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El lunes, Trump duplicó el número de soldados de la Guardia Nacional desplegados en California hasta 4.000 y ordenó la movilización de un batallón de 700 marines a Los Ángeles. Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes. Recíbelo MIRA: ¿Por qué hay protestas en Los Ángeles y cómo son las redadas del ICE que provocan el levantamiento de los inmigrantes? El estado de California presentó el lunes una demanda contra el gobierno de Trump por el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles. El gobernador Newsom dijo que también presentaría una demanda para impedir el despliegue de los infantes de marina. Un manifestante junto a restos de un automóvil quemado y cubierto de grafitis contra el ICE, en el barrio de Compton de Los Ángeles, California, el 7 de junio de 2025. (Foto de RINGO CHIU / AFP) / RINGO CHIU Las manifestaciones comenzaron el viernes, después de que agentes del ICE hicieran redadas en el distrito textil de Los Ángeles en busca de personas sospechosas de ser migrantes indocumentados, como parte de la nueva estrategia del gobierno de Trump de hacer operaciones en los lugares de trabajo y lograr así su meta de 3.000 detenciones por día en todo el país. La Guardia Nacional de Estados Unidos es una fuerza militar de reserva compuesta por ciudadanos entrenados que sirven tanto bajo la autoridad de los estados como del gobierno federal. Sus miembros pueden ser movilizados para misiones en el país, como desastres naturales, disturbios civiles o emergencias, y también para operaciones militares en el extranjero. En cuanto a armamento, utilizan equipo militar estándar, incluyendo fusiles M4, ametralladoras, pistolas y vehículos blindados ligeros. Miembros de la Guardia Nacional frente al Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Los Ángeles, California, el 8 de junio de 2025. (Foto de Frederic J. Brown / AFP). / FREDERIC J. BROWN De acuerdo con el diario The New York Times, los agentes fueron recibidos por manifestantes que gritaban lemas como ¡Fuera ICE! y arrojaron huevos antes de ser dispersados por las fuerzas del orden, que usaron aerosoles de gas pimienta y munición no letal. Las manifestaciones continuaron el sábado, tanto en el centro como en el área metropolitana de Los Ángeles, incluida la ciudad de Paramount, de mayoría latina. Las fuerzas del orden hicieron detenciones y, en algunos casos, utilizaron municiones antidisturbios, gases lacrimógenos y granadas aturdidoras contra los manifestantes, que incendiaron algunos vehículos. A las 6 de la tarde de ese sábado, Trump firmó la orden para el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles. Dijo que era para proteger a los oficiales federales que llevan a cabo operaciones migratorias, y también para resguardar los edificios federales. Era la primera vez desde 1965 que un presidente activaba a la Guardia Nacional de un estado sin una petición del gobernador de ese estado. ¿Pero está justificado el uso de militares contra las protestas en Los Ángeles? El Comercio conversó sobre el tema con Kira Romero-Craft, abogada del Brennan Center for Justice y especialista en derechos civiles. La abogada Kira Romero-Craft. -¿Desde el punto de vista legal, en qué circunstancias puede el presidente desplegar tropas federales en un estado? ¿Se está cumpliendo con los requisitos en el caso de Los Angeles? Como ya sabemos, el presidente Trump envió a la Guardia Nacional a Los Ángeles para sofocar las manifestaciones. Realmente se debe de utilizar este tipo de nivel militar solo en casos de emergencia. Lo que vemos es que las personas que están protestando están siendo controladas por las fuerzas policiales civiles. No se ha dado algo que es clave: el estado, en este caso el gobernador de California, no ha pedido la asistencia federal porque la policía tiene la situación bajo control. Bajo las leyes estadounidenses, sí hay la posibilidad de que el presidente pueda tomar acción, pero Trump lo ha hecho bajo una ley que no se utiliza de manera ordinaria, una norma que es para cuando hay rebelión o peligro de rebelión contra la autoridad del Gobierno de Estados Unidos. Para casos como el de Los Ángeles se invoca otra norma. Lo que ha hecho el presidente es escalar la situación sin que sea necesario, porque lo que estamos viendo son simplemente manifestantes. -¿Hay una diferencia legal entre el uso de la Guardia Nacional y el despliegue de Marines en lugares donde hay protestas? La Guardia Nacional de California permanece en las escaleras de un edificio federal tras días de protestas en respuesta a las operaciones federales de inmigración en Los Ángeles, el 10 de junio de 2025. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP). / PATRICK T. FALLON Sí, porque en el caso de la Guardia Nacional hay más oportunidad de que el presidente pueda llamarlos, a diferencia de militares como los marines. Sin embargo, ahora la Guardia Nacional se está pareciendo más a una fuerza militar. Entonces, igual pensamos que es un abuso del poder del presidente utilizar de esta forma tanto a la Guardia Nacional como a los militares, en una situación que ya está bajo control policial y que, más importante, el gobernador no ha pedido este tipo de asistencia. Un manifestante es arrestado durante las protestas provocadas por las redadas migratorias en Los Ángeles, California. (EFE/ Allison Dinner). / ALLISON DINNER -¿Qué riesgos representa esta militarización para los derechos civiles de los manifestantes y de los residentes en general? Eso es la clave, porque existe una ley antigua, la Ley Posse Comitatus, que prohíbe en gran medida el uso de las fuerzas armadas dentro de Estados Unidos. Prohíbe utilizarlos en la forma en la que se está haciendo porque siempre se quiso proteger los derechos civiles de las personas en este país contra la fuerza armada. Se supone que los militares no están entrenados para trabajar en la función del policía. Los militares están entrenados para pelear y derrotar a un enemigo y, ciertamente, enemigos extranjeros. Hay un peligro grave no solo por este hecho, lo

Familiares y representantes de algunos de los 252 venezolanos deportados por Estados Unidos a El Salvador pidieron al presidente Nayib Bukele el martes en el país centroamericano que les permita verlos en la megacárcel de pandilleros donde están presos desde hace casi tres meses.   La tía de Widmer Agelvis Sanguino y una amiga de Andry Hernández Romero llegaron la noche del lunes a San Salvador, primer viaje al país centroamericano de parientes de alguno de los venezolanos expulsados desde el 15 de marzo por Estados Unidos, acusados de integrar la banda criminal Tren de Aragua.   «Queremos que se nos permita visitarlos, saber cómo está su estado de salud y pedimos una pronta liberación», afirmó a la AFP Jhoanna Sanguino, tía de Agelvis.   Reina Cárdenas dijo tener pruebas de que Hernández Romero, como otros, es «inocente». «Quiero que él sepa que no está solo», expresó, mientras sostenía con Jhoanna fotos de varios de los venezolanos.   «Estamos luchando por ellos. Es frustrante, desesperante no saber nada de ellos, cómo están de salud», agregó.   Las mujeres viajaron acompañadas por Walter Márquez, presidente de la Fundación El Amparo Internacional, una oenegé de derechos humanos que levanta la voz por una decena de deportados oriundos del estado de Táchira (oeste de Venezuela), y que asumió la defensa legal de seis de ellos.   «Exhortamos al presidente a que nos reciba para presentarle toda la documentación que demuestra que deben ser puestos en libertad», declaró a la AFP Márquez, quien pidió formalmente el permiso de visita a la megaprisión del Cecot en la Dirección de Centros Penitenciarios.   Junto a Márquez, las mujeres acudieron también en busca de ayuda a la Procuraduría de Derechos Humanos y a la Nunciatura Apostólica.   Aliado clave del presidente Donald Trump en su política antiinmigrantes, Bukele aceptó la llegada en marzo de varios aviones con 252 venezolanos y más de una treintena de salvadoreños acusados de ser miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13).   – «Todo por los tatuajes» –   El gobierno de Trump, que dijo que pagará a El Salvador seis millones de dólares por mantenerlos encarcelados, no presentó pruebas de sus acusaciones y los expulsó en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, hasta entonces solo usada en tiempos de guerra.   «Todo fue por los tatuajes (…) Hemos dejado nuestra vida personal a un lado para pedir que se haga justicia. Ha sido muy duro», dijo Sanguino.   Agelvis, de 24 años, quien tiene tatuajes de un reloj, una rosa y un búho, fue deportado a pesar de haber ingresado de forma regular a Estados Unidos como refugiado, explicó su tía.   Hernández, de 32 años, quien cruzó la peligrosa selva panameña del Darién en 2004 para llegar a Estados Unidos, es estilista y actor de teatro, y tiene tatuadas dos coronas con los nombres de sus padres.   «Emigró porque estaba siendo amenazado por su orientación sexual y temas políticos», aseguró Cárdenas.   Varios familiares de los venezolanos los reconocieron en los videos difundidos por Bukele donde aparecen rapados y encadenados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la cárcel construida para pandilleros en Tecoluca, a 75 km de San Salvador.   «Queremos saber su situación jurídica y exigir su libertad», dijo Márquez, según el cual El Salvador no tiene jurisdicción penal internacional para mantenerlos detenidos y no existe sentencia en Estados Unidos contra ellos.   «No hay ni uno solo que sea del Tren de Aragua», subrayó.   Otro grupo de una treintena de venezolanos están representados en El Salvador por un bufete de abogados salvadoreños, contratados por el gobierno de Venezuela.   Los del grupo de Táchira son críticos del presidente Nicolás Maduro.   Los deportados están incomunicados y sus abogados no han podido verlos, como tampoco han tenido respuesta a recursos de hábeas corpus en su favor, precisó a la AFP Salvador Ríos, del bufete contratado por el gobierno de Venezuela..   Organismos internacionales como Amnistía Internacional consideran que estas detenciones vulneran las normas internacionales de derechos humanos.   Uno de los salvadoreños, Kilmar Ábrego García, cuyo caso provocó un pulso entre el gobierno de Trump y la justicia por haber sido deportado por «error», fue devuelto el viernes a Estados Unidos y quedó detenido para ser procesado por supuesto tráfico de migrantes. Source link

La expresidenta argentina Cristina Kirchner (2007-2015) solicitó a la Justicia cumplir la condena de seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta, ratificada este martes por la Corte Suprema, en su domicilio en el barrio de Constitución, en Buenos Aires. La solicitud, a la que tuvo acceso EFE, fue presentada formalmente por el abogado de la exmandataria, Alberto Beraldi, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 -que en 2022 condenó a Fernández por irregularidades en la concesión de obras viales- e indica que el domicilio propuesto es el que actualmente habita la dirigente peronista en el barrio porteño de Constitución. Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes. Recíbelo LEE TAMBIÉN: El plazo que tiene Cristina Kirchner para presentarse ante la justicia y ser enviada a prisión en Argentina “Que se autorice a nuestra representada a cumplir la pena privativa de libertad impuesta en autos bajo la modalidad de detención domiciliaria”, señala el escrito presentado ante el tribunal. La vivienda se encuentra ubicada en la calle San José, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El pedido se conoció un día después de que la Corte Suprema dejara firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua del ejercicio de cargos públicos contra Fernández, de 72 años. La legislación penal argentina permite que las personas mayores de 70 años accedan al beneficio de prisión domiciliaria, siempre que se cumplan determinadas condiciones y sea autorizado por el tribunal correspondiente. El tribunal le dio este martes un plazo de cinco días hábiles para presentarse ante los tribunales de Comodoro Py para su detención. En paralelo, requirió al Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina que en el término de 24 horas asigne una dependencia de las fuerzas federales que cumpla con las condiciones adecuadas para alojar a la condenada, teniendo en cuenta su edad, condición de exmandataria y el intento de asesinato que sufrió en 2022. Respecto de la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, que también se impuso a Kirchner en la condena dictada en 2022, el tribunal oral dispuso notificar a la Cámara Nacional Electoral de que la sentencia ha quedado firme. Kirchner había anunciado la semana pasada su intención de presentarse como candidata a legisladora provincial en las elecciones a celebrarse en septiembre en la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral de Argentina. La exmandataria y actual presidenta del Partido Justicialista (PJ, peronista) afirmó este martes, tras conocerse el fallo de la Corte, que la Justicia le ha puesto restricciones al voto popular al impedir que haya una alternativa política cuando el modelo del Gobierno del ultraderechista Javier Milei se derrumbe. VIDEO RECOMENDADO: SOBRE EL AUTOR Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países. Source link

Combativa y temperamental, Cristina Kirchner, líder peronista de centroizquierda y figura central de la política argentina de los últimos 20 años, abrazó la militancia en la universidad donde conoció a quien sería su esposo y antecesor en la presidencia, Néstor Kirchner, para formar una pareja indisoluble.   La actual presidenta del opositor Partido Justicialista, tan amada por sus seguidores como detestada por sus detractores, es la opositora más convocante contra las políticas ultraliberales del presidente Javier Milei y su mayor adversaria política.   Este martes, la Corte Suprema confirmó una decisión de un tribunal que la condenó en 2022 a seis años de prisión e inhabilitación política de por vida por administración fraudulenta.   Hace una semana, la líder peronista había anunciado su candidatura a diputada para los comicios de la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre. De ganar, habría obtenido fueros.   «Los peronistas nos quedamos acá y ponemos la cara y el cuerpo», dijo la expresidenta de 72 años a sus simpatizantes tras conocerse la decisión de la Corte Suprema que la enviará a prisión.   Abogada de profesión, siempre denunció que la causa por corrupción en la adjudicación de obras públicas por la que fue condenada adoleció de pruebas. La Cámara de Casación que revisó el fallo confirmó los delitos, aunque dos de sus tres miembros fueron objetados por mantener encuentros con el entonces presidente de derecha Mauricio Macri (2015-2019).   En su extensa trayectoria política que inició como senadora por la provincia de Santa Cruz (sur), fue diputada también por la provincia de Buenos Aires, electa dos veces presidenta en 2007 y 2015 y vicepresidenta en 2019.   Días después de que la Fiscalía pidiera su condena en 2022, fue víctima de un intento de asesinato cuando un hombre le gatilló dos veces a la cabeza sin que las balas salieran.   «Soy una fusilada que vive», ironizó en un acto reciente.   – «Che Milei» –   Kirchner, en las antípodas ideológicas de Milei, ha criticado las políticas del líder de derecha y asegurado que su plan económico «tiene fecha de vencimiento».   También le cuestionó el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y la política de ajuste del gasto público que Milei simbolizó con una motosierra.   «¿Me querés decir de qué te sirvió la motosierra, hermano? porque está claro que tu plan falló», le dijo al presidente desde las redes sociales, donde suele proferirle filosos dardos bajo el apelativo de «Che, Milei», cuando el gobierno solicitó un nuevo préstamo al FMI.   «Burro», «cachivache» son algunos de los improperios que le dirigió al mandatario que la trata habitualmente de «chorra» (ladrona) y la responsabiliza por el «despilfarro» en las cuentas públicas durante su mandato.   – Los «K» –   Hija de un conductor de autobuses y una ama de casa, siempre reividincó sus orígenes de clase.   Viuda del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), fallecido en 2010, el estilo de la pareja quedó registrado como la marca «K».   Se casaron cuando eran estudiantes de Derecho en la Universidad de La Plata (a unos 60 km de Buenos Aires) y tuvieron dos hijos: Máximo, parlamentario, y Florencia, una cineasta alejada de la política. Tras enviudar fue abuela dos veces.   «Desde que nos conocimos con Néstor nunca más nos separamos», escribió en su libro autobiográfico «Sinceramente».   Militantes peronistas, estuvieron detenidos durante 17 días en 1976, poco antes del golpe que instauró la dictadura (1976-1983).   A partir de ese episodio, se abocaron a ejercer la abogacía en Río Gallegos (sur).   Ya en democracia ambos se lanzaron a la carrera política y llegaron a la presidencia en un plan concertado. «Pensábamos en la necesidad de asegurar en el tiempo un proceso político virtuoso de transformación», escribió en su libro.   Sus dos presidencias, en pleno boom de las materias primas, se caracterizaron por políticas proteccionistas y de asistencia social, que engrosaron el gasto público.   Enfrentó a los propietarios del campo, los grandes medios de comunicación y las instituciones financieras internacionales, aunque también apoyó a empresarios afines.   También se acercó a líderes de la izquierda latinoamericana como Hugo Chávez o Fidel Castro.   Durante su presidencia, se aprobó el matrimonio igualitario y una ley de identidad de género.   En 2019 eligió a Alberto Fernández para la presidencia y lo acompañó como vice. Luego se distanció y lo criticó con dureza por la crisis económica que llevó la inflación al 100% en 2022.   Como presidenta del Senado apoyó en 2020 la ley del aborto, lo que no le impidió la buena sintonía con el fallecido papa Francisco. Source link