El Congreso de los Diputados se ha fijado ya como una obligación “necesaria y urgente” cambiar su Reglamento de funcionamiento interno para impedir a los falsos periodistas y pseudomedios que han proliferado en los últimos años que condicionen y perjudiquen el trabajo diario de la mayoría no solo de los parlamentarios, sino también de los periodistas de “medios de comunicación legítimos”. El vicepresidente primero de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, lanzó el martes pasado desde la tribuna del hemiciclo ese reto a todos los partidos y PSOE y Sumar han establecido contactos con la mayoría de los grupos para consensuar la reforma de ese reglamento. El borrador de esa ley, que manejan varios grupos políticos y que incluiría por primera vez la tipificación de sanciones por mal comportamiento, se envió también al PP, pero rechaza apoyarla, al igual que hace Vox. Sin embargo, el cambio podría salir adelante con el apoyo de los partidos que forman el Ejecutivo y sus socios habituales. “Los propagadores de bulos y odio erosionan nuestra democracia a través de los pseudomedios. Hago un llamamiento a todos los grupos políticos para que acuerden con valentía la modificación del Reglamento del Congreso. Es necesario y urgente. En sus manos está”, proclamó el vicepresidente socialista del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis el martes al final del pleno. Fue la consecuencia de meses y semanas de discretas negociaciones primero en la Mesa de la Cámara, incluso con los componentes del PP, asociaciones profesionales de periodistas, y luego ya con un borrador de documento de la nueva ley con todos los demás grupos presentes en la Junta de Portavoces, todos menos con Vox. El PP ya advirtió de partida que tenía muy complicado adherirse a ese proyecto. Algunos de los componentes del PP en la Mesa entienden las razones que hay detrás del intento de reforma de las normas que rigen para el comportamiento de diputados y periodistas y demás personal de la casa dentro del Congreso, sobre todo en lo que respecta a pseudoperiodistas acreditados por empresas que aprovechan para acosar con preguntas y provocaciones fundamentalmente a miembros del Gobierno progresista y de sus partidos aliados, pero no mantienen precisamente ni buenas relaciones ni de confianza con el portavoz oficial de los populares, Miguel Tellado. Tellado ya aclaró a EL PAÍS que el PP nunca respaldará un cambio que coarte a esos personajes. Las asociaciones profesionales de periodistas han venido pidiendo de manera reiterada en los últimos años que las autoridades del Congreso adopten medidas para garantizar que los profesionales puedan hacer su trabajo dentro de la Cámara sin sufrir hostigamientos, señalamientos o insultos de representantes de pseudomedios. Estas organizaciones instan a la Cámara a que adopte esas medidas, pero en ningún caso ejercerán funciones de vigilancia sobre la labor de otros acreditados para cubrir la actividad parlamentaria. El nuevo texto se alinea con el reglamento europeo de la libertad de medios de comunicación (regulación 2024/1083) y con la futura legislación española anunciada por el Gobierno como transposición de la normativa emanante de Europa. PSOE, Sumar y los demás grupos, socios frecuentes del Gobierno, han entendido finalmente, tras meses de dudas sobre las repercusiones de esas medidas, que la situación se ha enrarecido tanto con la actuación de esos pseudoperiodistas que había que ponerle freno. El borrador de la ley, que requerirá la mayoría absoluta de la Cámara para prosperar, ya se maneja en varios partidos y se pretende acelerar. Primero irá a la Mesa para que lo califique y acepte su debate, y luego pasará por comisión y ponencia para llegar al pleno, ser votado y entrar en vigor. Ese proceso requiere meses. El borrador de la nueva ley del Reglamento del Congreso, al que ha tenido acceso EL PAÍS, recoge que desde la Cámara baja “se promoverán acciones encaminadas a identificar y a diferenciar entre medios de comunicación legítimos y aquellos que operan con fines propagandísticos, de manipulación o desestabilización”. El texto retrata el escenario alcanzado en los últimos años con la aparición de los nuevos medios, los móviles, el llamado periodismo ciudadano, los activistas, las redes sociales y la distorsión del debate público con las noticias falsas, manipuladas y tendenciosas, y se fija el reto de intentar proteger el espacio parlamentario a los nuevos tiempos. El actual artículo 98 regula cómo se conceden las acreditaciones para trabajar en algunas zonas del Congreso, pero en la nueva norma se reconoce que se ha quedado desactualizado. En diciembre de 2011 la Presidencia planteó algunos criterios añadidos en una instrucción, también ya desfasada. En los artículos 105 y 106 se alude a conceptos jurídicos indeterminados sobre “personas que perturbaren” o que provoquen “desórdenes graves”, pero su interpretación se deja al criterio de la Presidencia y no dicen nada de “cómo y por qué razón puede perderse” la acreditación para trabajar dentro del Congreso. En el Congreso ya se constató el problema, en julio de 2019 tras la entrada y la grabación ilegal de un periodista de OKdiario en el despacho en la Cámara del vicepresidente Pablo Iglesias, de Podemos. Se le retiró la acreditación durante un año. El Tribunal Supremo, sin embargo, estimó el recurso del periodista y lo anuló en febrero de 2020 no por el fondo del problema sino porque esa medida no estaba basada en unas normas aprobadas con un régimen tipificado de castigos. Es lo que se quiere introducir ahora en consonancia con lo ya establecido en otros parlamentos, europeos y de otros países. Source link
