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A esta hora Donald Trump interpreta el monólogo más resonante de la política mundial. No es el único actor en escena, por supuesto. Trump pertenece a esa raza de políticos a quienes no les sacia el apetito conquistar el poder y, con ello, ese momento de singular placer, que consiste en firmar un decreto bajo la luz de las cámaras, o dar una orden a viva voz, una instrucción clara y rotunda, que unos funcionarios saldrán a cumplir de inmediato, sin siquiera preguntar si el encargo es viable. A Trump no le resulta suficiente la gratificación del que ordena, y es testigo de cómo sus palabras influyen, crean unos hechos y modifican la realidad. Sostengo que su goce no es completo si no está acompañado por la aclamación. Necesita del público. De lo que la tradición teatral solía llamar “el favor del público”, que no es otra cosa que aplausos recurrentes y, en momentos especiales, esos segundos mágicos en que un protagonista escucha cómo le ovacionan. Cada ovación transporta algo de sus anhelos, otros bienes que acumular: popularidad, admiración. Trump persigue la ovación y ha creado un dispositivo de extraordinaria eficacia, que enciende y pone en movimiento a diario. Se compone de acciones en refinadas y engañosas secuencias: breves declaraciones, posts, frases con algún dejo de incertidumbre, aclaratorias, amenazas proferidas sin eufemismos, ejecuciones fulminantes, voceros que mantienen al público en ascuas, ataques verbales, decretos que portan decisiones tajantes. Trump no se conforma con dar un puñetazo sobre la mesa: antes de darlo, se ha cuidado de poner un micrófono muy cerca para que se escuche en todas partes. Solo los incautos se escandalizan por el puñetazo. Solo los incautos piensan que ha perdido el control. Solo los incautos no perciben que Trump ha difuminado las fronteras entre política y espectáculo, entre política y teatro. Lo que hay de político en Trump es dramatúrgico: va de escena en escena, de representación en representación. Sin embargo, Trump no está solo en su interpretación. Cada interpretación sería fallida o tendría menor relevancia si los lectores no lo siguiéramos con obsesiva atención. Trump importa porque actúa sobre asuntos decisivos, sobre asuntos que nos conciernen, y también porque es el actor político cuyas performances, cuyas interpretaciones, más conversación, más debate, más aplauso o revulsión generan: de Trump examinamos tanto lo que decide como sus actuaciones alrededor de cada decisión. Como si en su caso, texto y actuación fuesen inseparables. Como todo público, el de Trump también es volátil. Público que transcurre entre altas y bajas. A la emoción sigue la decepción. Y, dos o tres días después, llega el subidón, que no tardará en deslizarse por el tobogán de la expectativa no cumplida. Pasa –nos pasa– que traducimos las frases de Trump y las convertimos en nuestra imaginación, en unas determinadas realidades. Le damos forma a unos anuncios generales. Escuchamos las declaraciones de los voceros como si fuesen emisarios del mismísimo profeta. Pero resulta que Trump está jugando no solo con nosotros, ávidos lectores de este tiempo: también desconcierta, sorprende, cambia las señas a sus más inmediatos colaboradores. De Trump, el político dramaturgo, no se salva nadie. El capítulo que culminó con la revocación de la Licencia 41, licencia que permitía las exportaciones de petróleo desde Venezuela desde finales del 2022, que cancela las operaciones de varias empresas –no solo Chevron, también la española Repsol, la italiana ENI y otras–, pasó por ese mismo titubeo narrativo: parecía que sí, luego que no, y así, una secuencia de síes y noes, hasta que vino el decretazo, con todo el ruido que una medida semejante representa para el régimen. Alrededor de US$6.000 millones menos de ingresos, pero también una prueba, feroz como un puñetazo, no en la mesa sino en el rostro, del altísimo riesgo que representa confundir la escenificación de Trump como un permiso para violar los acuerdos. Se dijo, antes del anuncio decisivo de Trump, que, entre la agenda de los derechos humanos y la agenda del petróleo, la segunda se había impuesto. En otras palabras: que las exportaciones petroleras de Venezuela a Estados Unidos tendrían proyecciones hacia la política y se traducirían en una actitud de silencio ante el largo expediente de crímenes cometidos por la dictadura de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López. El decretazo de Trump nos advierte: debemos aprender a esperar el desarrollo de sus escenas. No desfogarnos de buenas a primeras. Siempre hay más. Siempre viene más. El que haya dado cumplimiento a su promesa de no importar petróleo desde Venezuela es un capítulo que podría cambiar en cualquier momento. Y que nadie piense que la obra alcanzó su final. No. Solo ha transcurrido el primer acto. Y vienen muchos más. Lo aseguro. –Glosado y editado– *El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta. Source link

Al referirse al Tratado de París, que cerró en 1783 la Guerra de Independencia de Estados Unidos, Pedro Pablo Abarca de Bolea, conde de Aranda, legó este atinado pronóstico: “Esta república federal nació pigmeo y ha necesitado el apoyo de España y Francia para su independencia. Llegará un día en que crezca y se torne coloso temible. Entonces olvidará los beneficios recibidos y solo pensará en su engrandecimiento”. Más de 170 años después, en 1955, Félix Gordón Ordás, presidente del Gobierno republicano en el exilio, se lamentaba en una conferencia en Burdeos (Francia) de los Pactos de Madrid entre el régimen franquista y EE UU, firmados en 1953: “A nadie le extrañará que quienes aprendimos a amar a los EE UU en las ideas de los Lincoln y los Jefferson estemos perdiendo nuestro cariño”. Estas dos frases condensan dos características de la relación entre España y Estados Unidos, una relación marcada históricamente por la desconfianza, la fascinación y la dependencia, cuyos términos parecían fijos desde 1953 pero que ahora se adentra en terra incognita tras el brusco cambio de actitud hacia toda la UE impulsado por Donald Trump. Por un lado, las palabras del estadista de estirpe nobiliaria ofrecen la pista de lo que sería un prolongado recelo de España hacia la potencia naciente, que le ha infligido derrotas humillantes, la principal en la guerra que acabó con el Desastre de 1898, culminación de un siglo en que EE UU le arrebató sus posesiones en Norteamérica y apoyó los movimientos de independencia de las colonias en el centro y el sur del continente. Aquella sucesión de mazazos aquilató un antiamericanismo especialmente fuerte en las capas conservadoras españolas, que veían en la patria de George Washington todo lo que no querían para la suya: una república federal sin religión oficial ni aristocracia que ofrecía una promesa de movilidad social. La frase de Gordón en Burdeos ofrece el segundo hilo del que tirar: el de la fascinación —decepcionada al menos en parte en 1953— que EE UU despertó desde su origen en los sectores democráticos españoles por los mismos motivos por los que desagradaba a los inmovilistas. Aquella afinidad se encarnó en el siglo XIX en la Sociedad Abolicionista, que en la estela estadounidense reclamaba el fin de la esclavitud en las colonias españolas y fue germen de diversas iniciativas liberales y republicanistas. Estas dos líneas históricas se cortaron en 1953, cuando el “coloso” que auguró el estadista monárquico traicionó las esperanzas del republicano en el exilio. “Los Pactos de Madrid fueron un punto de inflexión. El antiamericanismo, hasta entonces predominantemente conservador, empezó a identificarse cada vez más con sectores progresistas, y desde entonces no ha dejado de hacerlo”, explica el profesor de Ciencias Sociales en la Universidad Carlos III Daniel Fernández, autor de El enemigo yanqui (Geneuve, 2012). ¿En qué consistieron aquellos acuerdos? EE UU ayudaba con dinero a España y rompía su aislamiento a cambio de asentarse militarmente en Zaragoza, Torrejón (Madrid), Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz). Washington convertía a Franco en su aliado en la Guerra Fría. Quedaban sentadas las bases de una relación que hasta ahora había seguido una regla: EE UU mantiene a España bajo su protección armada y España ofrece su colaboración para la hegemonía geopolítica y militar estadounidense, todo ello mientras crece la relación económica. La entrada de España en la OTAN en 1982, ratificada en referéndum en 1986, reafirmó las bases previas del vínculo bilateral. Es difícil negar que España ha hecho su parte. En un artículo de 2024 sobre la evolución de la relación entre ambos países, Carlota García Encina, investigadora sobre Relaciones Transatlánticas del Real Instituto Elcano, detalla cómo los sucesivos gobiernos han extremado su disposición a mostrarse como un aliado militar fiable. Aunque el caso más extremo es el apoyo de José María Aznar a la invasión de Irak pese a la fuerte oposición social, hay otros ejemplos de compromiso llevado incluso más lejos que otros socios, como el despliegue en el marco de la guerra de Siria de misiles en Turquía en 2014, “cuando ningún aliado parecía dispuesto”, escribe la autora. La relación ha sufrido altibajos. Pero, incluso en momentos de tensión, la alianza militar se ha mantenido. A veces, más allá de las apariencias, hasta se ha reforzado. ¿Ejemplos? Tras el acuerdo de 1988 para una reducción de la presencia militar estadounidense, que levantó ampollas en Washington, España le concedió “facilidades logísticas” para operar en Oriente Medio que ni siquiera Franco había dado, recoge el diplomático Carlos Alonso Zaldívar en un artículo sobre relaciones entre ambos países. Después del archiconocido gesto de José Luis Rodríguez Zapatero interpretado como un desaire a la bandera de las barras y estrellas en 2003 y de la retirada de las tropas de Irak en 2004, el mismo Gobierno del PSOE negoció el despliegue de cuatro destructores del escudo antimisiles de la OTAN en Rota. En conversación telefónica, García Encina subraya que también fue Zapatero quien envió tropas a Haití tras su terremoto de 2010, decisión del agrado de la Casa Blanca. Aunque en la primera etapa de Trump las relaciones Washington-Madrid se resintieron, sobre todo por la falta de sintonía política una vez llegó al poder el PSOE, la cooperación militar nunca se puso en entredicho, incluyendo la aceptación de más tropas en Rota. ¿Es la actual crisis otra agitación superficial, en este caso propiciada por Trump, que no alterará las bases profundas de la relación? No lo cree Daniel Fernández, profesor de la UC3M, para quien la explícita falta de compromiso militar de Trump con la UE, sumada a la amenaza arancelaria, supone un “punto de no retorno”. “España siempre ha sido un aliado leal, confiando en que la relación era recíproca. De repente, descubrimos que no. Aunque una futura Administración rectifique, la duda ya está sembrada. ¿Quién garantiza que en el futuro no habrá nuevos Trumps? Cuando se pierde la confianza, cuesta recuperarla”, afirma el coautor de Somehow different. España vista desde Estados Unidos (Catarata, 2023), para quien hay “condicionantes

Un juez federal del circuito de Washington ha dictado este sábado el bloqueo temporal del uso de la Ley de Enemigos Extranjeros invocada horas antes por Donald Trump para acelerar las deportaciones de venezolanos. El presidente de Estados Unidos había concretado la amenaza de recurrir a la vetusta norma, que se remonta a 1798, para el que ha convertido en uno de sus principales adversarios: la banda criminal de origen venezolano Tren de Aragua. Designada como organización terrorista por el propio Trump, ahora acusa a la banda criminal de “estar perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión depredadora contra el territorio de Estados Unidos”. También afirma que la pandilla opera junto con carteles de drogas supuestamente patrocinados por el Gobierno de Venezuela, lo que tensa aún más las relaciones entre ambos países. La aplicación de la ley se enfrenta a más litigios en tribunales, como la norma que otorga al presidente poderes extraordinarios para expulsar inmigrantes indocumentados sin audiencias. Está por verse si logra extenderse el veto. En cualquier caso, Trump destaca que, como presidente y comandante en jefe, es su solemne deber proteger a los estadounidenses de “los devastadores efectos” de la supuesta invasión de la pandilla. En la orden ejecutiva se señala que el “Tren de Aragua opera en conjunto con el Cártel de los Soles, la empresa narcoterrorista patrocinada por el régimen de Nicolás Maduro con sede en Venezuela, y comete crímenes brutales, incluidos asesinatos, secuestros, extorsiones y tráfico de personas, drogas y armas”. Según Washington, el Tren de Aragua está promoviendo la migración ilegal masiva a Estados Unidos para “promover sus objetivos de dañar a los ciudadanos estadounidenses, socavar la seguridad pública y apoyar el objetivo del régimen de Maduro de desestabilizar las naciones democráticas de las Américas”. Esta ley solo se ha aplicado tres veces, siempre en tiempos de guerra y requiere una declaración oficial de guerra desde el Congreso para aplicarse. En la Segunda Guerra Mundial sirvió para enviar a los estadounidenses de origen japonés a campos de prisioneros. Trump la ha resucitado ahora para impulsar su plan de deportaciones masivas de inmigrantes ilegales y multiplicar las expulsiones a la base naval de Guantánamo y otros lugares que disponga su Administración. Desde los primeros días al mando, Trump ha mostrado los dientes contra los inmigrantes. Eso lo llevó a acordar con Maduro, a través de su enviado especial para Venezuela, Richard Grenell, el envío de aviones para deportar a venezolanos, entre los que Estados Unidos aseguró que estaban incluidos miembros del Tren de Aragua. Solo llegaron tres vuelos en febrero con unos 609 venezolanos. Ante la supuesta paralización de los traslados por parte de Venezuela, Washington decidió revocar la licencia a la petrolera Chevron que sostiene las frágiles finanzas de Maduro. Pero el endurecimiento con el chavismo tuvo un revés esta misma semana, cuando dieron señales de haber retomado el entendimiento. Tanto Grenell como Jorge Rodríguez, jefe del parlamento venezolano y principal operador político del chavismo, anunciaron que retomarían los vuelos de deportación de venezolanos desde el viernes. En la orden de la Casa Blanca, se señalan vínculos entre el exfuncionario chavista Tareck El Aissami y la pandilla criminal. El Aissami fue gobernador del estado donde el Tren de Aragua tenía su base de operaciones -antes de expandirse por la región- y luego ascendió en el poder hasta convertirse en presidente PDVSA y ministros de Petróleo. Está sancionado por Estados Unidos. El año pasado fue encarcelado por el propio chavismo bajo acusaciones de corrupción en la industria petrolera. El documento de la Casa Blanca señala: “Al igual que El Aissami, Nicolás Maduro, quien afirma actuar como presidente de Venezuela y ejerce control sobre las fuerzas de seguridad y otras autoridades en Venezuela, también mantiene estrechos vínculos con narcoterroristas patrocinados por el régimen. Maduro lidera la empresa patrocinada por el régimen Cártel de los Soles, que coordina y depende del Tren de Aragua y otras organizaciones para llevar a cabo su objetivo de utilizar narcóticos ilegales como arma para inundar a Estados Unidos. En 2020, Maduro y otros miembros del régimen fueron acusados de narcoterrorismo y otros delitos en relación con este complot contra Estados Unidos”. En las últimas semanas, la líder de la oposición María Corina Machado ha venido advirtiendo en sus declaraciones públicas sobre la relación que asegura tiene Maduro con la pandilla y otras organizaciones criminales. Esto vuelve a tensar la cuerda al aumentar la presión sobre Maduro. Estados Unidos ya había ofrecido recompensa por la captura de Maduro, El Aissami y otros altos funcionarios y a principios de enero, en las últimas horas de Biden en el poder, fue incrementado a 25 millones de dólares el monto. En concreto, la orden de Trump señala que todos los venezolanos de 14 años o más que sean miembros de Tren de Aragua en Estados Unidos pueden ser detenidos y expulsados “como enemigos extranjeros”. Esta medida de la Administración Trump ha encendido las alarma sobre las implicaciones que puede tener para miles de venezolanos en Estados Unidos, para quienes ya se han revocado beneficios como los TPS. Esta semana, The New York Times reveló el borrador de una medida que estaría preparando el Gobierno de Estados Unidos para imponer otras restricciones de ingreso a ciudadanos de un grupo de nacionalidades entre las que están los venezolanos. Source link

José Luis Sanz (Sevilla, 1968) había conseguido dejar atrás las críticas por haber pactado con Vox los presupuestos municipales de 2025. Se disponía a gobernar sin el corsé de su primer año de mandato como alcalde de Sevilla (686.741 habitantes —con unas cuentas, primero prorrogadas y luego aprobadas en agosto gracias a una cuestión de confianza—, cuando se ha topado con un súbito imprevisto, que, además, parece que parte de su propio partido. La publicación de supuestos sobresueldos y gastos del PP con cargo a fondos de la Diputación, hace una década, cuando él ocupaba cargos de responsabilidad, ha trastocado la estabilidad política que deseaba para la cuarta ciudad de España con una maniobra que él denuncia que pretendía “amedrentarlo”. Sanz se queja, también, de la falta de interlocución con el Gobierno para resolver problemas seculares de la capital andaluza, como la falta de infraestructuras, y nuevos, como los problemas de un turismo, que el regidor hispalense no considera que esté masificado. Pregunta. Ahora que ha pactado el presupuesto municipal con Vox, ¿tiene margen para realizar sus propias políticas? Respuesta. Hay más posibilidades de hacer muchas cosas. El anterior entró en vigor muy tarde, el 8 de agosto, aunque tuvo una ejecución del 78%, pero poco se pudo hacer. Este año estamos afrontando los grandes problemas que tiene la ciudad con mucha más perspectiva y presupuesto. P. En ese debate de presupuestos usted dijo que no veía a la ultraderecha, pero la portavoz de Vox hizo un discurso contra la propaganda feminista, la lucha contra la violencia machista o la inmigración “ilegal”. ¿Lo comparte? R. No lo comparto en absoluto, pero como tampoco comparto el que hacen otros portavoces en el pleno. Yo no tengo un acuerdo de gobierno con Vox, no somos socios de gobierno, solo hay un acuerdo para aprobar un presupuesto que se aleja de lo ideológico y se centra en la gestión de los grandes problemas que tiene Sevilla. P. ¿No es ideológico reducir la partida de la unidad contra la violencia de género y destinarla a asociaciones que se autodenominan pro vida? R. Bueno, a otro tipo de asociaciones que se preocupan también por las madres solteras. Tengo claro que en violencia de género este país ha conseguido grandes avances y, si de mí depende, en el Ayuntamiento de Sevilla no vamos a dar ni un solo paso atrás. Lo tengo clarísimo. El acuerdo firmado con Vox no sobrepasa ninguna línea roja. El acuerdo con Vox se aleja de lo ideológico, no sobrepasa ninguna línea roja” P. ¿Sevilla tiene un problema de masificación turística? R. Creo que no. El fenómeno que se está viendo en la ciudad es un fenómeno global igual al de cualquier otra capital europea. Pero no nos olvidemos, el turismo es la principal industria de la ciudad, supone el 25% del PIB. A mí me gustaría que hubiera más fábricas de aviones, de tanques, que la industria agroalimentaria fuera todavía mucho más fuerte, pero eso, de aquí a mañana, no lo vamos a conseguir. P. Los alcaldes de las principales capitales andaluzas abogan por la tasa turística. ¿Por qué no logran convencer a la Junta de que regule su aplicación? R. Esa es mi idea, que fuera un decreto de la Junta, que es quien tiene la competencia, al que cualquier ciudad se pueda acoger. Sevilla es la tercera ciudad más visitada de España, con casi cuatro millones de visitantes y ocho millones de pernoctaciones. ¿Se les puede dar servicio de limpieza, de seguridad y mantener nuestro conjunto histórico con el IBI que pagan los sevillanos? Rotundamente no. Esa es la motivación para reclamar una tasa turística. Hay otros instrumentos que no pasan por la Junta. Podemos mirar al Ministerio de Fomento o al Ministerio de Hacienda y decirle a la ministra, ahora secretaria general del PSOE andaluz que, por ejemplo, un porcentaje del IVA que el turismo paga en la ciudad repercuta en la ciudad. No hay un ministro de Fomento que se preocupe por el déficit de infraestructuras que tiene Sevilla o uno de Hacienda que se preocupe por los problemas del turismo. En el Gobierno de la nación no hay un interlocutor. P. El ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró recientemente que ojalá tuviera con usted la misma interlocución que con la alcaldesa de Granada (PP). R. El ministro por aquí no ha venido. Vino una vez y se encerró en la Diputación de Sevilla (PSOE). Le hemos mandado varias cartas, le hemos pedido varias citas y no hemos tenido respuesta. En el Gobierno de la nación no hay un interlocutor” P. ¿Qué solución le va a pedir al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para abordar el narcotráfico en el Guadalquivir? R. Esa cita es para poner encima de la mesa el número de policías nacionales que faltan en la ciudad de Sevilla, los problemas de seguridad que eso genera. Por lo visto no solo faltaban policías nacionales, también faltaban guardias civiles en el área metropolitana de Sevilla, que es quien tiene que controlar las entradas o salidas de esas narcolanchas. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, durante la entrevista con EL PAÍS en el Ayuntamiento hispalense. PACO PUENTES P. ¿Es partidario de una unidad de la Guardia Civil patrullando el Guadalquivir? R. No sé cuál es la gravedad real del problema, pero si cada día es más frecuente, a lo mejor es conveniente que haya unidades parecidas a las que hay en otras zonas del litoral andaluz, también en el río Guadalquivir. P. ¿Cuál cree que es el objetivo de las informaciones sobre los pagos de sobresueldos y de gastos del partido con dinero de la Diputación de Sevilla? R. Lo único que se me ocurre es que la intencionalidad de esa información es desestabilizar al gobierno municipal o poner en riesgo la alcaldía de la capital de Andalucía. P. Dijo que al alcalde de Sevilla “no se le coacciona”. ¿Quién le ha intentado coaccionar y cómo? R. A mí directamente nadie. Pero, cuando veo

Pocos minutos después de las ocho de la noche del viernes, Cuba entera ya era un punto ciego en el mapa de la región. Por cuarta vez en seis meses la isla quedó completamente a oscuras luego de la caída del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a causa de una avería en una subestación del Diezmero, un barrio en la periferia habanera, que provocó una pérdida “importante” de generación en el occidente del país, según informaron las autoridades. Los cubanos no esperaron para volcarse en redes sociales con las mismas quejas que arrastran desde hace tiempo: el reclamo común de “¿hasta cuándo?”, “esto no acaba” o “esto es una falta de respeto”. Un grupo de vecinas conversan en la calle en la calzada 10 de octubre, durante el apagón la noche del viernes 14 de marzo de 2025. Marcel Villa Decenas de fotos dibujaban un escenario del fin del mundo: un equipo médico del hospital provincial Dr. Gustavo Aldereguía, de Cienfuegos, que tuvo que encender las linternas de sus celulares para terminar una operación quirúrgica; gente en plena calle esquivando el calor y el tedio; otros mostrando, entre lo molesto y lo simbólico, el hotel Torre K-23 de La Habana completamente alumbrado en medio del apagón, como un recordatorio de la distancia entre los cubanos y las prioridades de su Gobierno. Para la madrugada del sábado, la Unión Eléctrica (UNE) comunicaba que había restablecido parte del servicio en las 12 provincias cubanas. Las autoridades también confirmaron que los aeropuertos internacionales mantenían sus operaciones. No obstante, gran parte de la población se encuentra aún sin servicio eléctrico casi 16 horas después del colapso. Es una situación desesperante para la mayoría. A pesar de que los apagones son constantes al menos en el último año, nadie se adapta a que sea la normalidad. “La gente se siente mal, es un descaro, tenemos que seguir aguantando. Esto es lo último y tenemos que aguantar callados, porque ni siquiera puedes protestar porque te llevan preso”, aseguró desde el municipio Bauta, a 40 kilómetros al suroeste de La Habana, una cubana que pidió permanecer en anonimato, y quien asegura que, a las once de la mañana de este sábado, todavía permanece sin luz eléctrica. El último gran colapso de la SEN se produjo en diciembre del pasado año, pero el primer gran apagón de este tipo se registró en octubre, cuando localidades enteras permanecieron sin luz hasta casi cinco días y las autoridades tuvieron que reconocer que el país se encontraba en una “situación de emergencia energética”. Desde hace un tiempo los cubanos, a modo chiste trágico, suelen decir que no viven entre apagones, sino entre “alumbrones”. Hay quien tiene dos horas de luz por día y se apura en cocinar todo lo que puede en ese tiempo; hay quien se pasa un día entero sin comunicarse con sus familiares en el exterior cuando se agota la batería del celular; hay quien ve como un golpe de suerte tener tres días consecutivos de electricidad y sintonizar la telenovela de la noche; hay quien no va al trabajo o la escuela, actividades que el gobierno suspende oficialmente y con no poca frecuencia por la falta de luz. A todos los atraviesa un malestar general, la certeza de haber vuelto a la precariedad y el desasosiego del llamado Periodo Especial de inicios de los noventa, y la convicción de no saber si hay una solución a corto plazo para la crisis energética cubana. Un joven camina por las calles de Centro Habana alumbrándose con su teléfono móvil. Marcel Villa Los funcionarios han explicado que el déficit de generación eléctrica en Cuba recae en “el estado de la infraestructura, la falta de combustible y el incremento de la demanda”. Ciertamente, el país, sumido en una de las peores crisis económicas de su historia, no cuenta con divisas ni recursos para brindar mantenimiento al añejo sistema de termoeléctricas que tienen casi 40 años de funcionamiento. Durante el último año el país vio una reducción en el suministro de petróleo que llegaba de aliados como Venezuela, México o Rusia. La falta de carburante obliga al Ministerio de Energía a parar un número determinado de motores de generación eléctrica distribuidos por el país, lo que desvía toda la presión de la red a las siete centrales termoeléctricas terrestres. Cuando una de estas instalaciones falla, lo que sucede con frecuencia debido a la obsolescencia de las infraestructuras, el servicio se queda sin respaldo suficiente y en ocasiones se produce una desconexión total. Cuba alquiló entre 2022 y 2023 ocho centrales flotantes a una empresa turca para suplir las carencias, pero en la actualidad solo queda una junto al puerto de La Habana. Aunque es una crisis de décadas, los apagones diarios se intensificaron en agosto. En febrero el déficit eléctrico alcanzó el 57%, lo que significa que, en un momento concreto, casi seis de cada diez bombillas en el país no podían encenderse por falta de capacidad de generación. Antes, hubo otros tres colapsos de máxima gravedad: en dos ocasiones la mecha fue una falla en la central Antonio Guiteras, una de las mayores del país. Y a principios de noviembre los estragos del huracán Rafael provocaron otra caída. En todos los casos la recuperación del servicio llevó días, especialmente después del huracán, ya que además de reiniciar la red las autoridades tuvieron que arreglar postes, transformadores y líneas de alta tensión que habían quedado destruidas. El enorme coste social y económico de la crisis energética —en un país al que se le suman el detrimento del turismo que trajo la pandemia de covid-19, la crisis sanitaria o la falta de alimentos, que han repercutido en un éxodo sin precedentes de la historia cubana reciente, —no tiene soluciones inmediatas. Los expertos estiman que la inversión necesaria para una renovación del sistema eléctrico oscilaría entre los 8.000 y los 10.000 millones de dólares, y el director general de electricidad del Ministerio de Energía, Lázaro Guerra, aseguró el año pasado en una entrevista a