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El Congreso de la República otorgó a sus trabajadores un bono por escolaridad equivalente a un sueldo completo. El beneficio, entregado en enero, no se limita a padres de menores en edad escolar; también lo recibieron quienes no tienen hijos. El pago supera los S/25 millones solo si se considera a los 3.382 trabajadores del régimen 728, que concentra a la mayoría del personal del Parlamento. Según una fuente de El Comercio, los pensionistas (562) también cobraron el bono. En el caso de los congresistas, indicaron que ellos no lo recibieron. Congreso da bono por escolaridad a quienes no tienen hijos. La asignación económica se suma al bono de S/20.000 que cada trabajador del Legislativo recibió en enero por “cierre de pliego”, un beneficio logrado por el Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República (Sitracon), el gremio con más representación en el Legislativo, a través del Convenio Colectivo de Trabajo 2024-2025. Sin restricciones El bono por escolaridad se creó en 1985 como un beneficio para servidores públicos y profesores que tuvieran “a su cargo hijo o hijos menores en edad escolar”. Así lo establecía la norma inicial, firmada por Fernando Belaunde Terry cuando era presidente. Este es el decreto que emitió el expresidente Fernando Belaunde Terry para otorgar la bonificación a servidores públicos con hijos en etapa escolar. Desde entonces, los decretos publicados cada año para delimitar sus alcances dejaban en claro que su finalidad era “coadyuvar al financiamiento de los gastos inherentes al inicio del período escolar”. En el 2004, durante el gobierno de Alejandro Toledo, esa justificación desapareció de los textos normativos. Así se mantiene hasta la fecha. Solo en viáticos de legisladores se gastan S/364 mil al mes por semana de representación El secretario general del Sitracon, Tulio Vizcarra, justificó la entrega del bono a quienes actualmente no tienen hijos. Argumentó que los fondos pueden ser utilizados por los trabajadores para cursar sus propios estudios. “¿Por qué no lo entendemos también como un tema de capacitación de los propios trabajadores, de especialización? Yo tengo compañeros afiliados que son solteros, o que tienen un hijo por ahí, y lo único que hacen siempre es seguir capacitándose con maestrías, doctorados. Y eso cuesta mucho dinero. Por lo general, otras instituciones les pagan toda la capacitación a sus trabajadores”, respondió. En esta boleta, se registra el pago del bono por escolaridad similar a la remuneración completa del trabajador. Franklyn Falla, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Legislativo (Sitrapol), otro gremio dentro del Parlamento, indicó que el beneficio ya se pagaba así cuando se incorporó al Congreso. “Yo llegué a trabajar acá cuando existía esa norma. Es una ley que es para todos”. Actualmente, el Decreto Supremo 002-2025-EF establece que los servidores públicos pueden recibir un monto máximo de S/400 por escolaridad. Sin embargo, el Congreso, al estar bajo el régimen laboral de la actividad privada y haberse excluido de la Ley Servir, define sus propios límites. En los archivos del Legislativo existe registro del Acuerdo 046-94/MESA, del 16 de febrero de 1994, de la entonces Mesa Directiva del Congreso Constituyente Democrático (CCD) presidida por Jaime Yoshiyama, que discutió las condicionales laborales del personal del Congreso. Este es el acuerdo que se emitió durante la presidencia de Jaime Yoshiyama. “Se ratificó el acuerdo de Consejo Directivo del 10 de diciembre de 1993 para otorgar a los servidores del CCD [Congreso Constituyente Democrático] una remuneración por concepto de bonificación por escolaridad”, se lee. El documento no especifica a cuánto equivale dicha remuneración. En el acuerdo del Consejo Directivo citado en el acta, tampoco figura el monto. En marzo del 2000, cuando Martha Hildebrandt presidía el Parlamento, quedó fijado, a través del acuerdo de Mesa Directiva 367-99-2000/MESA-CR, que el pago sería “equivalente a una remuneración total”. La normativa también lo permitía. El decreto supremo publicado ese año sobre el bono por escolaridad, que fijaba el monto como máximo en S/350, estipulaba que esos alcances no regían sobre los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada. Patricia Juárez sobre bono de S/ 20 mil a trabajadores del Congreso: “Responde a un convenio colectivo que se firmó hace dos años” Cada congresista recibirá un bono de S/ 1.700 por Navidad, anuncia Eduardo Salhuana “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.” Cuestionamientos Para la expresidenta del Parlamento Mirtha Vásquez, el pago del beneficio se ha normalizado, a pesar de su desproporcionalidad, por la disposición de recursos con los que el Legislativo cuenta y la falta de fiscalización, entre otras razones. “Cuando yo estuve en la presidencia del Congreso, verifiqué que hay varios beneficios que han sido así fijados desde hace varios años. […] Se ha vuelto una práctica que, teniendo recursos, el Congreso los destine a beneficios con montos bastante considerables”, afirmó. Una boleta del 2023 que registra la bonificación recibida por un trabajador de la Organización Parlamentaria. Además, consideró que los derechos laborales “se vuelven más bien privilegios cuando se señala una serie de beneficios por encima de los que recibe cualquier trabajador público”. Recalcó que estas decisiones dependen “de quien está en la Mesa Directiva, al frente del Congreso”. Al ser consultado por este Diario, el actual presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, aseguró que revisará el tema. “Voy a enterarme bien de lo que me ha preguntado y si eso está acordado por negociación colectiva [Convenio Colectivo de Trabajo], evidentemente la Mesa [Directiva] tiene que cumplirlo. Pero vamos a revisar”, señaló. En el 2005, cuando el bono por escolaridad también era entregado a los congresistas, Salhuana era vocero de la bancada oficialista de Perú Posible y renunció a dicho beneficio, junto con su grupo parlamentario. La abogada laboralista Gloria Rodríguez señaló que una de las soluciones más efectivas y necesarias es que el Congreso esté supervisado bajo la Ley Servir. Remarcó que, si la norma ha fijado un promedio de S/400 como pago por escolaridad, es para mantener “el equilibrio presupuestario”. “Todas las entidades que están bajo la Ley Servir, con los distintos regímenes laborales que coexisten en el

La delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) inició este lunes su visita al Perú para reunir testimonios de distintos actores, tanto públicos como privados, en torno al estado de la libertad de expresión y libertad de prensa en el país. El objetivo es elaborar, a partir de todo lo recogido entre hasta este miércoles, un informe sobre el tema dirigido al Estado peruano y a la comunidad internacional En declaraciones brindadas a El Comercio durante la primera jornada de reuniones, el presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, remarcó que el Perú atraviesa un momento “inestable” y de “polarización en las instituciones”, en el que los periodistas se ven estigmatizados, amenazados y maltratados por distintos sectores. LEE TAMBIÉN | El golpe de Dina, por Fernando Vivas En esa línea, desestimó que la prensa independiente sea parte de un supuesto “golpe de estado”, como ha acusado la presidenta Dina Boluarte, con quien la delegación espera reunirse para conversar sobre estos temas. “La SIP viene estudiando el caso peruano, en cuanto a libertad de prensa, en cuanto a libertad de expresión”, dijo Dutriz, quien es director de La Prensa Gráfica de El Salvador. “Es un momento inestable, en donde se polarizan las instituciones y los periodistas se ven estigmatizados por una serie de sectores. Se ven amenazados, algunas veces insultados, y maltratados”. Delegación de la SIP en el Perú. Foto: GEC / Alessandro Currrarino Sobre la actitud de la presidenta Dina Boluarte con la prensa peruana, a la que este lunes volvió a atacar a la prensa durante un discurso, el presidente de la SIP indicó que aún no reciben una respuesta desde Palacio de Gobierno a su solicitud para una reunión. “Hemos solicitado, con la debida anticipación, una reunión privada a la presidenta Dina Boluarte. Hasta el momento, no podemos decir que nos ha accedido. Estamos tratando de abrir esa puerta, porque lo importante de esto es escucharnos. Nosotros representamos la libertad de expresión de todo el continente, representamos a más de 1,300 medios, desde Alaska hasta Tierra del Fuego”. Consultado por la acusación de la mandataria sobre la participación de los medios de comunicación en un supuesto “golpe blando” en su contra, comentó que “está en su total derecho de decir, de acusar a quien quiera, pero tiene que fundamentarlo”. “Hasta donde nosotros tenemos entendido, a ningún medio independiente le interesa socavarla ni provocar un golpe de estado. Todo lo contrario. Lo que se pretende es fortalecer las instituciones y fortalecer al Ejecutivo”, remarcó. “Y repito: a nosotros nos interesaría escuchar de parte de ella, en una reunión privada, qué es lo que tiene que decir precisamente alrededor de esa pregunta: ¿por qué ella está acudiendo a ese tipo de acusaciones? Nos gustaría escucharla. De eso se trata: de madura, constructiva y civilizadamente, escucharse. Somos una organización de medios de comunicación y merecemos también el respeto porque en alguna manera representamos a la sociedad peruana”. José Roberto Dutriz, presidente de la SIP y director de La Prensa Gráfica, de El Salvador, durante su jornada de reuniones en Lima. Foto: GEC / Alessandro Currarino Primeras reuniones Junto a José Roberto Dutriz, la delegación está conformado por Roberto Rock, expresidente de la SIP y director de La Silla Rota, de México; Carlos Jornet, vicepresidente segundo de la SIP, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la entidad y director de La Voz del Interior, de Argentina; y Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP, quien vino desde Estados Unidos. Su agenda en Perú comenzó por la mañana del lunes con reuniones con abogados como el constitucionalista Luciano López, la exministra de Justicia Ana Neyra y el penalista Carlos Rivera. Luego, cerca del mediodía, recibieron por casi dos horas a representantes del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), entre ellos su presidente, Juan Aurelio Arévalo, y de su Tribunal de Ética, presidido por Erick Iriarte. Junto a ellos estuvieron integrantes del CPP como Rosana Cueva (América TV y Canal N), Pablo Deluca (Infobae), Manuel Boluarte (Inforegión), María Eugenia Mohme (La República), Frida Delgado (RPP), Ricardo Cruzado (Sol TV) y Rogger Baylón (Prensa Regional de Moquegua). Juan Aurelio Arévalo, presidente del CPP y director de El Comercio, indicó que los miembros del consejo compartieron con la delegación “sus impresiones sobre el estado de la libertad de expresión en el país” y hablaron sobre “la grave acusación que hizo la presidenta Boluarte hace una semana cuando dijo que ‘mala prensa’ se confabula con el Ministerio Público para desestabilizar al gobierno y dar un golpe blando”. “El Perú es el país que más ha retrocedido en el índice de Chapultepec en los últimos dos años y, según la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), solo en el 2024 se produjeron 392 ataques contra periodistas y medios”, comentó. “Recordamos que Dina Boluarte no da una entrevista a un medio peruano hace dos años, ha pasado más de 100 días sin declarar, no ofrece ruedas de prensa y tampoco quiso firmar la declaración de Chapultepec ni reunirse con la misión de la SIP”. Delegación de la SIP junto a integrantes y representantes de medios del CPP. Foto: GEC / Alessandro Currarino También indicó que conversaron sobre la práctica de algunos ministros de poner voceros para no declarar ellos frente a los medios, de los constantes proyectos de ley en el Congreso que pueden ser calificados como ‘leyes mordaza’; así como de casos de fiscales que denuncian a periodistas por hacer su trabajo y jueces que obligan a medios a revelar sus fuentes. “Los medios regionales del Consejo de la Prensa expresaron su preocupación por la violencia y el avance de economías ilegales, de mafias que intimidan a periodistas para que no puedan sacar a la luz investigaciones. También se habló del discurso ofensivo, agresivo, de ciertas autoridades contra los medios y cómo esto se ha ido normalizando hasta llegar a un nivel muy preocupante, sobre todo, porque entramos a un año electoral y sentimos que las agresiones contra periodistas irán en aumento”,