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El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, pidió el martes la liberación «incondicional» de todas las personas encarceladas en Venezuela por sus «actividades en el espacio cívico».   Según la oenegé Foro Penal, al menos 889 personas permanecen detenidas por motivos políticos bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Otras organizaciones elevan la cifra a más de un millar.   Grupos de defensa de derechos humanos alertan de patrones sistemáticos de persecución política que incluyen «detenciones arbitrarias» y «desapariciones forzadas».   «Insto a la liberación incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente por sus actividades en el espacio cívico», afirmó Türk ante el Comité de Derechos Humanos en Ginebra.   El responsable de la ONU alertó además que las autoridades venezolanas habían «intensificado la detención de personas percibidas como voces disidentes tanto en el país como en el extranjero».   «Desde julio, mi oficina ha comentado la detención de al menos 17 personas -la mayoría de ellas mujeres, niños y personas mayores- en relación con las actividades de sus familiares. Se desconoce el paradero y la suerte que han corrido otros 12 familiares», dijo.   Türk pidió especialmente la liberación de Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas, Eduardo Torres y Kennedy Tejeda, así como de cuatro adolescentes «que permanecen bajo custodia tras las elecciones de 2024».   En esos comicios, Maduro obtuvo un tercer mandato presidencial a pesar de las denuncias de fraude de la oposición, encabezada por María Corina Machado y su candidato Edmundo González.   Estados Unidos, la Unión Europea y varios países latinoamericanos no reconocieron los resultados.   Tras la votación del 28 de julio de 2024, estallaron protestas que se saldaron con 28 muertos y 2.400 arrestos.   La abogada Rocío San Miguel fue arrestada en febrero de 2024 bajo la acusación de «traición», «terrorismo» y «conspiración» por supuesta vinculación a un atentado contra Maduro, según las autoridades.   El activista Carlos Julio Rojas fue arrestado en abril, acusado de ser «instigador» y «operador logístico» de un intento de asesinato contra el presidente.   Javier Tarazona, director de la oenegé Fundaredes, está preso desde julio de 2021 por cargos de «terrorismo», «traición» e «incitación al odio». Él se declara inocente.   Eduardo Torres, abogado de la oenegé Provea, fue detenido en mayo de 2025 por «terrorismo» y «traición».   Kennedy Tejeda, también abogado y miembro de Foro Penal, está encarcelado desde agosto de 2024.   Los miembros de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos fueron expulsados de Caracas en febrero de 2024 tras expresar su «profunda preocupación» por la detención de Rocío San Miguel.   La oficina pudo reanudar sus actividades diez meses después, pero Türk anunció el martes que, por el momento, carecía de «personal internacional».   «Hemos hecho todo lo posible por restablecer nuestra presencia, en particular solicitando visados y dialogando con las autoridades, pero, lamentablemente, sin éxito», agregó. Source link

Al menos cuatro policías murieron el martes en dos ataques guerrilleros en el convulso suroeste de Colombia, donde rebeldes de distintos grupos se disputan el control del narcotráfico hacia el Pacífico, informaron autoridades.   En medio de frustradas negociaciones de paz con el gobierno del izquierdista Gustavo Petro, las organizaciones ilegales arremeten contra la fuerza pública y los civiles en una ofensiva que constituye la peor ola de violencia en una década.   En la madrugada, un primer ataque en Cali, atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN), dejó dos policías muertos tras la activación de un explosivo mientras patrullaban en una motocicleta, dijo el general Henry Bello, comandante de policía local.   El ELN impone desde el domingo un «paro armado», como se conoce a la restricción de movilidad en contra de la población civil.   Otros dos uniformados fallecieron más tarde en un municipio rural del vecino departamento del Cauca, tras siete horas de «hostigamiento armado» con explosivos, granadas y ráfagas de fusiles dirigidas a una estación de policía local, informó en la tarde el gobernador Octavio Guzmán en X.   El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, responsabilizó de este segundo ataque a disidentes de las FARC al mando de alias Iván Mordisco, el guerrillero más buscado del país.   «Hemos ordenado el despliegue de todas las capacidades de la Fuerza Pública para neutralizar a los criminales», dijo Sánchez.   En redes sociales circularon videos de la zona comercial del municipio reducida a escombros, con más de una decena de edificios destruidos. Según el gobernador Guzmán, varias familias fueron desplazadas y un hospital local fue «atacado».   – Paro armado –   El ELN ordenó el «paro armado», según ellos, para «defender» al país de las «amenazas de intervención» del presidente estadounidense Donald Trump. Desde el domingo, los rebeldes han lanzado 82 ataques, indicaron las Fuerzas Militares.   Los civiles tienen prohibido movilizarse por carreteras y ríos hasta el miércoles en regiones en las que el ELN ejerce la autoridad de facto.   Un conductor de ambulancia también fue asesinado en la frontera con Venezuela en el marco del confinamiento de la guerrilla, dijo el domingo la policía.   Petro ordenó ese día a la fuerza pública «atacar» a la guerrilla y «defender al pueblo de Colombia».   El grupo de origen guevarista tiene presencia en al menos el 20% de los municipios de Colombia, de acuerdo con el centro de estudios Insight Crime.   En lo corrido de este año 146 soldados y policías han sido asesinados por grupos armados, según el Ministerio de Defensa.   – Paz truncada –   Petro intentó negociar la paz con el ELN y las filas de Mordisco tras su llegada al poder en 2022 como parte de una estrategia bautizada «paz total» para desmovilizar a todos los grupos armados del país.   Pero a ocho meses de dejar la presidencia, ambos procesos están detenidos sin avances, mientras la oposición denuncia un fortalecimiento de las organizaciones ilegales.   En enero, el ELN asesinó a más de 100 personas en una región fronteriza con Venezuela, lo que sepultó las negociaciones con ese grupo.   La guerrilla, que se financia principalmente del narcotráfico, considera que Estados Unidos planea operativos militares en Colombia como parte de lo que llaman un «plan neocolonial» de Trump.   El mandatario estadounidense dijo recientemente no descartar ataques en suelo colombiano para destruir laboratorios de cocaína.   Colombia ha tomado esas declaraciones como una amenaza de invasión. Source link

El presidente venezolano Nicolás Maduro comparó al recién electo presidente chileno, José Antonio Kast, con Adolf Hitler, y le exigió «respetar» a los venezolanos en ese país al cuestionar sus promesas de expulsar a los migrantes irregulares, a los que vincula con la criminalidad.   El líder de extrema derecha, que arrasó en el balotaje, ha prometido deportar a los casi 340.000 migrantes sin papeles que viven en Chile, la mayoría venezolanos.   «Usted podrá ser seguidor de Hitler y educado en los valores de Hitler, usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuida’ito le toca un pelo a un venezolano, ¡A los venezolanos se respeta!», dijo Maduro el lunes durante su programa semanal de televisión.   «Señor Kast tenga cuidado, ¿oyó? Deje quieto a quien quieto está, la migración venezolana tiene derechos, la constitución chilena se lo debe garantizar», agregó Maduro, quien recomendó a los venezolanos regresar al país.   Kast tomará posesión el próximo 11 de marzo como el primer mandatario de ultraderecha desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, hace 35 años.   El futuro mandatario vincula la criminalidad con la migración irregular, tras la irrupción de grupos extranjeros como el Tren de Aragua, una megabanda de origen venezolano que Estados Unidos declaró organización terrorista.   Chile sigue siendo uno de los países más seguros del continente, pero la percepción de inseguridad se impuso entre la población, ante el aumento de homicidios y secuestros en la última década.   El presidente estadounidense, Donald Trump, al frente de una campaña de presión contra Maduro con sanciones al petróleo venezolano y un inusual despliegue militar en el Caribe, saludó la elección de Kast. Se refirió a él como una «muy buena persona».   Source link

El principal partido de oposición en Colombia eligió el lunes como candidata para suceder al izquierdista Gustavo Petro en 2026 a una senadora afín a Donald Trump que secunda su presión contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro.   La congresista Paloma Valencia será la carta del partido Centro Democrático, dirigido por el influyente expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), en la carrera presidencial que transcurre en el marco del despliegue militar de Estados Unidos en aguas cercanas a Venezuela.   Cuando Trump ordenó esos ejercicio antinarco en septiembre, la abogada y filósofa de 47 años aseguró en sus redes sociales que «la caída de Maduro» debía ser el «primer paso para que Latinoamérica sea libre».   Valencia defiende los valores tradicionales y el combate frontal a los grupos armados ilegales. El lunes en un discurso moderado con partidarios en Bogotá promovió el «puño de acero» contra la delincuencia y el narcotráfico en el principal productor de cocaína del mundo.   La candidata dijo recientemente que si es elegida como la primera presidenta de Colombia trabajaría con los líderes opositores venezolanos Edmundo González y la Nobel de Paz María Corina Machado.   El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio es cercano a dirigentes del Centro Democrático que aplauden las recientes medidas de Washington contra   Petro como imponerle sanciones económicas por supuestamente hacer pocos esfuerzos para frenar el narcotráfico.   Los comicios de primera vuelta serán el 31 de mayo. El partido de Petro eligió como candidato al también senador Iván Cepeda, un viejo enemigo de Uribe.   -«Lado opuesto»-Sin mencionar a Cepeda, Uribe dijo en una videollamada proyectada durante el evento que Valencia enfrentará a quien «representa» «el lado opuesto de la democracia».   El exmandatario de 73 años encara las elecciones revitalizado, luego de que un tribunal revocó en octubre una condena de 12 años de prisión domiciliaria en su contra por soborno a paralimitares y fraude procesal.   Valencia es nieta del expresidente conservador Guillermo León Valencia (1962-1966) y se describió como «la más leal» de «los soldados» de Uribe.   Iván Duque, último presidente de derecha de Colombia (2018-2022), fue un aliado de Trump durante su primer mandato. Juntos lideraron un cerco diplomático contra Maduro que buscaba su salida del poder tras reconocer como presidente al opositor Juan Guaidó.   En su segunda administración, Trump ha pedido a los electores de otros países que voten por sus amigos derechistas, como lo hizo con el presidente Javier Milei en las recientes legislativas de Argentina y el candidato presidencial hondureño Nasry Asfura. El republicano asegura que también apoyó a José Antonio Kast, elegido el domingo como mandatario de Chile.   Hasta el momento no es claro si Valencia hará una alianza con otro opositor a Petro mejor ubicado en las encuestas. De momento Cepeda parte como favorito en los sondeos.   La campaña está marcada con el asesinato del senador Miguel Uribe, uno de los aspirantes del Centro Democrático.   El político de 39 años, que no tenía parentesco con el expresidente, fue baleado en junio durante un acto público en Bogotá y murió tras dos meses en un hospital.   Source link

Venezuela acusó este lunes a Trinidad y Tobago de ayudar en el «robo» de un buque cargado con petróleo venezolano que Estados Unidos incautó la semana pasada, en medio de las maniobras militares de Washington en el Caribe, según un comunicado de la vicepresidencia.   Estados Unidos implementó en agosto un operativo antinarcóticos en el Caribe que ha contado con el apoyo de la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, aliada del gobierno de Donald Trump.   Caracas informó que tuvo «conocimiento pleno sobre la participación del gobierno de Trinidad y Tobago en el robo del petróleo venezolano» con «el asalto de un buque que transportaba este producto estratégico de Venezuela» el 10 de diciembre.   «Este acto de piratería constituye una grave violación del derecho internacional y una franca transgresión a los principios de libre navegación y de comercio», agregó el texto publicado en la plataforma de mensajería Telegram de la vicepresidenta Delcy Rodríguez.   En un mensaje enviado a la AFP, Persad-Bissessar dijo que no está «perturbada por el comunicado» de Caracas, al tiempo que pidió al gobierno venezolano «dirigir sus quejas al presidente Trump».   El mandatario republicano anunció la semana pasada que su país había incautado un petrolero frente a las costas de Venezuela en una medida sin precedentes en la crisis entre Washington y Caracas.   El gobierno del presidente Nicolás Maduro lo consideró un «acto de piratería internacional».   Maduro había suspendido en octubre los acuerdos energéticos con Trinidad y Tobago, después de que el archipiélago acogiera un buque de guerra estadounidense para ejercicios militares conjuntos.   Ahora, en el comunicado difundido el lunes, ratificó la decisión y ordena «extinguir» todo trato con el gobierno trinitense.   «El Gobierno venezolano ha decidido extinguir de manera inmediata cualquier contrato, acuerdo o negociación para el suministro de gas natural a ese país», indicó la misiva.   – «Ni una gota» –   Trinidad y Tobago anunció este lunes que permitirá a aeronaves militares estadounidenses utilizar sus aeropuertos en las próximas semanas para «movimientos de carácter logístico».   En noviembre también instalaron un radar en el archipiélago con apoyo estadounidense.   El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, advirtió en una rueda de prensa el lunes que las acciones del gobierno trinitense ponen «en peligro las buenas relaciones, pero también pone en peligro a su propio pueblo».   El principal recurso de Venezuela es el crudo, que ha estado sometido a un embargo estadounidense desde 2019.   Esto obliga al país a colocar su producción en el mercado negro a precios sensiblemente más bajos, destinada en particular a países asiáticos.   «No se podrán llevar ni una gota de petróleo. Aquí hay petróleo, pero tienen que pagarlo», recalcó Cabello.   La petrolera estatal Pdvsa denunció en la mañana un «ataque cibernético dirigido a detener su operatividad», aunque la acción solo perjudicó los sistemas administrativos, según un comunicado publicado por la empresa.   Sin señalar autores concretos, responsabilizó a «intereses extranjeros» y acusó nuevamente a Estados Unidos de querer «hacerse con el petróleo venezolano».   – Sanciones prorrogadas –   Horas antes, la Unión Europea (UE) decidió prorrogar hasta enero de 2027 sanciones contra integrantes del gobierno venezolano que han estado vigentes desde 2017. La medida incluye un embargo de «armas y equipos destinados a la represión interna».   El bloque sustentó su decisión en las «persistentes acciones que socavan la democracia y el estado de derecho, así como de las continuas violaciones de los derechos humanos y la represión contra la sociedad civil y la oposición democrática».   Venezuela ha registrado recientemente un incremento de lo que defensores de derechos humanos califican como «detenciones arbitrarias» y «desapariciones forzadas». Hay al menos 889 «presos políticos», según la oenegé Foro Penal, defensora de la mayoría de los casos.   En las últimas dos semanas, el servicio de inteligencia venezolano (Sebin) detuvo a José Elías Torres, secretario general del mayor sindicato del país; a Nicmer Evans, director del medio digital Punto de Corte; y a Melquiades Pulido, dirigente del partido liderado por la opositora María Corina Machado.   Caracas rechazó la renovación de las sanciones europeas, a las que tacha de «medidas coercitivas unilaterales».   «Tras años de aplicación, esta política de sanciones ha demostrado ser un rotundo fracaso, deteriorando de manera significativa las relaciones políticas y diplomáticas» con la UE, indica un comunicado emitido por la cancillería. Source link

El neerlandés Joran van der Sloot, condenado en Estados Unidos y Perú por los sonados asesinatos de dos mujeres jóvenes, intentó suicidarse en una prisión peruana, informaron este lunes las autoridades.   El asesino confeso cumple una sentencia de 28 años en una cárcel al sur de Perú. Después será enviado a Estados Unidos para que purgue otra condena de 20 años.   Van der Sloot, de 38 años, se hizo conocido principalmente por el caso de Natalee Holloway, una estadounidense de 18 años a quien mató en 2005 durante su viaje de graduación de bachillerato a la isla de Aruba. Su cuerpo nunca apareció.   Mientras era investigado huyó a Lima, donde en 2010 asesinó a Stephany Flores, una universitaria peruana de 21 años.   El sábado fue encontrado en su celda en «una situación que comprometía su integridad física», según indicó el Ministerio de Justicia en un comunicado. El interno «se encuentra estable y bajo evaluación médica», añadió.   El programa de televisión Panorama reveló un video en el que el recluso se refiere a lo ocurrido durante un interrogatorio en el penal de Challapalca, en la región Tacna.   «Estaba muy deprimido. Como saben soy paciente psiquiátrico y cada día veo que para nosotros los internos, la situación está peor acá (…) Llega un punto que me dice mi cabeza que ya no quería vivir», sostuvo.   Cinco años exactos después de la desaparición de la joven estadounidense, en mayo de 2010, van der Sloot asesinó a Flores, a quien había conocido en un casino de Lima. Su cadáver fue hallado en un hotel del barrio turístico de Miraflores.   Van der Sloot fue condenado por la justicia peruana en 2012. Cuando estaba cumpliendo su pena fue extraditado a Estados Unidos en 2023. Un tribunal de Alabama le impuso la segunda condena por tratar de extorsionar a la familia de Holloway con información sobre la desaparición de la joven. En la audiencia, confesó el asesinato de la joven.   Después fue devuelto a Perú y recluido en la cárcel de Challapalca, en virtud del tratado de extradición entre ambos países.   Source link