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Los investigadores encontraron en el despacho de Óscar Sánchez, el inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detenido en noviembre por su relación con el narcotráfico, un presunto “plan de blanqueo” muy detallado para reintroducir al menos 14 millones de euros en el mercado legal a través de criptomonedas, según consta en un informe incorporado al sumario abierto por la Audiencia Nacional, al que tuvo acceso EL PAÍS. Este documento, que incluye referencias a países como Panamá (donde se le atribuyen dos sociedades controladas a través de un “testaferro”) y anotaciones a mano (con nombres de otros sospechosos y una empresa salpicada por la trama), evidencia la estratosférica cantidad de dinero que movía presuntamente el agente corrupto, imputado por colaborar con un grupo especializado en el transporte de cocaína desde Sudamérica. Este nuevo “indicio” se suma a la batería de pruebas que la Unidad de Asuntos Internos (UAI) acumula contra el jefe de la UDEF. Los investigadores, que sostienen que Sánchez daba chivatazos a los narcos valiéndose de la información que conocía gracias a su cargo, ya le intervinieron 20 millones de euros en metálico cuando lo capturaron junto a su pareja, Noelia Ruiz, también policía: 18,9 millones se encontraban escondidos en su propia casa (varios de ellos, emparedados) y otro millón en un armario de su despacho en la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Madrid. Pero, en opinión de los agentes, esa es solo una parte de la fortuna que amasó gracias a su cooperación con la organización criminal durante años. Los agentes mantienen que, además, ejecutó varias “estrategias” para el lavado de los fondos, como la compra de criptoactivos a través de terceras personas y empresas. Y para todo ello, además, se valía de una maraña societaria nacional e internacional. Más información En esa línea, como reveló EL PAÍS, se encontró en el despacho del jefe policial una libreta con apuntes sobre el supuesto “entramado empresarial internacional” utilizado por Sánchez para canalizar parte del dinero y blanquearlo. Y también en ese registro, según consta en un informe del sumario, los agentes hallaron otro documento de gran importancia para reforzar las imputaciones: “Un plan de blanqueo, en el que consta que se habría hecho entrega de 14 millones de euros que habría sido cambiado al criptoactivo USDT”. En este documento se aprecian anotaciones a mano con los nombres de Antonio A. P., Daniel S. V., José Antonio P. C. y la empresa Kunga Inversiones S. L. Las pesquisas detallan que el grupo usó presuntamente esta compañía para “retornar fondos” al circuito legal a través de un contrato de crédito y para ese “plan de blanqueo” de 14 millones de euros. “También se pudo localizar un documento que se refería a cantidades recibidas, entregadas y pendientes de blanquear”, prosiguen los investigadores en un informe, donde añaden que estas cantidades anotadas “coinciden” con los montantes que los imputados mencionaban en las conversaciones que mantenían, que fueron interceptadas por los agentes. “La investigación hasta el momento llevada a cabo también ha permitido constatar que Kunga ha transferido, así mismo, fondos a empresas controladas por la organización criminal, como es el caso de la mercantil Dusseldorf Trans Car S. L., a la que se comprometió a prestarle 310.000 euros, contrato que fue localizado en el terminal móvil de Óscar Sánchez”, añade el magistrado Francisco de Jorge, que dirige las pesquisas desde el Juzgado Central de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional. El administrador de Kunga, Albert S. C., contó a la Policía que esta empresa se dedica al “cambio de moneda fiduciaria por moneda virtual”. Contactada por EL PAÍS, la compañía niega su implicación en la operativa ilegal, asegura que cumplió con la normativa y que el sistema diseñado por la trama era tan complejo que “era muy difícil para nosotros saber la procedencia ilícita de los fondos”. “No había indicios de blanqueo”, afirma su administrador al referirse a las operaciones que se ejecutaron. Albert S. C. relató también a la Policía que Antonio A. P., un “cliente” que le ha traído otros “clientes”, le llegó a decir en una ocasión que “se iban a reunir” a principios del pasado noviembre “con un comisario, llamado Óscar, en Madrid, que quería comprar unos 200 millones en moneda virtual, que entregarían en lotes de 10 millones, pero que finalmente no se llegó a presentar”, según consta en su acta de declaración. Según apostilló, esa cita se debía producir el día que Antonio A. P. fue arrestado. Otro detenido, Joseph Elías E. H., relató a los investigadores que Óscar Sánchez “quería que colaborara con él en asuntos de blanqueo de capitales” y que, en una ocasión, “presenció cómo Óscar le entregaba una caja de cartón” a un tal “José Antonio”, que le dijo que contenía medio millón de euros. Análisis del móvil Los agentes también han hallado conversaciones de Óscar Sánchez con otro sospechoso, Fabián Andrés R. L., que le envía imágenes al jefe de la UDEF de “saldos muy elevados en dos direcciones de criptomoneda”. “Fabián Andrés R. L. recibiría efectivo que convertiría en criptomoneda USDT, enviándolos posteriormente a direcciones de criptoactivo controladas por Óscar y su entorno”, recalca una resolución firmada por el magistrado De Jorge. Asuntos Internos ha subrayado que esta compleja operativa —con varias capas de “ocultamiento”— tenía por objetivo “dificultar el rastreo de los fondos”. Por ejemplo, “una vez intercambiado el capital en criptoactivos, este pasa por varios monederos fríos y varios bancos”, afirman los investigadores. Más información Según recogen varios informes policiales, los agentes recalcan que Sánchez se valió de un abogado (Mario P. S.) para “coordinar” esa “estrategia” de lavado de fondos y se emplearon varias vías de blanqueo. Es más, tras la detención de Óscar Sánchez, los investigadores hicieron un primer “análisis preliminar” de su contenido y concluyeron: “[En este] no solo se han identificado operativas concretas de blanqueo de capitales, sino que se ha tenido acceso a dos diagramas en los que se detalla cómo

Durante la pasada Eurocopa de fútbol no solo la impuntualidad de sus trenes o el hecho de solo aceptar efectivo en muchos lugares sacaron los colores a Alemania, también las críticas por la mala calidad del wifi dieron la vuelta al mundo. Los alemanes parecen resignados a vivir así. El país lleva años intentando luchar contra este problema. Algunos lo viven con total naturalidad. “Claro, es normal que no haya señal aquí, somos muchos en un mismo sitio”, comentaba una periodista alemana a la salida de la proyección de una película en el Festival de Cine de Berlín al oír las quejas de periodistas extranjeros por la falta de cobertura. Otros ya señalan incluso entre bromas cómo tienen mejor wifi en un pueblo recóndito en Mallorca que en su casa en el centro de Berlín. Alemania tiene un serio problema de cobertura móvil y de internet no solo en zonas aisladas, sino también en grandes ciudades como Berlín o Múnich. La excanciller alemana Angela Merkel habló muchas veces de ello y de lo que esto suponía para las empresas, incluso puso a España como ejemplo de un país que ha hecho bien sus deberes en el campo de la digitalización y de la conexión rápida de internet. Sin embargo, si bien en pasadas campañas electorales fue un tema importante, en esta última apenas se mencionó al hablar de la inteligencia artificial (IA). “¿Cómo vamos a discutir sobre IA si ni siquiera tengo internet en el centro de Múnich?”, se quejaban, medio en broma medio en serio, dos jóvenes sentados con sus portátiles en una cafetería de la capital bávara hace unos meses. El problema viene de lejos. En 2018, los Verdes encargaron un estudio al Parlamento alemán que reveló que en Alemania los ciudadanos navegan por la red móvil más lentamente que en Albania. Sin embargo, el Gobierno de entonces no vio motivos para cambiarlo, y la ministra de Investigación, Anja Karliczek, llegó a afirmar que “no todos los hogares necesitaban telefonía móvil 5G”. En febrero de 2023, el Gobierno anunció la Estrategia Gigabit con el objetivo de que para 2030 haya conexiones modernas de fibra óptica en todo el país y el último estándar de telefonía móvil “en todos los lugares donde la gente vive, trabaja o viaja”. El objetivo provisional fijado entonces era lograr para finales de 2025 que el 50% de los hogares y empresas estén conectados a través de fibra óptica. En cuanto a la telefonía móvil, quieren lograr una comunicación ininterrumpida de voz y datos en todo el país para 2026. A la cola de la clasificación Sin embargo, Alemania sigue estando a la zaga en comparación con el resto del mundo. En el actual Speed Global Index —una web conocida para probar la velocidad de internet—, Alemania se encuentra en el puesto 56º de 152 países en cuanto a velocidades de banda ancha de internet, muy por detrás de otros países europeos. España, por ejemplo, está en novena posición. En cuanto a internet móvil, Alemania apenas alcanza los 68,91 Mbps y también ocupa el puesto 56º. Asimismo, hace un año, una encuesta de Deloitte reveló que la proporción de conexiones a internet de alta velocidad superiores a 250 Mbps es 2,5 veces mayor en España que en Alemania. Un 31% de los 2.000 encuestados en Alemania afirmaron además haber tenido con frecuencia problemas de conexión el pasado año. Los proveedores de internet trabajan para cambiar esto, pero sigue habiendo numerosas zonas con escasez de cobertura digital que necesitan inversiones a pesar de que desde finales de 2021 existe el conocido como “derecho a internet de alta velocidad”, que se mejoró el pasado diciembre para fijar una garantía de un mínimo de 15 Mbps en descargas y de 5 Mbps en cargas. Los defensores de los consumidores consideran las normas actuales demasiado laxas. “Hace tiempo que debería haberse aumentado el ancho de banda mínimo”, afirma Ramona Pop, directora de la Asociación de Organizaciones de Consumidores. También señala que hay casos en los que la Agencia Federal de Redes ha detectado un suministro insuficiente “y, sin embargo, no pasa nada”. Ahora toca esperar para ver si el futuro Gobierno de coalición mueve ficha para que el país no se quede fuera de cobertura. Aquí puede consultar las últimas Cartas del corresponsal Source link

El peso argentino cierra una semana negra. El Banco Central tuvo que desprenderse esta semana de 730 millones de dólares de sus reservas, que llevan meses en rojo, para sostener el valor de la moneda. Los operadores han comenzado poco a poco a deshacer de sus posiciones en pesos, inquietos porque un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional incluya como condición un nuevo esquema cambiario que termine en una devaluación. La falta de definiciones del Gobierno de Javier Milei ha echado combustible a un mercado inquieto por la demora en las negociaciones. El presidente ultraderechista ha dicho que el acuerdo estará listo recién a mediados de abril, pero no ha sido suficiente para calmar a los inversores. Dos términos técnicos ayudan a entender lo que sucede en la economía argentina: crawling peg y carrie trade. El primero refiere a la devaluación del 1% mensual que aplica el Gobierno sobre el peso en relación con el dólar. El segundo es consecuencia del primero: como la devaluación es fija e inferior a la inflación, los inversores llevan desde enero del año pasado, cuando Milei llegó al poder, ganando millones con la llamada “bicicleta financiera”: cambian dólares por pesos que multiplican a una tasa de interés superior a la inflación y luego vuelven a comprar dólares. La diferencia entre las puntas de la operación dejó durante los primeros diez meses de 2024 ganancias del 50% en moneda dura. El Gobierno apela al crawling peg como ancla contra la inflación. El daño colateral es que el peso está sobre valuado. Las evidencias son múltiples y muy tangibles. Hoy, miles de argentinos cruzan cada día la frontera hacia Chile, Brasil o Uruguay para comprar productos que están mucho más baratos en dólares que en su país. Milei niega el atraso cambiario y suele tildar de “econochantas” a los economistas, incluso los más liberales, que le advierten de la olla a presión que se está armando. El problema del Gobierno es que el FMI también considera que un tipo de cambio casi fijo como el actual no puede durar mucho, por más que el presidente les recuerde que hay superávit fiscal y que, a diferencia del pasado, las cuentas están en orden. En un intento por llevar calma, Milei anunció el 1 de marzo ante el Congreso que enviaría al Congreso para su ratificación un decreto que lo autorizaba a firmar un acuerdo con el FMI. Los diputados aprobaron finalmente el decreto el miércoles, y trajeron algo de calma a los mercados. “Pero ni bien sale el decreto, el mercado interpretó dos cosas: el acuerdo todavía no está cerrado y además, en una frase equívoca, el ministro Caputo no deja claro si el sistema cambiario con devaluación controlada del 1% va a seguir vigente”, dice el economista Juan Manuel Telechea, columnista de este periódico. “Esa fue la chispa que faltaba para que se arme una pequeña corrida contra el peso. Lo que hubo fue de manual: cayeron las reservas, aumentaron las cotizaciones del dólar futuro, se desarmaron posiciones en pesos y hubo presión por todos lados”, explica. La semana fue mucho más agitada de lo que podría suponerse. “Hubo momento donde el MEP —el dólar financiero al que pueden acceder las empresas— subía 2% en tres minutos. Incluso nos vimos forzados a dejar de cotizarle a los clientes porque no teníamos precio”, dice un operador que prefiere guardar su nombre. “Eso aflojó hacia el final de la semana por dos motivos. Por un lado, porque el Gobierno está interviniendo con reservas en el mercado desde hace rato. Por el otro, porque se consiguió el decreto para un acuerdo con el Fondo. Peor que no saber las condiciones de un acuerdo hubiese sido que no te den luz verde”, agrega. El gran dilema del FMI es cómo asegurarse que la Casa Rosada usará los dólares frescos que reciba para cancelar deuda con el Banco Central, como promete, y no para rifarlos en el mercado para sostener el peso. Tiene motivos para preocuparse: en 2018, el Fondo le dio a Mauricio Macri un préstamo de 44.000 millones de dólares que un año más tarde ya no podía pagar. Los dólares se esfumaron y al final del día Argentina estaba como al principio: al borde de la cesación de pagos y obligado a una refinanciación de la deuda, que concretó finalmente Alberto Fernández. En Washington toman nota de que uno de los artífices de aquel descalabro macrista fue Luis Caputo, el ministro que hoy negocia un nuevo rescate, pero esta vez para Milei. En el mercado ya dan por muerto el crawling peg y con ello el fin del gran negocio que supuso el carry trade o bicicleta financiera. A cambio, “es esperable que el FMI proponga algún tipo flotación sucia. Cualquier cosa que implique cambiar el crawling peg implica que puede haber un salto discreto en el tipo de cambio y eso mete miedo y empuja a mucha gente que está haciendo carry trade a cerrar. Esto es, saca su dinero de los fondos comunes en pesos o vende títulos y compra dólares. Ahora hay un compás de espera hasta que sepamos el esquema de flotación que habrá hacia adelante”, explica el broker. El problema del Gobierno argentino es que no puede darse el lujo de una devaluación que ponga en riesgo su principal capital político: el control de la inflación. En octubre hay elecciones legislativas y cualquier repunte del IPC afectará la popularidad de Milei y sus candidatos. Un salvavidas del FMI en el momento justo será providencial para el Gobierno ultraderechista. Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región. Source link