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109 162 1 2 3 4 T WAS 31 30 27 21 109 IND 45 38 42 37 162 Con un juego coral, los Indiana Pacers anotaron este jueves 162 puntos en Washington, el récord en la historia del equipo y la máxima anotación también de toda esta temporada. Nueve jugadores sumaron al menos 10 puntos, solo uno superó los 20 y ninguno alcanzó los 30, lo que da una idea de lo repartido que estuvo el juego de ataque en la victoria (109-162) frente a los Wizards en el Capital One Arena de Washington. El récord anterior de Indiana en un partido de la NBA era de 157 puntos, establecido la temporada pasada. Los Pacers fueron superiores de principio a fin y se impusieron en todas las facetas del juego, pero donde marcaron la diferencia fue desde más allá de la línea de tres puntos. Los visitantes encestaron 27, nuevo récord de la franquicia y a solo dos del máximo de 29 logrado por dos veces en la historia de la NBA, una de ellas a principios de esta temporada por los Celtics de Boston. El juego ha ido basculando en la NBA cada vez más hacia el exterior. Los tiros de media distancia han decaído y sale más rentable probar con los triples, especialmente si el equipo está tan inspirado como este jueves los Pacers, que lograron un 57,4% en esa faceta. Tyrese Haliburton encestó siete de sus 10 intentos de tres puntos, y Jarace Walker acertó cuatro de cinco. Un total de 11 jugadores del equipo acertaron desde fuera de la línea, cuatro de ellos con pleno de sus pocos intentos. La puntuación final podría haber sido aún un poco más alta, pero Indiana dejó de disputar las posesiones cuando quedaba más de un minuto por jugar, tirando a la basura la posibilidad de lograr un récord de triples y provocando abucheos del público en Washington, ya descontento con su equipo. Para los Wizards es la mayor puntuación nunca recibida y la derrota más amplia de su historia en Washington. Fue algo así como el partido más negro de una temporada negra. Los 162 puntos de los Pacers fueron la puntuación más alta de cualquier equipo sin llegar a la prórroga desde el 16 de marzo de 2008, cuando los Denver Nuggets anotaron 168 puntos contra los Seattle SuperSonics, según ESPN Research. En cuanto a los Wizards, nunca habían perdido por más de 50 puntos. La diferencia de 51 es la mayor desde que la misma franquicia (por entonces los Baltimore Bullets) perdieron en 1971 frente a los Milwaukee Bucks de Kareem Abdul-Jabbar y Oscar Robertson, que aquel año conquistaron el título. El máximo anotador del partido fue Tyrese Haliburton, con 29 puntos. Por parte de los Pacers le siguieron Myles Turner (17), Jarace Walker (16) y Obbi Toppin (15). El novato Alex Sarr fue el máximo anotador de los Wizards con 22 puntos. Indiana está en una reñida carrera por quedar cuarto de la Conferencia Este en la temporada regular, lo que le daría ventaja de campo en el cruce contra el quinto. A falta de nueve partidos para el final de la temporada regular, los Pacers suman 43 victorias y 30 derrotas tras su victoria en Washington, pero tienen un calendario complicado y le pisan los talones los Detroit Pistons (quintos, con 41 victorias y 32 derrotas) y a los Milwaukee Bucks, sextos (40-32), aunque estos con la baja indefinida de Damian Lillard por una trombosis. Los Wizards, por su parte, son los colistas de la Conferencia Este, con solo 16 victorias y 57 derrotas, un balance para olvidar, pese a que ha mejorado recientemente. Al menos han evitado ser el equipo con peor balance en la historia de la NBA, un título para el que llegaron a tener papeletas mediada la temporada, cuando encadenaron 16 derrotas consecutivas. Source link

Se abre un nuevo frente judicial contra las políticas anti migrantes de Donald Trump. Tres organizaciones de defensa de derechos humanos interpusieron esta semana una demanda en los tribunales de Washington D.C. para frenar las deportaciones de indocumentados, en especial los ciudadanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití que habían recibido el parole humanitario. La Administración republicana ha revocado estos permisos e informado a quienes los tenían que deben abandonar Estados Unidos si no quieren ser expulsados a partir de abril. “Nuestras comunidades hicieron todo lo que el Gobierno les pidió para poder iniciar una nueva vida en Estados Unidos. En lugar de honrar ese compromiso, el Gobierno quiere ahora expulsarlos sin siquiera escucharlos en una audiencia”, asegura Angélica Salas, la directora de la Coalición de Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA, por sus siglas en inglés). La organización de California, una de las más importantes en la defensa de los indocumentados, forma parte de la demanda junto a UndocuBlack, que representado a los haitianos que han llegado al país en los últimos años. La tercera es CASA, Inc., quien tiene a nivel nacional más de 173.000 miembros en 46 Estados, la mayoría de ellos sin papeles. La coalición acudió a los tribunales de distrito en la capital estadounidense el lunes 24 de abril, un día antes de que el Gobierno publicara en su diario oficial la decisión que deja sin protección contra la deportación a unas 530.000 personas de los países antes mencionados. “Esta es una peligrosa amenaza a nuestra democracia. Y sin duda es una acción racista contra los negros y los haitianos. Cómo respondamos como sociedad determinará lo que estaremos dispuestos a aceptar mañana”, aseguró Patrick Lawrence, de UndocuBlack, este jueves, el día en que se dio a conocer la demanda. Las organizaciones argumentan en su demanda que es ilegal el proceso de expulsión acelerada (expedited removal) que el Gobierno quiere utilizar contra el medio millón de indocumentados que quedará sin protección una vez que expire la libertad condicional. “Este permite la deportación de Estados Unidos sin debido proceso o sin la necesidad de comparecer ante un juez de inmigración”, aseguran las organizaciones en el documento de 35 páginas. La expulsión acelerada suele ser empleada por las autoridades migratorias para deportar inmediatamente a quienes llegan por tierra y no son admitidos o a los que son hallados por la Patrulla Fronteriza en una franja de 160 kilómetros o menos de la frontera más próxima. El 21 de enero, un día después de la investidura de Trump, el presidente utilizó sus facultades para expandir a todo el país este tipo de deportación para todo aquel inmigrante que lleve menos de dos años en territorio estadounidense. Esta es una de varias demandas que han pedido a los jueces pronunciarse ante las medidas que la Administración ha adoptado para acelerar las deportaciones prometidas por Trump. Los abogados del caso defienden que esta figura no debe ser empleada contra quienes se beneficiaron de una libertad condicional otorgada con fines humanitarios. El parole ha sido utilizado como complemento de la política inmigratoria desde la presidencia de Dwight Eisenhower (1953-1961), quien abrió las puertas del país a unos 30.000 húngaros que huían de la Unión Soviética. Las organizaciones afirman que ha sido empleada en 125 ocasiones por gobiernos tanto demócratas como republicanos. La presidencia de Joe Biden la usó para recibir a unos 200.000 ucranios tras la invasión de Rusia a su vecino. Ese fue el modelo copiado en plena crisis migratoria por la Administración anterior. El parole ayudó a disminuir el número de venezolanos que la Patrulla Fronteriza encontraba cruzando la frontera de manera irregular. Eso hizo que el Gobierno expandiera el beneficio a los cubanos, haitianos y nicaragüenses, quienes se convirtieron en inmigrantes legales a través de procesos seguidos en la aplicación CBP One, que hoy solo ofrece la posibilidad de autodeportarse. Trump, no obstante, ha acabado con esto y ahora amenaza con cazarlos para expulsarlos. Source link

El expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), asilado desde el 7 de febrero de 2024 en la embajada nicaragüense tras ser condenado a más de 10 años de cárcel por blanqueo de capitales, anunció este jueves que acepta el salvoconducto para viajar a Nicaragua concedido por el Gobierno de Panamá horas antes. “Hoy con mi hijo, mi familia y mis allegados he tomado la decisión de aceptar el salvoconducto como asilado político en la hermana República de Nicaragua otorgado por mi Gobierno”, afirmó Martinelli en un mensaje en sus redes sociales. MIRA AQUÍ: Daniel Ortega y Rosario Murillo controlarán la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua El expresidente dijo que esperará “con tranquilidad” y cuidando su salud la decisión de la Justicia, insistiendo en que es “inocente de un injusto proceso político”. Se desconoce aún cuándo saldrá de la embajada camino a Nicaragua, aunque sí subrayó que lo hará con su inseparable perro Bruno. La concesión del salvoconducto se había conocido por sorpresa unas horas antes. “El salvoconducto es concedido a partir de hoy, 27 de marzo de 2025 y tiene un plazo de vigencia improrrogable que termina a la medianoche del 31 de marzo de 2025. Para la ejecución del traslado, amparado bajo el salvoconducto, se contará con los buenos oficios del Ministerio de Relaciones Exteriores”, había afirmado en una declaración leída el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha. Martinelli, de 73 años, se refugió en la Embajada de Nicaragua en Panamá después de que fuera ratificada la sentencia a más de 10 años de prisión y la multa de 19,2 millones de dólares que se impuso al ser hallado culpable del delito de blanqueo de capitales por el caso conocido como ’New Business‘, la compra de un conglomerado de medios con dinero público. El canciller también hizo referencia aparentemente al estado de salud de Martinelli, algo que subrayaba él mismo en redes sociales. “Este asilo se reconoce y el salvoconducto se otorga por causas estrictamente humanitarias, pues le permitirá a Ricardo Martinelli continuar su defensa en condiciones más favorables que las actuales como acceder, en libertad, a tratamiento ambulatorio que mejora significativamente su calidad de vida”, afirmó Martínez-Acha. El salvoconducto fue aprobado por el Gobierno del presidente, José Raúl Mulino, quien llegó al poder tras ganar los comicios de mayo de 2024 de la mano de Martinelli, que le delegó su candidatura presidencial tras ser inhabilitado en razón del caso de blanqueo. MÁS INFORMACIÓN: “¡Misión cumplida, carajo!”, celebra José Raúl Mulino, delfín de Martinelli, tras ganar las elecciones en Panamá Antes, el pasado Gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024) negó el 9 de febrero de 2024 el salvoconducto para permitir la salida de Martinelli alegando para ello lo dispuesto en el Artículo 1 de la Convención sobre Asilo de 1928 y de la Convención sobre Asilo Político de 1933, dijo entonces un comunicado oficial. La estancia del expresidente en la delegación diplomática ha estado marcada por la controversia dada su activa participación en asuntos de política doméstica, lo que está taxativamente prohibido por las normas de asilo, así como por las constantes remodelaciones a la sede diplomática para adecuarla a sus exigencias. Martinelli también enfrenta en Panamá una acusación de blanqueo por el caso Odebrecht, mientras que en España está imputado por una investigación contra la constructora FCC por el pago de sobornos y por otro caso de interceptación de las comunicaciones de una mujer en Mallorca. SOBRE EL AUTOR Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países. Source link

Ángel Villar, dueño de la disquera Del Records, ha sido hallado culpable este jueves en Estados Unidos de hacer negocios con el narco. El empresario mexicano, de 45 años y oriundo de Zacatecas, enfrenta una pena máxima de 30 años de prisión por realizar transacciones con el crimen organizado, además de otros 10 cargos relacionados con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, o Kingpin Act, que impone sanciones a personas extranjeras que participan en el tráfico internacional de drogas. De acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia, Del Villar, a través de su empresa de promoción de conciertos —Del Entertainment—, fue declarado culpable de hacer negocios con Jesús Chucho Pérez Alvear, promotor que trabajaba directamente con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Cuinis, dos organizaciones criminales en México. En 2018, la entidad encargada de hacer cumplir las leyes federales, designó como “narcotraficante” a Pérez Alvear tras descubrir que ayudaba a los cárteles a lavar dinero. Pérez Alvear fue asesinado a tiros en un restaurante en el barrio de Polanco en Ciudad de México, una de las colonias más lujosas de la capital, en diciembre de 2024. “Los acusados ​​[Del Villar y su empresa] decidieron hacer negocios con un individuo que sabían que tenía vínculos con el CJNG y que había sido incluido en la lista de narcotraficantes bajo la Ley Kingpin”, declaró el fiscal federal interino Joseph McNally. “Los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales causan un daño inconmensurable a nuestro país. Estamos utilizando todos los recursos a nuestro alcance para eliminar estas organizaciones y procesaremos a quienes comercien con estas organizaciones criminales”. Del Villar fue aprehendido en junio de 2022 junto a Luca Scalisi, quien en ese entonces era director financiero de Del Entertainment. El también acusado Scalisi, de 58 años, de West Hollywood, se ha declarado inocente de los cargos contra él en este caso y está programado que sea juzgado por separado en julio de 2025. Más información La jueza federal de distrito Maame Ewusi-Mensah Frimpong ha programado una audiencia de sentencia para el 15 de agosto, en la que Del Villar enfrentará una pena máxima legal por cada cargo. Del Entertainment enfrentará un periodo de prueba de cinco años, en el que se evaluara su actuar, y una multa de 10 millones de dólares. Gerardo Ortiz y la cooperación con el FBI Gerardo Ortiz, cantante de regional mexicano, fue testigo en el juicio contra el productor musical. Admitió ante una corte haber dado conciertos para el CJNG. El artista cooperó con el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) como testigo en el caso de Del Villar. Según la fiscalía, agentes del FBI localizaron a Ortiz en un aeropuerto de Phoenix y le entregaron una carta en abril de 2018 informándole de que debía dejar de actuar en los espectáculo organizados por Pérez Alvear. La fiscalía dio a conocer que el cantante inicialmente planeó suspender sus actuaciones para Chucho, pero Del Villar lo convenció de seguir presentándose. Ortiz se declaró culpable anteriormente y admitió haber participado en al menos seis presentaciones del cartel. La confesión del cantante se mantuvo en secreto hasta el pasado martes 18 de marzo, cuando el fiscal federal Alex Schwab habló en la Corte sobre la participación de Ortiz en la conspiración por violar la Ley Kingping. Ortiz se separó de Del Records en 2019 en medio de una disputa por su contrato. En una declaración tras el inicio del juicio, uno de los abogados del cantante le dijo a la revista Rolling Stone que la declaración de culpabilidad de su cliente fue muy específica, y se refería únicamente a sus transacciones con Pérez Alvear en el contexto de conciertos. Los abogados de Del Villar emitieron un comunicado en su nombre. “Respetamos el veredicto, pero discrepamos firmemente y estamos decepcionados”, escribieron. “Esta es una de esas ocasiones en que el sistema de justicia penal se equivocó. Este caso fue único y sin precedentes, y es evidente que, lamentablemente, su complejidad fue malinterpretada. La lucha continúa en la Corte; se presentará una apelación inmediata”. El productor, que se mudó con su familia a California a sus ocho años, fundó en 2008 Del Records, disquera conocida por impulsar la carrera musical de importantes músicos de los géneros del corrido tumbado y regional mexicano entre los que destacan Gerardo Ortiz, Lenin Ramírez, la agrupación Eslabón Armado y principalmente Peso Pluma. Su empresa produjo la exitosa colaboración de estos dos últimos Ella baila sola. Este caso forma parte de la operación Take Back America, una iniciativa estadounidense que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para “repeler la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales, así como proteger a nuestras comunidades de los autores de delitos violentos”. Source link