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El memorando ruso se divide en tres secciones: la primera define las demandas de Moscú para la “solución definitiva” de la guerra, la segunda propone dos conjuntos de condiciones previas que Rusia aceptaría como parte de un alto el fuego, y la tercera describe el cronograma ideal de Rusia para las negociaciones. MIRA: Cómo fue el inédito ataque de Ucrania con drones FPV con el que destruyó 41 aviones estratégicos de Rusia Cabe precisar que en el documento Rusia exige la entrega de territorio ucraniano que no controla por completo. Primera parte: anexión de territorio y neutralidad ucraniana Vladimir Medinsky (centro), jefe de la delegación rusa, ofrece un comunicado de prensa tras la segunda ronda de conversaciones directas entre con Ucrania en Estambul, el 2 de junio de 2025. (Foto de Yasin AKGUL / AFP). / YASIN AKGUL La primera sección de la hoja de ruta rusa enumera las demandas que Ucrania debería aceptar como parte de un acuerdo de paz a largo plazo. Estas son: Reconocimiento internacional de la ocupación rusa de las provincias de Lugansk, Donetsk, Zaporizhia y Kherson, además de la península de Crimea, anexionada en el 2014. Compromiso indefinido de Ucrania con la neutralidad, lo que significa que nunca deberá unirse a alianzas y coaliciones militares como la OTAN; prohibición de futuros despliegues militares e infraestructuras extranjeras en Ucrania; la terminación de todos los acuerdos de seguridad existentes de Ucrania y una prohibición permanente de que Ucrania tenga armas nucleares. Levantamiento de las sanciones internacionales que pesan sobre Rusia. Protección de los “plenos derechos, libertades e intereses” de los rusos y de las poblaciones rusohablantes en Ucrania. Que se legisle contra la “glorificación y propaganda del nazismo”. Segunda parte: condiciones para el alto el fuego El jefe de la delegación ucraniana y ministro de Defensa, Rustem Umerov (izq.), habla durante una rueda de prensa tras la segunda reunión con Rusia celebrada en Estambul el 2 de junio de 2025. (Foto de Adem ALTAN / AFP). / ADEM ALTAN La segunda parte de la hoja de ruta de Putin exige que Ucrania y Rusia adopten dos vías para un alto el fuego. La primera, que Ucrania se retire completamente de las zonas no ocupadas de las provincias de Lugansk, Donetsk, Zaporizhia y Kherson hasta una distancia no especificada más allá de las fronteras de dichas provincias. La segunda exige que Ucrania acepte un conjunto diferente de demandas rusas, entre ellas: Prohibir el redespliegue de todas las unidades ucranianas, excepto como parte de las retiradas de las provincias de Lugansk, Donetsk, Zaporizhia y Kherson. Poner fin a todos los esfuerzos de generación de fuerzas ucranianas, iniciar la desmovilización, poner fin a la ley marcial y organizar elecciones presidenciales dentro de los 100 días siguientes al fin de la ley marcial y elegir un nuevo gobierno. Poner fin a toda asistencia militar extranjera, incluido el suministro de imágenes satelitales e inteligencia, y prohibir todos los despliegues militares extranjeros en Ucrania. Tercera parte: los plazos Soldados ucranianos se refugian mientras disparan un cañón contra posiciones rusas en un lugar no revelado de la región de Kharkiv, durante la invasión rusa de Ucrania. (Foto de AFP). / HANDOUT En la tercera sección del memorando ruso se pone un plazo de 30 días para el retiro completo de las fuerzas ucranianas de las provincias de Lugansk, Donetsk, Zaporizhia y Kherson a partir del inicio de la tregua. También se exige que Ucrania elija un nuevo gobierno antes de que firme un acuerdo de paz formal con Rusia. Para garantizar el cumplimiento del alto el fuego, se creará un centro bilateral de control y monitoreo. Una vez se hayan formado los nuevos órganos ejecutivos y legislativos en Ucrania se procedería a la firma del tratado de paz, que sería ratificado y entraría en vigor tras ser respaldado por las correspondientes resoluciones de Naciones Unidas. Varios de estos puntos ya han sido rechazados con anterioridad por Ucrania. «Inaceptable para cualquier país” Una persona sostiene una pancarta durante una marcha de la Campaña de Solidaridad con Ucrania exigiendo que Rusia devuelva a los niños ucranianos, en Londres el 1 de junio de 2025. (Foto de Justin Tallis / AFP). / JUSTIN TALLIS El analista internacional Francisco Belaunde Matossian calificó de “pretensión maximalista” la hoja de ruta rusa y dijo que “evidentemente, es inaceptable para cualquier país”. “Es consolidar sus conquistas y pretender desarmar totalmente a Ucrania. Es absurdo. En el fondo, es una manera de decir que no quieren la paz”, manifestó Belaunde a El Comercio. Belaunde indicó que el documento no da indicios de que Rusia esté dispuesto a hacer concesiones. “Ellos deben estar conscientes de que eso es inaceptable para Ucrania. Salvo que Putin piense que Donald Trump puede presionar a Ucrania para aceptar la hoja de ruta, pero los aliados europeos nunca lo aceptarían”. “También puede ser para los rusos una manera de decir que están a favor de la paz, porque están presentando una propuesta, pero repito, lo que proponen es absolutamente inaceptable, porque no solo se consagra la conquista de Ucrania, sino su completo desarme, además de pedir un nuevo Gobierno, algo que es un asunto interno de Ucrania”, enfatizó Belaunde. ¿Al pedir todas esas exigencias Rusia en realidad lo que quiere es mantener la guerra para conseguir militarmente eso que está en los documentos? “Por supuesto que sí. Putin no tiene ninguna intención de parar la guerra. Ninguna”, sostuvo Belaunde. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está mediando para conseguir un acuerdo que ponga fin a la guerra, tal como prometió en campaña, cuando dijo que en pocos días tendría el asunto solucionado. Sin embargo, casi 5 meses después del inicio de su gobierno, cabe preguntarse si ya es momento de que el mandatario estadounidense reconozca que Putin no está dispuesto a dejar de lado sus demandas originales para poner fin a la guerra, por lo que un acuerdo con Ucrania sería imposible. “Donald Trump es una persona que tiene simpatía por Putin, y que no tiene

La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, afirmó este martes que la orden de detención emitida en su contra por la justicia de Guatemala no tiene base legal y forma parte de un “contraataque sin precedentes” contra ella y su entidad por su lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada. “Estamos observando que esta lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada dentro y fuera del país está generando un contraataque sin precedentes contra los servidores de la entidad y la propia fiscal general de la Nación. La decisión anunciada ayer por el Ministerio Público de Guatemala es una más de esas manifestaciones”, declaró Camargo en una rueda de prensa. LEE TAMBIÉN: Colombia: Petro invita a “negocios particulares” a dejar salir a trabajadores que deseen protestar La fiscal aseveró que está tranquila por su inocencia en los “hechos que con sesgo político” se le atribuyen por su trabajo en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y subrayó que “no existe una orden de captura internacional” y “no será emitida teniendo en cuenta el comunicado del Gobierno de Guatemala que rechaza la petición del Ministerio Público” de ese país. Según Camargo, esa orden de detención relacionada con sus investigaciones de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht solo puede tener vigencia en el país centroamericano. La controvertida medida fue anunciada el lunes por la Sala Tercera de Apelaciones del Organismo Judicial guatemalteco contra Camargo y el exministro de Defensa de Colombia y embajador designado en el Vaticano, Iván Velásquez, por supuestas irregularidades durante su trabajo hace años en la Cicig. Dicha Sala de Apelaciones, que ha sido cuestionada por expertos en temas judiciales en otros casos, dio luz verde a la solicitud de detención contra los dos funcionarios colombianos que había planteado el Ministerio Público guatemalteco. SEPA MÁS: Colombia: mueren diez estudiantes universitarios en un accidente de autobús “Una flagrante violación” Camargo, quien dirigió el Departamento de Investigación y Litigio de la Cicig entre 2014 y 2017, calificó la decisión de la corte como “una flagrante violación” al acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, que establece que los funcionarios extranjeros que formaron parte de la Cicig gozan de inmunidad. “La determinación del Tribunal desconoce los parámetros del derecho internacional y los derechos humanos, carece de sustento jurídico y pone en riesgo la colaboración decidida entre países y organismos internacionales para luchar contra la impunidad, la corrupción y los flagelos criminales que debilitan las democracias”, expresó. La fiscal explicó que, las actuaciones que se le cuestionan, como cruzar correos o asistir a reuniones en que se discutían los términos de colaboración eficaz a la que se sometieron los altos directivos de Odebrecht, “fueron la base para la entrega de importante información sobre los receptores de las coimas pagadas y del compromiso de la multinacional de reconocer al Estado de Guatemala una indemnización de 16,5 millones de dólares por actos de corrupción”. Camargo recordó que la relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, advirtió el mes pasado de la existencia de “graves preocupaciones institucionales” respecto al liderazgo de la fiscal general guatemalteca y mencionó la existencia de un patrón del derecho penal para intimidar y acallar a quienes defienden los derechos humanos y combaten la corrupción. Durante su conferencia, la fiscal también dijo que no descarta “que haya un ataque originario en violencia de género” en este caso, e hizo un llamado a la “sensatez” y a no “difundir rumores” sobre su conducta que, aseguró, “ni en esa época ni ahora puede ser cuestionada”. MIRA AQUÍ: Petro dice que acudió a investidura de Noboa para pedirle liberación de “presos políticos” Petro: Fiscalía guatemalteca “obedece al crimen” En 2023, el Ministerio Público de Guatemala ya anunció que emprendería acciones legales contra Velásquez y Camargo por su gestión al frente de la Cicig, en el marco del caso de corrupción vinculado a Odebrecht. Ese episodio tensó las relaciones entre los dos países pues el presidente colombiano, Gustavo Petro, advirtió que los vínculos diplomáticos con el país centroamericano, en aquel momento gobernado por Alejandro Giammattei, se verían afectados si la Fiscalía continuaba con acciones legales contra Velásquez, que en ese entonces era su ministro de Defensa. Petro afirmó este martes que la Fiscalía de Guatemala “obedece al crimen” y comparó la situación con la supuesta persecución de que fue objeto el exfiscal general colombiano Francisco Barbosa y con el caso del expresidente peruano Pedro Castillo. VIDEO RECOMENDADO: SOBRE EL AUTOR Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países. Source link

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró el domingo que le tiene «sin cuidado» que lo llamen «dictador», ante la ola de críticas en su contra por las recientes detenciones de activistas de derechos humanos y acciones contra las oenegés.   Bukele emitió la noche del domingo un discurso en sesión solemne en el Teatro Nacional por el primer año de su segundo mandato, marcado por su alianza con Donald Trump en la política de deportación de migrantes y la ofensiva contra grupos humanitarios.   El presidente acusó a las oenegés en el país de defender pandilleros y de activismo político, y fustigó a organismos internacionales y a la prensa por sumarse a lo que llamó un «ataque organizado» contra su gobierno.   «¿Saben qué? Me tienen sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles», expresó, al recordar que es criticado por su política de seguridad de mano dura.   Bukele, de 43 años, gobierna con poder casi absoluto tras ser reelegido con 85% de apoyo popular por su guerra antipandillas, que redujo a mínimos históricos la violencia en el país con un régimen de excepción que permite detenciones masivas sin orden judicial.   Su gobierno enfrenta fuertes críticas por el arresto el 18 de mayo de Ruth López, abogada de una ONG que indagaba supuestos casos de corrupción estatal, asistía a víctimas del régimen de excepción y familias de 252 venezolanos deportados por Washington y presos en El Salvador.   «Dicen que encarcelamos defensores de derechos humanos, disidentes, opositores al régimen (…). No se pueden tocar. Cualquier opositor corrupto que se lleva a la cárcel es un perseguido político. Trabajar en una ONG ahora es sinónimo de impunidad», ironizó.   – Defensores de «asesinos» –   La Fiscalía acusó a López de haber cometido peculado cuando fue asesora en el tribunal electoral hace una década, pero organizaciones locales e internacionales -como Amnistía o Human Rights Watch- denuncian una estrategia para acallar las voces críticas y frenar la defensa de derechos humanos.   En mayo también fueron arrestados dos activistas que apoyaron una protesta de campesinos y en febrero el dirigente de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), Fidel Zavala, acusado de vínculos con pandillas.   Según las oenegés, Bukele usa contra sus críticos o adversarios el régimen de excepción que impuso hace tres años y por el cual 86.000 personas acusadas de pandilleros o cómplices han sido detenidas.   Las oenegés, férreas críticas del estado de excepción, aseguran que unas 400 personas han muerto en prisión y que hay miles de inocentes detenidos.   «Los supuestos defensores de la democracia (…) lo que realmente quieren es que seamos incapaces de castigar a los asesinos en nombre de un supuesto ideal de derechos humanos que no es más que los derechos de los delincuentes», aseguró Bukele.   Según el gobernante, hubo unos «200.000 salvadoreños asesinados por las pandillas» en más de 30 años que sembraron el terror en el país.   En su discurso, también defendió la Ley de Agentes Extranjeros, similar a la de Rusia y Nicaragua, que obliga a las oenegés a inscribirse en un registro y pagar un impuesto del 30% de los fondos que reciban.   – Deportados «delincuentes» –   Socio clave de Trump en su política antiinmigrantes, Bukele recibió en marzo y encarceló en su megacárcel para pandilleros a 252 venezolanos y 36 salvadoreños que Estados Unidos deportó al acusarlos, sin pruebas, de criminales.   En el Teatro Nacional, Bukele criticó a congresistas demócratas que han viajado a El Salvador para pedir ver a los detenidos, particularmente al salvadoreño Kilmar Ábrego, deportado «por error» pese a que tenía una protección legal.   «Congresistas extranjeros vienen a tocar las puertas de las cárceles a exigir que liberemos delincuentes. ¿Con qué derecho se sienten? Siempre son los autoproclamados defensores de la democracia los que no creen en nuestra democracia», dijo Bukele.   Publicista amante de los golpes de efecto, desplegó todo un aparato de producción para grabar y difundir por redes sociales el ingreso de los deportados, con el cabello rapado y encadenados, al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).   Señalado por sus críticos de autócrata, la reelección de Bukele es cuestionada porque, pese a estar prohibida constitucionalmente, fue permitida por un fallo de jueces afines.   «En este primer año del segundo mandato inconstitucional hay una escalada autoritaria. Es la consolidación de la dictadura», declaró a la AFP Ingrid Escobar, directora de la oenegé Socorro Jurídico Humanitario.     Source link