5 de agosto de 2025

Ruanda acogerá hasta 250 personas expulsadas de Estados Unidos en el marco de un acuerdo alcanzado con Washington, anunció el gobierno ruandés el martes, como parte de la campaña estadounidense para enviar a migrantes presentes en su territorio a terceros países.   Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, la administración del presidente Donald Trump negoció varios acuerdos para los que migrantes condenados por delitos –entre ellos latinoamericanos– fueron deportados a terceros países, entre ellos Sudán del Sur y Esuatini.   «Ruanda acordó con Estados Unidos aceptar hasta 250 migrantes. Sobre todo porque casi todas las familias ruandesas han sufrido las dificultades del desplazamiento y que nuestros valores sociales se basan en la reintegración y la rehabilitación», explicó a la AFP la portavoz del gobierno, Yolande Makolo.   La decisión de Ruanda sucede a un acuerdo, que finalmente fue cancelado en 2024, con Reino Unido, según el cual Kigali aceptó la llegada de migrantes irregulares deportados desde el país europeo.   En virtud del acuerdo anunciado el martes, «Ruanda tiene la posibilidad de aprobar a cada persona propuesta para la reinstalación», añadió Makolo, afirmando que los individuos en cuestión se beneficiarían de «formación profesional, asistencia sanitaria y ayuda para la vivienda».   Sin embargo, no dio precisiones sobre el calendario, ni las nacionalidades de los individuos, ni lo que el país africano recibirá en contrapartida.   «Proporcionaré más detalles cuando estos se hayan resuelto», declaró la vocera.   Un portavoz del Departamento de Estado estadounidense no confirmó este acuerdo, pero indicó que Washington «colabora con Ruanda en una serie de prioridades comunes», siendo la aplicación de las políticas migratorias de la administración Trump «una prioridad absoluta».   Las autoridades de Sudán del Sur ya se hicieron cargo el mes pasado de un grupo de ocho migrantes deportados de Estados Unidos. Sólo uno de ellos procedía de este país.   En julio, cinco migrantes ilegales oriundos de países asiáticos y caribeños también fueron deportados a Esuatini, en el sur de África, después de que la administración Trump explicara que sus propios países se negaban a acogerlos.   El presidente estadounidense ha convertido la lucha contra la migración ilegal en una prioridad absoluta, prometiendo la mayor campaña de deportaciones de la historia de Estados Unidos.   – «Infierno» –   En marzo, 252 hombres fueron deportados a El Salvador, la mayoría por sus presuntas pertenencias a la banda venezolana Tren de Aragua, declarada «terrorista» por Washington, y encarcelados en una prisión de alta seguridad conocida por la dureza de sus condiciones.   Todos ellos fueron repatriados a Venezuela a mediados de julio.   Varios de ellos, entrevistados por la AFP, relataron condiciones de encarcelamiento cercanas al «infierno» en El Salvador, con golpes, privaciones y humillaciones.   Caracas afirmó el lunes que solo veinte de sus ciudadanos tenían antecedentes penales, siete de ellos por delitos graves, y que «ninguno estaba relacionado con el Tren de Aragua».   Según un análisis realizado por la AFP a partir de datos oficiales, el número de migrantes enviados a centros de detención en Estados Unidos, como paso previo a su expulsión, alcanzó un récord, con más de 60.000 personas detenidas en junio, de las cuales el 71% no tenía antecedentes penales.   Ruanda, un pequeño país de unos 13 millones de habitantes, es objeto de críticas por su historial en materia de derechos humanos y en los últimos meses ha recibido cada vez más presiones por su implicación en el conflicto de la República Democrática del Congo (RDC).   Su presidente, Paul Kagamé, elegido el año pasado para un cuarto mandato con el 99,18% de los votos, es acusado por sus detractores de silenciar a toda la oposición.     Source link

Japón el miércoles conmemora el 80º aniversario del lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima con una ceremonia que espera un récord de países participantes, en un contexto marcado por llamamientos a abandonar las armas nucleares y las guerras en Ucrania y Oriente Medio.   A las 08H15 del 6 de agosto de 1945, Estados Unidos arrojó su bomba atómica sobre esa ciudad nipona, lo que mató a unas 140.000 personas. Tres días después, un proyecto idéntico cayó sobre Nagasaki y dejó otros 74.000 fallecidos, aproximadamente.   Estos dos ataques, que precipitaron el fin de la Segunda Guerra Mundial, son los casos únicos en la historia en los que se han utilizado armas nucleares en tiempo de guerra.   Representantes de 120 países y regiones asistirán a la ceremonia organizada el miércoles en Hiroshima, según responsables de la ciudad.   Sin embargo, no habrá grandes potencias nucleares como Rusia, China y Pakistán. Irán, acusado de intentar dotarse de una bomba atómica, sí estará representado.   Contrariamente a su costumbre, Japón ha indicado que no ha «seleccionado a sus invitados» para estas conmemoraciones, sino que ha «notificado» a todos los países y regiones la celebración del evento.   Así, Palestina y Taiwán, que Tokio no reconoce oficialmente como países, han anunciado su presencia en este evento por primera vez.   «La existencia de líderes (políticos) que quieren reforzar su poder militar para resolver los conflictos, incluso mediante la posesión de armas atómicas, dificulta el establecimiento de la paz mundial», declaró la semana pasada el alcalde de Hiroshima, Kazumi Matsui, en referencia a las guerras en Ucrania y Oriente Medio.   – Cúpula emblemática –   Matsui también instó el mes pasado a Donald Trump a visitar Hiroshima, después de que el presidente estadounidense comparara los recientes ataques aéreos contra Irán con los bombardeos atómicos de 1945.   «Me parece que no comprende plenamente la realidad de los bombardeos atómicos, que, si se utilizan, cuestan la vida a muchos ciudadanos inocentes, ya sean amigos o enemigos, y amenazan la supervivencia de la humanidad», subrayó entonces el alcalde.   Hoy en día, Hiroshima es una próspera metrópoli de 1,2 millones de habitantes, pero las ruinas de un edificio coronado por el esqueleto metálico de una cúpula se alzan en el centro de la ciudad, registrando el horror del ataque.   «Es importante que muchas personas se reúnan en esta ciudad afectada por la bomba atómica, porque las guerras continúan» en todo el mundo, insistió Toshiyuki Mimaki, copresidente de Nihon Hidankyo, un grupo de supervivientes de la bomba ganador del Premio Nobel de la Paz 2024.   Nihon Hidankyo insta a los países a actuar para eliminar las armas nucleares, al basarse en los testimonios de los supervivientes de Hiroshima y Nagasaki, conocidos como «hibakusha».   «Deseo que los representantes extranjeros visiten el Museo Memorial de la Paz y comprendan lo que ocurrió», explicó Mimaki.   -Rusia y Nagasaki-   Transmitir la memoria de los «hibakusha» y las lecciones aprendidas de la catástrofe es un reto cada vez mayor para esta organización, ya que la edad media de los supervivientes es ahora de 86 años.   «Creo que la tendencia mundial hacia un mundo sin armas nucleares comenzará. La generación joven está trabajando duro para lograrlo», aseguró a la AFP Kunihiko Sakuma, de 80 años, que tenía nueve meses cuando se produjo el bombardeo y se encontraba a 3 km del punto de impacto.   Sakuma, que se reunirá con el primer ministro Shigeru Ishiba tras la ceremonia, tiene la intención de pedirle que Tokio se adhiera al tratado de la ONU para la prohibición de las armas nucleares firmado en 2017.   Tokio se ha negado a suscribirlo, al alegar que su objetivo no es viable sin la ayuda de los estados que poseen armas atómicas.   El sábado, Nagasaki también espera un número récord de países en sus propias conmemoraciones, entre ellos Rusia, que asistirá por primera vez desde su invasión a Ucrania en 2022.   Este año «queremos que los participantes vengan y vean con sus propios ojos la realidad de la catástrofe que puede provocar un arma nuclear», declaró a la AFP un responsable de esa ciudad. Source link

El cerco judicial se estrechó bruscamente el lunes contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, ordenado a arresto domiciliario por violar una prohibición de uso de redes sociales en el marco del juicio por presunta intentona golpista.   El exjefe de Estado (2019-2022), líder indiscutido de la derecha y la ultraderecha brasileña y aliado del presidente estadounidense Donald Trump, está siendo juzgado en el Tribunal Supremo acusado de conspirar para aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2022 ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.   Investigado por una presunta obstrucción de su juicio, desde mediados de julio Bolsonaro está obligado a llevar una tobillera electrónica, permanecer en casa por las noches y los fines de semana, y le está prohibido expresarse en redes sociales, ya sea directamente o a través de terceros.   El lunes, el magistrado Alexandre de Moraes, a cargo del proceso contra Bolsonaro ante la corte suprema, confinó al expresidente a su residencia en Brasilia, alegando un «reiterado incumplimiento de las medidas cautelares impuestas», en especial la prohibición de usar redes sociales.   Con excepción de sus abogados, toda visita a su domicilio quedó proscrita, salvo previa autorización, dispuso en un documento judicial consultado por la AFP.   «La justicia no permitirá que un acusado la considere una tonta, creyendo que permanecerá impune por tener poder político y económico», subrayó el juez.   Moraes achaca a Bolsonaro intervenciones divulgadas por su entorno cercano en redes sociales, el domingo, durante la jornada de manifestaciones en su apoyo en varias ciudades del país.   El excapitán del Ejército, de 70 años, fue el gran ausente en esas movilizaciones. Pero sus partidarios compartieron en redes sociales imágenes de una llamada entre él y su hijo mayor, Flavio, durante un acto de solidaridad en Rio.   El lunes Moraes también le impidió a Bolsonaro el uso de celulares, tanto propios como ajenos. En una operación el lunes en la casa del exmandatario en Brasilia varios aparatos fueron requisados, informó la Policía Federal.   Con la bandera brasileña en la mano o sobre los hombros, decenas de seguidores de Bolsonaro se concentraron la noche del lunes en Brasilia, acompañados de un concierto de bocinas de otros simpatizantes.   La seguridad frente a la sede del Supremo Tribunal Federal fue reforzada, constató la AFP.   – «Psicópata descontrolado» –   Las nuevas medidas del influyente Moraes ocurren cuando la situación judicial de Bolsonaro está en el centro de un huracán diplomático entre Brasil y Estados Unidos.   El respaldo de Trump a Bolsonaro ha tenido grandes repercusiones en la mayor economía latinoamericana.   El 30 de julio el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le impuso a Moraes sanciones financieras personales, luego de que se le revocara la visa de ingreso al país.   El mismo día, Trump autorizó aranceles de 50% a importantes sectores exportadores brasileños, que deben entrar en vigor el miércoles 6.   Washington condenó la prisión domiciliaria contra el expresidente: «Dejen a Bolsonaro hablar», indicó la noche del lunes en X la oficina para el hemisferio occidental de la diplomacia estadounidense.   Los funcionarios estadounidenses añadieron que «responsabilizarán a todos aquellos que colaboren con o faciliten conductas sancionadas».   Instigador de las medidas estadounidenses, un hijo del expresidente, el diputado Eduardo Bolsonaro, denunció en X un «abuso de poder para silenciar el líder de la oposición brasileña» y llamó a Moraes un «psicópata descontrolado».   Según Moraes, la prohibición de usar las redes sociales -criticada por confusa por figuras bolsonaristas, pero también por especialistas y por la prensa- ya había sido violada una primera vez tras la imposición de la tobillera electrónica.   Moraes advirtió entonces que no toleraría una repetición.   «La justicia es igual para todos. El acusado que incumple deliberadamente las medidas cautelares -por segunda vez- debe sufrir las consecuencias legales», dijo el lunes el magistrado.   Inhabilitado a presentarse a elecciones hasta 2030 por sus ataques sin pruebas contra el sistema de votación, y posiblemente enfrentado a unos 40 años de cárcel por el juicio en curso, Bolsonaro insiste en que espera ser candidato en las elecciones presidenciales de 2026.   Lula, de 79 años, afirma de su lado su voluntad de disputar un cuarto mandato si está «100% de salud».   El mandatario izquierdista estuvo preso 580 días entre 2018 y 2019 por corrupción. La corte suprema anuló luego la condena, bajo el argumento de que el juez a cargo había sido parcial. Source link