Política

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se refirió a una posible candidatura al Senado en las elecciones generales del 2026 y dijo que viene evaluando esta decisión. Durante una transmisión en vivo en TikTok, la excandidata presidencial agradeció la sugerencia de la lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores Nano. LEE MÁS: Lourdes Flores: “Keiko podría ser una cabeza de lista del Senado extraordinaria” “Yo quiero referirme a ella con profunda gratitud. Yo soy política y a ella como política la admiro muchísimo. Le agradezco sus sugerencias, comentarios. Estoy evaluando esta decisión final, pero la respeto”, expresó. “Agradezco a la doctora Lourdes que en la elección anterior estuvo apoyando, sobre todo en el conteo de votos”, agregó Fujimori Higuchi. LEE MÁS: Keiko Fujimori afirma que debe haber cambios en seguridad ciudadana, pero evita pronunciarse sobre futuro de Santiváñez Como se recuerda, durante una entrevista con este Diario, Flores Nano aseguró que Keiko Fujimori “podría ser una cabeza de lista del Senado extraordinaria” y dijo que ve “con mucha expectativa” la elección del próximo año. En varias oportunidades la lideresa de Fuerza Popular aseveró que todavía no ha definido si va a ser candidata presidencial en las elecciones del 2026, luego del fallecimiento de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, en setiembre del 2024. LEE MÁS: Comisión de Constitución aprueba dictamen para que haya una sola cédula en elecciones generales del 2026 “Todavía no he tomado esa decisión. Lo voy a tener que conversar con mi familia, con mis hijas. Sin embargo, el panorama político en el Perú es un escenario singular nunca antes visto”, dijo en una entrevista al medio español Telemadrid en octubre del año pasado. Source link

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, consideró que es una “decisión personal” que el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) haya iniciado una huelga de hambre luego de iniciarse el juicio oral en su contra por el golpe de Estado que perpetró en diciembre del 2022. En declaraciones a los periodistas desde la región Lambayeque, el titular del Minjusdh afirmó que nadie puede obligar a un interno a comer y beber, mucho menos “abrirle la boca y ponerle la comida”. LEE MÁS: Pedro Castillo: juicio oral contra el expresidente por el golpe de Estado seguirá este viernes 14 Asimismo, Arana exhortó al exmandatario a no “politizar” su situación jurídica y someterse a los reglamentos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y del Código de Ejecución Penal. “Que una persona decida no comer o no beber es una decisión personal, nadie puede agarrar a un interno, abrirle la boca y ponerle la comida. Entonces, es una decisión personal”, expresó. LEE MÁS: Pedro Castillo: Abogado de oficio renuncia porque “el comportamiento del acusado generó una situación insostenible” “Lo que yo como ministro debo decir: exhortamos a todos los internos, en particular al interno (Pedro) Castillo a que se someta a los reglamentos que están previstos en el Código de Ejecución Penal y en el ordenamiento del INPE, y que no politice su situación”, agregó. Como se recuerda, Castillo Terrones fue trasladado este jueves al Hospital de Ate por personal del INPE desde el penal de Barbadillo. LEE MÁS: Pedro Castillo: Poder Judicial dispone que siga juicio en su contra tras su traslado a un hospital Según los trabajadores que lo atendieron, tenía un “trastorno sensorial de etimología a determinar” y dispusieron descartar algún trastorno por deshidratación. Esto, como consecuencia de la huelga de hambre que el exmandatario viene acatando. Poco después, un médico legista notificó al Poder Judicial que el interno “se encuentra hemodinámicamente estable y sin signos de deshidratación”, con lo cual se dispuso continuar con el juicio oral en su contra. Source link

Las movidas de cambios de camiseta legislativa ocurren, según los especialistas, por el incumplimiento al reglamento que regula las renuncias. Además, sostienen que la situación se agrava por la coyuntura de la elección de la Mesa Directiva (y los cambios en las presidencias de comisiones) y el cierre del plazo de afiliaciones, del pasado 12 de julio, para participar en las elecciones 2026. Esto último se ha reflejado en la última semana, donde Alianza para el Progreso (APP), el partido de los Acuña, concretó las afiliaciones de los izquierdistas Roberto Kamiche y Jorge Marticorena. Este último apareció en una fotografía con el líder del partido César Acuña, donde mostraba su ficha de afiliación. Fuentes de APP indicaron que Marticorena postulará a la reelección con APP para la Cámara de Diputados, mientras que José Luis Elías -a quien APP reclutó desde la bancada de Podemos- irá a la reelección pero en la Cámara de Senadores. El pase de Marticorena a la bancada de APP deja en vilo a su anterior bancada Perú Bicentenario. La baja de Marticorena deja a dicho grupo izquierdista con cuatro miembros, con lo cual debería quedar desactivado el grupo (el mínimo requerido de miembros es de cinco, según el reglamento parlamentario). Lee también: Elecciones 2026: 4 jóvenes partidarios analizan el rol electoral de las nuevas generaciones Somos Perú es otra bancada que ha registrado varias movidas en los últimos días. El partido del corazón sumó a sus filas legislativas a tres legisladores del Bloque Magisterial, así como al exfujimorista Luis Cordero (quien también tuvo un paso por Acción Popular). También sumarán al parlamentario Jorge Morante, quien renunció al fujimorismo el pasado 10 de julio. Fuentes fujimoristas explicaron que la renuncia de Morante responde a discrepancias internas en su región Loreto, especialmente con el exlegislador naranja Juan Carlos del Águila. Ambos disputaban espacios para las listas que se armarán en las elecciones 2026. Este Diario buscó la versión del legislador Morante, pero se excusó de brindar comentarios alegando que se encontraba en recuperación tras una reciente operación. Los registros del Jurado Nacional de Elecciones muestran que el legislador Jorge Morante renunció al partido Fuerza Popular. En Podemos, todos los congresistas que se sumaron a su bancada -con excepción de Carlos Zeballos, se han afiliado al partido con miras a postular en las elecciones de 2026. Su última incorporación es el legislador Jorge Flores Ancachi, vinculado al caso ‘Los Niños’, quien renunció a su afiliación a Acción Popular el pasado 5 de julio. En la bancada que lidera José Luna vienen buscando una incorporación adicional, y todo apunta a que esta saldría de las filas de Perú Bicentenario, la bancada que -tal como explicamos en párrafos anteriores- podría quedar desactivada tras el pase de Marticorena a APP. De concretarse un jale adicional, Podemos podría convertirse en la segunda fuerza legislativa, solo por debajo de Fuerza Popular. —Problemas de fondo— Carlos Maguiña y Alejandro Rospigliosi, ambos especialistas en temas parlamentarios, coincidieron en señalar que se debería regresar a la fórmula reglamentaria del 2016 que dictaba medidas contra el transfuguismo. Este acápite fue cambiado tras un fallo del Tribunal Constitucional y, en opinión de ambos especialistas, la actual fórmula no funciona. “Todos copian en sus cartas de renuncia la frase “por motivos de conciencia” pero nadie fundamentan ni desarrolla las razones, y se las aceptan sin problemas. A la fecha tenemos 13 bancadas y podríamos llegar a 15″, refirió Maguiña. Para Rospigliosi, el escaño pertenece al partido y no al congresista, por lo que la norma debería ser más drástrica. “El nuevo quinquenio legislativo deben poner normas más drásticas contra el transfuguismo. Las bancadas pertenecen a los partidos, no a los candidatos. Los escaños no pertenecen a los congresistas, sino al partido. Los candidatos no llegan por sí mismos, pueden ser los más votados, pero sin un partido que pase una valla, no logran ingresar. Cuando un congresista fallece o es desaforado, el que entra no es el más votado en la región, sino el más votado del partido al que pertenece”, explica. Lee también: Phillip Butters se afilia a Avanza País: ¿Cómo se gestó su ingreso al partido del tren? En esa línea, Maguiña apunta que, ante una renuncia: solo se pueda conformar Grupos Mixtos o que ingrese el accesitario en reemplazo del renunciante. “Se debe establecer que, si renuncias porque no coincides con el partido, esa renuncia implique una renuncia al Congreso e ingreso el accesitario. Pero para eso se requiere una reforma constitucional. Debemos parar esto. ¿Cómo conseguir consenso con 13 grupos parlamentarios? Muchos grupos se están conformando porque quieren presidencias de comisiones, cupos de personal. Esto último es toda una movida administrativa y de recursos para el Parlamento”, apunta Maguiña. Pese a las advertencias de los especialistas, lo más probable es que veamos mayores movidas de bancadas en las próximas semanas, mientras se define el cuadro de repartición de presidencias de comisiones para la siguiente legislatura que arranca en agosto próximo. En tres años de gestión, el actual Congreso ha visto casi 90 cambios de bancadas, una cifra récord. Source link

La fiscalía acusa a Keiko Fujimori de liderar una organización criminal que “instrumentalizó” a Fuerza Popular para lavar US$ 17.3 millones, principalmente a través de sus campañas del 2011 y 2016. Dentro de ese monto destacan los presuntos aportes de la constructora brasileña Odebrecht por US$ 1 millón en el 2011; así como los de empresas nacionales ligadas a Dionisio Romero (Credicorp e Inversiones Piuranas) por US$ 4.1 millones y al Grupo Rasmuss por US$ 7.6 millones, en ambas campañas. LEE TAMBIÉN | La corte del amor y el odio, una crónica de Fernando Vivas Por esa acusación, el fiscal José Domingo Pérez solicita 30 años y 10 meses de prisión para Keiko Fujimori y la “cúpula” de la presunta organización. Además, solicita la liquidación y disolución del partido Fuerza Popular como persona jurídica. Para el Ministerio Público, la ilicitud del dinero proviene de la corrupción de Odebrecht y, en el caso de los empresarios peruanos que entregaron sus aportes en efectivo, del fraude en administración de empresas y violaciones las normas financieras. Frente a esto, el abogado Salas rechazó todos los cargos y afirmó que al final del juicio, el juzgado liberará al partido “de cualquier pretensión sancionadora”. Montos lavados según la acusación fiscal Origen Monto total 1. Odebrecht US$ 1,000,000 2. Credicorp e Inversiones Piuranas (ligados a Dionosio Romero US$ 3,650,000 + US$ 440,000 = US$ 4,090,000 3. Grupo Rasmuss US$ 3,500,000 + US$ 440,000 4. Confiep US$ 2,077,500 5. Vito Rodríguez US$ 200,000 6. Club de la Construcción US$ 52,000 y S/ 18,000 7. Luis Calle Quirós US$ 15,000 8. MVV Bienes Raíces US$ 2,192,859.72 La tesis de la defensa del partido fujimorista pasa por no negar que los aportes de empresas ligadas a los empresarios nacionales ocurrieron, sino en centrarse en que no fue dinero de origen ilícito. Y que por lo tanto, no se podrá probar el delito de lavado de activos. En cambio, los presuntos aportes de Odebrecht sí son negados. “Este juicio depende de hechos, no presunciones”, afirmó este lunes el abogado Christian Salas, defensa legal de Fuerza Popular, al inicio de su alegato de apertura frente los jueces del Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional. En esa línea, indicó que dentro del caso hay “hechos no debatidos, no cuestionados, y que no deben hacernos perder tiempo en actividad probatoria” y “hechos cuestionados, contradichos, que deben ser debatidos”. Es decir, hay que hechos que admiten y otros que rechazan. Dentro de los hecho admitidos, afirmó que “no deben ser objeto de prueba la existencia de aportantes simulados”, ni “la existencia de empresarios privados nacionales que dieron aportes a la campaña”. “Lo que debe ser objeto de prueba, y eso es lo contradicho y sobre lo que vamos a litigar, es si tenemos un caso de lavado de activos […] En este juicio no se a poder probar el origen delictivo”, afirmó. “Confiep, el empresario Dionosio Romero, el señor Rasmuss, el Grupo Rodríguez, son aportantes que en su momento optaron por la confidencialidad de los aportes que hicieron. ¿Eso es delictivo? No. Por el contrario: ese pedido de confidencialidad de esos aportes de dinero que hicieron a las campañas sirven para explicar el por qué se usaron y por qué aparecieron esos aportantes simulados”, remarcó Salas. La simulación de aportes fue uno de los métodos con los que, de acuerdo con el Ministerio Público, operó la presunta organización criminal. “Consiguió personas vinculadas al ámbito familiar, amical, empresarial o partidario de los integrantes de la organización criminal, que tuvieran capacidad económica para aparentar un aporte real a favor del partido político”, dice la acusación fiscal, recogida en el auto de enjuiciamiento. De acuerdo con la fiscalía, los aportes del Grupo Rasmuss sumaron US$ 7.6 millones; los ligados a Dionisiro Romero, US$ 4.1 millones; el de la Confiep, US$ 2 millones; y el de Vito Rodríguez, US$ 200 mil. “El dinero de estos empresarios no es delictivo y en este juicio eso quedará evidenciado. A tal punto que esos empresarios no son parte de este proceso […] El supuesto origen delictivo que plantea la acusación, que es fraude en la administración de personas jurídicas, hoy no existe”, afirmó Salas. Respecto al aporte de Luis Calle Quirós, que la fiscalía vincula con un origen ligado al tráfico ilícito de drogas, afirmó que este fue “retenido” y que tras conocer su supuesto vínculo con ese delito, el partido rechazó este aportes. Agregó que luego, las imputaciones contra Calle Quiroz fueron archivadas. “Esta acusación por lavado de activos se va a caer, se va a venir al piso”, afirmó el abogado. Por un lado, Salas afirmó que “es imposible” que la fiscalía pruebe que hubo dinero de origen ilícito de Odebrecht destino a la campaña fujimorista del 2011: “Marcelo Odebrecht y Jorge Barata no han dicho ni dirán que destinaron dinero sucio al partido político Fuerza Popular. Ni Odebrecht ni Barata son colaboradores eficaces en este caso […] En este juicio jamás los escucharemos decir que reconocieron haber cometido lavado de activos y que dieron dinero ilícito a la campaña del partido”. Christian Salas, abogado de Fuerza Popular en este caso. Foto: GEC / Alonso Chero Por otro lado, también negó que pueda probar que exista una ruta de “dinero delictivo de Odebrecht” desde Brasil hasta las cuentas fujimoristas. “Dinero sucio, supuestamente de Odebrecht, jamás ingresó a las cuentas del partido Fuerza Popular, aseguró. Luego, el abogado también rechazó los cargos por obstrucción a la justicia, falsa declaración en procedimiento administrativo, falsedad genérica y organización criminal. “Retamos al Ministerio Público a que pruebe lo que planteo. No tendrá prueba suficiente […] Vamos a probar que existieron aportantes formales, que siguieron un debido procedimiento administrativo, con fondos legítimos. Que en el contexto de las campañas 2011 y 2016, era imposible que la dirección de Fuerza Popular sospechara de Odebrecht […] Probaremos que este caso ha sido generado indebidamente”. Respecto a este último, adelantó que ofrecerá como testigo nuevo a Jaime Villanueva, ex asesor de la Fiscalía de

El Poder Judicial dispuso que el juicio oral contra Pedro Castillo, Betssy Chávez y otros por presunto delito de rebelión por el golpe de Estado del 2022 continúe este jueves, luego que el expresidente fuera trasladado a un hospital por problemas de salud. Al inicio de la sesión, los jueces de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema fueron informados que Castillo había sido trasladado al hospital de Ate por personal del INPE desde el penal de Barbadillo. LEE TAMBIÉN: Un despacho del Congreso para Pedro Castillo: este legislador utiliza recursos y personal para promover partido del encarcelado expresidente Según los trabajadores que lo atendieron, tenía un “trastorno sensoria de etimología a determinar” y dispusieron descartar algún trastorno por deshidratación. Esto, como consecuencia de la huelga de hambre que el exmandatario anunció que acataría en protestas por el juicio. Poco después, un médico legista notificó al Poder Judicial concluye que el interno “se encuentra hemodinámicamente estable y sin signos de deshidratación”. Con esta información, así como al evaluar que el Código de Ejecución Penal solo establece suspender audiencias en casos de enfermedades no autoinfligidas, los jueces dispusieron que la sesión continúe. “Este tribunal dispone la continuación de la presente sesión de audiencia y los intereses del señor Castillo Terrones estarán resguardados por la presencia de su abogado defensor”, leyó la jueza Norma Chávez, rechazando así los pedidos de otros abogados que solicitaban suspender el juicio por la ausencia del exmandatario. Betssy Chávez revela golpes por caída durante su traslado Luego de evaluar la situación de Pedro Castillo, Betssy Chávez tomó la palabra para comentar que había sufrido varios golpes porque sufrió una caída mientras era trasladada por personal del INPE desde Barbadillo de regreso al penal Anexo de Mujeres en Chorrillos en la sesión del 11 de marzo. “Al retornar a las 2 p.m. al establecimiento penitenciario, en el transcurso me caí dentro de la ambulancia. El custodio que quiso auxiliarme no pudo porque el vehículo continuaba en movimiento a pesar que el custodio pedía que parara la movilidad”, comentó Chávez Chino. Betssy Chávez sufrió golpes en el lado derecho de su cuerpo. (Foto: Alessandro Currarino / @photo.gec) Aunque la exprimera ministro de Pedro Castillo no pidió suspender la sesión, sí solicitó que la sala se pronuncie para evitar que sufra otro incidente similar. En medio de la sesión, el Poder Judicial hizo que un médico legista revisara a Betssy Chávez, tras lo cual se determió que, efectivamente, tenía “lesiones contusas” en el lado derecho de su cara, así como su brazo y pierna derecha. También “lesiones esquimióticas” en la pierna izquierda. “Todo ello ocasionado por un agente contundente duro y para eso la calificación médico legal de nosotros, según nuestro manual en el instituto es que requiere un día de atención facultativa y tres días de incapacidad médico legal salvo complicaciones”, indicó el médico. Source link

La presidenta Dina Boluarte dijo que están elaborando para presentar ante el Congreso un proyecto de ley para expulsar a las empresas extranjeras corruptas y para impedir que las nacionales que haya cometido estos delitos no puedan seguir licitando en el Estado. “En el marco de nuestra Constitución, he pedido a nuestro ministro de Justicia, Eduardo Arana, elaborar un proyecto de ley para que se expulse a las empresas extranjeras corruptas para que nunca más vuelvan a trabajar en el Perú Igualmente para que las empresas nacionales corruptas no liciten en el Estado”, detalló este jueves al presentar un colegio en Chosica. LEE TAMBIÉN: Gustavo Adrianzén sobre exasistente de Dina Boluarte: “No veo ninguna razón para que la señora tema por su seguridad” Según la mandataria, con esto esperan reforzar la lucha contra la corrupción con una normas que “no dé ventajas a los delincuentes” y para impedir que puedan burlarse cambiando sus nombres para seguir licitando “como si nada pasara”. “Confío en que el Congreso atenderá este proyecto de ley con prioridad porque no podemos, no debemos trabajar con empresas corruptas ni con corruptores que están dentro de esas empresas”, aseveró. Según Boluarte, con esta propuesta también se benefician las empresas honestas, tanto nacionales como extranjeras para que apuesten por el Perú. “Por estas empresas corrupta perdían las posibilidades. Por ello, invito que las empresas honestas, decentes, que aman a la patria, nacionales y extranjeras, aquí está un país que les abre los brazo”, indicó. Source link

El Poder Judicial programó para el martes 8 de abril la lectura de su decisión final en el proceso contra el expresidente Ollanta Humala y otros acusados por presuntos aportes ilegales a las campañas del Partido Nacionalista. El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional hizo el anuncio en la audiencia virtual de hoy jueves 13 de marzo, luego que se extendiera más de lo previsto los alegatos de la defensa legal del partido político a cargo del abogado David León. LEE TAMBIÉN: Procuraduría pide que Ollanta Humala y Nadine Heredia paguen S/20 millones de reparación civil: “Ocasionaron un perjuicio al Estado” La magistrada Nayko Coronado detalló que, tras conversar con los otros jueces de la sala, determinaron la agenda de las próxima sesiones para la etapa final de alegatos finales de los procesados. “Ante alguna situación en particular habilitaremos una última fecha de autodefensa material para una situación que pueda extenderse para el miércoles 2 de abril a las 9 a.m. que será, entendemos, muy corto. Sera un tema virtual y final. Anunciaremos la decisión final de este caso el 8 d abril. 8 de Abril será la decisión final del caso de manera presencial, como siempre se ha hecho en todos los casos”, explicó la jueza. Esto, luego de explicar que en la sesión del 25 de marzo concluirá la fase de exposición de los abogaos y comenzarán las autodefensas de los investigados, empezando por Ollanta Humala. Esta siguiente sesión, según la sala, también será presencial. “Esta sesión, conforme la conversación de los jueces, va a ser de forma presencial por regla general. En casos de similar complejidad ha sido así, esto es, escuchar a las personas en una última oportunidad”, detalló Coronado. LEE TAMBIÉN: Juicio a Ollanta Humala y Nadine Heredia en la recta final: las claves del proceso por presunto lavado de activos En este proceso judicial por presunto lavado de activos, el fiscal Germán Juárez del equipo especial Lava Jato solicita una condena de 20 años de prisión para Ollanta Humala y 26 años y seis meses para Nadine Heredia, así como la disolución del Partido Nacionalista. Source link

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La parlamentaria Rosselli Amuruz (Avanza País) no ha firmado la moción, a pesar de que el pasado 26 de febrero aseguró que lo haría. Ese día, en declaraciones a la prensa, señaló: “Voy a solicitar en estos momentos el documento, porque no ha llegado a mi despacho. Apenas lo tenga, si aún faltan las firmas, no tengo problema alguno en firmarlo”. Paredes dijo a El Comercio que sí notificó a Amuruz (ver documento). Añadió que insistirá con ella para completar las 33 firmas necesarias. En tanto, Amuruz no respondió hasta el cierre de esta publicación. Intentamos comunicarnos con ella directamente y mediante su despacho congresal, sin éxito. Oficio dirigido a Rosselli Amuruz para que firme la moción de censura contra el ministro del Interior Sostén político Desde que asumió la cartera del Interior, en mayo del 2024, Santiváñez fue blindado o respaldado directa o tácitamente por el Congreso en al menos cinco ocasiones. Esto a pesar de las investigaciones fiscales que pesan en su contra y los cuestionamientos por el aumento de la criminalidad en el país. La fiscalía lo investiga por los presuntos delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, cohecho activo genérico y encubrimiento real. Ese respaldo viene también de la presidenta Dina Boluarte, quien le ha mostrado su apoyo públicamente en diversas ocasiones. Incluso después del allanamiento a su domicilio, lo recibió con un abrazo y aplausos durante una actividad oficial en Chorrillos, un gesto que ya había tenido con él en agosto pasado. En agosto pasado, la mandataria respaldó al ministro Juan José Santiváñez luego de la filtración de un audio que lo compromete. (Imagen: Captura de Canal N) Durante su gestión, se ha incrementado la extorsión contra colegios privados, bodegas, barberías, empresas de transporte público, profesionales del sector salud, entre otros. Además, hasta febrero pasado se registró un 10% más de homicidios en comparación con el mismo período de 2024, como dio cuenta El Comercio basándose en cifras del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef). El desborde de la criminalidad alcanzó un nuevo nivel en enero, cuando una sede del Ministerio Público fue atacada con explosivos en pleno estado de emergencia. Ese hecho provocó que Santiváñez fuera cuestionado por congresistas de derecha, pero solo de manera momentánea. Apenas al mes siguiente, consultado por El Comercio, el congresista Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular) afirmó que informes del Ministerio del Interior demuestran “que están trabajando en algo”. Y añadió: “Por ejemplo, del Tren de Aragua, la gran mayoría [de sus integrantes en el Perú] han sido capturados”. Lee también: El Ipad perdido de Juan José Santiváñez: ¿Cuál fue el objetivo del allanamiento al ministro del Interior? Luego, los congresistas Fernando Rospigliosi, Tania Ramírez (Fuerza Popular) y Luis Aragón (Acción Popular) cuestionaron el allanamiento fiscal a su vivienda la semana pasada. La diligencia fue parte de una investigación por presunto abuso de autoridad. No obstante, para Rospigliosi, fue “una clara represalia de la fiscalía contra el ministro del Interior” por defender la ley que devuelve la investigación preliminar a la policía. Ramírez señaló que no se justifica un allanamiento en un caso de presunto abuso de autoridad y Aragón agregó que “no era prudente ni necesario”. ESTOS SON LOS CASOS DE RESPALDO O BLINDAJE CASO FECHA DETALLE Interpelación con escaños vacíos Octubre del 2024 La moción de interpelación fue impulsada por Susel Paredes ante el aumento de la criminalidad. Se aprobó a pesar de la oposición de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso. En la sesión, llamó la atención la gran ausencia de legisladores. Denuncia constitucional encarpetada Octubre del 2024 El legislador Elías Varas (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo) presentó una denuncia constitucional contra Santiváñez, pero este permanece encarpetada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside María Acuña (Alianza para el Progreso). Defensa de su gestión como ministro Febrero del 2025 A pesar de la ola de criminalidad, el congresista Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular) aseguró que informes del Ministerio del Interior demuestran avances. Rechazo al allanamiento de su casa Marzo del 2025 Los congresistas Fernando Rospigliosi, Tania Ramírez (Fuerza Popular) Luis Aragón (Acción Popular) y Jorge Montoya (Honor y Democracia) cuestionaron el allanamiento de la casa de Santiváñez realizado por el Ministerio Público. Se sumaron a las críticas del Poder Ejecutivo. Rechazo de la moción de censura Marzo del 2025 El vocero de la bancada de Perú Libre, Flavio Cruz, le dio la espalda a la moción de censura que impulsa Paredes. Aseguró que la continuidad de Santiváñez está en manos del gobierno, olvidando la facultad que tiene el Congreso para censurar a un ministro. Interés común El analista político Enrique Castillo señaló que, en un primer momento, Santiváñez cobró fuerza en el Ejecutivo y el Congreso gracias a que desmanteló la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), grupo que allanó la vivienda de la presidenta Dina Boluarte. “La Diviac fue un objetivo de Santiváñez y Boluarte, pero coincidió también con el objetivo de varios congresistas y bancadas. De tal manera que, sin ser los instigadores, varios congresistas aplaudieron lo que estaba sucediendo en el Ministerio del Interior y las acciones del ministro”, destacó. En una segunda etapa -explicó Castillo- Santiváñez se convirtió en uno de los principales escuderos de Boluarte y voceros del gobierno, “pero además, uno de los principales atacantes del grupo denominado ‘caviar’. Y en eso también empieza a coincidir con congresistas y bancadas que odian, según lo que ellos creen, el poder de los ‘caviares’ en la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial, las ONG o algunos medios de comunicación”. Luego, se enfrentó a la Fiscalía de la Nación por las investigaciones a Dina Boluarte, Nicanor Boluarte y las que pesan en su contra. Se trata, dijo Castillo, de enfrentamientos que también son aplaudidos por congresistas que tienen investigaciones fiscales en curso o denuncias constitucionales presentadas por el Ministerio Público. “Empiezan a encontrar que el ministro es el ejecutor de lo que ellos quisieran hacer y no pueden. Por lo tanto, sin identificarse con