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La Policía Nacional ha informado este sábado de la liberación de la mujer y el joven de 19 años que habían sido secuestrados el jueves en la localidad residencial de El Salobre, en el sur de Gran Canaria. El cuerpo armado ha precisado que esta liberación ha sido fruto de “la presión policial”, si bien ha rehusado ofrecer más detalles de la operación debido a que la investigación sigue abierta. La mujer y el joven son esposa e hijo de José A. C., un conocido narcotraficante local conocido como José el del Buque. Ambos fueron forzados el jueves a abandonar su domicilio en la exclusiva zona de chalets en el municipio de San Bartolomé de Tirajana y, desde entonces, se encontraban en paradero desconocido. El despliegue policial no se centró solo en el sur de la isla, sino que se amplió a otros puntos del norte y de la capital, las Palmas de Gran Canaria. Fuentes cercanas a la operación explicaron que los indicios apuntan a una operación muy organizada con empleo de violencia y a que el secuestro responde a un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico. La prensa local abunda, en este sentido, que se baraja la hipótesis de que detrás del secuestro se encuentre el robo de más de media tonelada de cocaína, valorada en 25 millones de euros. La organización criminal responsable del cargamento en origen, que habría entrado en contenedores y en caletas de barcos a través del Puerto de Las Palmas, acusaba a la banda del narco José el del Buque de ser los responsables de la sustracción de parte del alijo. La cantidad total de cocaína que metieron en la Isla podría ser superior a las dos toneladas. José el del Buque pasa por ser uno de los mayores narcotraficantes de cocaína de Canarias, sobre todo tras la detención del capo Campuzano a finales de febrero en Madrid. Procede del barrio de Schamann, uno de los más humildes de la capital, si bien su radio de acción se centra más bien en la parte sur de la isla. Source link

Un juez se ha negado a prohibir las redadas de los agentes de inmigración en las escuelas. El Estado de Tennessee ha dado el primer paso para prohibir el acceso de niños sin papeles a las escuelas. Florida ha aumentado las tasas universitarias según el estatus migratorio del estudiante. El Gobierno ha anunciado la investigación a 50 universidades por supuestamente promover la inclusión y diversidad en sus campus. Ha desaparecido la agencia supervisora de la enseñanza del idioma inglés como parte del desmantelamiento del Departamento de Educación. Inconexas entre sí, pero relacionadas, varias iniciativas estatales y federales están convergiendo en un objetivo: privar a los estudiantes migrantes de su derecho a la educación. El martes pasado el comité de la Cámara de Representantes de Tennessee dio luz verde al proyecto de ley del líder de la mayoría republicana, William Lamberth, que permitirá a las escuelas públicas K-12 y chárter “inscribir o negarse a inscribir a un estudiante que se encuentre ilegalmente presente en los Estados Unidos”. Fuera de la sala de reunión, manifestantes indignados protestaban al grito de “¡Qué vergüenza!” y “¡Ciérrenlo!” “Es una falsa esperanza darles a los niños la mejor educación disponible en el mundo y luego decirles que pueden ser profesionales con licencia, médicos con licencia, abogados, contadores, o incluso postularse a un cargo público, porque eso no es cierto”, dijo Lamberth, según recogió el medio Tennessee Lookout. “Si residen ilegalmente en el país, sus sueños tienen un límite”, añadió. Su propuesta va incluso más allá de la que discute el Senado y que ya había despertado la indignación de la comunidad inmigrante. Patrocinada por el senador republicano Bo Watson, el proyecto de ley exige a las escuelas públicas verificar el estatus migratorio de los estudiantes y cobrar la matrícula a los niños que no pudieran demostrar su residencia legal en Estados Unidos. Ambas iniciativas defienden la idea de que los migrantes indocumentados son una carga para los contribuyentes, a pesar de que pagan los mismos impuestos sobre la gasolina, los alimentos y las compras minoristas que ayudan a financiar las escuelas públicas. “No es legal. Si Tennessee lo aprueba, estaría violando la ley federal. Pero esto, obviamente, hará que los padres teman enviar a sus hijos a la escuela. Y estoy segura de que tendrá un efecto dominó y, de nuevo, provocará caídas significativas en la asistencia estudiantil”, afirma Loredana Valtierra, socia de The Century Foundation, un think tank que promueve la igualdad en la educación. Estos proyectos deben pasar aún varios trámites legislativos para ser aprobados, pero de hacerse realidad es muy probable que enfrentaran demandas legales por parte de organizaciones de derechos civiles, ya que contradice el fallo de la Corte Suprema en el caso Plyler contra Doe, que en 1982 reconoció el derecho a la educación de todos los niños si importar su estatus legal. Aunque no se prohíba por las autoridades, el miedo a las detenciones como parte de la campaña de deportaciones masivas de Donald Trump, ya ha hecho estragos en la asistencia a las escuelas. Consideradas por años “lugares sensibles”, como los hospitales y las iglesias, el republicano enterró esa protección y los agentes de ICE (Agencia de Inmigración y Control Aduanero) ya pueden acceder a estos edificios en busca de migrantes que deportar. Temor a las redadas Los niños sufren ansiedad de ir a la escuela y los padres tienen miedo de enviarles y que, si los detienen, no los vean más. El zar de la frontera, Tom Homan, encargado de ICE, ha defendido en varias ocasiones que las detenciones se lleven en las escuelas si es necesario. Esta semana se ha dado a conocer el caso de un niño de la escuela de primaria Konawaena, en Kona, Hawai, que fue detenido mientras asistía a clase. Autoridades del condado explicaron que se hizo para reunirlo con su padre, también detenido. Ambos tenían orden de deportación. “La crueldad y el caos son el punto clave, y quieren que la gente tenga miedo de ir a la escuela y aprender, porque no quieren que los extranjeros en este país tengan acceso a la educación. Ese es el objetivo final. Por eso la gente está tan preocupada por la presencia de agentes de policía en las escuelas, por los niños que son abandonados por sus padres y por tener que presenciar su arresto. Esto atenta contra el derecho a la educación”, critica Naureen Shah, directora de Asuntos Gubernamentales de ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles). El último revés para impedir que los temidos agentes de ICE invadan las aulas en busca de estudiantes sin papeles que deportar ha llegado de un juez federal de Denver, que rechazó una demanda presentada por las Escuelas Públicas de Denver para mantener la aplicación de las leyes de inmigración fuera de los campus escolares. Los abogados de la demanda argumentaron que el miedo de las familias a las detenciones desde que se levantó el veto de los lugares sensibles está provocado un aumento del absentismo de los estudiantes. El juez federal de distrito Daniel Domenico, designado por Trump y exsecretario de Justicia de Colorado, afirmó que no estaba claro en qué medida el temor se debía realmente a las nuevas normas, en lugar de a la preocupación más amplia por el aumento de las medidas migratorias. Asimismo, señaló que las escuelas públicas de Denver aún no habían sufrido redadas. Oklahoma Oklahoma es otro de los Estados donde se ha intentado vetar la educación a los estudiantes sin papeles. El gobernador del Estado, el republicano Kevin Stitt, frenó un plan impulsado por el superintendente estatal, Ryan Walters, y aprobado la Junta Estatal de Educación para exigir el estatus migratorio de los niños al registrarse en la escuela pública. Stitt, que se declaró en contra de la inmigración ilegal, señaló que los responsables de políticas deberían centrarse en atacar a aquellos que están en el país ilegalmente y que cometen otros delitos. Florida Los esfuerzos por impedir el acceso de los migrantes a la educación han sido

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Integrantes de colectivos de personas desaparecidas, acompañados por la Iglesia católica, colocaron este viernes zapatos y velas en Chilpancingo, capital del sureño estado de Guerrero, en memoria de los restos óseos e indicios de personas no localizadas en un rancho de Jalisco (oeste de México), denunciado como un campo de exterminio vinculado a grupos del narcotráfico. Guerrero es uno de los estados más azotados por la violencia del crimen organizado en México. LEE MÁS: Taurinos rechazan propuesta de corridas sin muerte del toro en México En un acto de solidaridad y empatía con las víctimas del Rancho Izaguirre de Jalisco, los integrantes de los colectivos Familiares en Búsqueda María Herrera, Centro de Derechos Humanos José María Morelos, Colectivo Guerrero no más Desaparecidos y el Centro Minerva Bello se reunieron en la plaza central para orar por las víctimas. “A las personas que sepan dónde hay fosas que nos informen, posiblemente ahí están nuestros hijos, todo será anónimo, pueden comunicarse directamente con los colectivos”, expresó Francisca Mayo, del Colectivo Guerrero No más Desaparecidos. LEE MÁS: Estados Unidos desplegará otros 600 militares en la frontera con México La representante de Familiares en Búsqueda María Herrera, Gema Antúnez Flores, reveló que entre los restos localizados en el rancho encontraron e identificaron a una persona desaparecida en la región Montaña, quien ya fue entregada a sus familiares, pero sin ofrecer más detalles. Antúnez criticó que los reclamos son ignorados por las autoridades, por lo que son los familiares quienes llevan a cabo las búsquedas y han logrado encontrar a sus desaparecidos. LEE MÁS: Tragedia en Durango: Al menos 14 muertos en accidente carretero en el norte de México En distintas participaciones los buscadores apuntaron que el estado Guerrero también cuenta con fosas clandestinas, por lo que hicieron un llamado a contactarlos a quienes tengan información de estas. Por su parte, el sacerdote Filiberto Velázquez Florencio, quien dirige el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, remarcó que ese tipo de lugares en donde los grupos criminales reclutan a personas de forma obligada se han convertido en campos de exterminio, e informó que se colocará un buzón en cada iglesia, para que las personas que se pueda entregar información de manera anónima. LEE MÁS: Sheinbaum niega que haya hecho acuerdo “secreto” con Trump para evitar aranceles Este sábado tiene lugar una protesta a nivel nacional tras el hallazgo de un presunto campo de extermino del Cartel Jalisco Nueva Generación con al menos 400 pares de zapatos y diversas pertenencia de desaparecidos, mientras la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, critica a la oposición por magnificar el hecho. Source link