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La Facultad de Derecho de Harvard tiene una larga trayectoria de catapultar a estudiantes negros a la élite estadounidense. El expresidente del país Barack Obama se graduó en 1991. También pasaron por sus aulas Kenneth Chenault, que dirigió American Express; Ken Frazier, director ejecutivo de Merck, o el presidente del banco de inversiones Lazard, Ray McGuire. Una generación antes que ellos, Conrad Harper se convirtió en el primer socio negro del bufete de abogados Simpson Thacher & Bartlett de Wall Street. Décadas más tarde, como presidente, Obama nombraría a Ketanji Brown Jackson (de la promoción de 1996 de la misma universidad) jueza federal, camino de convertirse en la primera mujer negra en incorporarse al Tribunal Supremo de EE UU. Ahora, el estatus de la Facultad de Derecho de Harvard como campo de entrenamiento para potenciales estrellas negras en el mundo de los negocios, la política y la cultura se ve amenazado después de que el Tribunal Supremo prohibiera en 2023 el uso de la raza en las admisiones en todo el sistema universitario como forma de discriminar positivamente a estudiantes de minorías, algo que durante décadas fomentó la presencia de más alumnos negros y latinos. Un año después de la decisión, solo 19 estudiantes negros comenzaron sus estudios en el prestigioso programa de leyes (el 3,4% de la clase total), según muestran los datos de 2024 de la Asociación Estadounidense de Abogados. Un año antes, el porcentaje ascendía al 7,6%. Los datos también reflejan una caída en las inscripciones de estudiantes negros de primer año de pregrado desde el 18% al 14% en todas las facultades de Harvard. Dado el papel clave que tienen las credenciales y las conexiones en el lugar de trabajo, la disminución de la matrícula negra tiene repercusiones que van más allá del aula, en palabras de David Wilkins, profesor de Derecho de Harvard que ha estudiado la raza en la profesión jurídica. “Estás cerrando el punto de entrada a esos trabajos importantes donde las personas que los ocupan han transformado la sociedad estadounidense”, opina Wilkins, quien fue profesor de otra famosa graduada de la Facultad de Derecho de Harvard, la ex primera dama Michelle Obama. En un comunicado, el portavoz de la Facultad de Derecho de Harvard, Jeff Neal, reconoce que la decisión del Tribunal Corte Supremo iba a afectar a la capacidad de las instituciones educativas para atraer y admitir una cohorte diversa de estudiantes, pero cree que las conclusiones extraídas con datos de un solo año son “necesariamente limitadas”. “Seguimos creyendo que un cuerpo estudiantil compuesto por personas con una amplia variedad de antecedentes y experiencias es un componente vital de la educación jurídica”, afirma Neal. “La Facultad de Derecho de Harvard mantiene su compromiso tanto de respetar la ley como de fomentar una comunidad en el campus y una profesión jurídica que reflejen numerosas dimensiones de la experiencia humana”, defiende la institución académica. Mucho antes de que se confirmara la caída en las matriculaciones, Sean Wynn, presidente de la Asociación de Estudiantes Negros de Derecho de Harvard, ya notó un cambio sustancial en cuanto al perfil de los estudiantes en el primer gran evento social del año escolar, la visita que hacen los estudiantes de primer, segundo y tercer año a la isla Martha’s Vineyard en septiembre. “Reconocemos lo grave que es la situación y estamos haciendo todo lo posible para combatirla”, asegura. El fallo de 2023 deshizo décadas de trabajo por la diversidad en la educación superior, y algunas de las empresas que más empleo generan en EE UU advirtieron en ese momento que perderían el acceso a una variada fuente de candidatos altamente cualificados. Harvard, junto con la Universidad de Carolina del Norte, fue uno de los acusados en el caso que resolvió el Supremo. La sentencia razonaba que los sistemas de admisión, por bien intencionados que fueran, incumplían la cláusula de igualdad recogida en la Constitución americana. Más complejidad Desde que se tomó la decisión, los esfuerzos por reclutar a través de programas de diversidad, equidad e inclusión —tanto en el ámbito educativo como en el empresarial— se han vuelto aún más complicados, ya que los grupos conservadores han presentado impugnaciones legales contra estas políticas. El presidente, Donald Trump, ha emitido órdenes ejecutivas destinadas a poner fin a esas iniciativas inclusivas, lo que ha provocado amplios retrocesos en toda la fuerza laboral federal y entre los principales empleadores de la economía americana. Barack Obama en la facultad de Derecho de Harvard, en una imagen de 1990. Apic (Bridgeman / Getty Images) “Este país está atravesando un nuevo Jim Crow”, alerta John Carr, alumno de la Facultad de Derecho de Harvard de 1983 y socio jubilado de Simpson Thacher. Se refiere así a las leyes que legalizaron la segregación racial en el sur de Estados Unidos hasta los años sesenta y que propugnaban la segregación racial en todas las instalaciones públicas bajo el lema “Separados pero iguales” y se aplicaban a los afroestadounidenses y a otros grupos étnicos no blancos. Harvard creó su primera cátedra de Derecho en 1817, con la ayuda de una donación de Isaac Royall Jr., cuya familia amasó gran parte de su dinero con el tráfico de esclavos. El primer estudiante negro se graduó en 1869 y no fue hasta la era de los derechos civiles cuando comenzaron a asistir más estudiantes de color. Conrad Harper fue el único negro en su clase de graduados de 1965. Después de trabajar en el fondo de defensa legal de la Asociación Nacional por el Avance de las personas de Color (NAACP), que ayudó a impulsar cambios en materia de derechos civiles, se unió a Simpson Thacher. El éxito de Harper inspiró a Carr a seguir el mismo camino. Carr se convirtió en el segundo socio negro de la firma y pasó casi 30 años como abogado mercantil. “Los números importan”, aprecia Carr. Entre las facultades de Derecho de élite, la clase de primer año de Harvard es la más numerosa en cuanto a tamaño: cuenta con unos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó la noche de este domingo que tiene previsto hablar con el mandatario ruso, Vladimir Putin, el martes con el propósito de discutir el fin de la guerra en Ucrania. “Hablaré con el presidente Putin el martes. Se ha hecho mucho trabajo durante el fin de semana”, aseguró el republicano a los periodistas que viajaban en el Air Force One durante un vuelo de regreso a Washington desde Florida. “Queremos ver si podemos poner fin a esa guerra. Tal vez podamos, Tal vez no podamos, pero creo que tenemos una muy buena oportunidad”, continuó el presidente. Trump intenta lograr el apoyo de Putin a una propuesta de alto el fuego de 30 días que Ucrania aceptó la semana pasada. El Gobierno estadounidense ya daba señales a finales de la semana pasada de confiar en las posibilidades de un alto el fuego, primero, y el fin de la guerra, después tras las conversaciones que mantuvo con Putin en Moscú el enviado de Washington, Steve Witkoff. Ya el viernes, Trump indicó en las redes sociales que existe “una muy buena posibilidad de que acabe esta guerra horrible y sangrienta” y pidió a su homólogo ruso benevolencia para las tropas ucranias en la región rusa de Kursk. En declaraciones posteriores, insistió: “Llegan bastantes buenas vibraciones desde Rusia”. Rusia recuperó terreno en los últimos meses en esa región, por lo que el reparto de territorios será uno de los temas sobre la mesa en la conversación con Putin. “Hablaremos de tierras. Hablaremos de plantas de energía”, detalló Trump a los periodistas al ser preguntado sobre las concesiones. “Creo que gran parte de esto ya fue discutida por ambas partes, Ucrania y Rusia. Ya estamos hablando sobre eso, repartir ciertos activos”. El secretario de Estado, Marco Rubio, también se había pronunciado sobre las posibilidades de que Moscú acepte el acuerdo. Ante ese escenario se dijo hace días “cautelosamente optimista” tras los últimos contactos, aunque reconoció que la situación de la guerra es “compleja”. Los ministros de Exteriores del G-7, las siete potencias económicas mundiales, entre las que se encuentra Estados Unidos, lanzaron por otro lado un aviso a Rusia, adelantando que aplicarán nuevas sanciones si Putin no acepta la oferta de tregua que hay sobre la mesa. Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, convocó el sábado una videoconferencia para tratar la situación en Ucrania. “Tarde o temprano, Putin tendrá que sentarse a negociar”, advirtió. La respuesta rusa, de momento, pasa por el último mensaje de Putin, que solo contempla que los soldados ucranios en la región rusa ocupada se rindan. Source link

Teodora Vásquez tenía 20 años cuando fue condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado tras dar a luz a un niño muerto en 2007 en El Salvador, donde el aborto es condenado en todas las circunstancias y donde hechos así, pese a poder ser accidentales, despiertan las sospechas. “La pobreza es lo primero que se condena. Si eres pobre, no tienes oportunidades. Y si eres mujer y estás sola, es peor para ti. Muchas mujeres en mi país son víctimas del sistema judicial”, asegura Vásquez, que pasó 10 años en prisión hasta que un tribunal determinó que fue condenada injustamente. El número de mujeres criminalizadas y encarceladas está creciendo a un ritmo “alarmante” y más rápido que el de los hombres en el mundo, advierte el informe De la pobreza al castigo, de las organizaciones Penal Reform International y Women Beyond Walls, presentado este lunes ante una Comisión de la ONU sobre la situación de la mujer. En el estudio, se estima que hay más de 733.000 mujeres y niñas en prisión en todo el mundo, un número que desde el 2000 ha aumentado en un 57%. En el mismo periodo de tiempo, la población carcelaria masculina ha aumentado un 22%, detalla a este diario Jérôme Mangelinckx, director de Política Global de Penal Reform International, en una entrevista telefónica. En lugar de invertir en servicios de apoyo y soluciones, los países siguen criminalizando a aquellas que están marginadas y son más vulnerables Sabrina Mahtani, Women Beyond Walls “La pobreza, los malos tratos y la discriminación de género han impulsado el alarmante aumento del encarcelamiento de mujeres en todo el mundo. De no tomarse medidas urgentes, la cifra pronto podría superar el millón”, advierte en las conclusiones del informe Sabrina Mahtani, abogada y fundadora de Women Beyond Walls. Las organizaciones autoras del informe temen que, ante los graves recortes de financiación que los principales gobiernos prevén para 2025, agraven esta situación. “En lugar de invertir en servicios de apoyo y soluciones, los países siguen criminalizando a aquellas que están marginadas y son más vulnerables”, lamenta Mahtani. El informe considera que hay leyes que criminalizan especialmente a las mujeres por actos vinculados a su propia supervivencia, como la mendicidad, pequeños hurtos o trabajos informales, y menciona que existe una “feminización de la pobreza”, tal y como ya mencionó ONU Mujeres en 2022. Por ejemplo, en Uganda en 2024, el robo representó el 33% de los delitos menores cometidos por mujeres, la mayoría de ellas con hijos y en situación de pobreza. Entre los testimonios recogidos por el informe, hay dos mujeres que fueron acusadas — y una de ellas condenada a 30 días en prisión— por robar leche en polvo para alimentar a sus bebés. “Desproporcionalmente afectadas” El informe también pone de relieve la criminalización de las mujeres que trabajan, por ejemplo, como vendedoras ambulantes, temporeras o trabajadoras domésticas. De los 75,6 millones de trabajadores domésticos en todo el mundo, el 76% son mujeres. En Kenia, muchas mujeres fueron arrestadas por vender productos en la calle, como Emma, que intentaba así ganar algo de dinero para mantener a sus hijos. La mujer fue arrestada y condenada a tres meses de prisión o a pagar una fianza de 10.000 chelines kenianos (71 euros), según el testimonio recogido por este informe. Las mujeres se ven “desproporcionalmente afectadas” por presuntos delitos relacionados con la moral: desde la ropa que llevan hasta su comportamiento público, pasando por su identidad de género y derechos reproductivos. Además, el estudio concluye que las mujeres se ven “desproporcionalmente afectadas” por presuntos delitos relacionados con la moral: desde la ropa que llevan hasta su comportamiento público, pasando por su identidad de género y derechos reproductivos. Iris Kaingu, una empresaria zambiana e influencer en redes sociales, fue arrestada en 2022 y acusada de usar “vestimenta indecente” por llevar un vestido negro transparente. Tres años antes, dos jóvenes nigerianas, Farida Taofiq y Raihana Abbas, fueron acusadas también de utilizar vestimenta indecente por llevar vestidos cortos. Un tribunal las condenó a dos meses de prisión o a una multa de 3.000 nairas nigerianas (1,79 euros). A pesar de que la tendencia mundial apuntala hacia la despenalización del aborto, como lo ha recomendado la Organización Mundial de la Salud (OMS), actualmente en 15 países está prohibido interrumpir voluntariamente un embarazo, sean cuales sean las circunstancias. El informe cita el caso de El Salvador, donde las mujeres pueden ser condenadas a décadas de prisión, y de Ruanda, donde una ONG calculó en 2021 que una cuarta parte de las mujeres en prisión habían sido condenadas por someterse a un aborto. Esta criminalización del aborto trae consigo una mayor mortalidad materna, como en Haití o en Honduras, donde es tres veces superior a la media mundial y son países en los que abortar está prohibido. El riesgo de la extrema derecha Mangelinckx subraya por su parte que las mujeres se ven especialmente afectadas y penalizadas por los delitos de narcotráfico. “Las políticas aplicadas sumadas a creencias patriarcales aumentan la probabilidad de que las mujeres sean sometidas a procesos penales, detención preventiva y penas de prisión más largas en comparación con los hombres”, asegura el informe. En el estudio se cita por ejemplo el caso de Caterina, una venezolana de 36 años que fue condenada a 25 años de prisión en Hong Kong tras no lograr convencer al jurado del tribunal de que fue forzada a transportar cocaína en su cuerpo. La mujer aseguró que fue secuestrada en Brasil tras responder a un anuncio de empleo falso. El informe estima que, en promedio, un 35% de las condenas contra mujeres son por delitos relacionados con las drogas, frente al 19% contabilizado entre los hombres. En América Latina y Asia, este porcentaje de mujeres condenadas puede elevarse hasta el 50% y el 80%, respectivamente. En las conclusiones, Mahtani advierte de que con los programas de extrema derecha ganando terreno en numerosos países, los movimientos contra los derechos de las mujeres van a seguir creciendo y el