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El alto el fuego iniciado el pasado 19 de enero en la franja de Gaza supuso un respiro para los gazatíes después de más de un año de bombardeos constantes del Ejército de Israel. Los ataques no cesaron por completo, pero sí se redujeron notablemente durante los casi dos meses que se ha mantenido la tregua. El siguiente gráfico recoge los ataques, tanto de tropas israelíes como de la resistencia armada palestina, identificados cada semana por la organización internacional ACLED, que mantiene un recuento desde el inicio del conflicto. De esta interrupción en los ataques se han valido cientos de miles de gazatíes para volver a lo que quedaba de sus hogares en el norte de la Franja (de donde en las primeras semanas de conflicto escaparon 650.000 de los 1,1 millones de habitantes). Solo en el primer día del pasado enero en que se abrieron las carreteras, las autoridades locales calcularon que más de 300.000 desplazados habían vuelto a las regiones del norte. Allí se han levantado miles de tiendas de campaña en los dos últimos meses para acoger a los refugiados. Así ha cambiado el aspecto de una zona del norte de Ciudad de Gaza entre el 2 de febrero y el 18 de marzo. En las imágenes satelitales se aprecia que a los campos de refugiados existentes se han sumado nuevos refugios, y que se han creado asentamientos en otros descampados. Campamentos de refugiados levantados al norte de Ciudad de Gaza entre febrero y marzo de 2025. Planet Labs El regreso se vio interrumpido abruptamente el pasado martes por la oleada de ataques israelíes que puso fin a la tregua y que mató a más de 400 gazatíes en un solo día, y otras 200 en los siguientes tres días, según el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás. Los gazatíes han informado de decenas de ataques aéreos y de artillería en distintas partes de la Franja, que comenzaron mientras dormían y en medio del mes sagrado musulmán del Ramadán. En todo febrero de 2025 murieron 901 personas, un mes en el que el alto el fuego estuvo vigente pero en el que Israel fue incrementando los bombardeos en las últimas semanas. Ha sido el segundo mes con menos fallecidos directamente por el conflicto desde que comenzó hace ya 17 meses. Nunca ha dejado de haber muertes violentas en la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego. ¿Cuántas personas han muerto en Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023? Las últimas cifras del Ministerio de Sanidad de Gaza, avaladas por varias instituciones internacionales, apuntan a casi 50.000 muertes desde el comienzo del conflicto. Según un reciente estudio de The Lancet, la cifra de este organismo, controlado por Hamás, se queda corta: los fallecidos serían más de 64.000. Las cifras desagregadas muestran que los menores de edad, mujeres y ancianos suponen más del 60% de los cadáveres. Nuevas órdenes de evacuación Antes de los bombardeos de esta semana, el alto el fuego ya había comenzado a tambalearse desde el 1 de marzo, cuando las partes no consiguieron hacer avanzar las conversaciones sobre una segunda fase de la tregua. El pasado martes el ejército israelí anunció que obligaría a desplazamientos masivos y emitió nuevas órdenes de evacuación para las ciudades de Khuza’a, Abasan al Kabira y Abasan al Jadida en el sur, así como para Beit Hanún, en el norte. El ciclo de desplazamientos de los refugiados se agrava a medida que las fuerzas israelíes siguen ordenando evacuaciones en zonas de toda Gaza, avisando de próximas operaciones militares. Los ataques fueron seguidos el jueves del anuncio hecho por el ejército israelí de que reanudaba las operaciones terrestres en el centro de la Franja y ha retomado parte del denominado corredor Netzarim, que divide norte y sur de la Franja y donde ya impide el paso de vehículos. El jueves también, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, amenazó con una anexión permanente de partes de Gaza y un desplazamiento perpetuo de la población al sur del enclave. Palestinos desplazados del norte de Gaza instalan sus tiendas en el centro de la ciudad, el pasado miércoles.HAITHAM IMAD (EFE) Fuentes Fuentes  Planet Labs, para las imágenes satelitales | Fuerzas de Defensa de Israel, para la zona de evacuación | Armed Conflict Location and Event Data (ACLED) | Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la ONU | Ministerio de Sanidad del Gobierno de Gaza Source link

Hasta las estepas de Mongolia y su caótica capital, Ulán Bator, se fue Javier Cercas con el séquito del papa Francisco para tratar de saber lo único que entonces le importaba a su madre saber: si tras su muerte vería o no vería a su marido, si viviría con él la vida eterna. La obstinación monomaniaca y desaforada de Cercas puso el resto y no paró hasta saber si sí o si no, al menos según el testimonio de quien no puede no saberlo, el propio papa Francisco. Dicho más francamente: Cercas quiso preguntarle a Francisco sobre la resurrección de la carne y la vida eterna, es decir, sobre la esencia de la fe católica, y vislumbró en el viaje cuántos Bergoglio han llegado a convivir dentro del papa Francisco. ¿De verdad te contestó eso el Papa? “Claro”, responde. ¿De verdad ocurrió lo que cuentas al final del libro? “Claro”, vuelve a responder. “¿Tan raro te parece?” Raro no, alucinante. A Cercas se le ilumina el rostro a medida que nos acercamos al límite del paseo, una vez pasados los edificios grises, de tres o cuatro plantas, construidos durante el desarrollismo en la costa de los catalanes pobres, pasado también el gigantesco aparcamiento instalado en la arena de la playa (y recién clausurado porque han descubierto que es zona inundable, tras medio siglo usándolo) y pasados los destartalados locales con terrazas desiertas y neones horteras sin luz. Cuando apenas quedan unos metros y el mar comparece abrumador, a Cercas se le ven las sinapsis disparadas en todas direcciones, porque por ahí anda el origen de todo, o casi todo: estamos al final de un pueblecito de la Costa Brava, L’Estartit, ante roquedales y farallones como los de un poema de Arde el mar, y de algún modo es ahí donde nace el último libro de Cercas y donde empezó en realidad su vida real y verdadera de fugitivo de la fe: el paisaje salvaje de una adolescencia descreída y liberada del catolicismo profundo de sus padres, de los dos padres, para emprender el camino de la mala vida, la vida perdida del alcohol, las mujeres, las drogas y la incertidumbre de la literatura. Javier Cercas publica ‘El loco de Dios en el fin del mundo’ (Random House) el 1 de abril.Caterina Barjau He visto llorar dos veces a Cercas: una no la voy a contar; la otra ocurrió al confesarme la violencia de la culpa que aún le asaltaba cuando se acordaba del imbécil de 15 años que se avergonzaba de su padre veterinario, extremeño, católico y suarista (o sea, partidario de Adolfo Suárez). Secretamente, El loco de Dios en el fin del mundo es un subyugante autorretrato de fondo de un escritor que ha acabado dedicando dos de sus libros cruciales a sus dos progenitores: quizá una forma impremeditada de la gratitud embebida o infartada de literatura. Cuando moría su padre, Cercas remataba una obra maestra, Anatomía de un instante, y cuando moría su madre remataba esta inaudita aventura de ingresar en las entrañas del Vaticano y en las de su morador más ilustre, escurridizo y evasivo, el papa Francisco. Le pregunto qué hace un ateo irredento como él en el corazón de la Iglesia católica y no me contesta. Señala hacia un cielo trágicamente partido por nubes rojas para que conteste el libro mismo, con sus averiguaciones imposibles, su paciencia infinita de oyente interrogativo, su instinto de investigador a la caza de la información crucial en la vida de su madre: ¿verá o no verá en la otra vida al hombre al que más quiso en esta, para estar ya eternamente con él? A quién preguntar si no es al papa Francisco, santo padre y padre de todos, católicos y no católicos, según repiten tanto él mismo como sus portavoces. Como los mejores libros de Cercas, este es también una investigación con apariencia de verdad natural o rudimentaria, casi ordinaria de puro evidente. Sin énfasis y sin aparato, al modo casi franciscano, Cercas ha viajado al fin del mundo, es decir a Mongolia, enrolado en el equipo que acompaña en sus desplazamientos a un Papa no más viajero que otros, pero tan calculador como ellos. ¿A Mongolia? ¿A un país de tres millones y medio de habitantes que apenas cuenta con una ridícula comunidad de 1.500 católicos? ¿Qué hace en Mongolia el Papa cuando no ha pisado todavía, tras más de una década de papado, la ultracatólica España y tantos otros países poderosos saturados de obedientes católicos? “Es que este Papa es raro”, cuenta Cercas. “En realidad, parece dos papas en uno, o más bien varios, como todos somos varias personas en una, que acaba fusionándolas todas. Fíjate: este hombre ha seguido viviendo en el Vaticano como vivió siempre, con austeridad, sin el boato papal, sin engreimiento, sin subirse a la parra… Y, sin embargo, sus más viejos conocidos argentinos recuerdan a otro Bergoglio subido a la parra de la soberbia, con tics autoritarios y hasta una presunta tolerancia hacia una de las peores dictaduras de América Latina, la junta militar argentina, y a la vez amigo y admirador de Borges, dispuesto a recorrer día y noche las villas miseria de Buenos Aires, inacabables como el desierto mismo de Mongolia… En fin: un tipo muchísimo más complejo de como lo pintan”. Javier, no habrás quedado abducido por la pócima mágica que ha permitido durar a la Iglesia más que ninguna otra institución conocida o por conocer, ¿verdad? Ahora sí me mira a la cara con ojos de miope desconcertado y suelta la risa mientras habla. “Eso es lo que se temía mi mujer, que volviese a los orígenes, al orden perdido a los 14 años, cuando dejé la fe o la fe me dejó a mí, a saber. Mi mujer se rio de mí cada vez que la llamaba desde el fin del mundo y también cuando volví a casa, tras una semana de conversaciones infinitas y perturbadoras con misioneros y sobre todo misioneras que simplemente lo

Donald Trump dijo en campaña que si ganaba las elecciones sería dictador el primer día. El presidente de Estados Unidos se ha dedicado desde su regreso triunfal a la Casa Blanca a forzar las costuras del poder ejecutivo, invadiendo competencias del legislativo con su avalancha de decretos y desafiando a los jueces. Su deriva autoritaria amenaza con provocar una crisis constitucional y pone en peligro el sistema de controles y equilibrios que ha caracterizado la democracia estadounidense en sus casi 250 años de historia. El choque de poderes se ha agudizado en la última semana, después de que el presidente recurriese a una ley del siglo XVIII aplicable en tiempos de guerra para deportar a inmigrantes sin garantías, como había prometido hacer. El juez federal James Boasberg dio la orden de detener la deportación de cientos de venezolanos por la vía rápida a El Salvador, donde han sido encarcelados nada más llegar por el Gobierno de Nayib Bukele. El traslado no se detuvo y Trump reaccionó pidiendo que el juez fuera sometido a un juicio político (impeachment) para su destitución por el Congreso. En uno de sus mensajes en redes sociales repletos de mayúsculas, arremetió contra Boasberg: “Este juez lunático de la izquierda radical, un alborotador y agitador que fue tristemente nombrado por Barack Hussein Obama, no fue elegido presidente”, empezaba su diatriba, dando a entender que la victoria electoral le sitúa a él por encima de la obediencia a las leyes y a los jueces. El ataque de Trump provocó la respuesta del presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts, que plantó cara a Trump en defensa de la independencia judicial. “Durante más de dos siglos, se ha establecido que el impeachment no es una respuesta adecuada al desacuerdo sobre una decisión judicial. El proceso normal de revisión de apelaciones existe para ese propósito”, indicó Roberts en una declaración extraordinaria. Mientras, Elon Musk sacaba la cartera de hombre más rico del mundo para hacer donaciones a los congresistas que apoyasen procesar políticamente a jueces. Durante toda la semana, los abogados de la Administración Trump han estado jugando al gato y al ratón con el juez Boasberg, que trata de establecer si su orden fue desobedecida. Un juez de Rhode Island también dijo el mes pasado que el Gobierno seguía reteniendo fondos federales en violación de una orden judicial suya. Inmigrantes deportados desde Estados Unidos, en una cárcel de San Luis Talpa, en El Salvador.Presidency of El Salvador / HANDOUT (EFE) El choque con el Poder Judicial por las deportaciones es el último episodio de una deriva de dos meses en los que Trump ha dictado sin parar decretos de dudosa legalidad con los que ha pretendido poner fin a la ciudadanía por nacimiento; congelar fondos aprobados por el Congreso; ignorar abiertamente leyes en vigor; despedir a inspectores generales y jefes y miembros de agencias independientes sin cumplir los requisitos legales; emprender una purga por razones ideológicas; saltarse las protecciones laborales de los funcionarios; desmantelar agencias creadas por el Congreso; acosar a empresas y bufetes de abogados; incurrir en constantes conflictos de intereses y ampliar los límites de su poder. David Super, profesor de Derecho de la Universidad de Georgetown, señaló a Reuters que Trump “claramente está haciendo un movimiento muy agresivo para expandir los poderes presidenciales a expensas de las otras dos ramas del Gobierno”, en referencia al legislativo y el judicial. “Es demasiado pronto para ofrecer veredictos definitivos, pero las primeras semanas de la administración Trump bien pueden constituir el ataque más severo al Estado de derecho en Estados Unidos desde que las fuerzas armadas confederadas comenzaron a lanzar proyectiles de artillería contra Fort Sumter en 1861″, opina Alex Keyssar, profesor de Historia y Política Social de la Harvard Kennedy School. “Si aún no estamos en una crisis constitucional (una en la que no hay reglas constitucionales que guíen la resolución de un conflicto), estamos lo suficientemente cerca como para sentir acercarse sus vientos”, añade. “Cuando las personas elegidas para defender el Estado de derecho y seguir la Constitución desafían abiertamente el significado claro de las leyes, entonces sí, estamos en una crisis constitucional”, afirma Jessica Silbey, profesora de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston, experta en Derecho Constitucional. “Donald Trump está reorganizando la estructura constitucional del Gobierno a través de mecanismos que no prevén ninguna responsabilidad ni transparencia, lo que desafía nuestras normas y compromisos democráticos. Se está resistiendo abiertamente al significado claro de las leyes que hemos aceptado durante mucho tiempo”, añade, en declaraciones a la revista de la universidad. Más de 1.000 académicos de Derecho de todo el país firmaron una carta, coordinada por Kent Greenfield, profesor y académico distinguido del decano de la Facultad de Derecho de Boston College, en la que denuncian la gran cantidad de decretos y acciones ilegales del presidente Trump. “Creemos que estamos en una crisis constitucional. El presidente ha firmado una serie de órdenes ejecutivas que están más allá de su autoridad constitucional o estatutaria”, sostienen. “El Gobierno y las leyes de los Estados Unidos no están sujetos al capricho presidencial. Por el contrario, el presidente está obligado a ‘velar por que las leyes se ejecuten fielmente’. Y está obligado por juramento a ‘ejecutar fielmente’ el cargo de presidente y a ‘preservar, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos”. Los abajo firmantes tienen una variedad de puntos de vista sobre las políticas subyacentes en cuestión. Pero estamos unidos en nuestra opinión de que el presidente ha actuado de manera ilegal e inconstitucional”, dice la carta. “La ilegalidad de estas acciones, incluso cuando la ilegalidad ha sido juzgada en los tribunales federales, no parece estar disuadiendo las acciones del presidente. Al contrario, el presidente y su Administración coquetean abiertamente con desobedecer las sentencias judiciales en su contra”, continúan. “Nos entristece tener que explicarle al presidente este principio democrático fundamental, pero lo hacemos: un presidente tiene la obligación de obedecer la Constitución, así como las órdenes judiciales que prohíben sus acciones

Fue entre el 15 y 16 de junio de 2016. En el hotel Marriott de la ciudad alemana de Colonia se encerraron más de 150 representantes de aerolíneas, reguladores aéreos, médicos y miembros de asociaciones de pilotos y tripulantes de cabina. Trazaron un plan de acción diseñado de urgencia, aunque debatido durante un año, con el que reforzar la seguridad en el transporte aéreo. Se trataba de evitar que se repitiera un siniestro como el del vuelo 9525 de Germanwings en los Alpes franceses, ocurrido un negro 24 de marzo de 2015 y del que se cumplen diez años. Esa tragedia, en la ruta Barcelona-Dusseldorf, dejó 150 víctimas mortales y causó enorme impacto en la opinión pública. Fue uno de esos sucesos que cambian el rumbo de la aviación, como antes lo hicieron el conocido como accidente de Los Rodeos, en marzo de 1977 en Tenerife (583 muertos), o el atentado de las Torres Gemelas de Nueva York, en septiembre de 2001. En esa cumbre de seguridad aérea se estudió a fondo la acción suicida del copiloto Andreas Lubitz, de 27 años, que estrelló voluntariamente la aeronave contra una montaña. Se definió un mapa de riesgos, y surgieron una serie de recomendaciones, posteriormente convertidas en norma, para evitar que una grieta en la estabilidad emocional de cualquier responsable de un vuelo, por pequeña que sea, volviera a suponer un riesgo en el aire. De ese hotel de Colonia, a escasos metros de la sede central de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA por sus siglas en inglés), salió algún cambio relevante en la operativa de los vuelos, como la presencia obligatoria de un mínimo de dos personas en la cabina de pilotos ante la posibilidad, tras el 11-S, de bloquear la puerta e impedir el acceso desde fuera. Si sale un piloto, como es habitual en un vuelo de varias horas, entra el sobrecargo o cualquier otro tripulante para acompañar al otro piloto. También se forjaron medidas de control del personal, entre ellas los test aleatorios de alcohol y psicoactivos, realizados incluso al personal de las aerolíneas extranjeras que viajan a la Unión Europea. Y salió adelante un tercer paquete relacionado con la certificación del estado de salud de las tripulaciones y la instauración de programas de apoyo psicológico permanente en cada una de las compañías. Diez años después, explica el subdirector del Departamento Técnico del sindicato de pilotos Sepla, Ángel González, “se realizan pruebas psicológicas de mayor profundidad cuando alguien quiere hacerse con la licencia de vuelo, firma por una aerolínea o cambia de compañía”. González, piloto de profesión, afirma que “volar es ahora más seguro, por lo que se aprendió del siniestro de Germanwings”. Incluso, se instó a la supervisión del personal médico que examina a quienes se ponen a los mandos de una aeronave; fueron mejorados los procedimientos sanitarios, y se revisó el papel de las autoridades aeronáuticas sobre la gestión de riesgos de seguridad. Ante la comunidad de expertos reunida en Colonia, el director adjunto de Tripulaciones y Departamento Médico de la EASA, Chaouki Chabbi, expresó que “ninguna acción por sí sola es 100% eficiente. Y cada acción es un paso hacia un sistema más seguro”. Un argumento que hace suyo el representante de Sepla: “La seguridad en el avión es protocolo y redundancia. No hay modo de transporte más seguro porque hay dos pilotos, tres en operaciones de larga distancia, formados y atentos a lo que hace el compañero”. Por esta razón, el colectivo español se rebela ante cualquier tentación de rebajar la ratio obligatoria de personal técnico en cabina: “Lo primero es la seguridad. Pasamos porque la inteligencia artificial pueda funcionar como un complemento, pero no como la sustituta de personal técnico, tal y como se analiza en la industria”, advierte González. El trágico final del avión A320 de Germanwings generó una avalancha de documentación, entre ella el informe de la agencia francesa de investigación de accidentes (BEA por sus siglas en francés); decenas de encuestas al personal de vuelo en todo el continente y cambios normativos a lo largo de los siguientes años. Si se había concluido que la colisión del avión se debió a la acción deliberada y planificada del copiloto, cuando se encontraba solo y encerrado por voluntad propia en la cabina de mando, se trataba ahora de prevenir. Tras conocerse que Andreas Lubitz había ocultado a su compañía aérea los resultados de varias consultas con psicólogos, e incluso su situación de baja, se abrió el melón de la confidencialidad médica y su repercusión, como en este caso, en la seguridad pública. Tras un intenso debate, en el que participó el Colegio de Médicos de Barcelona, se concedió una mayor visibilidad para las aerolíneas sobre los informes psicológicos cuando el médico lo estima necesario por ser algo absolutamente urgente. Ahí fueron rebajados en momentos excepcionales los límites del secreto entre doctor y paciente. El trabajo de la BEA también afloró una triste realidad que pudo acosar al copiloto Lubitz: la posible ocultación de problemas médicos, por parte de los tripulantes, por el miedo a perder la licencia de vuelo y, con ella, el trabajo. Ante ello, se instó a todo el sector aéreo a tomar medidas que evitaran ese temor, y ahora sindicatos y trabajadores quieren confiar en la aplicación de lo que denominan “cultura justa”, que no es más que la preservación del puesto ante una baja. De lo contrario, se corre el riesgo de ocultar situaciones tan habituales como una crisis de ansiedad o una depresión. El director ejecutivo de la EASA, Patrick Ky, aseveró a la salida del encuentro decisivo en Colonia que “Europa había introducido las herramientas adecuadas para salvaguardar la aptitud mental de las tripulaciones”. Source link