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A poco más de cuatro años de la muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, este martes comenzó en Buenos Aires el juicio para desentrañar la responsabilidad de los profesionales de la salud que debían atender al exfutbolista. Cuatro médicos, dos enfermeros y un psicólogo están acusados de homicidio simple por haber descuidado y propiciado el deceso del ídolo argentino, quien cumplía internación domiciliaria tras una cirugía. Con las dos hijas mayores de Maradona y otros familiares presentes en los tribunales de San Isidro, el juicio abrió con los argumentos de la fiscalía, mientras que las defensas pidieron la absolución de los acusados. Se estima que el juicio durará al menos hasta mediados de año. Dalma Maradona, hija de Diego Armando Maradona, a su llegada este martes, a los tribunales de San Isidro en Buenos Aires.Juan Ignacio RONCORONI (EFE) El momento más impactante de la primera audiencia lo protagonizó una foto que mostraron los fiscales. “Así murió Maradona”, dijeron mientras exhibían una imagen del cadáver severamente edematizado. Los magistrados a cargo de la acusación la usaron para sostener que el equipo médico desatendió los síntomas evidentes de deterioro de su paciente y terminó provocando una muerte que, según la autopsia, fue causada por una insuficiencia cardíaca aguda y un edema agudo de pulmón. Los acusados afrontan posibles de penas de entre 8 y 25 años de prisión. Los principales imputados son el neurocirujano Leopoldo Luque, médico personal del Diez desde 2019 y quien lo había operado a inicios de noviembre de 2020 por un hematoma subdural, y la psiquiatra Agustina Cosachov, quien trató a Maradona durante sus últimos cinco meses de vida. También están acusados el psicólogo Carlos Díaz, especializado en el tratamiento de adicciones; el enfermero Ricardo Almirón; el médico clínico Pedro Di Spagna, encargado de supervisar la internación de Maradona; la médica Nancy Forlini, responsable de organizar el servicio de enfermería; y Mariano Perroni, coordinador de los enfermeros. Hay otra enfermera procesada, Gisella Madrid, pero será juzgada aparte, en un juicio por jurados. La psiquiatra Agustina Cosachov la su llegada a los tribunales de San Isidro, en Buenos Aires. Luciano Gonzalez (Getty Images) La internación de Maradona en una casa alquilada en la localidad bonaerense de Tigre, donde debía recuperarse tras la cirugía craneal, “fue calamitosa”, careció del equipamiento necesario y estuvo a en manos de “un grupo de improvisados”, dijo el fiscal Ferrari al presentar los lineamientos de la acusación. En ese momento, aseguró, Maradona “no se encontraba en uso pleno de sus facultades mentales y menos aún podía tomar decisiones sobre su salud”. Los médicos, el psicólogo y los enfermeros “incumplieron todos los deberes a su cargo” pese a conocer los riesgos que corría su paciente, impidieron que Maradona fuera atendido por los especialistas que requería, consignaron revisiones que nunca realizaron y también les ocultaron información a los familiares sobre su real estado de salud, acusó Ferrari. “Deliberadamente y con crueldad decidieron que muriera”, concluyó. La fiscalía tomó como sustento de la acusación el análisis realizado por una junta médica interdisciplinaria, integrada por 21 expertos. De acuerdo con las conclusiones de ese estudio, Maradona agonizó 12 horas antes de su muerte, mientras el equipo médico actuaba de manera “deficiente”, “temeraria” e “indiferente”. Una persona camina frente a los tribunales de San Isidro, donde se lleva a cabo el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.Juan Ignacio RONCORONI (EFE) Después de los fiscales, expusieron los abogados de las partes que se consideran damnificadas —hijas, hijos y hermanos de Maradona—. Todos adhirieron a la acusación del ministerio público y, en algún caso, apuntaron también contra “el entorno diabólico” que rodeaba al exfutbolista en sus últimos años, una referencia dirigida al abogado Matías Morla, enfrentado con la familia del capitán de la selección argentina campeona del mundo en 1986. Antes del cierre de la primera audiencia del juicio, las defensas solicitaron la absolución de los acusados. Hubo una clara diferencia entre la estrategia de los profesionales que tuvieron contacto directo con Maradona, quienes alegaron el carácter imprevisible de la dolencia cardíaca que terminó con su vida, y la de quienes tuvieron un rol secundario o administrativo, quienes delegaron la responsabilidad en los médicos a cargo de la internación, en especial en Luque y Cosachov. Admiradores de Diego Armando Maradona esperan frente a los tribunales, este martes. Juan Ignacio RONCORONI (EFE) El expediente judicial cuenta con 52 cuerpos y las múltiples evidencias recabadas incluyen documentos médicos y miles de mensajes de texto y audio entre los involucrados. La lista de testigos citados a declarar suma 192 personas, entre los que se encuentran médicos, periodistas, familiares de Maradona, sus hijos y exparejas. En los tribunales calculan que el juicio se extenderá, como mínimo, hasta julio próximo. 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Un día después de que el presidente Donald Trump asegurase que la detención del estudiante palestino Mahmud Khalil será “la primera de muchas”, la Casa Blanca ha arremetido este martes contra el joven, de 30 años, arrestado el sábado por la noche en la Universidad de Columbia (Nueva York) por supuestamente liderar las protestas contra la guerra de Gaza que sacudieron el campus el año pasado, durante la mayor movilización estudiantil en EE UU desde la guerra de Vietnam. A la espera de que este miércoles un juez federal de Manhattan determine si procede su deportación o, al contrario, da por bueno el recurso de la defensa, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, no ha desaprovechado la oportunidad en su rueda de prensa diaria de condenar categóricamente al hombre, de 30 años, residente legal en el país y casado con una estadounidense. “Tenemos una política de tolerancia cero con los terroristas y punto”, resumió Leavitt el caso, sin aportar pruebas. “El secretario [de Estado, Marco] Rubio se reserva el derecho de revocar el visado (sic) de Mahmud Khalil”, ha asegurado Leavitt, aunque Khalil no es titular de ninguno, y sí de una tarjeta de residencia permanente (la llamada tarjeta verde), porque “según la Ley de Inmigración y Nacionalidad, el secretario de Estado tiene derecho a revocar una tarjeta verde o un visado a individuos que sean contrarios a la política exterior y los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos de América”. El razonamiento de la Casa Blanca es que las protestas que Khalil organizó eran antisemitas, y eso va contra la política de lucha contra el antisemitismo de Washington (tanto de la Administración republicana como de la anterior, demócrata), en alianza con Israel. Argumentos políticos y sospechas, pero ningún delito concreto. Una manifestación en contra del arresto del estudiante palestino, este lunes en Nueva York. Jeenah Moon (REUTERS) La ley citada por Leavitt considera sujeto de deportación a cualquier “extranjero cuya presencia o actividades en EE UU el secretario de Estado tenga motivos razonables para creer que podrían tener consecuencias adversas graves para la política exterior de EE UU”. No obstante, en teoría, sólo un juez de inmigración podría revocar su estatus. Los abogados de Khalil presentaron una petición de habeas corpus ante un tribunal federal de Nueva York impugnando su detención, que se resolverá este miércoles, y solicitaron que el hombre regrese desde Luisiana, donde permanece retenido, para no privarle de acceso a sus abogados y a su familia. El lunes por la tarde, más de 3.000 personas se manifestaron ante la sede del tribunal para pedir su liberación. Los defensores de la Primera Enmienda, que consagra la libertad de expresión, sospechan que su detención es inconstitucional, mientras sigue sin conocerse el fundamento legal de la misma. Ello no ha impedido que la secretaria de prensa le haya acusado hoy de “aprovechar el privilegio de venir a este país a estudiar en una de sus mejores universidades para ponerse del lado de terroristas, los terroristas de Hamás”. Según dijo Leavitt a los periodistas, Khalil no sólo organizó protestas masivas que interrumpieron las clases y acosaron a estudiantes judíos “y les hicieron sentirse inseguros en su propio campus”, sino en las que también “se distribuyeron octavillas a favor de Hamás y con el logo de Hamás. Esa es la actividad de este individuo”, denunció. Leavitt aseguró que tiene algunos de esos panfletos en su despacho, “proporcionados por el Departamento de Seguridad Nacional”; unas octavillas que, dijo, pensó llevar a la rueda de prensa de hoy, “pero pensé que la dignidad de esta sala no merecía traer esta propaganda pro-Hamás”. Mahmud Khalil es rodeado por miembros de la prensa fuera de la Universidad de Columbia durante las protestas estudiantiles en abril de 2024. Mary Altaffer (AP) “Esta Administración no va tolerar que individuos que tienen el privilegio de estudiar en nuestro país se pongan del lado de organizaciones terroristas que han matado a estadounidenses [algunas de las víctimas y rehenes de Hamás]. Tenemos una política de tolerancia cero con los terroristas y punto”, concluyó la portavoz. A falta de cargos concretos que justifiquen la detención y su eventual deportación, los abogados de Khalil sostienen que está siendo utilizado como cabeza de turco por la Administración republicana para sofocar cualquier intento de protesta, lo que violaría la Primera Enmienda, que consagra la libertad de expresión. Los campus, de hecho, impiden cualquier tipo de concentración desde que terminara la movilización estudiantil, en la mayor parte de los casos tras un desalojo policial. El juez federal del Distrito Sur de Nueva York encargado del caso, Jesse Furman, es judío y fue nombrado por el presidente demócrata Barack Obama. Fiel observante del sabat y las festividades del calendario religioso, que en ocasiones le han obligado a reprogramar vistas, ha sido sin embargo la primera, y de momento única, garantía legal para Khalil en un caso aparentemente privado de ellas. El lunes emitió una orden que bloqueaba su deportación a la espera de un fallo sobre su petición de impugnación de la detención del ICE (siglas en inglés de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, al que pertenecen los agentes que detuvieron al joven). Según el semanario Politico, Furman emitió la orden para conservar la jurisdicción sobre el caso: “Para preservar la jurisdicción del Tribunal en espera de un fallo sobre la petición, el peticionario [Khalil] no será expulsado de Estados Unidos a menos y hasta que el Tribunal ordene lo contrario”. Source link

Duterte, de 79 años, fue investigado por la CPI por su brutal guerra antidrogas en la que murieron más de 6.000 personas, según datos policiales; aunque observadores independientes y organizaciones no gubernamentales creen que el número de ejecuciones extrajudiciales podría llegar a las 30.000. MIRA: Qué se sabe de la matanza de casi 1.000 civiles “ejecutados a sangre fría” en Siria por las fuerzas del nuevo gobierno La investigación de la CPI comenzó en el 2021 y se dio se dio a pesar de que Duterte retiró a Filipinas del organismo en el 2019 para evitar ser implicado en un proceso. El Learjet que transporta al expresidente filipino Rodrigo Duterte despega de la base aérea Villamor en Pasay, Manila, el 11 de marzo de 2025. (Foto de Jam STA ROSA / AFP). / JAM STA ROSA Sara Duterte, quien es vicepresidenta del país, acusó al Ejecutivo del presidente y antiguo aliado Ferdinand Marcos Jr., de entregar a un ciudadano filipino “a potencias extranjeras” en una “flagrante afrenta a nuestra soberanía”. Marcos Jr. respondió que contribuyó a detener al exmandatario porque “Interpol pidió ayuda” y no por una “persecución política”. “El avión está en ruta hacia La Haya, lo que permitirá que el expresidente se enfrente a cargos por crímenes contra la humanidad en relación con su sangrienta guerra contra las drogas”, dijo en una rueda de prensa Marcos Jr. CPI: Dirigió un escuadrón de la muerte Los cuerpos de presuntos traficantes de drogas yacen en el suelo tras una operación policial antidrogas en Manila el 17 de agosto de 2017. (Foto de Noel CELIS / AFP). / NOEL CELIS La sala de la CPI emitió la orden de arresto “secreta” el pasado 7 de marzo, algo que recién fue confirmado por dicha corte el martes, una vez que Duterte ya estaba en el avión rumbo a Países Bajos. En la orden se considera que “hay motivos razonables para creer que el señor Duterte es responsable individualmente del crimen de lesa humanidad de asesinato”, según la agencia EFE, que tuvo acceso al documento gracias a la Unión Nacional de Abogados por el Pueblo (NUPL), que apoyó la denuncia ante la CPI. El documento fue enviado por la CPI a Interpol para proceder con el arresto de Duterte, informó el medio digital Rappler, fundado por la periodista y Premio Nobel de la Paz María Ressa, que ha dado amplia cobertura a la sangrienta guerra contra las drogas del exmandatario. En su orden, la sala citó una lista “no exhaustiva” de asesinatos de supuestos delincuentes: 19 a manos de un escuadrón de la muerte en la ciudad de Davao, de la que Duterte fue alcalde durante 22 años; y otros 24 “por o bajo supervisión de miembros de las fuerzas de seguridad” durante su mandato como presidente (2016-2022). La sala de la CPI dijo que tiene elementos suficientes para concluir que Duterte dirigió un escuadrón de la muerte formado por policías y criminales conocido como Davao Death Squad o DDS. En esta imagen tomada el 8 de julio de 2016, agentes de policía investigan el cadáver de un presunto traficante de drogas con el rostro cubierto con cinta de embalaje y un cartel que dice «Soy un camello», en una calle de Manila. (Foto de NOEL CELIS / AFP). / NOEL CELIS La agencia EFE recordó que el propio Duterte admitió haber dirigido escuadrones de la muerte en Davao ante un comité del Senado filipino el pasado noviembre, en unas confusas declaraciones en las que aseguró que estaba formado por “gánsteres” que mataban a criminales. Dijo que nunca había ordenado al escuadrón de la muerte que matara a sospechosos indefensos, pero sí le dijo al grupo “que alentase a los criminales a contraatacar, y cuando contraatacaran, los mataran para que mis problemas en la ciudad se resolvieran”. Según el documento publicado por Rappler, la CPI consideró que Duterte “instruyó y autorizó la comisión de actos violentos contra supuestos criminales” y ofreció “incentivos financieros y ascensos a oficiales de policía y asesinos para matar a sospechosos”, entre otras “contribuciones esenciales” del entronces presidente a la comisión de crímenes de lesa humanidad. ¿Qué pasará ahora? Rodrigo Duterte habla durante el discurso anual sobre el estado de la nación en la Cámara de Representantes en Manila el 26 de julio de 2023. (Foto de JAM STA ROSA / POOL / AFP). / JAM STA ROSA Michelle Reyes Milk, abogada Senior de la División Justicia Internacional de Human Rights Watch, le dijo a El Comercio que tras el arresto de Duterte, el mensaje para los gobernantes del mundo es que ante la CPI nadie está por encima de la ley, ni caben inmunidades ante dicha corte. Sobre el argumento de la defensa de Duterte de que no le alcanza ninguna acción de la CPI porque Filipinas se retiró en el 2019 de ese organismo, Reyes sostuvo que en ese caso priman las reglas del Derecho Internacional. “Filipinas era parte del Estatuto de Roma, ya se retiró, pero al momento en el que se dieron estas acciones por parte de Duterte, el país estaba bajo la jurisdicción del Estatuto de Roma, por eso se dio la investigación y ahora la orden de arresto y posterior juicio”, remarcó. “Duterte se une a una lista de otras personas requeridas por la Corte Penal Internacional bajo una orden de arresto y que ocupan los cargos más altos, como Benjamin Netanyahu en Israel y Vladimir Putin en Rusia”, recordó la abogada. Por su parte, Bryony Lau, directora adjunta para Asia de Human Rights Watch, manifestó que “la detención de Duterte es un avance clave hacia la rendición de cuentas en Filipinas. Duterte se enfrenta a cargos de lesa humanidad relacionados a las ejecuciones extrajudiciales de miles de personas entre los años 2011 y 2019, en el marco de su llamada ‘guerra contra las drogas’. Su detención representa para las víctimas y sus familias un paso más hacia la justicia, y enfatiza claramente la idea de que nadie se encuentra por encima