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El regreso del presidente brasileño Lula de su viaje a México, donde asistió a la toma de posesión de la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, ha sido doblemente agitado. Primero por su percance aéreo, que le hizo retrasar su vuelta, y después porque a su llegada le esperaban los resultados inesperados del sondeo de la agencia Quaest, que contra todos los pronósticos revela que los pobres son quienes peor califican su Gobierno. A pesar de que los datos sobre la economía de este tercer mandato de Lula, no pueden parecer más favorables en las agencias internacionales, y a pesar del esfuerzo del Gobierno en centrar su atención en la mejora de la vida de los más pobres, la encuesta revela que han aumentado en 13 puntos lo que igualan su gestión a la de su antecesor, el derechista Jair Bolsonaro. Su mayor índice de rechazo aparece también inexplicablemente entre los católicos, que fueron siempre los mejores aliados de la izquierda, mientras que el 61% de los encuestados considera que ha empeorado su poder de adquisición. En total, la aprobación del Gobierno ha bajado entre un 4% y un 7% entre los más desposeídos. Y ha aumentado en 7 puntos la esperanza de una mejora en la economía, lo que supone una sorpresa ante los datos indiscutibles sobre la ruta positiva de la economía brasileña en general. Quizá para analizar el resultado sorpresivo del nuevo sondeo nacional, que disminuye la confianza sobre todo de los más pobres en el Gobierno de Lula, habría que entender que hoy en todo el país lo que más preocupa —incluso más que la economía— son otros temas que el Gobierno aún no ha enfrentado con el rigor esperado. Se trata, por ejemplo, del enorme aumento de la violencia y de la inseguridad, que afecta a todas las clases sociales, así como el de la corrupción política y el de los privilegios para los más ricos. Para el 61% de los entrevistados por Quaest, el poder de adquisición de los ciudadanos es menor que el del año pasado, debido a la fuerte inflación de los alimentos que ha golpeado duramente a las clases más pobres y hasta a las clases medias. El Gobierno de Lula, a pesar de su frenética política exterior y su gran proyección mundial, necesita entender mejor, sobre todo su partido, el Partido de los Trabajadores (PT), que Brasil, como el mundo, ha cambiado en sus aspectos políticos. La izquierda parece haberse quedado anclada en los métodos pasados de tratar con el llamado proletariado, incapaz de abrazar la nueva era digital que ha revolucionado a la política y cambiado los paradigmas. Una demostración podrán darla los resultados de la importante votación del domingo en las alcaldías del país, donde según los sondeos el partido de Lula podría quedarse sin ganar uno solo de los gobiernos regionales, incluso en los que el PT ya fue un día mayoría, como en los del noreste pobre, de donde salió Lula. La desconfianza de esa pérdida de poder local, fundamental para las presidenciales del 2026, ha hecho que Lula se haya prácticamente desinteresado en hacer una campaña personal a fondo para asegurar los votos de su partido en las capitales claves del país donde se gestiona el poder económico y político, como São Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais. El resultado inesperado del sondeo de Quaest ha despertado la alerta del Gobierno y ahora Lula se verá obligado a dedicar más tiempo a los problemas internos de su gobierno que a intentar, aunque con todos sus buenos deseos, resolver los problemas mundiales, empezando por el aumento de las guerras que enseñan sus garras cada día con menor pudor. El problema de Brasil en este momento es que, mientras tanto, la izquierda clásica del pasado, centrada en el Partido de los Trabajadores —que llegó a ser la mayor fuerza progresista de América Latina—, ha acabado aburguesándose y ha sido incapaz de formar una nueva generación de jóvenes que tomen la alternativa del partido. Aunque pueda parecer difícil de entender, hoy la nueva generación de jóvenes se siente más inclinada, arrastrada, por las sirenas de las redes sociales, en la búsqueda de un enriquecimiento fácil. Quieren ser ricos también ellos. De ahí que les sea más difícil conectar con los viejos ideales de la izquierda y de sus luchas a favor de los marginados y se sientan atraídos por los falsos profetas que les ofrecen el cielo a la altura de un toque en las redes. Source link

Los derechos humanos de las mujeres y de las niñas en Afganistán han estado bajo constante y cruel asedio por el Gobierno de facto de los talibanes. En semanas recientes, sin embargo, las restricciones han tomado proporciones insólitas: la Ley para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, expedida en agosto de 2024 —la ley de moralidad―, prohíbe a las mujeres hablar en público por considerar que la voz femenina solo debe expresarse en un entorno íntimo, e incluso les impide cantar públicamente. Cuando se lee esta noticia en la prensa, la primera impresión es que podría tratarse de una noticia falsa por lo absurdo y extremo que resulta pensar en vetar una expresión tan normal y propia de la esencia y dignidad humana, además de un derecho fundamental. Tristemente, es real. Esta ley es un componente más de un modelo de sociedad basado en medidas de deshumanización progresiva de las mujeres y las niñas. Si bien anteriormente el Gobierno de facto en Afganistán ya había intentado borrar y silenciar a las mujeres en los espacios públicos, ahora presenciamos un silenciamiento literal y ya no sólo metafórico. Normas rígidas también para los hombres y las minorías La ley de moralidad del Emirato Islámico de Afganistán ordena a las mujeres “cubrirse totalmente el cuerpo y el rostro y no hablar ni cantar en voz alta de un modo en que las puedan oír personas ajenas a su familia”. Cabe hacer notar que los hombres y los niños están sujetos también a normas rígidas de vestimenta por las que deben cubrirse “del ombligo a las rodillas”. La ley criminaliza y persigue a las personas LGTBIQ+ y restringe los derechos de las minorías religiosas, entre otras medidas, prohibiendo las ceremonias no islámicas y prohibiendo también asociarse con no creyentes, afectando con ello no sólo a las mujeres y las niñas —la mitad de la población—, sino también a las minorías étnicas y religiosas no musulmanas. Se ha enfatizado por personas estudiosas de la sharía, incluyendo organizaciones feministas musulmanas, que este tipo de perspectivas son una interpretación errónea del islam y que no representan auténticamente la doctrina religiosa musulmana. La ley de moralidad —condenada por activistas, medios de comunicación, mecanismos independientes de derechos humanos de la ONU y distintos órganos de Naciones Unidas, incluyendo el Consejo de Seguridad, con la notable ausencia de China, Argelia y Rusia— también incluye poderes discrecionales de aplicar castigos severos por su incumplimiento, acrecentando aún más un clima social de miedo e incertidumbre. Si bien la indignación sobre la situación de las mujeres y niñas en Afganistán es crucial, es también esencial entenderla no como un hecho aislado de un solo país, sino como una situación sintomática —ciertamente de las más graves— de los retrocesos y los ataques a la igualdad de género a nivel global. Siendo así, Afganistán es una prueba para la comunidad internacional, sus valores fundacionales y sus líneas rojas: la reacción a esta realidad indicará el camino frente a (potenciales) actos de opresión de género en otras partes del mundo. Evocando a Martin Luther King, “recordaremos no las palabras de nuestros enemigos, sino los silencios de nuestros amigos”. Resulta notable y conmovedor ser testigos de las respuestas de las mujeres afganas que, cubiertas completamente de cuerpo y cara, se han grabado en vídeos circulados en redes sociales, cantando a manera de desafiar el régimen de dominación. La lucha por la igualdad y justicia de género ha sido apoyada por distintas figuras públicas, entre ellas Malala Yousafzai, Premio Nobel de la Paz 2014, ella misma sobreviviente de un disparo en la cabeza a los 14 años por parte de fundamentalistas talibanes a raíz de su defensa del derecho a la educación de las niñas. Crimen contra la humanidad La realidad de las mujeres y niñas afganas puede caracterizarse como persecución de género, un crimen contra la humanidad perseguible por la Corte Penal Internacional. Se ha sugerido que la discriminación, segregación y subyugación institucionalizada y sistemática que ellas viven reviste también la condición de apartheid de género y que debe reconocerse así explícitamente por el derecho internacional. A tres años vista de la toma del poder en Afganistán por los talibanes, resulta decisivo seguir apoyando la lucha de las mujeres afganas y solidarizarnos con sus movimientos. Esto puede hacerse de maneras concretas como la financiación a las organizaciones lideradas por mujeres, la difusión de sus propuestas, el reconocimiento por terceros países del estatuto jurídico de refugiadas a quienes huyen y la ayuda para amplificar sus voces y su esperanza, aún viva, de que otro Afganistán, y otro mundo, son posibles. Dorothy Estrada Tanck es doctora de Derecho Internacional Público en facultad de Derecho de la Universidad de Murcia Este artículo fue publicado previamente en The Conversation.  Source link

La Cancillería del Perú confirmó este miércoles que un peruano figura entre los seis migrantes que fueron asesinados por militares mexicanos en una carretera del estado de Chiapas, en el sur de México, y condenó el hecho de manera enérgica. “El Gobierno del Perú ha tomado conocimiento, a través del comunicado emitido en la fecha por la Secretaría de la Defensa Nacional de México, de los graves hechos acontecidos ayer 1 de octubre, al promediar las 20:50 horas, en los que integrantes del ejército mexicano hicieron uso de sus armas de fuego contra dos camiones que trasladaban 33 migrantes de distintas nacionalidades”, señala el comunicado de la Cancillería. MIRA: Soldados mexicanos abren fuego contra un grupo de 33 migrantes y matan a seis de ellos “De acuerdo a información oficial puesta en conocimiento a nuestra Embajada en México, por autoridades de la Cancillería de ese país, entre las víctimas mortales de tan execrable hecho se encuentra, lamentablemente, un ciudadano peruano”, agrega. Una de las camionetas que trasladaba a los migrantes y que fue atacada por militares mexicanos. “El Perú condena enérgicamente los hechos acontecidos, que han causado hasta el momento el fallecimiento de seis migrantes, incluyendo la irreparable pérdida de la vida de un connacional”, sigue el comunicado. La Cancillería adelantó que el Gobierno del Perú, a través de su representación diplomática en México, exigirá a las autoridades de ese país una urgente investigación que esclarezca y determine las responsabilidades del condenable acto. “La Cancillería procederá a brindar la asistencia humanitaria a la que hubiere lugar a los familiares de la víctima, en esta difícil circunstancia”, finaliza el comunicado. Al menos dos militares mexicanos son investigados por disparar contra migrantes en el estado de Chiapas, sureste de México, lo que resultó en seis migrantes muertos. (EFE/ STR). / STR De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México, el grupo de 33 migrantes viajaba en un convoy de tres camionetas. Había ciudadanos “de nacionalidad egipcia, nepalí, cubana, hindú, paquistaní”. No precisó el origen de los fallecidos. Los hechos ocurrieron en una carretera localizada a unos 80 kilómetros de la frontera de México con Guatemala, donde los militares efectuaban labores de reconocimiento terrestre, detalló la agencia AFP. Una de las camionetas “iba a alta velocidad” y “al ver al personal militar se evadió”, mientras que las otras dos eran “como las que usan grupos delincuenciales en esa región”, explicó la Sedena en el comunicado. “Personal militar manifestó escuchar detonaciones, por lo que dos elementos accionaron su armamento” haciendo que los vehículos detuvieran su marcha, agregó. Reportes de la policía local indican que los militares persiguieron al convoy durante varios kilómetros y que uno de los vehículos salió del camino intentando burlar a los soldados sin éxito. La Sedena agregó que los dos soldados que dispararon “fueron separados de sus funciones” y por tratarse de un hecho donde se vieron afectados civiles, fueron denunciados ante la fiscalía general de México. Source link