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El gobierno de Costa Rica inauguró este miércoles escáneres con inteligencia artificial para inspeccionar contenedores en dos de los principales puertos del país, en un intento por frenar el narcotráfico hacia Europa y Estados Unidos, informaron las autoridades.   Los aparatos fueron instalados en los puertos de Caldera, la principal zona portuaria del Pacífico costarricense, en la provincia de Puntarenas, y en la terminal Gastón Kogan Kogan, en el puerto de Moín, cerca de la localidad caribeña de Limón.   Estos escáneres, una donación de Estados Unidos valorada en cerca de 20 millones de dólares, permiten visualizar la estructura interna y las densidades de las cargas en los contenedores de los puertos.   «La misión es luchar cotidianamente contra el escarnio del narcotráfico, tanto a nivel internacional como dentro de nuestra propia casa», dijo el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, durante la presentación del escáner en el puerto de Caldera.   Los escáneres «marcarán un antes y un después en la seguridad portuaria de nuestro país», agregó el mandatario.   El ministro de Seguridad, Mario Zamora, afirmó que con estos dos aparatos de última generación, Costa Rica tiene escáneres «en todos sus puertos».   El país centroamericano enfrenta un auge de operaciones de los cárteles de Colombia y México, que han logrado usar el país como centro logístico y de trasbordo de drogas hacia distintos destinos, principalmente Estados Unidos, el mayor consumidor mundial de cocaína.   Debido a la penetración del narcotráfico, Costa Rica, antes el país más seguro de Centroamérica, cerró 2024 con una tasa de 16,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, más del doble del promedio mundial.   Entre 2022 y 2024, Costa Rica decomisó 81 toneladas de drogas, una cantidad solo superada por Panamá.   Los escáneres buscan «evitar la exportación de droga» escondida en contenedores con frutas y otros productos «tanto Europa como a los Estados Unidos», señaló Zamora.   En junio, la policía costarricense detuvo al exministro de Seguridad y exjuez de Costa Rica Celso Gamboa, quien enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos por narcotráfico. Source link

La organización Human Rights Watch (HRW) advirtió el martes que el envío a África de personas detenidas en Estados Unidos como parte de «acuerdos opacos» viola el derecho internacional y debe ser rechazado.   Esuatini, Ghana, Ruanda y Sudán del Sur han aceptado los últimos meses a personas expulsadas por Estados Unidos en un programa del gobierno de Donald Trump de expulsar a migrantes indocumentados.   HRW indicó tener conocimiento del acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y el pequeño reino africano de Esuatini, el cual no se ha hecho público y que prevé una ayuda financiera de 5,1 millones de dólares.   A cambio, Esuatini aceptó recibir hasta a 160 personas, dijo la oenegé en un comunicado.   Ese país recibió en julio un grupo de cubanos, jamaiquinos, laosianos, vietnamitas y yemenitas que habían sido condenados por crímenes en Estados Undios.   Permanecen encarcelados en la prisión de alta seguridad de Matsapha, tristemente célebre por su sobrepoblación y por albergar presos políticos.   Abogados y grupos de la sociedad civil de Esuatini recurrieron a la justicia para rechazar la legalidad de esas detenciones y exigir al gobierno publicar los términos del acuerdo con Washington.   HRW dijo también haber tomado conocimiento del acuerdo con Ruanda, que aceptó recibir hasta 250 personas y que prevé una ayuda financiera estadounidense de unos 7,5 millones de dólares.   «Los acuerdos opacos que facilitan estas transferencias se enmarcan en un enfoque político de Estados Unidos que viola el derecho internacional (…) y que busca instrumentalizar el sufrimiento humano como medio de disuasión de la migración», declaró HRW.   La organización exhortó a los gobiernos africanos a negarse a aceptar personas expulsadas de Estados Unidos y cancelar los acuerdos vigentes.   «Esos acuerdos convierten a los gobiernos africanos en cómplices de violaciones horribles de los derechos humanos de los migrantes cometidos por el gobierno de Trump», declaró Allan Ngari, de HRW. Source link

Al menos diez sismos, dos de ellos de magnitud 6,2 y 6,3, sacudieron buena parte de Venezuela entre el miércoles y la madrugada del jueves, informaron el Servicio Geológico de Estados Unidos y el Servicio Geológico Colombiano.   En ciudades como Caracas muchos pobladores asustados salieron a las calles al filo de la medianoche.   Los temblores se sintieron con mayor fuerza en los estados occidentales, como el petrolero Zulia, donde los habitantes reportaron haber sentido al menos tres sismos entre la tarde y la noche.   También se sintieron en las ciudades andinas de San Cristóbal y Mérida.   «El primero no me asusté, pero el segundo estaba acostado y pensé que me estaban moviendo la cama, luego vi que las paredes se movían, los perros ladraban, la gente gritaba, fue muy feo», relató a la AFP Almando Mavárez, habitante de Zulia, una región fronteriza con Colombia.   El sismo más reciente se sintió con fuerza en la capital Caracas. Algunos edificios se estremecieron, lo que provocó que muchos bajaran de sus apartamentos, constataron periodistas de AFP.   «Estábamos durmiendo y de repente sentimos que los vidrios de las ventanas crujían, todos en el edificio bajamos a la calle a esperar si venía otra réplica», narró a la AFP Alicia de la Rosa, habitante de Caracas.   Según el Servicio Geológico Colombiano, el segundo evento sísmico fuerte tuvo una magnitud de 6,3 y la profundidad fue superficial, similar en intensidad al otro ocurrido en la tarde.   Un temblor previo de 6,2, dejó daños leves en algunas estructuras.   Los dos sismos tuvieron su epicentro entre Mene Grande y Bachaquero, dos poblaciones petroleras del estado Zulia.   Al menos diez movimientos menores ocurrieron en la tarde y noche de este miércoles, según el organismo colombiano.   También se sintieron en varios estados occidentales venezolanos y en ciudades del este de Colombia, como Bucaramanga.   El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, dijo que hubo daños en algunos hospitales y en una emblemática iglesia de Maracaibo, pero no víctimas.   «Ante este movimiento sísmico no tenemos víctimas, ni heridos», declaró Caldera.   El primer sismo de la tarde había sido el más fuerte sentido en Venezuela desde 2018 cuando un temblor de 7,3 estremeció varias ciudades.   Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el epicentro estuvo ubicado a 7,8 kilómetros de profundidad y registró una magnitud de 6,2.   El ministro del Interior, Diosdado Cabello, indicó más temprano que de momento no se reportaban daños mayores.   Los últimos terremotos que dejaron víctimas en Venezuela ocurrieron en la población de Cariaco, en el oriental estado Sucre, el 9 de julio de 1997, con 73 muertes; y en Caracas, el 29 de julio de 1967, con 283 fallecidos y 2.000 heridos.   Aproximadamente un 80% de la población de Venezuela vive en zonas de alta amenaza sísmica.   Source link

Dos hombres que escaparon de Turkmenistán, uno de los estados más secretos y represivos del mundo, contaron a AFP cómo fueron torturados, golpeados y violados allí por el «crimen» de ser gais.   Cuando esta república centroasiática rica en petróleo y gas aparece en las portadas, suele ser por las excentricidades de su «Líder Nacional» y «Héroe Protector», Gurbanguly Berdimukhamedov.   Este dentista convertido en autócrata, que escribe poemas sobre su caballo y cuyo equipo de fútbol nunca ha perdido un partido en la liga local, es un fanático de la salud. Tanto que su hijo Serdar, el actual presidente, planea «erradicar el tabaquismo» en el país para finales de año.   Pero detrás de las estatuas monumentales y la ciudad de mármol de Arkadag («Héroe Protector» en turcomano), construida en honor a Berdimukhamedov, los opositores y las minorías son perseguidos sin piedad, según Amnistía Internacional y Human Rights Watch.   En particular las personas LGBTIQA+, quienes a menudo son encarceladas o enviadas a hospitales psiquiátricos.   Arslan, quien ahora está escondido en el extranjero, contó a AFP cómo fue violado cinco veces en prisión, donde los reos enfermos de sida son condenados a una muerte lenta por falta de tratamiento. También David relató que fue violado y golpeado por sus torturadores, quienes llevaban guantes «para evitar tocar mi sangre».   Sus testimonios poco frecuentes, respaldados por documentos oficiales y confirmados por oenegés, revelan un lado oculto de este régimen aislado, que no tolera medios independientes ni grupos de derechos humanos.   Aunque las autoridades se niegan a comentar estas acusaciones, el año pasado en la sede de Naciones Unidas insistieron en que «toda discriminación» era ilegal en Turkmenistán.   Sin embargo, precisaron que las relaciones homosexuales son un delito porque van en contra de los «valores tradicionales» del pueblo turcomano.   – La historia de Arslan –   Arslan -cuyo nombre cambió AFP para protegerlo- creció en la pobreza en Turkmenabat, la segunda ciudad del país, cercana a la frontera uzbeka. «No teníamos ni pan ni ropa básica», dijo el joven de 29 años, quien pertenece a la minoría uzbeka.   Al mudarse a los 18 años a la capital, Asjabad, quedó sorprendido por la pompa de los edificios de mármol blanco construidos por el primer presidente postsoviético, Saparmurat Niyazov, y por su sucesor Berdimukhamedov (2006-2022).   También descubrió una pequeña comunidad LGBTQ y mantuvo una relación secreta con un hombre, pero tres años después fue arrestado junto con otros 10 «sospechosos de homosexualidad».   A su juicio, su novio fue obligado a denunciarlo.   Arslan fue golpeado por la policía y condenado a dos años de cárcel por sodomía en enero de 2018 durante una audiencia a puerta cerrada. Pasó nueve meses en una colonia penal, antes de ser indultado.   De los 72 hombres presentes en el pabellón carcelario, unos 40 estaban allí por su orientación sexual. Un día, el líder del calabozo -un asesino «que estaba acostándose con muchos de los prisioneros»- se fijó en él y lo violó repetidamente tras suministrarle sedantes.   «Fue abominable», relató Arslan, quien intentó suicidarse tomando «un montón de pastillas». En el hospital, le contó al director de la prisión sobre las violaciones y este «se rió», diciendo que «estaba allí para eso».   Después de su liberación, Arslan consiguió trabajo y trató de reconstruir su vida, pero el estigma era abrumador. La gente lo reconocía y lo amenazaba, «gritándome en la calle».   Fue enviado dos veces a una unidad psiquiátrica, después de ser detenido nuevamente en 2021 y 2022. «Querían curarme porque para ellos tengo una enfermedad», explicó.   Decidió abandonar el país, pero las autoridades -en su intento de frenar un éxodo masivo de turcomanos que huyen de las dificultades y la represión- le negaron un pasaporte.   Finalmente, tras sortear los estrictos controles de internet, recibió ayuda de la ONG EQUAL PostOst, que asiste a personas LGBTIQA+ en el antiguo bloque comunista, y logró comprar un pasaporte.   «Todo se arregla mediante la corrupción» en Turkmenistán, señaló. Transparency International ha declarado al país como uno de los 15 más corruptos del planeta.   Así, pudo huir a uno de los pocos países que permiten la entrada de turcomanos sin visa.   – Nadie te oye gritar –   David Omarov, de 29 años, padece VIH desde la adolescencia, en un país prácticamente desprovisto de educación sexual y medios profilácticos.   Su vida, en un entorno de clase media en la capital, dio un vuelco cuando los servicios de seguridad lo convocaron en 2019, durante una de las muchas campañas de represión de la comunidad LGBTIQA+. Estuvo detenido varios días y fue torturado para facilitar los nombres de otros hombres.   «Sabían que era positivo por VIH», dice a AFP.   «Me golpearon con guantes y me patearon para evitar tocar mi sangre. Pero empecé a sangrar mucho. Tal vez fue eso lo que me salvó».   «Lo peor es que nadie te escucha gritar», dice Omarov, que afirma haber sido violado por sus torturadores y no soporta verbalizar lo que le hicieron. «Son heridas que no han cicatrizado».   Cuenta Omarov que Turkmenistán justifica esta persecución en nombre de la defensa de los «valores tradicionales». «Son fascistas folclóricos», dice.   Turkmenistán es un país predominantemente musulmán, pero su gobierno, laico, pone el énfasis en la tradición turca.   Gurbanguly Berdimukhamedov, de 68 años, y su hijo Serdar, de 43, son presentados habitualmente como los guardianes de esta cultura de las estepas, y el culto a su personalidad tiene poco que envidiarle al de la dinastía Kim en Corea del Norte o al de Stalin en la extinta Unión Soviética.   Bajo su mando, el caballo Akhal-Teke, conocido por su pelaje de tono metálico, y el perro pastor Alabai se han erigido en símbolos nacionales, y las estatuas que los representan abundan en todo el país.   – Represalias contra la familia –   La «crueldad» del régimen turcomano lo distingue de otros gobiernos autoritarios de

La esposa del presidente del Gobierno español, Begoña Gómez, quedó más cerca de ser enjuiciada luego de que este miércoles el juez que la investiga por malversación de fondos concluyera sus pesquisas y solicitara enviarla ante un jurado popular.   Esta decisión no es todavía definitiva porque es susceptible de ser recurrida.   El juez Juan Carlos Peinado considera que una funcionaria contratada por la oficina del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trabajó para Gómez en sus actividades privadas, lo cual constituiría malversación de fondos públicos.   Gómez, la funcionaria Cristina Álvarez y Francisco Martín Aguirre, quien la habría contratado cuando trabajaba en la Presidencia y ahora es el delegado del Gobierno en Madrid, todos sospechosos de malversación, fueron citados por el juez Peinado este sábado en la tarde para comunicarles su decisión.   Esta noticia sucede además un día después de que un tribunal desestimara el último recurso de David Sánchez, hermano del jefe del Gobierno, quien quedó a un paso de ser juzgado por tráfico de influencias por su contratación en 2017 por una institución pública en el suroeste de España.   Además de estos casos, Sánchez se ha visto debilitado por otras causas judiciales, una que involucra a dos antiguos cercanos colaboradores suyos, su ex número tres Santos Cerdán y su exministro de Transportes José Luis Ábalos, sospechosos de cobrar mordidas a cambio de obras públicas, y otra contra el fiscal general del   Estado, nombrado por su Gobierno.   – «Indicios» de «hechos delictivos» –   Según el auto del juez Peinado, al que tuvo acceso la AFP, existe «verosimilitud de los hechos» de los que se acusa a Begoña Gómez, por lo que «pudiéramos encontrarnos ante indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de hechos delictivos».   El magistrado destacó que «la amistad personal previa» de Gómez con Álvarez sería «la razón de su nombramiento en el cargo de máxima confianza (…) lo que podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados».   Peinado dio por cerradas las pesquisas y propuso que el caso vaya a «juicio ante el Tribunal Del Jurado», es decir, ante un jurado popular.   Al comparecer ante el juez el 10 de septiembre, Gómez negó tajantemente haber incurrido en malversación, afirmando que de forma «puntual» pidió a Álvarez «enviar algún mensaje», pero insistió en que esta última «nunca» la ayudó en sus actividades profesionales.   – «Dimisiones ya» –   Aparte de este caso, el magistrado también indaga desde abril de 2024 si Gómez se aprovechó del cargo de su marido en sus negocios privados, con lo que podría haber cometido delitos de corrupción y tráfico de influencias.   Esta causa provocó un fuerte pulso entre la fiscalía, que pidió cerrarla, y el juez, y generó irritación en Pedro Sánchez, quien mantuvo al país en vilo por varios días al debatirse si renunciaba, lo que al final no hizo.   A principios de septiembre, el dirigente socialista acusó a algunos jueces de estar «haciendo política», al ser preguntado sobre los casos judiciales que involucran a varios de sus allegados, que dijo parten «de denuncias falsas».   Las pesquisas contra su esposa y su hermano se abrieron ante denuncias de grupos relacionados con la extrema derecha.   «A este paso, el sanchismo [el Gobierno de Sánchez] va a necesitar un banquillo de los acusados más largo que la mesa del Consejo de Ministros. Dimisiones ya», escribió este miércoles en X Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular (PP, derecha).   El PP pide casi a diario la renuncia de Sánchez por los casos judiciales que lo rodean.   Source link