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La Sala Suprema Penal Permanente de la Corte Suprema declaró cumplida la sanción de inhabilitación para ocupar cargo público o contratar con el Estado que se le impuso al prófugo Vladimir Cerrón, como parte de la condena que se le dictó por el Caso “La Oroya”. No obstante, sobre Cerrón Rojas aún pesa otra condena de inhabilitación por tres años y seis meses, que se le impuso el 6 de octubre del 2023, como parte del proceso judicial que se le siguió por el Caso Aeródromo Wanka y por el cual el fundado del partido Perú Libre, pasó a la clandestinidad. Por ello, el prófugo exfuncionario continuará inhabilitado para ocupar cargo público o contratar con el Estado. MIRA: Nicanor Boluarte: Fiscalía reitera que Mateo Castañeda invocó “influencias reales de la presidenta de la República” para archivar caso de su hermano Durante una audiencia, realizada el último martes, la Corte Suprema dio a conocer la decisión, declarando cumplido dicho extremo de la sentencia que lo halló culpable del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Cerrón fue sentenciado en su condición de exgobernador regional de Junín, por lo que en el 2019, se le impusieron cuatro años de pena suspendida, un año de inhabilitación y el pago de S/850 mil de reparación civil. El Poder Judicial (PJ) concluyó que Cerrón Rojas había incurrido en irregularidades al licitar y concesionar la obra “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de La Oroya”. Ilícitos probados en Caso La Oroya Contra Vladimir Cerrón a) El Poder Judicial concluyó que Vladimir Roy Cerrón Rojas, en su condición de presidente del Gobierno Regional de Junín -mediante Carta N° 117-2011- GRJ/PR- insistió con el trámite y solicitó a la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI, el pago de mayores gastos a favor del Consorcio Altiplano, ganador de la buena pro y ejecutor la obra de saneamiento. Todo ello con cargo a los saldos de las transferencias financieras, comprometiéndose el Gobierno Regional de Junín a tramitar ante el Ministerio de Economía y Finanzas la asignación presupuestal adicional; y pese que ya había recibido una respuesta denegatoria de la OEI. b) El Poder Judicial concluyó que luego de la expedición de la Carta N°117- 2011-GRJ/TR de fecha 15 de diciembre del 2011, suscrita por Vladimir Roy Cerrón Rojas, este realizó acciones para concretar el pago a favor del consorcio. c) El Poder Judicial concluyó que debido a la acción realizada por Vladimir Roy Cerrón Rojas, la suscripción de la Carta N° 117-2011-GRJ/PR, y los actos concertados de los cosentenciados, se le pagó la suma de S/850.000.00 al consorcio Altiplano. e) El Poder Judicial también concluyó que Vladimir Roy Cerrón Rojas incumplió sus obligaciones funcionales establecidas en los literales a), f) y g) del artículo 21 del Reglamento de Organización y Funciones de la Entidad aprobado por Ordenanza Regional 087-2008-GRJ/CR y los literales c), h) y k) de las funciones específicas de la Presidencia Regional. La posición de las partes Luis Mayhua, abogado de Cerrón Rojas, había planteado ante la Corte Suprema que para noviembre del 2020, ya se había cumplido el plazo de inhabilitación, debido a que la condena había quedado firme con la confirmación emitida por la Sala Superior de Apelaciones de Junín, que reformó la condena efectiva de cuatro años y ocho meses efectiva, por una sentencia suspendida de cuatro años. Además, ratificó la inhabilitación por un año y el pago de la reparación civil. No obstante, señaló el abogado, cuando solicitaron el levantamiento de la inhabilitación, en febrero del 2021, el juez de investigación preparatoria de Junín indicó que recién estaba disponiendo que se ejecute el cómputo del plazo de la inhabilitación y por tanto, ordenó la inscripción de la condena impuesta a Cerrón en el Registro de Inhabilitados . Por su parte, la Sala de Apelaciones de Junín respondió que se no podía emitir pronunciamiento sobre el levantamiento de la inhabilitación contra Cerrón Rojas pues la sanción administrativa no había surtido efecto, ya que el Gobierno Regional de Junín y el Jurado Nacional de Elecciones, que habían sido comunicados la condena, no habían informado sobre la ejecución de la inhabilitación impuesta. “Mi pedido es que, en vía casación, se revoque la resolución de la Sala Penal de Apelaciones y se reconduzca y se reinterprete en el presente caso, y se declare fundado el pedido de levantamiento de inhabilitación por haber operado el tiempo de inhabilitación y que, como doctrina jurisprudencial, la Corte Suprema pueda interpretar desde cuándo se inicia el cómputo del plazo de inhabilitación.” Luis Mayhua, abogado de Vladimir Cerrón. La procuradora anticorrupción adjunta, Dayana Huamancaja, señaló a su turno que para la procuraduría, el cómputo de la pena de inhabilitación impuesta al condenado debía iniciarse una vez resuelta la casación que había planteado en su momento el Ministerio Público, contra el plazo de inhabilitación. “Para nosotros no debería de computarse desde la fecha que se emitió la sentencia de vista, como pretende el recurrente ¿Por qué? Porque en ese momento estaba en cuestionamiento la pena de inhabilitación que fue recurrida por el Ministerio Público”, dijo. Corte Suprema sostiene que inhabilitación se computa desde que quedó firme la condena en segunda instancia En su resolución, la Sala Suprema Penal Permanente de la Corte Suprema resolvió que debido al tiempo transcurrido, Cerrón Rojas ya había cumplido con la pena accesoria de inhabilitación, por el plazo de un año, que se le impuso en el Caso “La Oroya”. El tribunal recordó que la defensa del prófugo exfuncionario solicitó el levantamiento de la inhabilitación, pero que fue rechazado en primera y segunda instancia. Uno de los argumentos para rechazar el levantamiento de dicha pena administrativa, recordó la sala suprema, fue que la Corte Suprema aún no emitía su pronunciamiento respecto a un recurso de casación que había interpuesto la Fiscalía contra el plazo de la inhabilitación. Finalmente, en marzo del 2022, se rechazó el recurso del Ministerio Público. Ante esto, la Sala Penal Permanente explicó que si bien

Los funcionarios César y Ricardo Sandoval Pozo son dos hermanos cercanos al gobernador de La Libertad y líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña. MIRA: Apoderada de Chibolín dirigió una empresa de oro de la familia Miu Lei César Sandoval, asesor del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República, es parte del círculo de confianza de Acuña en su partido, donde es secretario nacional de Organizaciones Sociales y Gremios Sindicales, además de haber sido su vocero principal en la campaña regional del 2022. Ricardo Sandoval es asesor de la gerencia general del GORE de La Libertad. Pero además de su cercanía con Acuña, los Sandoval tienen un nexo con la minería informal del oro, un gran problema en La Libertad, donde se concentra el 40% de la producción del mineral en el país y la minería ilegal se ha disparado. Los hombres de César Acuña que están vinculados a la minería del oro. El hermano en el Minem Antes de ser asesor en Palacio de Gobierno (abril de este año), César Sandoval, exmilitante del Apra, fue jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Asumió en enero del 2023, cuando Óscar Vera era titular del sector, ya en el gobierno de Dina Boluarte. Al cargo, que ocupó hasta febrero pasado, llegó sin tener experiencia en el sector, según la trayectoria que consigna en su declaración jurada de intereses. En el Minem, Sandoval registra numerosas reuniones. Varias fueron con congresistas que presentaron proyectos que favorecen a la minería informal del oro. El 13 de diciembre del 2023, visitó al congresista de APP Eduardo Salhuana, actual presidente del Parlamento, exasesor de la Federación de Mineros de Madre de Dios y a quien se ha vinculado con el clan del oro ilegal Baca Casas. En la visita, Sandoval estuvo con Alberto Rojas Cortegana, entonces director general de Formalización Minera del Minem y quien habría incurrido en presuntos actos de corrupción, según un informe de la Oficina de Integridad del sector. En este período congresal, Salhuana es autor de varias iniciativas de ley sobre la minería del oro. Tras reunirse con Sandoval y Rojas por lo menos presentó dos. Uno es el proyecto 06903/2023-CR, que “promueve la adquisición de oro proveniente de la minería a pequeña escala”. El planteamiento sería a través de la modificación del artículo 66 de la ley orgánica del Banco Central de Reserva (BCR). Actualmente, sigue en comisión. El BCR considera inconstitucional la propuesta porque vulnera su autonomía. El otro proyecto es el 07287-2023-CR, que planteaba derogar una disposición de la Ley contra el Crimen Organizado sobre medidas para prevenir la tenencia ilegal de artefactos o materiales explosivos en actividades mineras. Esta norma ya fue promulgada. En mayo del 2023, Sandoval recibió en el Minem al congresista Jorge Flores Ancachi (ahora en Podemos), cuando era presidente de la Comisión de Energía y Minas (2022-2023). Luego Flores presentó el proyecto de ley 06035-2023-CR, que también planteaba que el BCR comprara oro del mercado interno, pero a “personas individuales y jurídicas, públicas y privadas, legalmente establecidas”. Otro legislador que visitó a Sandoval fue Víctor Cutipa, autor de un proyecto para ampliar la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Hubo otro visitante a Sandoval, pero ligado a mineros informales e ilegales del oro de Pataz (La Libertad), donde este negocio ilícito ha cobrado víctimas. Se trata de Kilder García Calderón, abogado de los hermanos Teonila Maura y Víctor Orlando Sánchez Iparraguirre. Entre marzo y octubre del 2023 se reunieron por lo menos cinco veces en el Minem. Víctor Orlando Sánchez tiene tres investigaciones por minería ilegal: dos están en etapa preliminar y una en etapa preparatoria. En Ventanilla, además, tiene una indagación preliminar por actos de conversión y transferencia. A él le revocaron su Reinfo en una concesión de la minera Poderosa, pero según su abogado tiene una resolución de formalización del GORE de La Libertad por la concesión Fabiana 18. Teonila Maura Sánchez tiene cuatro investigaciones en La Libertad: dos por minería ilegal y dos por hurto. Para Greco Quiroz, exconsejero y expresidente de la Comisión de Energía y Minas del Consejo Regional de La Libertad, “Kilder García debe ser muy poderoso porque, siendo abogado de mineros […] bastante importantes en la zona [Pataz], ha tenido la suerte de reunirse […] con el jefe del Gabinete de Asesores del Minem, porque si él estuviera en una gestión para ver el tema, con quien debería pedir una cita es con el viceministro de Minas. […] Algo habrá ahí que tendrán que seguramente explicar para qué eran esas reuniones”. Acotó que la condición de un minero cambia cuando no tiene Reinfo o se cancela. “Es minero ilegal”, dijo. “[Los legisladores] posiblemente [vienen] por el tema de formalización, y eso no es malo”. César Sandoval Exjefe del Gabinete de Asesores del Minem César Sandoval aseguró a El Comercio que no conoce a los hermanos Sánchez, pero que sí recibió a García. “Lo he atendido, y no porque lo conozca, sino porque pedía que alguien lo atienda. Había una disposición del ministro [de] que se atienda a todos”. Sobre las citas con los congresistas Flores y Cutipa, dijo que estaban en su derecho de ir al Minem, pero que “como responsable del órgano consultivo, de asesoramiento del ministro, no era el encargado de estructurar proyectos de leyes. Para eso están los viceministros. Ellos vienen a pedir reuniones, a pedir por sus regiones, y posiblemente para tratar el tema de formalización, y eso no es malo”. Sandoval indicó que en la visita que hizo a Salhuana con Alberto Rojas no se conversó de minería informal. “Como funcionarios fuimos […] porque no estábamos de acuerdo con que se le interpele al ministro [Óscar Vera]”. Otros cargos Entre el 2016 y 2018, César Sandoval trabajó como técnico en el despacho del congresista aprista Jorge del Castillo. En el 2018 laboró como asesor de la Comisión de Defensa y Orden Interno del Legislativo. En enero del 2023, solo por una