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En el grupo de 238 personas que fueron deportadas por Estados Unidos a El Salvador, la mayoría venezolanos, estaba un cabecilla de la Mara Salvatrucha (MS-13) que fue acusado en Nueva York de terrorismo y aguardaba juicio. Pero antes de su expulsión, a César Humberto López Larios, alias el ‘Greñas de Stoner’, se le retiraron los cargos. Es considerado uno de “los doce apóstoles del diablo”, en referencia a los fundadores originales de la MS-13. ¿Por qué es importante este personaje y qué información comprometedora tiene sobre el Gobierno de Nayib Bukele? En total, el gobierno de Donald Trump devolvió a El Salvador en la madrugada del 23 de marzo a 23 miembros de la Mara Salvatrucha, entre los que se encuentran dos cabecillas que estaban acusados en Estados Unidos por actos de terrorismo. MIRA: ¿Qué leyes internacionales estarían violando EE.UU. y El Salvador al recluir a migrantes en la megacárcel de Bukele? Todos los deportados fueron internados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la mundialmente conocida megacárcel que mandó a construir el presidente Nayib Bukele para los criminales más peligrosos. El cabecilla pandillero César Humberto López Larios el día de su deportación a El Salvador desde Estados Unidos. De acuerdo con el medio digital salvadoreño El Faro, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York renunció a la acusación de López Larios en Estados Unicos a cambio de que sea juzgado en El Salvador; alegó que lo hizo por “razones geopolíticas y de seguridad nacional”. El Faro informó que López Larios estaba recluido en el ala de Alojamiento Especial (SHU) del Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn. Había sido enviado a ese lugar por “amenazas específicas y creíbles tanto de la MS-13, su propia organización criminal, como de otras organizaciones criminales rivales, incluyendo la Mafia Mexicana y los Sureños”, según un documento del 22 de noviembre de 2024. ¿Quién es el ‘Greñas de Stoner’? César López Larios, cabecilla de la Mara Salvatrucha MS-13 que fue deportado por Estados Unidos a El Salvador. El ‘Greñas de Stoner’ tiene 47 años. Nació en en la ciudad de Santa Ana, El Salvador. En su país tiene antecedentes por resistencia, homicidio simple, homicidio agravado, extorsión y agrupaciones ilícitas, indicó El Faro. Vivió en Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles, pero en 1999 fue deportado. En El Salvador fundó la clica Stoners Locos. En el 2002, junto a otros líderes históricos, fundó la Ranfla Nacional de la pandilla, el máximo organismo de dirección de la MS-13 que con el paso del tiempo extendió su influcencia a México y la costa este de Estados Unidos. López Larios purgó prisión en El Salvador por homicidio simple y salió libre en el 2011. En enero del 2013, fue detenido por extorsión imperfecta en Chalatenango, pero fue liberado ese mismo año y huyó a Estados Unidos donde, según la Fiscalía de ese país, cometió extorsiones transnacionales desde North Hollywood. Amenazaba a salvadoreños en Estados Unidos y en El Salvador. Fue capturado y deportado en el 2017 a El Salvador. En su país fue recluido en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. El Faro precisó que desde diciembre del 2020, López Larios estaba acusado en Estados Unidos de conspiración para proporcionar y ocultar el apoyo material para terroristas, conspiración para cometer actos de terrorismo que trascienden las fronteras nacionales, conspiración para financiar terrorismo y conspiración para el narcoterrorismo. Fue arrestado el 9 de junio del 2024 en la ciudad de Arriaga, en el estado mexicano de Chiapas. Las autoridades mexicanas lo enviaron a Houston, Texas, donde fue entregado al FBI y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. El pacto con Bukele El Faro explicó que el 2019 se presentó en Estados Unidos la primera acusación contra algunos líderes de la MS-13, inlcuido López Larios. Luego, en el 2020, el departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó formalmente la persecución contra la Ranfla Nacional de la Mara Salvatrucha. El 14 de enero del 2021 la Fiscalía de Nueva York presentó un documento de acusación por terrorismo contra 14 pandilleros salvadoreños creadores de la Ranfla Nacional. En esa acusación figuraba César Antonio López Larios, indicó El Faro. Según la acusación, el departamento de Justicia de Estados Unidos consideró demostrado que el Gobierno de Bukele negoció en secreto desde el 2019 con la Mara Salvatrucha, y que ofreció a los principales líderes pandilleros beneficios financieros y facilidades de comunicación para que mantuvieran control territorial y de sus estructuras durante la duración de ese acuerdo. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, hace un gesto mientras pronuncia un discurso ante estudiantes de secundaria el 15 de marzo de 2025. (Foto de Marvin RECINOS / AFP). / MARVIN RECINOS El pacto incluyó condiciones carcelarias menos restrictivas e incluso reducciones de pena. A cambio, según fiscales federales estadounidenses, la MS-13 apoyó al partido Nuevas Ideas en las elecciones municipales y legislativas del 2021, y mantuvo bajos los niveles de homicidios al menos hasta marzo del 2022, cuando el pacto se rompió, algo que fue confirmado en audios publicados por El Faro por el director de reconstrucción de Tejido Social, Carlos Marroquín. Tras formalizar la acusación, Estados Unidos pidió a El Salvador la extradición de los cabecillas pandilleros. De acuerdo con El Faro, en los documentos judiciales de las autoridades estadounidenses se menciona que parte del pacto entre el Gobierno de Bukele y las pandillas implicaba bloquear las extradiciones. El Faro hizo notas que desde mayo del 2021, la Corte Suprema de El Salvador, controlada por Bukele, negó al menos cuatro peticiones de extradición de los líderes criminales salvadoreños. Uno de ellos, Élmer Canales Rivera, alias Crook, fue liberado ilegalmente por las autoridades salvadoreñas en noviembre del 2021, meses antes de que la tregua se rompiera y Bukele decretara en marzo del 2022 su régimen de excepción que sigue vigente. Crook fue capturado por el FBI en México y enviado a Estados Unidos. El Faro informó que en su desesperación por recapturar a Crook, el Gobierno Salvadoreño llegó a negociar

EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí. En la plaza principal de Peine, un pueblo de casas bajas y calles de tierra del Desierto de Atacama, en el norte de Chile, apenas hay movimiento. Es mediodía y el sol se asoma en el cielo sin nubes. De vez en cuando, un camión rompe el silencio mientras trepa sus pendientes agrietadas. Pero no siempre es así de tranquilo. Aunque esta localidad tiene poco más de 300 habitantes, su población puede cuadruplicarse después de las seis de la tarde, cuando regresan a descansar los trabajadores del litio. Este mineral ha convertido a este rincón remoto en un eslabón crucial de la transición energética global. Peine se ubica en el borde del Salar de Atacama, que abarca cerca de 3.000 kilómetros cuadrados. Bajo su superficie, disuelto en aguas salinas subterráneas conocidas como salmuera, se encuentra una de las mayores y más concentradas reservas de litio del planeta. Este mineral se utiliza en el aire acondicionado, computadores y medicamentos estabilizadores del ánimo, hasta, más recientemente, en baterías de autos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía renovable. A medida que gobiernos e industrias en todo el mundo adoptan tecnologías más sostenibles, la demanda de litio se ha disparado. El Salar de Atacama es epicentro de este auge. Se estima que contiene unos 8,3 millones de toneladas de litio y actualmente abastece el 30% de la demanda global. Chile tiene un plan nacional para aumentar aún más su producción. Pero este boom ha transformado el frágil ecosistema del desierto y la vida de las 18 comunidades indígenas que rodean el salar, donde reside el pueblo Lickanantay, también conocidos como atacameños. Hoy, camiones, maquinaria pesada y tuberías cruzan el paisaje desértico, transportando salmuera rica en litio desde pozos subterráneos hacia una red de piscinas de evaporación. Bajo el sol de Atacama, el agua se evapora y deja tras de sí montículos de sal y litio. El cloruro de litio se carga en camiones que recorren el desierto rumbo a la ciudad de Antofagasta, donde el material es refinado en una planta química para obtener carbonato e hidróxido de litio. Luego se transporta 60 kilómetros al norte hasta el puerto de Angamos, en Mejillones, y desde ahí se exporta a destinos como China, Corea, Japón y Estados Unidos. Peine, antes un lugar de “vida tranquila y sana”, según su presidente comunitario, Sergio Cubillos, se ha convertido en un corredor de vehículos de contratistas al atardecer. Por seguridad, los vecinos han instalado rejas. “Hay consumo de drogas y alcohol”, dice Cubillos. Algunas casas exhiben banderas negras en señal de descontento. En varias comunidades del Salar de Atacama las banderas negras en viviendas o construcciones reflejan el descontento de los residentes con el futuro de la extracción de litio.Muriel Alarcon (Grist) Pero el problema más crítico es el agua. La minería en el norte de Chile “usa volúmenes comparables a los caudales del río Loa”, el más largo del país y principal fuente hídrica de la región, explica Christian Herrera, experto en hidrogeología en zonas áridas de la Universidad Católica del Norte. Un estudio reciente reveló que la zona del Salar de Atacama, donde se extrae salmuera rica en litio, está hundiéndose hasta dos centímetros por año, y que están disminuyendo los niveles de aguas subterráneas. Los pueblos aledaños han visto cómo se reduce su ya escasa agua potable. En Peine, el agua se corta en las noches para recargar sus estanques. Cubillos comprende que el litio es clave para un mundo sin combustibles fósiles, pero exige mayor regulación. “No queremos que llegue el momento en que se diga: ‘¿Sabe qué? Va a tener que emigrar de Peine porque ya no tiene agua, no le queda territorio’”. *** Los Lickanantay han habitado el desierto no polar más seco del mundo durante milenios. Han sido cazadores, pastores y agricultores. En kunza, su lengua ancestral, la tierra o Madre Tierra se llama Patta Hoiri y el agua, Puri. La región en la que viven es rica en minerales: hace millones de años, la actividad volcánica y magmática los depositó en el subsuelo, y el clima árido los ha preservado. Las compañías mineras llegaron a la zona a comienzos del siglo XX en busca de cobre. Pronto surgieron pueblos alrededor de los yacimientos. En Peine, la industria inyectó recursos a la economía rural: ayudó a construir la capilla de la iglesia San Roque, la escuela local y una cancha de fútbol. También ha sido una fuente clave de empleo formal. Pero la demanda reciente de litio ha superado con creces los niveles históricos de extracción. El Estado chileno, a través de la agencia estatal Corfo, es dueño de los derechos mineros del Salar de Atacama. Corfo gestiona los contratos de explotación con empresas que operan en la zona: Albemarle y SQM, con participación accionaria de la firma china Tianqi Lithium y la familia Ponce Lerou, vinculada al exdictador Augusto Pinochet. Una nueva alianza público-privada entre SQM y la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) también operará en el salar entre 2025 y 2060, con Codelco como socio mayoritario (50 % más una acción). Según la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), la demanda global de litio alcanzará 3,8 millones de toneladas métricas de carbonato de litio equivalente en 2035 —frente a 310.000 toneladas en 2020—; se multiplicará por 12. En 2023, el presidente Gabriel Boric presentó la Estrategia Nacional del Litio, con la meta de aumentar la producción del país en un 70% al 2030 y devolverle a Chile el liderazgo mundial del mercado, perdido en 2017 ante Australia. “Nadie desconoce que ha existido un desarrollo”, dice Cubillos. “Pero lo que más se reclama es que hay un abandono estatal”. Según el presidente de la Comunidad de Peine, Sergio Cubillos, esta localidad se ha convertido en una vía de paso para camiones y autobuses de contratistas.Muriel Alarcon (Grist) A diferencia de Australia, donde el

Solo hubo una vez, en toda la polémica carrera política de Cuauhtémoc Blanco, en que Morena le dio la espalda. El año pasado, el gobernador de Morelos entre 2018 y 2024 quiso contender para la alcaldía de Ciudad de México. El entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, le paró los pies. Tenía otra idea para el futuro de la capital. Más allá, la historia del exfutbolista con el partido ha estado marcada por un respaldo ciego y constante pese a las repetidas acusaciones de corrupción, acercamientos al crimen organizado y, el que muchos pensaban que sería el último clavo en su ataúd: la acusación de violación por parte de su hermanastra, Nidia Fabiola Blanco. El exdelantero ha vuelto a salvar la piel en el tiempo de descuento este martes, cuando el Congreso ha votado en contra del desafuero que habría permitido que fuera investigado. Entre todo lo que Claudia Sheinbaum heredó de López Obrador, líder espiritual de una nueva izquierda mexicana que todavía arrastra las costumbres del viejo PRI, también se incluye el blindaje a Blanco. El tiempo dirá cómo encaja Morena, un partido que ha hecho de la lucha feminista y la guerra contra la impunidad dos de sus eslóganes más repetidos, la decisión de blindar contra la ley a un diputado acusado de violar a una mujer y robar dinero público. Sheinbaum se hizo con el poder asegurando que, junto a ella, al Palacio Nacional llegaban todas las mujeres. El caso de Blanco, como señala el movimiento feminista y la oposición, se erige contra aquella promesa de campaña. El exgobernador de Morelos ha salido indemne con 291 votos a favor —frente a 158 en contra y 12 abstenciones— gracias al apoyo de la mayor parte de Morena, que ha ignorado a las 35 legisladoras de su partido que pedían hacer honor a su discurso y tumbar el blindaje contra Blanco, el Partido Verde y el PRI. El histórico partido, hoy muy disminuido, los ha respaldado esta vez con el telón de fondo de la delicada situación de su dirigente, Alejandro Alito Moreno, que busca también esquivar un desafuero como el que exigían al exfutbolista, acusado, como él, de enriquecimiento ilícito y malversación de fondos. Blanco ha entrado este martes por la puerta de atrás del Congreso de México, donde es diputado por Morena desde las últimas elecciones, ya iniciada la sesión. El exgobernador de Morelos parecía vivir sus horas más bajas. Después de haber sorteado un puñado de acusaciones de corrupción y alianzas con el crimen organizado a lo largo de los años, la Fiscalía de Morelos solicitó en febrero la retirada de su fuero federal, una protección que impide que sea juzgado como el común de los mexicanos, después de que su hermanastra, Nidia Fabiola Blanco, lo acusara de intento de violación. El Cuauh ha subido a la tarima para hablar entre gritos e insultos. Lo acuerpaban una decena de diputadas, que aplaudían y gritaban: “No estás solo”. “Mi conciencia está muy tranquila”, se ha justificado él. La Cámara lo ha considerado suficiente. Ha sido un inusual día en la inusual carrera de Blanco, que ha anunciado que acudirá voluntariamente a declarar a la Fiscalía de Morelos sobre las acusaciones de violación. Claro: como diputado federal, inmune ante un Ministerio Público estatal. “Yo no tengo miedo, aquí estoy parado ante ustedes, de frente, dándoles la cara”, ha intentado decir, en un discurso de un minuto interrumpido por los gritos de los diputados opositores. El exfutbolista fue denunciado por su hermanastra, Nidia Fabiola Blanco, en octubre de 2024. Según el relato del abogado de la mujer, Rodrigo Dorantes —fiscal de Morelos entre 2013 y 2015—, el exgobernador intentó violarla en diciembre de 2023. Ambos vivían juntos en Residencia Morelos, la casa oficial para gobernadores, desde 2021. Dos años antes, Blanco la había enchufado como directora de apoyo a pequeñas y medianas empresas, de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado. Fabiola Blanco contó que, una noche, él subió hasta su habitación “con aliento a alcohólico” e intentó violarla. “Me empezó a tocar los senos y a tratar de arrancarme la pijama”, relató. Como habitante de Residencia Morelos, según Dorantes, la mujer fue testigo de “ciertas conductas de esta persona [Blanco] con sus amigos y allegados” que implicaban fiestas habituales, consumo excesivo de alcohol, “muchachas” y relaciones con “gente peligrosa”. Esa gente peligrosa apareció fotografiada con el exfutbolista en la portada del periódico local El Sol de Cuernavaca en enero de 2022. En la imagen, el entonces gobernador se abrazaba en posición amistosa con Irving Eduardo Solano, de Guerreros Unidos y el Cartel Jalisco, Homero Figueroa Meza, de Comando Tlahuica y Raymundo Isidro Castro, también del Cartel Jalisco. De los tres, uno está preso y sentenciado, otro prófugo y el tercero fue asesinado en una cárcel de Morelos. Blanco salió al paso con una de sus famosas cuauhtemiñas, una jugada más práctica que elegante en la que agarraba el balón con los dos pies y saltaba para esquivar las piernas de sus rivales: claro, vino a decir, alguien tan famoso como yo está todo el día tomándose fotos con sus fans, ¿de verdad pretenden que le pregunte a todos por su currículum? Ahí quedó la cosa aquella vez. Así ha sido, en general, su carrera política y futbolística: una huida hacia delante plagada de oportunismo. Del América a la política local Blanco nació en 1973 en Tlatilco, una colonia humilde del entonces Distrito Federal, y vivió un tiempo en Azcapotzalco, en un cuarto que sus padres le rentaban a una tía, hasta que tuvieron problemas entre ellos y la familia acabó en una chabola de lámina en el barrio bravo de Tepito, símbolo de la calle, la supervivencia y la inseguridad en la capital. Ni siquiera tenían cama: los seis hermanos dormían en el suelo, “en una alfombra, ni pavimentada, con picos y todo”, como recordó el exgobernador en Imagen Televisión. Allí estuvieron hasta que consiguieron una casa más decente, años después, a poca distancia. Trabajó como vendedor

Las últimas dos semanas en el Catatumbo, en el nororiente de Colombia, han estado marcadas por la zozobra ante el escalamiento de la violencia. En la noche del 9 de marzo, cinco personas fueron asesinadas en Ocaña, en hechos que aún están en investigación. Unos días después, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la disidencia de las extintas FARC conocida como Frente 33 comenzaron una serie de enfrentamientos en la zona rural de Tibú, el municipio más poblado de la región. El 19 de marzo, este último grupo secuestró al líder campesino Joaquín Enrique Villamizar y lo acusó de ser un colaborador de sus rivales. Casi en simultáneo, recuperó el control del poblado de Versalles, también en Tibú. Mientras se calcinaba una bandera del ELN, quedaba claro para las comunidades locales que la disputa territorial está lejos de terminar. Lina Mejía, coordinadora de Derechos Humanos de la oenegé Vivamos Humanos, describe la situación como “una guerra declarada 2.0”. Explica por teléfono que hay “una contraofensiva de las disidencias” para recuperar el control de zonas que el ELN les arrebató en enero, cuando lanzó una ofensiva, asesinó a decenas de civiles y produjo el desplazamiento masivo más grande del que se tiene registro en Colombia (unas 60.000 personas al 25 de marzo). “Las disidencias no habían respondido tan de frente, habían tenido un rol pasivo. Pero ahora están disputando el control, sobre todo en Tibú, que era su retaguardia”, comenta. Las declaraciones de Andrey Avendaño, comandante del Frente 33, evidencian la creciente tensión. Aunque niega que el grupo tenga “pretensiones territoriales”, su tono no da lugar a dudas: acusa al ELN de “nuevas acciones ofensivas” y justifica el secuestro del líder campesino. “Villamizar tenía bajo custodia municiones de diverso calibre (…) [tenía] material de guerra que pertenecía al ELN”, se lee en un mensaje publicado el 20 de marzo en X. Luis Fernando Niño, alto consejero para la Paz de la Gobernación de Norte de Santander, departamento que incluye al Catatumbo, aclara por teléfono que el campesino, ya liberado, no tenía opción en caso de que la acusación sea cierta. “La gente en el territorio quedó bajo el dominio territorial del ELN. Los obligan a acogerse a sus directrices”, remarca. Tanto Niño como Mejía enumeran varias facetas del escalamiento. El consejero cuenta que las disidencias han sumado unos 150 hombres a sus tropas en el Catatumbo, provenientes de otras regiones del país, como el Magdalena Medio. También señala que las comunidades temen que haya más asesinatos selectivos, como los que ejecutó el ELN, y que las persecuciones llegan a los albergues de desplazados, donde hay denuncias de infiltraciones de los armados. Mejía, por su parte, apunta que los números de desplazados hablan por sí solos: “Pensamos que era imposible que la cifra siguiera aumentando. Pero en menos de un mes sumamos más de 5.000 personas y llegamos a 60.000. Eso implica unas 1.000 personas por semana”. Otra “alerta bastante diciente”, explica Mejía, fue el ataque del pasado 20 de marzo contra caciques del pueblo indígena Barí. Tras dispararle al carro en el que viajaban, en la carretera entre Tibú y El Tarra, unos 20 hombres armados los rodearon para intimidarlos. Mejía recuerda que hasta ahora los Barí suscitaban cierto respeto que los mantenía al margen de la violencia. “Son los guardianes del territorio. Si no los respetan a ellos, no van a respetar a nadie. Si la cogen contra los Barí, es porque ya hay una degradación total del conflicto”, enfatiza. Algo similar opina una autoridad indígena del resguardo Motilón-Barí, que pide mantener su identidad bajo reserva por seguridad. “La voz del cacique ya no se está teniendo en cuenta y eso nos afecta a todos. Lo que pasó en estos días es una forma de amedrentarnos, amenazarnos, intimidarnos”, dice por teléfono. Comenta que han optado por no responsabilizar a ninguno de los grupos. “Tememos por nuestra vida, por la integridad de los caciques. No invitamos a la guerra, no incitamos a la violencia. Les pedimos que cesen los enfrentamientos, que haya una convivencia pacífica y que la armonía vuelva al territorio”. Residentes de la región de Catatumbo acampan en la plaza de Bolívar en Bogotá, Colombia, en enero de 2025.Fernando Vergara (AP) Descontento con el Gobierno La autoridad indígena señala que sus reclamos también son contra el Gobierno nacional. “Apostábamos a que el Gobierno del cambio iba a ser uno de inclusión, pluralista. Pero no hay recursos para el pueblo barí”, afirma. Dice que la ayuda se ha limitado a unas donaciones de alimentos en febrero, algo preocupante cuando tienen 23 comunidades confinadas por la violencia de los armados. “No podemos salir a cazar o pescar, y tenemos un problema de seguridad alimentaria”, cuenta. Asimismo, cuestiona que aún no se cumpla una sentencia de la Corte Constitucional que obliga al Estado a estudiar la ampliación del resguardo, y señala que se sienten excluidos de los programas que anunció el Ejecutivo para titular predios a nombre de campesinos. “A los indígenas no nos dan un centímetro de tierra”, apunta. Juan Carlos Quintero, directivo de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), coincide en la falta de mejoras por la conmoción interior y el Plan Catatumbo, un programa de inversiones sociales. “Lo único que se ve es la militarización. El Ejército ha entrado como un tercer actor y eso, además de bajas en los grupos armados, ha implicado afectaciones a la población civil”, comenta por teléfono. Para él, la prioridad debería estar en las medidas para mejorar la distribución de tierra y las condiciones educativas y sanitarias. “Sabemos que el Gobierno tiene el deber constitucional de asegurar el control institucional del territorio. Y por eso no nos oponemos a la militarización. Pero sabemos que la fórmula no es efectiva por sí sola”, dice. El defensor de derechos humanos Edward Álvarez, por su parte, considera que los recursos en el Plan Catatumbo “son migajas” que aún no llegan. Reclama un mayor rol de la Cancillería en manejar la frontera con

La Comisión Europea plantea que los hogares europeos deben estar preparados para subsistir 72 horas sin ayuda externa en caso de agresión, desastres naturales, pandemias o ciberataques. Contar con reservas de agua y comida, materiales para calentarse, medicamentos o baterías son las directrices básicas para afrontar este tipo de crisis, según las guías que los países nórdicos entregan de forma recurrente a su población sobre cómo prepararse para una hipotética emergencia o conflicto. ¿Qué hay que tener en casa según los consejos de Suecia, Noruega o Finlandia, el país con la mayor preparación ciudadana ante estas amenazas del continente? Las guías establecen que es básico contar con suficiente agua y comida, como mínimo para tres días por cada persona de la unidad familiar. La recomendación esencial pide tener reservas suficientes de agua embotellada y recipientes limpios y con tapa en los que se puedan almacenar líquidos. Las necesidades mínimas de una persona durante una semana rondan los 20 litros de agua potable en caso de un corte de suministro en las casas. En cuanto a las comidas, se debe tener en cuenta que puede ser imposible refrigerar o cocinar los alimentos por falta de electricidad, por lo que es recomendable contar con una cocina portátil y combustible (gas envasado). Se prefieren alimentos no perecederos, que se puedan almacenar a temperatura ambiente y sean fáciles de consumir. Es recomendable que formen parte de la dieta regular porque así serán repuestos continuamente, con lo que se evita que, en el momento en el que sean necesarios, se encuentren en mal estado. Algunas sugerencias recogidas en la guía noruega son las latas de conserva con todo tipo de productos, frutos secos, fruta deshidratada, legumbres, pasta, leche o arroz. La UE contempla dar directrices a los Estados miembros para preparar a la población, y que esta pueda afrontar con recursos esos primeros tres días clave, considerados esenciales porque es el plazo que normalmente requieren las autoridades para controlar la situación y ayudar a los grupos más vulnerables. Estos preparativos sirven también ante episodios que pueden sentirse más cercanos para los ciudadanos de los países del sur, como España: incendios forestales, inundaciones, terremotos, riesgo volcánico o sequías. Fuentes del Ministerio del Interior apuntan que en España existen guías de autoprotección para la ciudadanía con el foco puesto en ese tipo de catástrofes en el marco de la II Estrategia Nacional de Protección Civil, aprobada el pasado diciembre, y que “se está trabajando, en una fase inicial, en la elaboración de recomendaciones para la población civil”. El inventario doméstico para situaciones de emergencia continúa con suministros que permitan iluminar y calentar los hogares mediante elementos que no requieran electricidad. Las guías aconsejan contar en la vivienda con suficiente ropa de abrigo, mantas y sacos de dormir con los que combatir el frío en el invierno. Para afrontar la oscuridad, linternas o lámparas que funcionen con cargadores solares o baterías, así como pilas de repuesto. También utensilios para encender y mantener fuego, como velas y cerillas. Incluso madera en el caso de hogares que cuenten con chimenea o estufa de leña. Los manuales de referencia apuntan a la importancia de tener nociones de primeros auxilios, y contar con un botiquín básico y con los medicamentos esenciales que requieran los miembros del hogar durante al menos siete días, por la dificultad que puede suponer comunicarse con los servicios sanitarios y de emergencia en una situación de crisis. Un suministro adecuado de artículos de higiene ayuda a prevenir “infecciones y enfermedades”. El manual noruego enumera a este respecto las toallitas húmedas, guantes, compresas o gel hidroalcohólico. También puede resultar útil contar con una reserva de otros objetos como papel higiénico y bolsas de plástico. Se debe tener en cuenta que ante la falta de agua corriente no se puede utilizar normalmente el inodoro y habrá que desechar los excrementos en bolsas de plástico. Las guías distribuidas por los países nórdicos el año pasado, que inciden en los preparativos ante situaciones de guerra, apuntan a la necesidad de abastecerse de pastillas de yoduro de potasio por si hubiera un accidente o ataque nuclear, que deberían utilizarse bajo indicaciones de las autoridades. Además de las indicaciones de los objetos que deben almacenarse en casa, las guías anotan la importancia de prever cómo se recibirá la información de lo que está ocurriendo si se corta la electricidad. A este respecto, se recomienda disponer de algún aparato que permita cargar los teléfonos móviles (una batería auxiliar), y los teléfonos más importantes de las personas escritos en varias hojas de papel. En el supuesto de que no funcione ni la red de telefonía ni haya acceso a internet, se debe disponer de medios que permitan acceder a la información dada a conocer por las autoridades públicas acerca de qué está ocurriendo y “cómo debe actuar” la ciudadanía. Una radio que funcione con pilas o energía solar serviría para ello. Otra indicación es mantener junta la documentación personal de los miembros del hogar, así como diversas formas de pago como dinero en efectivo suficiente para varios días, tarjetas de crédito o débito. Otras herramientas útiles referidas en las guías de autoprotección son una navaja, abrelatas, un extintor o cinta adhesiva para sellar puertas y ventanas. Las guías de Noruega, Suecia o Finlandia, en inglés, o la versión de autoprotección española están disponibles en sus respectivas páginas web, donde se pueden consultar otros consejos para una evacuación, dónde refugiarse en caso de bombardeo, cómo detener una hemorragia, o sugerencias para afrontar la ansiedad. Todas coinciden también en una conclusión: estar preparados también consiste en saber quién puede necesitar ayuda y de quién se puede conseguir. Source link