Soto (APP). LEE TAMBIÉN | El gobierno tuvo 13 ministros del Interior desde el 2021: los motivos y el impacto de la inestabilidad en el sector Horas antes de la Junta de Portavoces, el titular del Parlamento afirmó, en declaraciones a los medios de comunicación, que propondría un pleno extraordinario sobre seguridad ciudadana para este martes 1 de octubre en el que se aborde la derogatoria o modificación de la ley del crimen organizado y también el dictamen que plantea tipificar la figura de terrorismo urbano. Además, opinó que la norma del crimen organizado debía ser modificada “en cuanto se refiere al allanamiento y a definición del delito que, aparentemente, habría excluido varios ilícitos penales”. No obstante, parlamentarios que participaron en la sesión, como José Cueto, vocero alterno de Honor y Democracia, indicaron que Salhuana no llegó a proponer la realización de la sesión extraordinaria y la Junta de Portavoces solo aprobó que el tema del terrorismo urbano sea visto recién el jueves 3 de octubre por la representación nacional. Por la tarde, tras salir de la sesión, Salhuana aseguró que la Comisión de Justicia será la responsable que evaluar la ley del crimen organizado, pero con miras a modificarla y no derogarla. “Eso vendrá con el dictamen de la Comisión de Justicia […] Mi posición personal es que deben modificarse varios aspectos […] Se ha exhortado al presidente [Isaac Mita] que lo trabaje con celeridad”, remarcó. Además, justificó la decisión de no abordar la tipificación del terrorismo urbano bajo el argumento de que se va a convocar el miércoles a “una mesa técnica para incorporar aportes” de más de diez especialistas. “El miércoles vamos a presentar un texto sustitutorio a lo acordado por la Comisión de Justicia”, acotó. LEE TAMBIÉN | ¿Quiénes son los 15 candidatos que buscan ocupar los 7 asientos en la Junta Nacional de Justicia? En tanto, la legisladora Ruth Luque, cuestionó la decisión de la Junta de Portavoces. “Solo mi bancada, Bloque Democrático Popular; Juntos por el Perú y la Bancada Socialista votaron a favor de que el proyecto se vea en el pleno. Todas las demás bancadas han defendido la ley”, dijo a este Diario. “Los argumentos han sido de defensa de la ley y el presidente del Congreso no ha tenido ninguna postura. El mensaje que dan es que defienden su ley y sus intereses”, agregó. En tanto, en diálogo con El Comercio, los parlamentarios Guido Bellido (Podemos Perú) y José Cueto (Honor y Democracia) justificaron sus votos en contra de que la iniciativa para derogar la ley pase directamente al pleno. “El proyecto no cuenta con dictamen de la Comisión de Justicia. Lo que hemos quedado es que tiene que la iniciativa tiene que pasar por trámite regular. No hubo mayor debate”, declaró Bellido. “[Que la norma pase al pleno] sin ver motivos y razonamientos que se debatan en la comisión respectiva, no me parece”, respondió Cueto. LEE TAMBIÉN | Comisión de Ética aprueba informe de calificación por denuncia contra el congresista ‘ChatGPT’, Paul Gutiérrez La decisión de la Junta de Portavoces deja de lado la solicitud que hicieron la semana pasada diversos gremios empresariales para que la norma sea derogada y que se tipifique en el más breve plazo el delito de terrorismo urbano. En un comunicado, la Accep, ACP, Asociación de Bodegueros del Perú (ABP), Ahora Perú, Adex, Anacab, ARMAP, Aspan, Aprores Perú, Asociación Pyme Perú, Canatur, CCL, Agrupación de Ferreteros del Perú, SNI, Unión de Gremios y Asociaciones de Restaurantes del Perú, Perúcámaras, MUP, Plataforma Nacional Gremios Mipymes, Mesa Redonda, Comexperu, Confiep y la Asociación Empresarial Gamarra Perú demandaron al Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso acciones más firmes contra la inseguridad. “Las industrias, bodegas, salones de belleza, restaurantes, ferreterías, comercios textiles, transportistas y hasta los comedores populares somos víctimas diarias de este flagelo. Vivimos bajo

A la fecha, de los 51 postulantes inscritos en el proceso de selección han quedado en carrera 15 abogados, tres de ellas mujeres. Entre los postulantes que han quedado hasta el momento se encuentra el expresidente del Poder Judicial, Francisco Távara, quien actualmente tiene 73 años de edad. Teniendo en cuenta la interpretación del Congreso de la República -que en su momento inhabilitó a Inés Tello, como miembro de la JNJ por haber seguido en funciones pese a haber cumplido 75 años en el 2020- el exjuez supremo estaría en el límite de la edad y, de ser electo, solo podría ejercer por dos años el cargo. Távara adelantó a El Comercio que, de ser el caso y ser electo como miembro de la JNJ, renunciaría al cargo al cumplir los 75 años de edad. Sin embargo, solicitó una precisión del marco normativo sobre ese punto. mira: El ‘cofre’ presidencial: ¿Por qué el Gobierno busca evitar que el chofer del vehículo declare ante el Congreso? También se encuentra el abogado Iván Lino Guevara, quien en el 2021 fue sometido a un proceso sancionador por parte de la Academia de la Magistratura (AMAG) al ser hallado responsable de haber consignado información inexacta para inscribirse en un curso. En la lista figura también el excongresista Cayo Galindo, quien en el 2013 fue parte de los abogados electos como miembros del Tribunal Constitucional en la denominada “repartija”, y la exjueza María Teresa Cabrera, quien dictó prisión preventiva contra la presentadora de televisión Magaly Medina. Junto a ellos están los abogados Jaime de la Puente y Mónica Rosell, quienes quedaron en la condición de “accesitarios” en el cuadro de méritos de la selección de integrantes para la JNJ en el 2019, pero que se negaron a asumir los cargos cuando el Congreso de la República inhabilitó a los abogados Inés Tello y Aldo Vásquez. Gino Augusto Tomas Ríos Patio Gino Augusto Tomas Ríos Patio Es abogado por la Universidad Católica del Perú, maestro en Derecho con mención en Ciencias Penales y doctor en derecho por la Universidad San Martín de Porres. Fue procurador publico Anticorrupción Ad Hoc, nombrado por el gobierno del expresidente Alan García, y estuvo en funciones desde agosto del 2006 hasta octubre del 2008. Es presidente del centro de Estudios de Criminología de la Universidad San Martín de Porres, y exasesor jurídico de la Fuerza Aérea del Perú, exintegrante del Estudio Jurídico Manuel Sánchez Palacios Paiva, etc. En su labor como procurador, interpuso denuncias contra altos funcionarios, entre ellos contra el expresidente Alejandro Toledo. Por ello, en el 2007, fue demandado ante el Tribunal Constitucional por haber proferido diversas afirmaciones respecto al expresidente Alejandro Toledo y haberlo denunciado ante la Fiscalía de la Nación. El abogado José Eduardo Flores Milla, en representación de Toledo Manrique, interpuso un hábeas corpus ante el TC, pero este fue declarada improcedente por dicho órgano. “Señala que el procurador demandado, valiéndose de su cargo público ha formulado declaraciones inaceptables contra el favorecido que atentan contra su derecho al honor y buena reputación. A tal efecto señala que el procurador Gino Ríos ha declarado que ‘El régimen de Toledo se inauguró con bombos y platillos; se decía el adalid de la lucha contra la corrupción y tanta cosa. Ahora mire donde está Toledo, es el animal político más corrupto, más que Fujimori’”. José Eduardo Flores Milla, en demanda a favor de Alejandro Toledo. Ríos Patio respondió a la demanda señalando que presentó ante la Fiscalía de la Nación diversas solicitudes de investigación preliminar y denuncias contra el beneficiario, Alejandro Toledo, así como contra altos funcionarios del Estado, las cuales se realizaron dentro del ámbito de sus competencias material y funcional establecidas mediante Resolución Suprema N° 143-JUS. En el 2007, el programa Cuarto Poder reveló que Ríos Patio, aún a cargo de la Procuraduría Anticorrupción, había utilizando al personal y recursos de ese despacho para litigar en un proceso civil personal. En ese momento, el abogado del Estado señaló que ello “seguramente fue una situación de emergencia” para justificar el hecho. Luego, en un escrito, Ríos Patio aseguró que el abogado que había participado en sus asuntos personales, no era un funcionario designado a la Procuraduría; sino un locador de servicios, por lo que no había ninguna incompatibilidad. Según registros del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Concytec), en setiembre del 2023, Ríos Patio siguió un trámite administrativo y apelación -declarada fundada- para obtener la calificación y clasificación como investigador en el Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica -RENACYT. Este Diario buscó la versión de Ríos Patio sobre estos hechos, pero no hubo respuesta a través de su correo electrónico. Iván Pedro Lino Guevara Vásquez Iván Pedro Lino Guevara Vásquez. Abogado por la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), es maestro en Derecho con mención en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas por la UNT, y maestro en filosofía e investigación por la Universidad Alas Peruanas. Laboró en el Ministerio Público, empezando como fiscal adjunto provincial de Lima en el 2006 y en el 2009 fue nombrado como fiscal adjunto provincial titular Lima por el entonces Consejo Nacional de la Magistratura. Posteriormente, en el 2016 renunció a su cargo de fiscal y funcionario del MP. En setiembre del 2021, fue sometido a un proceso sancionador por parte de la Academia de la Magistratura (Amag) al ser hallado responsable de haber consignado información inexacta para inscribirse en un curso impartido por dicha institución jurisdiccional, según documentos obtenidos por El Comercio. Iván Pedro Lino Guevara Vásquez Según la Resolución de la Dirección Académica N.° 317-2021-AMAG-DA, el abogado Ivan Pedro Lino Guevara Vásquez logró inscribirse como alumno del Curso Especializado a Distancia “Valoración y Aplicación de la Pena” que se dictó del 4 de agosto al 7 de septiembre de 2021. Sin embargo, según se indica en el documento, a través del Informe N°106-2021-AMAG-DA-PIU de fecha 13 de agosto de 2021, la coordinación de la sede Piura del Amag, remitió el informe a la Subdirección del Programa de Actualización