El Tribunal Constitucional (TC), a través de un fallo en mayoría, anuló la condena que pesaba sobre el prófugo Vladimir Cerrón, por el delito de negociación incompatible, en el caso “La Oroya”. Esto, al declarar fundado el recurso de habeas corpus que interpuso el ex gobernador de Junín contra los jueces que le impusieron la sentencia. Es la segunda vez que el TC falla a favor del exfuncionario en los últimos meses. A fines de diciembre del 2024, anuló la condena efectiva de 3 años y 6 meses por el Caso “Aeródromo Wanka”. Ahora, la sentencia, emitida este viernes 28, anuló la condena de cuatro años de pena suspendida que se le impuso por irregularidades en la licitación de la obra “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de La Oroya”. MIRA: Fuerza Popular y País para Todos: ¿Por qué su caso es diferente al de A.N.T.A.U.R.O.? Votaron a favor del prófugo ex gobernador de Junín los magistrados Helder Domínguez (vicepresidente del TC), Francisco Morales, Gustavo Gutiérrez y Pedro Hernández (ponente). Mientras que los votos en minoría, por mantener firma la condena, fueron emitidos por los magistrados Luz Pacheco (presidenta del TC), César Ochoa y Manuel Monteguado. El fallo, si bien anula la sentencia – impuesta en primera instancia y confirmada en segunda instancia- ordena que el Quinto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huancayo -que procesó el caso inicialmente- emita una nueva condena de acuerdo a los establecido por el TC. Con esta resolución, Cerrón Rojas no tiene condena penal en su contra vigente. Sobre todo, porque recientemente, la Corte Suprema también lo absolvió por el caso “Aeródromo Wanka”, donde se esperaba que se emita un nuevo pronunciamiento tras la anulación de su condena por parte del TC. La máxima instancia del Poder Judicial concluyó que existía duda razonable sobre la actuación ilegal de Cerrón Rojas como exgobernador regional al momento de gestionarse y firmarse el contrato de licitación para la construcción del referido aeropuerto. No obstante, señaló que si bien no había responsabilidad penal, sí la hubo desde el aspecto civil, en perjuicio del Estado, por lo que impuso una condena de S/250 mil a ser pagada de forma solidaria entre el prófugo exfuncionario o otros implicados, incluyendo los empresarios. Así, por sentencia penal, por el momento, tampoco pesa una inhabilitación para que Cerrón Rojas pueda ejercer cargo de elección popular. No obstante, aún debe efectuarse el pago de la reparación civil para que pueda darse por cumplida la condena civil. Luis Mayhua, abogado de Cerrón, señaló a El Comercio que se encuentran en desacuerdo con el pago de dicha reparación civil, por lo que la impugnarán en la vía constitucional. “¿Cómo va a pagar si eso ha salido hace unos dias? No se ha pagado nada. Ahora, sobre ese extremo también se puede ir a un amparo, porque nosotros no estamos tan conformes que la Corte Suprema ha dicho que pague una reparación civil, cuando esencialmente dice no hay un hecho de delito penal. Yo, en el momento en que me encuentre con el señor Cerrón, que no sé cuándo será, tomaremos decisiones sobre eso.” Luis Mayhua, abogado de Vladimir Cerrón Sobre la sentencia del TC, el abogado señaló que si bien se ha ordenado un nuevo pronunciamiento, ello conlleva a un nuevo juicio oral en el caso “La Oroya”. Según dijo, el delito de negociación incompatible, por el que es acusado su patrocinado “ya prescribió en el 2020, porque pasaron los nueve años necesarios”. “Inmediatamente voy a pedir el inicio de un nuevo juicio oral, pero el delito ya está prescrito”, afirmó. Prisión preventiva vigente Por Caso «Aportes a Perú Libre» Sobre Vladimir Cerrón pesa una orden de prisión preventiva por 24 meses, que fue confirmada por la Sala de Apelaciones Nacional, en la investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos, en el marco del Caso «Aportes a Perú Libre». Sin embargo, tal como lo ha adelantado El Comercio, su defensa ha solicitado la variación de la medida por otra menos gravosa. Además, la fiscalía ha pedido 18 meses de prisión preventiva en su contra por el Caso «Antalsis» que se encuentra pendiente de que el juez Richard Concepción Carhuancho, emita su resolución. La defensa de Cerrón en este caso ha pedido que se le imponga comparecencia simple. Cerrón Rojas también enfrenta otros procesos en el Caso «Los Dinámicos del Centro» y el Caso «Ilegal resguardo policial». Además, también se encuentra como requerido en el proceso por extinción de dominio que se ha incoado en contra de sus bienes, a fin de que un monto de más de S/1 millón 600 mil pase a manos del Estado. Voto en minoría señalaba que el TC no podía analizar pruebas del juicio y que su sentencia fue de acuerdo a ley Vladmir Cerrón fue condenado a cuatro años de pena suspendida por el delito de negociación incompatible al ser hallado responsable de diversos actos que llevaron a dos ilícitos penales, que según la justicia, fueron acreditados. El primero, haber solicitado a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura- OEI, hacer efectivo los pagos solicitados con cargo a los saldos de las transferencias financieras, a través de la carta N° 117-2011-GRJ/PR, del 15 de diciembre de 2011, comprometiéndose a gestionar ante el MEF la asignación presupuestal adicional; sin embargo no lo tramitó, lo cual perjudicó al Gobierno Regional de Junín. Por ello, como segundo hecho, también incumplió sus obligaciones funcionales establecidas en los literales a), f) y g) del artículo 21 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la entidad, y de los literales c), h) y k) de sus funciones específicas del MOF (Manual de Organización y Funciones), al no velar por los intereses del gobierno regional. Sin embargo, para los magistrados Helder Domínguez, Morales Saravia, Gutiérrez Ticse y Hernández Chávez, a Cerrón Rojas se le condenó también por haber buscado ampliar