Alarmante situación en la Amazonía peruana: 226 defensores indígenas en riesgo por avance del narcotráfico, minería y tala ilegal en tres regiones | TECNOLOGIA
En la Amazonía peruana, los territorios indígenas y sus defensores viven bajo amenaza. Hostigamiento, criminalización y asesinatos acorralan a quienes defienden derechos sobre sus tierras y se enfrentan a las economías ilegales, actividades extractivas y obras de infraestructura. Lee más: Paro en Perú: pueblos indígenas de Loreto exigen remediación ambiental por constantes derrames de petróleo La violencia contra los defensores ambientales se ve reflejada en la cantidad de amenazas y asesinatos cometidos en los últimos años. Según el estudio Situación de los defensores indígenas en Ucayali 2024, elaborado por ProPurús y la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), entre 2010 y 2024 se han reportado 226 casos de defensores y defensoras indígenas en situaciones de riesgo en el área delimitada para esa investigación, que corresponde a la región de Ucayali; la provincia de Puerto Inca, en Huánuco; y los distritos de Padre Márquez y Contamana, en el departamento de Loreto. Deforestación causada por la apertura de la vía Bolognesi – Puerto Breu, en Ucayali. Foto: cortesía Upper Amazon Conservancy En la región de Ucayali, señala el estudio, uno de cada 13 defensores amenazados ha sido asesinado. En este territorio, además, 11 defensores ambientales fueron asesinados entre 2019 y 2024. Ucayali ocupa el primer lugar de esta lista de las regiones con más homicidios de defensores, seguida por la región de Huánuco, donde ocurrieron ocho asesinatos de defensores. El estudio, presentado el 15 de mayo en la Pontificia Universidad Católica del Perú, muestra un panorama amplio de lo que está ocurriendo con los defensores ambientales en el territorio mencionado —Ucayali, Huánuco y Loreto—, que corresponde a las 13 federaciones y casi 260 comunidades que forman parte de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU). El panorama expuesto ofrece información de las causas que están detrás de la violencia en los territorios amazónicos. “Las economías ilegales, que incluyen la minería ilegal de oro, el narcotráfico y la tala ilegal, se erigen como el principal motor de la conflictividad en la Amazonía”, señala el reporte. El mapa muestra la zona de estudio y los diversos tipos de territorios en las regiones estudiadas. Fuente: cortesía ProPurús / ORAU Otro dato registrado en el informe habla de la presión que ejercen sobre los territorios indígenas concesiones y permisos del Estado superpuestos sobre tierras ancestrales, el tráfico de tierras y la tala ilegal. También, los monocultivos, la construcción de infraestructura vial, la expansión de cultivos ilícitos de coca y la presencia de pistas de aterrizaje clandestinas. Las cifras de las amenazas en la Amazonía En informe de ProPurús y ORAU señala que de acuerdo con los datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), entre 2019 y 2024, más de 650 personas defensoras de derechos humanos y sus familiares se encontraban en situación de riesgo a nivel nacional. De ese total, los departamentos amazónicos de Loreto, Ucayali, San Martín, Amazonas y Madre de Dios concentran más del 54 % de los casos. Además, el 21.65 % está en Ucayali, uno de los departamentos con mayor incidencia a nivel nacional. Las cifras del Minjusdh también detallan que en el mismo periodo se han registrado 57 asesinatos de defensores ambientales en todo el país. Por lo menos 44 de ellos ocurrieron en las regiones amazónicas. Desde 2020 hasta la fecha, son 19 indígenas asesinados en Ucayali y Huánuco por su defensa al ambiente y a su territorio. Foto: Mongabay Latam Los datos recogidos en el estudio de ProPurús y ORAU también indican que las actividades alrededor de las amenazas de los defensores amenazados y asesinados son la tala ilegal, el tráfico de tierras, el tráfico ilícito de drogas, la minería ilegal y el tráfico de especies de flora y fauna. “Cuando vemos la Amazonía, vemos una imagen verde, pero la verdad es que el uso de la tierra, la cantidad de caminos, las pistas de aterrizaje clandestinas, los proyectos viales, los caminos forestales, el uso de la tierra es tremendamente complejo y es algo que la mayoría de la gente, particularmente los tomadores de decisiones, no toman en cuenta”, señala Iván Brehaut, director de programas de ProPurús. Brehaut también señaló que la criminalidad ha ido creciendo en el país desde el año 2000 y que “se mueven cientos de millones de dólares a través de las economías ilegales en la Amazonía”. En ese sentido, la información que ofrece el reporte da cuenta que entre 2021 y 2024 se presentaron 6401 denuncias por delitos ambientales solo en Ucayali, según la información del Ministerio Público recogido en el informe. “Es muy posible que esté ocurriendo una situación de subregistro de personas en situación de riesgo”, señala Brehaut. “Cada vez tenemos más indicios de que el número está por debajo de lo que realmente sucede”, agrega. El mapa muestra la cantidad de defensores ambientales asesinados en Perú entre 2019 y 2024. Fuente: cortesía ProPurús / ORAU Mongabay Latam consultó con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y con el Gobierno Regional de Ucayali sobre las medidas que se han tomado frente al crecimiento de la violencia en la región. Ambas instituciones indicaron que responderían la consulta, pero hasta el cierre de la edición no enviaron su respuesta. Lee más: Fueron criminalizados durante 10 años por protestar contra una minera pero la Justicia peruana finalmente los absolvió Los pueblos más amenazados La impunidad por los crímenes contra defensores indígenas refleja la violencia que agobia a los pueblos amazónicos. De los 19 procesos judiciales por asesinatos a líderes indígenas incluidos en el estudio, más de la mitad (diez) no cuenta con información pública. Del resto, cinco cuentan con sentencia. Cuatro de los homicidios corresponden al caso ocurrido en 2014 en Alto Tamaya-Saweto, en el que cuatro líderes indígenas fueron asesinados por órdenes de empresarios madereros. Otro caso es el de Arbildo Meléndez, a quien mataron en abril de 2020, durante la pandemia. Otros cuatro casos permanecen en investigación. “El proceso de búsqueda de justicia es muy lento, muy burocrático y muchas veces pasan meses o años en la etapa de investigación”, comenta