DKopemoCu

Panamá realizó uno de los mayores decomisos de droga en su historia al incautar 13,5 toneladas de cocaína en una embarcación en el Pacífico que tenía como destino final Estados Unidos, informaron este martes autoridades locales.   Este es el mayor decomiso en una operación desde 2007, cuando fueron incautadas 19 toneladas de cocaína en aguas del Pacífico panameño, según las autoridades, que durante 2024 confiscaron 124 toneladas de droga.   En total, son «13,5 toneladas» de cocaína que eran transportadas en un remolcador al suroeste de Isla San José, en el archipiélago de Las Perlas, explicaron en un comunicado la fiscalía y el Servicio Nacional Aeronaval.   En una conferencia realizada horas antes, las autoridades panameñas habían cuantificado en unas 12 toneladas la totalidad de la droga incautada.   «Es una incautación histórica» que «genera un duro golpe a la criminalidad organizada», dijo el fiscal antidrogas Julio Villarreal.   Panamá sirve de paso para el contrabando de cocaína procedente de Sudamérica, principalmente Colombia, hacia Estados Unidos, el mayor consumidor mundial de esta droga.   El barco, con 10 tripulantes a bordo, había salido desde Colombia y tenía como destino México y Estados Unidos. Todos los ocupantes de la embarcación (un venezolano, un peruano y un colombiano, tres nicaragüenses y cuatro ecuatorianos) fueron detenidos.   Según Villarreal, el costo de la droga incautada asciende a unos «200 millones de dólares» por estimaciones de venta en el mercado negro estadounidense.   Ante una consulta de la AFP, las autoridades panameñas manifestaron desconocer el grupo de narcotráfico detrás del cargamento.   «Por lo menos en los últimos 17 años es la incautación» más grande, indicó el director del Servicio Nacional Aeronaval, Luis De Gracia.   Washington estima que el 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos pasa en avionetas, lanchas y minisubmarinos a través de México y Centroamérica.   En los dos últimos años aumentaron en puertos del Caribe panameño los decomisos con destino a Bélgica, Francia, España y Reino Unido.   En 2024, Panamá incautó 124 toneladas de droga y el año anterior los decomisos sumaron 119 toneladas. Source link

Dos policías de tránsito fueron asesinadas a tiros en el estado mexicano de Jalisco (oeste) tras intentar inspeccionar un vehículo, informaron este martes autoridades locales.   Los cuerpos de ambas agentes fueron hallados en la caja de una camioneta policial con disparos de arma de fuego en la cabeza, reportó la Fiscalía estatal.   Según las primeras investigaciones, las oficiales de la Policía Vial de Jalisco realizaban un patrullaje en el municipio de El Salto y detuvieron a un vehículo con vidrios polarizados.   A continuación, hombres a bordo de otro automóvil llegaron al sitio. «Someten a las oficiales, las suben a la camioneta y las llevan al punto donde las encontraron sin vida», detalló el fiscal estatal Salvador González.   El municipio de El Salto forma parte del área metropolitana de Guadalajara, capital de Jalisco. La ciudad albergará cuatro partidos del Mundial de 2026 organizado por Canadá, Estados Unidos y México.   El estado de Jalisco, donde opera el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación, es el distrito con mayor número de desaparecidos en México, más de 15.900 de los 127.000 que registra el país.   La mayoría de estos casos se acumulan desde diciembre de 2006, cuando el gobierno federal lanzó un operativo antidrogas con participación militar.   Source link

De la base militar de Estados Unidos en Manta sólo quedan habitaciones vacías sin ventanas, polvo y maleza. El eventual regreso de un destacamento similar divide a los ecuatorianos entre el desafío de enfrentar al narco y el temor de reabrir viejas heridas tras denuncias de abusos.   Junto a sus ruinas en este paradisíaco balneario del Pacífico, sumido en la violencia, los pobladores se preparan para votar el domingo un referendo clave que definirá si vuelven las bases militares extranjeras prohibidas por ley en 2008.   La iniciativa del presidente Daniel Noboa cuenta con el apoyo de la mayoría (61%) según la encuestadora Cedatos, un espaldarazo a su ofensiva sin tregua contra las numerosas bandas narcotraficantes que siembran terror.   Pero para muchos habitantes de Manta que conviven con la pobreza y balaceras frecuentes, una nueva base extranjera «es una pérdida de tiempo y dinero».   Trinidad Rodríguez considera que el gobierno debería resolver primero otras necesidades básicas de esta ciudad turística, de unos 271.000 habitantes. «Vivimos olvidados, no tenemos ni agua», cuenta a la AFP al calor de las frituras que vende cerca del puerto pesquero.   Manta, 400 kilómetros al suroeste de Quito, ya albergó una base estadounidense entre 1999 y 2009.   Más de 15 años después, Ecuador se ha convertido en uno de los mayores aliados de Washington en la región y desempolva el plan de autorizar nuevamente las bases extranjeras.   «Vamos por todos esos a los que les dejaron hacer lo que quisieron desde 2008», afirmó Noboa la semana pasada tras acompañar a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, en una visita a la antigua base.   Pero esta idea revive también viejos fantasmas. Organizaciones de pescadores y activistas denuncian que durante la presencia militar estadounidense en Manta hubo desapariciones y violaciones de derechos humanos.   – Denuncias de desapariciones –   Ecuador cobró protagonismo en el narcotráfico internacional por su ubicación estratégica, puerta de salida de cocaína colombiana y peruana que se vende en Europa y Estados Unidos.   En los últimos años se convirtió en el corredor más codiciado del Pacífico. Y debido a las disputas entre las mafias en 2024 fue el país con la mayor tasa de homicidios de Latinoamérica (39 cada 100.000 habitantes), según Insight Crime.   Manta, donde se cruzan yates con precarias embarcaciones pesqueras, es una de las ciudades más peligrosas del país y ya ha registrado 450 asesinatos en 2025.   «La idea de que una base militar solucionará los problemas es ingenua», sopesa la experta en seguridad Carla Álvarez, del Instituto de Altos Estudios Nacionales.   La antigua base estadounidense en Manta usaba aviones radares para detectar barcos con droga o migrantes y luego se acercaba con embarcaciones para dañarlos hasta hundirlos, según denuncias.   Para el coronel de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jiadachs Portilla nunca hubo una base militar norteamericana. «Ellos cooperaban con Ecuador y nosotros manejábamos las instalaciones», asegura.   Una comisión parlamentaria documentó más de 5.000 operativos del puesto de operaciones avanzadas estadounidense (FOL) en una década.   En estas operaciones hubo «violaciones de derechos humanos de los pescadores», según Álvarez, pero debido a un acuerdo los militares estadounidenses tenían inmunidad frente a la jurisdicción ecuatoriana.   María Urgiles, de 45 años, aún llora la desaparición de su esposo en un barco de pesca en 2002.   «No fueron animales los que fueron a pescar, fueron padres de familia, hijos, esposos, tíos que fueron a buscar el pan para sus hijos (…) No estamos en el triángulo de las Bermudas», se queja esta viuda, que vive en el barrio de pescadores Los Esteros, muy cerca de la antigua base.   Denuncia que la «embarcación fue hundida por la FOL» y en ella desaparecieron 18 tripulantes.   La ONG local Inredh documentó en ese caso 14 barcos hundidos, cuatro dañados, uno desaparecido y 125 migrantes sometidos a tratos inhumanos.   – Nostalgia –   Por Manta sale el atún que exporta Ecuador: el puerto mueve más de 1,2 millones de toneladas al año.   Lucía Fernández, una de las empresarias más influyentes de Manta, defiende el regreso de la base para traer seguridad y dinamizar la economía con más empleo y turismo.   «Hicieron un trabajo excelente, Manta creció y se expandió», rememora.   Para Roberto Salazar, presidente del puerto internacional, es crucial el «apoyo» estadounidense para enfrentar la «crisis».   Pero Frank Mestanza, un economista que huyó del puerto en 2022 por amenazas, difiere: los soldados «gringos» consumían poco en los comercios y «hasta el agua traían desde afuera».   «La base aportó muy poco porque la ciudad ya era segura. Si se dañó fue por otras razones y no porque salieron los militares», sostiene. Source link

Estudiantes y habitantes de Belgrado, la capital de Serbia, protestaron el martes contra un proyecto inmobiliario para destruir la antigua sede del ex estado mayor del ejército yugoslavo y usar el terreno para un hotel de lujo, a cargo de Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump.   El tema es sensible en Serbia pues se trata de edificios bombardeados varias veces en 1999 durante una campaña aérea de la OTAN efectuada por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Kosovo (1998-1999).   La empresa Affinity Partners, propiedad de Kushner, firmó en 2024 un contrato de arrendamiento de 99 años con el gobierno serbio para readecuar el sitio, cuyo estatuto de «bien cultural» acababa de ser revocado.   La manifestación, que congregó a centenares de personas, según un fotógrafo de la AFP, ocurre cuatro días después de la adopción por el Parlamento serbio de una ley especial que abre la vía para acelerar el proyecto e iniciar la destrucción de la antigua sede militar en pleno corazón de Belgrado.   Los manifestantes formaron brevemente un «muro humano» simbólico alrededor del complejo y dibujaron en el suelo una «línea de defensa» roja, según el fotógrafo de la AFP.   El yerno de Trump ha sido recibido varias veces en Serbia por el presidente Aleksandar Vucic. Invitado por la televisión local, el jefe de Estado serbio defendió un «proyecto extraordinario».   «Nosotros damos el terreno, ellos financian con al menos 650 millones de euros. Es una inversión enorme para nuestro país», declaró Vucic, y precisó que el lugar mide 2,9 hectáreas.   Source link

El bombardeo más letal ordenado por el gobierno de Gustavo Petro en Colombia abatió a 19 guerrilleros de las disidencias de las FARC bajo el mando del rebelde más buscado del país, informaron el martes altos mandos militares.   El presidente izquierdista ordenó «el bombardeo y la disolución militar» de esta organización comandada por alias Iván Mordisco tras frustrados intentos de negociar la paz, según un mensaje en X.   El ataque aéreo en el amazónico departamento del Guaviare (sureste) es el séptimo en lo que va de 2025 y el más letal que han realizado las Fuerzas Armadas durante el mandato de Petro, según confirmó una fuente militar a la AFP.   La operación, además, ocurre mientras el mandatario colombiano enfrenta críticas preelectorales y sanciones de Estados Unidos por su supuesta negligencia para enfrentar a las mafias de la cocaína.   El almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, dijo en una rueda de prensa que la operación se hizo en «la madrugada del 10 de noviembre» y dejó «19 terroristas muertos» y tres personas capturadas, entre ellos un hombre herido.   Tres menores de edad en manos de la guerrilla fueron rescatados por las autoridades, que además incautaron abundante material de guerra entre fusiles, granadas, morteros y minas antipersonales.   La ofensiva aérea fue ordenada «ante un ataque inminente» contra los soldados desplegados en tierra en la zona, según Cubides.   Petro inició una cacería con millonarias recompensas para capturar a Mordisco, a quien compara con el barón de la cocaína Pablo Escobar.   El jefe máximo comanda la estructura disidente de las FARC conocida como el Estado Mayor Central (EMC), conformada por unos 3.200 rebeldes que se apartaron del histórico acuerdo de paz entre esa guerrilla y el gobierno colombiano en 2016.Imágenes compartidas por el ejército muestran la tupida selva agujereada por las bombas mientras dos helicópteros la sobrevuelan.   – Petro, en la mira de EEUU –   En el Guaviare, las fuerzas de Mordisco son «responsables de homicidios, extorsiones, secuestros, desplazamientos forzados y reclutamiento ilícito de menores de edad», dijo el comandante de la policía William Rincón.   El golpe militar significa un respiro para Petro, en momentos de mucha presión por parte de Estados Unidos.   El presidente Donald Trump le impuso sanciones financieras y revocó a Colombia el certificado de país aliado en la lucha antinarco.   De cara a las elecciones presidenciales de 2026, a Petro también le llueven críticas de la oposición que lo considera indulgente con los grupos armados en medio de su apuesta fallida de una salida negociada a décadas de conflicto.   El desarme de las FARC dejó en los territorios remotos de Colombia un vacío de poder que fue aprovechado por grupos rebeldes disidentes, paramilitares y carteles.   Las organizaciones ilegales se han fortalecido desde entonces con las rentas del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal, según expertos.   Mordisco sostuvo acercamientos de paz con Petro durante un año, pero abandonó las conversaciones en 2024 y aumentó su presión violenta contra el Estado.   Sus milicianos se disputan el territorio amazónico con otra disidencia al mando de alias Calarcá. Source link