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La Cancillería del Perú confirmó este miércoles que un peruano figura entre los seis migrantes que fueron asesinados por militares mexicanos en una carretera del estado de Chiapas, en el sur de México, y condenó el hecho de manera enérgica. “El Gobierno del Perú ha tomado conocimiento, a través del comunicado emitido en la fecha por la Secretaría de la Defensa Nacional de México, de los graves hechos acontecidos ayer 1 de octubre, al promediar las 20:50 horas, en los que integrantes del ejército mexicano hicieron uso de sus armas de fuego contra dos camiones que trasladaban 33 migrantes de distintas nacionalidades”, señala el comunicado de la Cancillería. MIRA: Soldados mexicanos abren fuego contra un grupo de 33 migrantes y matan a seis de ellos “De acuerdo a información oficial puesta en conocimiento a nuestra Embajada en México, por autoridades de la Cancillería de ese país, entre las víctimas mortales de tan execrable hecho se encuentra, lamentablemente, un ciudadano peruano”, agrega. Una de las camionetas que trasladaba a los migrantes y que fue atacada por militares mexicanos. “El Perú condena enérgicamente los hechos acontecidos, que han causado hasta el momento el fallecimiento de seis migrantes, incluyendo la irreparable pérdida de la vida de un connacional”, sigue el comunicado. La Cancillería adelantó que el Gobierno del Perú, a través de su representación diplomática en México, exigirá a las autoridades de ese país una urgente investigación que esclarezca y determine las responsabilidades del condenable acto. “La Cancillería procederá a brindar la asistencia humanitaria a la que hubiere lugar a los familiares de la víctima, en esta difícil circunstancia”, finaliza el comunicado. Al menos dos militares mexicanos son investigados por disparar contra migrantes en el estado de Chiapas, sureste de México, lo que resultó en seis migrantes muertos. (EFE/ STR). / STR De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México, el grupo de 33 migrantes viajaba en un convoy de tres camionetas. Había ciudadanos “de nacionalidad egipcia, nepalí, cubana, hindú, paquistaní”. No precisó el origen de los fallecidos. Los hechos ocurrieron en una carretera localizada a unos 80 kilómetros de la frontera de México con Guatemala, donde los militares efectuaban labores de reconocimiento terrestre, detalló la agencia AFP. Una de las camionetas “iba a alta velocidad” y “al ver al personal militar se evadió”, mientras que las otras dos eran “como las que usan grupos delincuenciales en esa región”, explicó la Sedena en el comunicado. “Personal militar manifestó escuchar detonaciones, por lo que dos elementos accionaron su armamento” haciendo que los vehículos detuvieran su marcha, agregó. Reportes de la policía local indican que los militares persiguieron al convoy durante varios kilómetros y que uno de los vehículos salió del camino intentando burlar a los soldados sin éxito. La Sedena agregó que los dos soldados que dispararon “fueron separados de sus funciones” y por tratarse de un hecho donde se vieron afectados civiles, fueron denunciados ante la fiscalía general de México. Source link

A Monterroso, un pueblo lucense que supera los 3.500 habitantes, llegaron el 29 de agosto 126 personas inmigrantes. Desde entonces, son muchos los vecinos que no han parado de organizar actividades para integrarlos, mientras el alcalde del PP, Eloy Pérez, duda de que estas iniciativas consigan una inclusión real. El regidor insiste en que no se opone a la acogida aunque lamenta la gestión realizada por la Delegación del Gobierno en Galicia y el elevado número de nuevos residentes. El presidente de la Sociedad Deportiva Monterroso, Balbino Martínez, coordina la recolecta de ropa donada para entregársela a los recién llegados, que todas las tardes acuden al campo de fútbol para disfrutar de las instalaciones, después de que el equipo local les dedicase el primer partido de liga con un discurso de bienvenida y un pasillo en señal de homenaje y respeto. Algunos ya entrenan con el primer equipo y todos le llaman “presi”. Tienen la entrada gratuita para disfrutar de las competiciones. Martínez considera que los nuevos residentes “son un lujo para el pueblo” y cree que revitalizarán el rural, “ahora en declive”. Confiesa que ya conoce empresas industriales, ganaderas y agrícolas interesadas en contratarlos. “Traen una mochila muy cargada y hay que hacerles la estancia lo más llevadera posible”, asegura. Tatiana De Azevedo, profesora de 40 años, participó en la organización de un pequeño festival de música tradicional gallega como presidenta de la asociación Falcatrueiros. El objetivo era que los nuevos residentes pudiesen conocer mejor la cultura. “Les dimos la bienvenida con canciones y bailes, algunos se animaron a tocar el bombo, el tambor y la pandereta. Fue muy emocionante”, cuenta. Ahora son ellos los que planearán otra actividad para mostrarles sus tradiciones. “Somos un pueblo acogedor”, defiende tras insistir en que el comportamiento de estas personas es ejemplar. Pero el alcalde cree que “el primer paso de la integración es tener formación y trabajo, no jugar un partido de fútbol o asistir a un concierto”. Asegura que estas personas necesitan un empleo con un salario digno y ve muy difícil que todas puedan tener una ocupación laboral en la localidad. “De momento, no hay una inclusión real, son actos decorativos realizados en días concretos”, asegura tras comentar que estas iniciativas le parecen “un lavado de cara”. Le preocupa que no haya una solución a largo plazo: “Vamos a ver cómo se integra esta gente, si es que lo consigue”. Luisa Coto, abogada de 51 años en Monterroso, cree que en el Ayuntamiento dieron un discurso mediático inicial inapropiado sobre este tema: “No fue un mensaje constructivo, era un poco alarmante”. Acudió hace un par de semanas a una reunión vecinal convocada por la asociación local Agrocuir, organizadora de uno de los principales festivales LGTBI de España, en la que participaron alrededor de 70 personas. El objetivo era disuadir los rumores falsos y los comentarios racistas que, según aseguran desde la entidad, “confunden e infunden miedo sin razón alguna”. Durante el encuentro hubo asistentes que solicitaron que los nuevos vecinos pudiesen llegar más tarde del horario establecido al hotel durante el fin de semana de las fiestas de la localidad para poder disfrutar todos juntos de la verbena. Otros se ofrecieron a organizar excursiones para enseñarles los principales atractivos turísticos de Galicia. Algunos docentes jubilados también se mostraron dispuestos a darles clases gratuitas, en caso de que requieran un refuerzo. Al mismo tiempo, Coto confía en que la alcaldía recule en sus actuaciones al darse cuenta de que la situación no es inquietante. Asegura que la gran mayoría de los vecinos, no la totalidad, están satisfechos con esta llegada que “supone un soplo de aire fresco para la comarca”. Varios de los jóvenes africanos, con la camiseta y bufanda de la SD Monterroso, el martes.Carlos Castro Los jóvenes juegan al fútbol, este martes en Monterroso, Lugo. Carlos Castro Los jóvenes posan en el banquillo del campo de fútbol, el martes. Carlos Castro Los jóvenes juegan al fútbol en un campo en Monterroso, Lugo, el martes. Carlos Castro Mecánicos, agricultores y psicólogos Monterroso es un villa donde la huella de un pasado emigrante todavía está muy presente. Los padres de Coto se mudaron a Inglaterra para buscar un futuro mejor. Ella asegura que entre los nuevos residentes hay mecánicos, agricultores, ganaderos, psicólogos y hasta un cámara de televisión: “El rural es diversidad y se está demostrando. Si conseguimos que se sientan acogidos, subirá el índice de población y eso es enriquecedor para todos”. Los recién llegados, de entre 18 y 37 años, están alojados en el hotel Río Ulla y proceden de Malí, Senegal, Mauritania, Marruecos, Nigeria, Somalia y Sudán. Se rodean de un equipo de profesionales dedicados a asistirles entre los que se encuentran un par de profesores de español, tres conserjes, seis técnicos de acogida y dos trabajadores sociales. Reciben clases de lengua castellana todas las mañanas y tienen derecho a contar con asistencia jurídica y psicológica. El regidor denuncia falta de comunicación oficial sobre la nueva situación que vive la localidad: “En la Delegación del Gobierno me dijeron que, en principio, no iban a venir al pueblo cuando en verano les pregunté un par de veces sobre esto porque había rumores. Días antes de su llegada me confirmaron que sí lo harían, pero tuve que enterarme primero por la ONG encargada de la gestión de estas personas”. Recibió la información por parte de la entidad sin ánimo de lucro el 16 de agosto tras no poder reunirse antes por razones de agenda. En la Delegación del Gobierno en Galicia aseguran que existe una comunicación permanente y fluida con la Xunta para informarles de los cálculos con los que se trabaja en cada momento. “Cuando se acerca la fecha de llegada, y con la confirmación, se comunica a los ayuntamientos el traslado. Como ha ocurrido en esta y otras emergencias humanitarias la planificación puede variar porque se trabaja con previsiones que se adaptan a las circunstancias de cada momento”, explican. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y

Las actas de los resultados de las elecciones en Venezuela siguen estando en el foco de la nueva crisis de legitimidad que enfrenta el Gobierno de Nicolás Maduro hace dos meses. Buena parte de la comunidad internacional las continúa pidiendo para reconocer oficialmente la reelección del líder chavista en los comicios del 28 de julio. La oposición ha publicado sus copias en una página web de libre acceso a ciudadanos, analistas de datos y periodistas, según las cuales obtuvieron un triunfo con el 67% de los votos. Ahora, el Centro Carter, que envió especialistas a observar el proceso, las ha presentado este miércoles ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington. “Estas actas son elementos clave, acabo de recibir los originales que se me envió por correo internacional. Se trata de actas originales de Venezuela”, dijo Jennie Lincoln, quien fue la jefa de la misión electoral del Centro Carter que viajó a Venezuela en julio, quien aseguró que según estos documentos el ganador ha sido Edmundo González Urrutia, como defiende la oposición. Tras salir del país luego de su observación, el organismo internacional ya había presentado un duro informe preliminar en el que señaló que el proceso realizado en Venezuela no podía considerarse democrático, de acuerdo a lo que recogieron 17 expertos desplegados en Caracas, Barinas, Maracaibo y Valencia. Esta y otras conclusiones fueron presentadas por Lincoln durante la sesión en la que explicó que aunque el sistema electoral venezolano es electrónico, las máquinas imprimen un acta que sirve como comprobante del resultado de cada mesa de votación que se entregan a testigos de todos los partidos, al Plan República, el contingente militar que custodia el proceso y al propio Consejo Nacional Electoral (CNE), que el 29 de julio proclamó a Maduro sin mostrarlas. “Las actas son documentos públicos que se envían al CNE. Las copias de ellas se imprimen inmediatamente en la mesa y se les brindan a todos los testigos electorales y a los observadores. Todos los partidos políticos pueden calcular los totales de los votos basándose en las actas que recaban de las 30.000 mesas. Estas actas son documentos clave. Fueron analizadas por la oposición y por misiones internacionales independientes y demuestran que son las actas originales del 28 de julio y dan como ganador a Edmundo González con más del 60% de los votos”, dijo Lincoln mientras mostraba unas de las largas papeletas y señalaba los sus códigos de seguridad como el QR que aseguran su autenticidad. El Consejo Permanente de la OEA, en una sesión extraordinaria, el 28 de agosto en Washington (Estados Unidos). Lenin Nolly (EFE) En su intervención en la sesión, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que el proceso electoral fue desde el principio “una serie de las peores cosas que se pueden cometer”. “Como se esperaba no se hizo ni libre, ni justo, ni transparente, como se esperaba se hizo sobre la violación de acuerdos firmados”, agregó en referencia a los acuerdos de Barbados —de los que este mes se cumple un año— en los que el Gobierno de Maduro se comprometía, entre otras cosas, a permitir la participación de todos los candidatos y finalmente decidió inhabilitar a su principal rival, María Corina Machado, luego sustituida por Edmundo González Urrutia. El árbitro electoral venezolano está en mora con las obligaciones que le impone la ley de publicar los resultados desagregados por mesa en su página web y también en la Gaceta Electoral, 30 días después de los comicios. Maduro, tras proclamarse ganador, llevó el conflicto al Supremo, parte del aparato institucional que controla. Los magistrados decidieron realizar un peritaje para convalidar los resultados que le han permitido permanecer en el poder. El proceso se hizo en quince días y la televisión estatal se encargó de mostrar imágenes de los especialistas con tapabocas, viseras y guantes manipulando supuestos documentos entregados por el CNE y otros partidos políticos que participaron en la elección, a excepción de la coalición opositora que respalda a Edmundo González Urrutia. En investigaciones periodísticas del portal Armando Info se revel+o que el procedimiento fue realizado por funcionarios del propio ente comicial y no por expertos independientes. El Gobierno de Maduro huyó hacia adelante en medio de las sospechas de fraude. Al día siguiente de las elecciones reprimió las protestas ciudadanas contra los resultados, encarceló a más de 1.700 personas y fue contra la oposición por la publicación de sus copias de las actas oficiales que lograron obtener de un 83,5% de las mesas, tras enfrentar obstáculos para su trabajo la noche de las elecciones. El argumento del chavismo ha sido que solo el CNE puede dar resultados, aun cuando en 2013 el Partido Socialismo Unido de Venezuela también decidió publicarlas en su web. También han dicho que lo difundido la oposición es una falsificación. Estos señalamientos acabaron en una investigación penal que terminó en la orden de captura contra el candidato González Urrutia y que fue archivada, después de que se este se vio forzado a irse al exilio en Madrid a principios de septiembre. Source link