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La convocatoria a las Elecciones Generales de 2026, realizada por la presidenta de la República, Dina Boluarte, no es un mero acto protocolario. A partir de este anuncio, efectuado el pasado martes 25 de marzo, se activan diversos mecanismos normativos y legales con influencia en el desarrollo del proceso electoral, tanto desde su inicio hasta su culminación. Entre ellos, destaca la entrada en vigor de diversas prohibiciones que regulan la contienda, a las cuales se van implementando otras de manera progresiva, conforme avanza el proceso electoral. Según explicó a El Comercio Roy Mendoza, abogado especialista en derecho electoral, todas estas prohibiciones que se activan buscan que se llegue a garantizar la transparencia que debe caracterizar todo el proceso electoral. “Básicamente, es tratar de preservar la transparencia y la legitimidad en el desarrollo de los procesos electorales, de tal forma que no tengan ninguna repercusión negativa en los futuros resultados”, comentó Mendoza. Esta serie de prohibiciones van a regir a durante todo el período electoral, el cual abarca desde la convocatoria misma a elecciones como hasta que estas son declaradas cerradas de manera oficial, a través de una resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Estas prohibiciones están contenidas en la Ley Orgánica de Elecciones (LOE) y reglamentos respectivos.  Neutralidad, propaganda y publicidad estatal  Una de estas prohibiciones que ni bien tienen efecto tras la convocatoria a los comicios es la de neutralidad electoral, la cual está dirigida al funcionario o servidor público. “Es un deber de abstención que se les impone; es decir, no direccionar, no obligar o inducir a tal o cual postura política, no pueden hacer proselitismo político”, apuntó Mendoza. Justamente, con motivo de ello, el JNE exhortó hace unos días a las autoridades a que respeten la normativa de neutralidad electoral, acotando que de ocurrir infracciones estas serán puestas en conocimiento tanto al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República, como a la misma entidad de la que forme parte el transgresor. “En cuanto a neutralidad, las autoridades o funcionarios públicos en general no pueden, por ejemplo, salir con el logo de un partido, no pueden favorecer alguna determinada candidatura o virtual candidatura, porque dentro del marco de estas normas están prohibidos. Desde la convocatoria elecciones, todas estas reglas ya entran en vigencia y han sido socializadas y vamos a hacer una campaña fuerte para que se entiendan y también para poder fortalecer el conocimiento de estas”, comentó Roberto Burneo, presidente del JNE, en una conferencia llevada a cabo este lunes. El exministro José Tello, especialista en temas electorales, comentó en diálogo con este Diario que, como parte de la neutralidad requerida, los funcionarios públicos que postulan a un cargo de elección popular deben también evitar hacer proselitismo político en la inauguración e inspección de obras; así como repartir bienes adquiridos con dinero del Estado, noventa días antes de la elección. Esta prohibición, precisó Tello, comprende también, por ejemplo, a aquellos congresistas que postularán a ahora la reelección. “En el 2021, se dieron situaciones un poco especiales. Porque no iban a la reelección, varios entraron abiertamente a hacer campaña política y, claro, tuvieron su llamada de atención pública. Pero en este caso no podrían participar”, señaló. Tipo de infractor Prohibiciones de neutralidad electoral Infracción o sanción Autoridades Políticas Intervenir en el acto electoral para coactar, impedir o perturbar la libertad del sufragio, utilizando la influencia de su cargo o los medios de que estén provistas sus entidades Se dispondrá la remisión de los actuados al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y a la entidad estatal en la que presta servicios el funcionario o servidor público, para que actúen conforme a sus atribuciones Practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinada organización política o candidato. Interferir, bajo algún pretexto, en el normal funcionamiento de las mesas de sufragio. Imponer a personas que estén bajo su dependencia la afiliación a determinadas organizaciones políticas o el voto por cierto candidato, o hacer valer la influencia de sus cargos para coactar la libertad del sufragio. Formar parte de algún comité u organismo político o hacer propaganda a favor o campaña en contra de alguna organización política o candidato. Demorar los servicios de correo o de mensajería que transporten o transmitan elementos o comunicaciones oficiales referentes al proceso electoral. Funcionarios o Servidores públicos  Imponer a las personas que estén bajo su dependencia la afiliación a determinadas organizaciones políticas  Imponer que voten por cierto candidato.  Hacer valer la influencia de sus cargos para coactar la libertad del sufragio  Hacer propaganda a favor de alguna agrupación política o candidato, o campaña en su contra.  Funcionarios públicos que postulan a cargos de elección popular, aplicable solo a partir de los 90 días anteriores al día de la elección (12 de enero) Hacer proselitismo político en la inauguración e inspección de obras públicas. Tratándose de elecciones municipales, quedan prohibidos de participar en estas actividades.  Advertencia de abstenerse cometer otra infracción.  Si luego de la primera infracción, presuntamente comete una nueva infracción, se da inicio a esta etapa, en el cual se envía todo lo actuado a la Contraloría Generar, así como a la entidad del funcionario, asimismo, se le impone una multa no menor de 30 UIT ni mayor a 100 UIT al candidato.  Repartir a personas o entidades privadas bienes adquiridos con dinero del Estado o como producto de donaciones de terceros al gobierno central. Tratándose de elecciones municipales, se refiere a bienes adquiridos con dinero de la municipalidad o como producto de donaciones de terceros al gobierno local. Asimismo, el regidor y consejero regional que postule para su reelección está prohibido de referirse directa o indirectamente a los demás candidatos u organizaciones políticas en sus disertaciones, discursos o presentaciones públicas oficiales. Además de ello, entran a tallar también la serie de prohibiciones y parámetros que se establecen respecto a la propaganda electoral. Entre estas, está que no se pueden utilizar oficinas públicas, colegios, iglesias, entre otros, para hacer reuniones o actos a favor o

La intención del gobierno de la presidenta Dina Boluarte de obligar a los medios de comunicación a informar sobre los actos que realiza el Ejecutivo en la lucha contra la inseguridad ciudadana durante los estados de emergencia “es inconstitucional” y antidemocrático, según advirtieron exministros de Justicia y ex titulares del Tribunal Constitucional. El último domingo, tras una nueva sesión del llamado “cuarto de guerra”, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, informó que su oficina está trabajando en un proyecto que modifica la Ley de Radio y Televisión. ¿El objetivo? Crear una “franja informativa mediante la cual los medios de comunicación tendrán que difundir en estados de emergencia las acciones y actividades que viene realizando el Ejecutivo en contra de la delincuencia”. Tras presentar un shock de inversiones, el jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, confirmó este lunes la intención de la administración de Boluarte de instaurar esta “franja”. “Creemos que la lucha contra la delincuencia urbana y el crimen organizado debe ser una tarea de todos y, por eso, lo que se ha hecho es invitar a la prensa para que pueda participar en la visibilización de las acciones que desde el gobierno llevamos adelante, constantemente”, manifestó. Adrianzén refirió que “se tiene prevista esta idea” durante los estados de emergencia, “donde no solamente hay que comunicar las acciones del Gobierno, sino también las medidas que se sugieren que la población adopte en este espacio”. Lee también: Dina, no sé cómo adularte, la crónica de Fernando Vivas En una entrevista en RPP Noticias, el viceministro de Justicia, Juan Alcántara, brindó mayores detalles de los cambios que se pretenden hacer. Por ejemplo, dijo que el artículo 6 de la Ley de Radio y Televisión establece que los medios de comunicación “colaboran con las autoridades”, cuando se dé un régimen de excepción, para proteger la vida y mantener el orden público. Agregó que el proyecto de ley anunciado por Arana buscará regular este artículo para que se dé “una colaboración efectiva”. En ese sentido, sostuvo que ya se han definido tres aspectos para la llamada franja: el primero es que sería entre las 6 p.m. y 11 p.m., es decir en el horario estelar de los canales de televisión, otro aspecto es que solo será para informar sobre la lucha contra la inseguridad, cuando haya catástrofes naturales y sobre salubridad. Y el último punto, es que tendrá una duración de hasta 40 minutos, y que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) definirá “la modalidad” de su ejecución. Alcántara dijo que el gobierno no intenta coactar la libertad de prensa con esta iniciativa y refirió que “no tendría que haber ninguna sanción” en contra de los medios de comunicación que se nieguen a emitir esta franja. Aunque no supo precisar si eso se dejaría claro en el proyecto. (Foto: Presidencia) / Ricardo Cuba Tras una nueva sesión en el “cuarto de guerra”, la presidenta Boluarte afirmó, en aparente referencia a la iniciativa de su gobierno, que “es importante que los peruanos conozcan cada día, cada hora” las acciones en la lucha contra la criminalidad. Fuentes cercanas al Ejecutivo indicaron a este Diario que, tras la ola de cuestionamientos, el gobierno estaría evaluando dar marcha atrás con este proyecto, que se tenía previsto que se debata y vote el miércoles en el Consejo de Ministros. Lee también: Carlos Neuhaus: “No esperemos al 2026, estos cambios tienen que empezar desde ahora” “Esto nos asemeja a Venezuela” Al respecto, el ex jefe de Gabinete Ministerial y exministro de Justicia Juan Jiménez Mayor consideró que la iniciativa del gobierno de Boluarte para obligar a los medios de comunicación a transmitir una franja “nos asemeja” a países, como Venezuela, donde las administraciones de corte autoritario han buscado el control de los canales, radios, diarios y otros. “En la época de Hugo Chávez, en Venezuela se aprobó la ley de responsabilidad social en radio y televisión, se conoció como la Ley Resorte, que obligó a los medios de comunicación a transmitir los mensajes que el gobierno chavista establecía. Esto [el proyecto] afecta a la libertad de información y por supuesto en las circunstancias en las que estamos no es lo más conveniente”, manifestó. En comunicación con El Comercio, Jiménez Mayor sostuvo que existe un error de percepción en el gobierno. “Ellos creen que su situación precaria en legitimidad y la baja popularidad de la presidenta se deben a los medios y no a sus continuos errores y denuncias”, complementó. Lee también: Dina Boluarte: ¿Qué viene ahora tras la convocatoria a elecciones generales para el 2026? El ex titular de Justicia indicó que no existe voluntad de la administración de Boluarte por acercarse a la prensa y que una muestra de ello ha sido su negativa a firmar la Declaración de Chapultepec. “El gobierno no debe ir por ese camino, un camino de gobiernos que no respetan la democracia, como Venezuela, esto [la franja] no es una buena foto a nivel internacional”, remarcó. Jiménez afirmó que este proyecto “sin duda afectaría a la Constitución” y si se llega a aprobar en el Ejecutivo y luego en el Congreso tendrá que ser “impugnado en el Tribunal Constitucional”. Lee también: El 52% considera que la calidad de enseñanza en el país empeoró durante gobierno de Boluarte Una postura similar tuvo el expresidente del TC y exministro de Justicia Víctor García Toma, quien sostuvo que, si los cambios a la Ley de Radio y TV se llegan a concretar en la línea marcada por el Ejecutivo, cabe una acción de inconstitucionalidad y una acción de amparo en su contra. “Yo no le veo futuro a este proyecto de ley, el Congreso probablemente lo rechace. Y sí, es claramente inconstitucional, porque afecta a derechos fundamentales vinculados con la libertad de expresión, de información y restringe principios y valores del sistema democrático”, subrayó. En diálogo con este Diario, García Toma recordó que en tiempos recientes desde el gobierno se brindó “información falsa” sobre seguridad ciudadana y puso como ejemplo cuando el

Caso “Los Niños”: Fiscalía de la Nación pide levantar secreto bancario de Pedro Castillo y 13 congresistas, las razones de la medida y los detalles del caso | Congreso | Fiscalía | Poder Judicial | Secreto bancario | Produce | POLITICA | EL COMERCIO PERÚ Source link

Llama poderosamente la atención que en la fragilidad de sus condiciones la democracia peruana se dé el lujo de permitir que el frecuente manoseo de delicados mecanismos constitucionales, políticamente fulminantes, convierta la relación entre los poderes del Estado en un autodestructivo campo de batalla. Esta descontrolada medición de fuerzas entre el gobierno, el Congreso, la fiscalía, la administración judicial y hasta el Tribunal Constitucional ha creado, inexplicablemente, nuevas fuentes de poder de facto sobre las legales y constitucionales, al punto que pronto los peruanos vamos a tener que aceptar que esta anormalidad descomunal es, oh paradoja, la normalidad institucional real. Lo peor de todo es que los mecanismos constitucionales de control y sanción han derivado en vulgares cuchillos largos. La facultad del Congreso de vacar al presidente bajo la indescifrable causal de incapacidad moral permanente y la facultad del gobierno de provocar contra sí hasta dos negaciones de confianza consecutivas del Congreso como motivo suficiente para disolverlo son ahora armas políticas perfectas no para defender el Estado de derecho sino para transgredirlo alegre y violentamente. Dentro de este uso inescrupuloso del poder, el expresidente Martín Vizcarra apeló osadamente en su momento al rebuscado ilegal argumento de la “denegación fáctica de la confianza” para disolver el Congreso, como ahora congresistas y operadores políticos intentan exculpar su votación por Pedro Castillo y Dina Boluarte en las elecciones del 2021, buscando que la sobreacumulación de carpetas fiscales penales contra ella se convierta en la “razón fáctica” para desaforarla de la presidencia. Del régimen de Castillo hacia acá, el Congreso ha adquirido, precisamente en el manejo por omisión o comisión de los cuchillos largos constitucionales de la “vacancia presidencial”, de la “disolución parlamentaria” y de otros coercitivos, el poder de peso, contrapeso y hasta el dominio absoluto del complejo juego político de sucesivas coyunturas. La sola amenaza de aplicación de la “vacancia presidencial” o de la “disolución del Congreso”, o la sola demanda fiscal y judicial contra, por ejemplo, los partidos o adversarios políticos, bajo el filo de los cuchillos largos de cualquier interés subalterno o propósito venal, basta para generar las suficientes dosis de presión y psicosis política y social desde cualquiera y sobre cualquiera de los poderes del Estado o instituciones involucrados. Así las cosas, la aproximación a nuevos cambios de mando presidencial y parlamentario el 2026, despierta la natural suspicacia de que quienes aspiran al poder ya no lo hacen porque deseen gobernar o legislar de verdad o porque simplemente quieran ganar las elecciones, sino porque saben que en medio de la inestabilidad y anarquía institucional pueden construir nuevas fuentes de poder que las delegadas por el voto ciudadano. ¿Por qué no se quieren cambiar y rectificar muchas cosas ni en la presidencia ni en el Congreso ni en la fiscalía ni en el Poder Judicial? Por la sencilla razón de que los usufructuarios de esas elevadas instancias han descubierto que una institucionalidad en crisis sistémica sirve más a sus fines políticos que una institucionalidad normalizada. *El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta. Source link