El salvadoreño Kilmar Ábrego García, de 29 años, fue deportado a su país el 15 de marzo del 2025. Tres días antes había sido detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Baltimore, Maryland, mientras regresaba a casa con su hijo. No le mostraron una orden judicial, solo le dijeron que su estatus migratorio había cambiado. Actualmente, está recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel de máxima segudidad construida por Bukele para los criminales más peligrosos. MIRA: “Los estudiantes internacionales tienen que saber que las reglas han cambiado en EE.UU. y pueden perder su visa” El 31 de marzo, en un documento introducido en la Corte de Distrito de Maryland, los abogados del Departamento de Justicia reconocieron que Ábrego García fue deportado a El Salvador por un “error administrativo”. Sin embargo, insistieron en que era miembro de la pandilla MS-13 en Estados Unidos. Los manifestantes se reúnen durante una audiencia sobre el caso de Kilmar Ábrego García en el Tribunal de Distrito de Maryland, el 15 de abril de 2025. (EFE/EPA/ANNABELLE GORDON). Ábrego, inmigrante indocumentado, estaba bajo protección de la justicia. En el 2019, un juez de inmigración había dictaminado que no debía ser enviado a El Salvador debido al riesgo de persecución por parte de pandillas en ese país. Específicamente, el juez alegó que la mara Barrio 18 había estado amenazándolo de muerte por el negocio de pupusas de su familia. El 4 de abril, en una audiencia en Maryland, la jueza de distrito Paula Xinis ordenó que Ábrego fuera devuelto a Estados Unidos. Catalogó su deportación como “completamente ilegal”. El 10 de abril, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió una decisión unánime donde determinó que la deportación de Ábrego fue ilegal y dijo que el Gobierno Estadounidense debe “facilitar” su liberación. Sin embargo, no ordenó explícitamente su retorno inmediato a Estados Unidos, dejando margen para la interpretación por parte del Ejecutivo. Tras la decisión de Corte Suprema, la jueza Xinis exigió al gobierno de Trump que le dé reportes diarios sobre la situación del salvadoreño y de los esfuerzos que hace el Ejecutivo para traerlo de regreso a Estados Unidos. En el primer reporte, el Gobierno confirmó brevemente que Ábrego estaba en el Cecot y que estaba bien. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 14 de abril de 2025. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP). / BRENDAN SMIALOWSKI El 14 de abril Bukele estuvo en la Casa Blanca, donde fue recibido por Trump. Ante la pregunta de la prensa sobre si devolverá a Estados Unidos a Ábrego respondió: “¿Cómo lo devuelvo a Estados Unidos? ¿Lo trafico hacia Estados Unidos? Por supuesto que no voy a hacerlo. La pregunta es absurda. ¿Cómo puedo traficar a un terrorista hacia Estados Unidos? No tengo el poder de regresarlo a Estados Unidos». Agregó que tampoco podría liberarlo en su país. Funcionarios del Gobierno de Trump respaldaron las palabras de Bukele. El asunto escaló el pasado martes, cuando la jueza Xinis sugirió que estaba considerando iniciar un proceso por desacato contra la Administración Trump. También advirtió a los abogados del Gobierno que ordenará que se les tomen declaraciones juradas para determinar si han cumplido las órdenes judiciales de traer de regreso al salvadoreño. “Hasta la fecha, lo que indican los registros es que no se ha hecho nada”, dijo. Xinis desestimó las declaraciones del lunes de funcionarios de la Casa Blanca y de Bukele y señaló que se trataban de “dos barcos muy desorientados que se cruzan en la noche”. Enfatizó que “la Corte Suprema ya se ha pronunciado” y que lo dicho en la Oficina Oval “no fue ante este tribunal”. La jueza dio al Gobierno dos semanas para que presente pruebas de cómo está intentando que Ábrego regrese a Estados Unidos y advirtió que “no habrá tolerancia para los juegos ni el fanfarroneo”. También indicó que en ese plazo decidirá si el Gobierno está actuando de buena fe o si está incurriendo en desacato. Drew Ensign, abogado del Departamento de Justicia, dijo que las autoridades cumplirían con la orden de la Corte Suprema de facilitar el regreso de Ábrego si se presenta en algún punto de entrada a Estados Unidos. Pero después, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lo contradijo. Joseph Mazzarra, consejero del DHS, indicó en un documento judicial que Ábrego sería detenido si vuelve a intentar entrar en Estados Unidos. Agregó que el Gobierno lo enviaría a otro país o le pediría a un juez de inmigración que revoque la protección concedida hace seis años al salvadoreño. El senador demócrata Chris Van Hollen llegó el miércoles a El Salvador para solicitar la liberación de Kilmar Ábrego García ¿Se acabó la división de poderes? Activistas protestan contra la deportación del residente de Maryland Kilmar Abrego García y contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, frente a la Casa Blanca. (EFE/EPA/SHAWN THEW). La abogada Ysabel Lonazco, especializada en temas migratorios y quien dirige la firma Lonazco Law, le dijo a El Comercio que tanto el Gobierno Estadounidense como Bukele claramente están desobedeciendo una orden de la Corte Suprema y hacen una interpretación errónea de la misma. “Definitivamente, el no facilitar el regreso del señor Ábrego García envía un mensaje difícil de digerir. ¿Tiene el Ejecutivo poder absoluto? Personalmente, creo que no. Creo que los jueces son imparciales y que este proceso aún no ha concluido. Tengo la esperanza de que tendrá su debido proceso, pero pienso que tomará tiempo», dijo Lonazco. “La división y el equilibrio de poderes son la matriz de este país. Han hecho a Estados Unidos conocido en el mundo como una nación de inmigrantes, donde uno puede ser libre de practicar su religión, opción política, identidad sexual, un país de libertades que ha atraído a muchos extranjeros”, anotó. “Quizás estoy siendo muy optimista, pero como inmigrante, confío en el balance de poderes porque lo he
