El expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte ha sido arrestado este martes por la mañana en el Aeropuerto Internacional de Manila por orden del Tribunal Penal Internacional (TPI), que lo acusa de crímenes de lesa humanidad por su sangrienta guerra contra las drogas. Grupos defensores de los derechos humanos aseguran que, durante dicha campaña, decenas de miles de personas fueron ejecutadas de manera extrajudicial. El líder filipino, de 79 años, ha sido detenido por la policía a su regreso de Hong Kong, donde estaba de viaje, y se encuentra bajo custodia en la base aérea de Villamor, según ha comunicado el Gobierno filipino. Su asesor jurídico, Salvador Panelo, ha calificado el arresto de “ilegal”, alegando, entre otros motivos, que Filipinas se retiró en 2019 del tribunal internacional con sede en La Haya (Países Bajos). De hecho, el país se había negado hasta el año pasado a cooperar con la investigación del tribunal, argumentando que no tenía jurisdicción sobre el caso. “A primera hora del martes, la oficina de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) de Manila recibió la copia oficial de la orden de arresto”, informa el Ejecutivo del archipiélago asiático. “El expresidente y su equipo gozan de buena salud y un médico del Gobierno los está examinando”, prosigue el texto, recogido por la agencia de noticias filipina PNA. Las autoridades aseguran que los agentes de la Policía Nacional de Filipinas que ejecutaron la orden de detención iban equipados con cámaras corporales para garantizar la transparencia de la operación. Duterte y sus acompañantes aterrizaron a las 09.20, hora local (las 01.20, hora peninsular española), en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila. En ese momento, el Fiscal General del país presentó la notificación del tribunal, y las fuerzas de seguridad nacional lo escoltaron fuera del aeropuerto. Minutos antes de su detención, el político se mostró desafiante, fiel a su estilo: “Tendrán que matarme primero”, declaró al bajar del avión, según recogen los medios locales. Agentes de policía montan guardia frente a la base aérea de Villamor, donde el expresidente Rodrigo Duterte fue llevado tras su arresto por orden de la Corte Penal Internacional (CPI), este martes en Pasay.Ezra Acayan (Getty Images) Partidarios del expresidente Rodrigo Duterte se reúnen en el exterior de la base aérea de Villamor.Ezra Acayan (Getty Images) Agentes de la policía filipina desplegada en el vestíbulo del Aeropuerto Internacional de Manila ante la llegada del expresidente filipino para su detención.ROLEX DELA PENA (EFE) Agentes de policía montan guardia frente a la base aérea de Villamor, donde el expresidente Rodrigo Duterte fue llevado tras su arresto por orden de la Corte Penal Internacional (CPI), este martes en Pasay. FRANCIS R. MALASIG (EFE) “Muéstrenme ahora la base jurídica por la que me encuentro aquí”, se escucha decir a Duterte en un vídeo publicado por el medio filipino Rappler, en el que se le ve sentado en un sillón y con semblante serio. El ambiente parece relajado. “Deben responder por esta privación de mi libertad”, prosigue. Aunque Duterte abandonó la política en 2022, continúa siendo una de las figuras más influyentes de la nación (su hija Sara es actualmente la vicepresidenta) y ha disfrutado de relativa inmunidad a pesar de las múltiples acusaciones que pesan en su contra. En Hong Kong, ciudad que acoge a una gran comunidad filipina (es la minoría étnica más numerosa de la urbe, sumando aproximadamente 130.000 personas), Duterte había participado en un acto electoral previo a los comicios de mitad de mandato del próximo 12 de mayo. La guerra contra el narcotráfico de Duterte se convirtió en la piedra angular de su Administración (2016-2022). Su mensaje populista y la promesa de ejercer mano dura para limpiar las calles de traficantes y toxicómanos le llevaron a la presidencia, pese a que múltiples expertos afirmaban que el país no enfrentaba un problema de drogadicción desproporcionado. En su mitin de cierre de campaña, llegó a instar a su electorado a “olvidar las leyes de derechos humanos”. “Traficantes, ladrones y vagos, será mejor que os larguéis, porque os mataré”, advirtió entonces. Según datos oficiales de la Policía, en los operativos murieron unos 6.200 sospechosos, pero las oenegés locales e internacionales elevan la cifra a más de 30.000. En 2021, el TPI inició una investigación en su contra por las ejecuciones extrajudiciales que se produjeron entre 2011 y 2019, todas ellas bajo su mandato, primero como gobernador de Davao (2009-2015), la segunda ciudad más grande del país, y luego a nivel nacional. Duterte retiró a Filipinas del TPI de manera unilateral en 2019, un movimiento que diversos activistas criticaron por considerar un intento para eludir la rendición de cuentas. Pese a su salida de este organismo, Filipinas continúa siendo miembro de la Interpol, que tiene potestad para solicitar la detención de Duterte en nombre del tribunal. La abogada filipina Kristina Conti, asistente legal del tribunal, apunta que el expresidente debe ser entregado ahora a un Estado miembro del tribunal internacional y después a su sede en La Haya, cita Rappler. Familiares de víctimas de la guerra contra las drogas del expresidente participan en una manifestación tras la decisión de la Corte Penal Internacional de reanudar su investigación sobre Duterte, el 18 de julio de 2023 en la ciudad de Quezón (Filipinas).Ezra Acayan (Getty Images) Reclusos son reunidos en el patio de la cárcel mientras el personal de la Oficina de Administración Penitenciaria y Penología registra las instalaciones de la Cárcel de la Ciudad de Manila en busca de drogas y otros elementos ilegales el 30 de noviembre de 2018 en Manila (Filipinas).Jes Aznar (Getty Images) Familiares de presuntos muertos extrajudiciales usan velos mientras participan en una protesta contra los asesinatos de la guerra contra las drogas afuera de la sede militar y policial el 17 de julio de 2019 en Manila (Filipinas).Ezra Acayan (Getty Images) El arresto de este martes supone un paso clave en la búsqueda de la justicia de miles de filipinos que llevan años reclamando responsabilidades por la muerte de sus familiares. Muchos de ellos fueron
