6 de abril de 2025

El Congreso de la República llevará a cabo este lunes una sesión del Consejo Directivo a las 14.00 horas, seguida de una reunión de la Junta de Portavoces a las 15.00 horas, ambas en modalidad semipresencial. Así lo dispuso el presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, según la citación enviada por el Oficial Mayor, Giovanni Forno. LEE: Comisión de Ética revisará este lunes el informe final de investigación contra Kelly Portalatino Ambos encuentros se realizarán en la Sala Miguel Grau del Palacio Legislativo y contarán con la participación de los integrantes de la mesa directiva y representantes de los grupos parlamentarios. El Consejo Directivo está conformado por el presidente y los vicepresidentes del Congreso, así como por los portavoces de las diferentes bancadas. Entre sus funciones se encuentra la adopción de acuerdos y la coordinación para el adecuado funcionamiento de las actividades legislativas. También tiene a su cargo la aprobación del presupuesto institucional y la revisión de informes sobre la administración parlamentaria, el desarrollo de los procesos legislativos y el estado financiero del Congreso. MÁS: Dina Boluarte: “La democracia no puede ceder ante el miedo ni retroceder ante el crimen” Por su parte, la Junta de Portavoces, integrada por la mesa directiva y un portavoz por cada grupo parlamentario con voto ponderado, tiene como atribuciones principales la elaboración del cuadro de comisiones —que debe ser aprobado por el Consejo Directivo y posteriormente por el Pleno—, la ampliación de la agenda del día y la definición de prioridades para el debate legislativo. Ambas instancias resultan clave para garantizar la organización interna del Parlamento y la fluidez del trabajo legislativo, en un contexto en el que se busca optimizar la gestión y la toma de decisiones en el Congreso. SOBRE EL AUTOR La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Source link

Tras una nueva sesión del llamado “cuarto de guerra”, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, afirmó que su sector viene “impulsado acciones concretas” para “redistribuir” a la población penitenciaria en el país. Esto a raíz de una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC) en mayo de 2020, durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19. El fallo del TC- según informó la Unidad de Investigación de El Comercio- estableció que “existe un estado de cosas inconstitucional respecto del permanente y crítico hacinamiento de los establecimientos penitenciarios y las severas deficiencias en la capacidad de albergue”. Y, además, ordenó que, si en cinco años no se adoptaban las medidas para superar ese estado, las prisiones debían cerrarse empezando por las seis más sobrepobladas cuando el plazo venciera. Es decir, no podrán recibir a nuevos reos. Lee también: APRA: 100 años creyendo que son de izquierda. Una crónica de Fernando Vivas Al respecto, Arana dijo que durante más de 10 años “se dejó de lado la necesidad de una política penitenciaria efectiva” y que es el gobierno de Dina Boluarte el que “rompió esa inercia”. “Hemos rediseñado la política penitenciaria nacional asignando presupuestos para ampliar la cobertura los establecimientos penitenciaron, para combatir el hacinamiento, el control deficiente y la falta de condiciones mínimas para la rehabilitación […] Estamos trabajando para redistribuir a la población penitenciaria atendiendo a la sentencia del Tribunal Constitucional”, manifestó en un pronunciamiento. No obstante, el ministro de Justicia y Derechos Humanos no precisó cuánto presupuesto se ha asignado para ampliar los penales o construir nuevas cárceles. Y tampoco detalló cuándo se iniciaría esta redistribución de reos. Arana dio cuenta de que el último viernes 4 de abril se realizó un operativo en el penal Ancón I, donde se intervinieron sus 10 pabellones de manera paralelo con participación del INPE, Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Ministerio Público. Lee también: Excesos fiscales: Estas son las 5 controversias en la gestión de la fiscal Delia Espinoza Responsabiliza a otros gobiernos A su turno, la presidenta Boluarte refirió que, así como intervinieron el penal de Ancón I, lo harán en las otras cárceles del país. “Esto [las requisas] tienen que ser de manera sorpresiva, de aquí en adelante ningún penal estará en ese ‘tiempo libre’ desde donde trabajan para seguir extorsionando o seguir articulando su acción delictiva”, complementó. La jefa de Estado volvió a responsabilizar a otros gobiernos sobre el desborde de la criminalidad en el país. “Durante años, otros gobiernos miraron de costado y a otro lado, abandonaron su responsabilidad y permitieron que la inseguridad se les escape de las manos. Prefirieron pactar con la corrupción antes de proteger a los peruanos”, expresó. La presidenta afirmó que desde su administración le han asignado “presupuestos históricos” a la Policía Nacional y, además, “le estamos devolviendo el respaldo político que merecen”. “Y este esfuerzo es integral, por eso estamos impulsando junto con el empresariado obras por impuesto para construir más cárceles, comisarias y centros de vigilancia, donde más se necesita, porque no hay seguridad sin logística, sin infraestructura”, complementó. Lee también: Franja quemada, la columna de Héctor Villalobos Boluarte subrayó que aquellos que comentan los delitos de asesinato, secuestro y extorsión “tendrá que pasar décadas en el penal de Challapalca sin ningún beneficio penitenciario”. No obstante, las cifras que del Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de la Libertad Efectiva (RENADESPPLE) precisan que de los 43,747 detenidos en flagrancia entre enero y marzo de este año, la mayoría lo es por conducir en estado de ebriedad (24,32%), violencia familiar (18,87%), lesiones (8,04%), micro comercialización de droga (6,72%), hurto (6,17%), receptación (5,46%), omisión de alimentos (3,68%), y robo (2,75%). En contraste, los detenidos por extorsión (0,66%), homicidio (0,54%), secuestro (0,16%) y sicariato (0,03%), no llegan ni a 1,5% de las aprensiones. De otro lado, Boluarte promulgó en Palacio de Gobierno la ley que permite mejorar los procesos de selección, capacitación y entrenamiento del sereno municipal. “Es una norma clave para profesionalizar esta labor y convertir al sereno municipal en un aliado fuerte, cercano y eficaz de nuestra Policía Nacional”, acotó. (Foto: Presidencia) / Olea Más información El INPE informó a la UI de este Diario que el Ministerio de Justicia dará este año una asignación de S/251 millones para reactivar la construcción del megapenal de Ica. Este centro d reclusión deberá albergar a 3.168 presos. El proyecto tiene por lo menos 12 años y desde el 2019 ha habido pocos avances. El monto para la ejecución y supervisión del proyecto es de S/630 millones. Source link

Estos 12 pronunciamientos tuvieron una duración total de poco más de 153 minutos. Es decir, en promedio cada mensaje post reunión del “cuarto de guerra” es de 12′8′‘. Fuentes cercanas al Ejecutivo indicaron a El Comercio que, tras la muerte de Paul ‘El Russo’ Flores, cantante de Armonía 10, a manos de sicarios y extorsionadores, partió de Boluarte Zegarra la idea de constituir un “war room” para hacerle frente a la grave crisis de inseguridad que atraviesa el país. Esta sala tuvo dos objetivos iniciales: intentar apaciguar al Parlamento y evitar la destitución de Santiváñez (pero no le funcionó) y transmitir diariamente el número de operaciones, detenidos y patrullajes que realiza la Policía. No obstante, no dan cuenta del número de asesinatos ni de extorsiones en el país. Hasta el 31 de marzo, de acuerdo con Sinadef, se han registrado 554 homicidios. Es decir, seis asesinatos al día en promedio. Santiváñez participó en dos sesiones del «cuarto de guerra», tras haber sido censurado por el Congreso.(Foto: Archivo GEC) En el gobierno se ha instalado la idea de que los medios de comunicación no difunden “sus logros”. Entre mediados de enero y fines de marzo, la mandataria y sus ministros protagonizaron 14 ataques a la prensa. De estos, cinco fueron quejas directas sobre cómo informaban los medios sobre la ola de criminalidad. Por ello, el Ejecutivo ensayó una propuesta para instaurar una “franja informativa”, a la que dieron marcha atrás, tras cuestionamientos de exministros, expresidentes del Tribunal Constitucional y gremios periodísticos, que calificaron de “anticonstitucional”, “confiscatoria” y “antidemocrática” la pretensión. Otras fuentes detallaron a este Diario que, desde hace unas semanas, la presidenta se venía reuniendo, por separado, con las altas autoridades de la Policía, las Fuerzas Armadas, Migraciones y el Instituto Nacional Penitenciario, así como con los ministros de los sectores a los que están adscritas estas instituciones. “A ella le parecieron buenas las cifras y las propuestas y dijo que se debían anunciar, que se debían comunicar los resultados que son favorables y que no solo ella lo sepa. Ella misma puso el nombre de este espacio”, manifestaron. Incluso, de acuerdo con las mismas fuentes, se barajó la posibilidad de hacer partícipes del “cuarto de guerra” a los gobernadores regionales y a los alcaldes, pero “era difícil traerlos”. Lee también: El discurso hostil del gobierno: Dina Boluarte y sus ministros fustigaron a la prensa en 14 oportunidades en menos de tres meses Tensiones Otras fuentes señalaron a este Diario que las sesiones del “cuarto de guerra” duran entre 40 minutos y 60 minutos y luego se da el pronunciamiento, que no solo es transmitido por TV Perú y Radio Nacional, sino también en las redes sociales de Presidencia y de casi todos los ministerios, así como de la Policía Nacional. Dentro de las reuniones, de acuerdo con las mismas fuentes, se han dado “momentos de tensión” entre la presidenta y algunos de sus integrantes. Y aunque evitaron brindar detalles, estas “discrepancias” tendrían que ver con exigencias que realiza Boluarte para que se ingrese a penales, para que haya operativos migratorios en zonas afluidas de la capital y otros. (Foto: Presidencia) / Jhonel Rodriguez Robles Fuentes relacionadas a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) señalaron que el “war room” funcionaría de manera pública mientras dure el estado de emergencia declarado en Lima y el Callao. Es decir, hasta mediados de abril. Aunque no se tiene certeza, al cierre de esta edición, si se ampliara el estado de excepción. “Este espacio no reemplaza al Consejo de Ministros, es una fuente de información, no dicta políticas, no establece una pauta, no aprueba planes. En el cuarto de guerra, se piden los resultados de los planes de cada institución. Y luego a partir de ahí se hace un feedback”, indicaron, al ser consultados sobre el poder que tiene este conjunto. El “cuarto de guerra” es integrado, además de Boluarte, por los ministros Gustavo Adrianzén (PCM), Julio Díaz Zulueta (Interior), Walter Astudillo (Defensa), Eduardo Arana (Justicia y Derechos Humanos); por el director general de la Policía, Víctor Zanabria, y los comandantes generales de las Fuerzas Armadas David Ojeda Parra (CCFFAA), César Briceño (Ejército), Luis José Polar Figari (Marina) y Carlos Chávez Cateriano (FAP). También están Federico Llaque Moya, presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y Fredy Hinojosa, jefe de Gabinete Técnico de la Presidencia. Adicionalmente, participan otros funcionarios del Estado, de acuerdo con la temática de la sesión del “cuarto de guerra”. Por ejemplo, el 27 de marzo, estuvo la viceministra de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, Cecilia García Díaz. Ella sostuvo que, ante las extorsiones en contra de colegios, se llegó a un acuerdo con la Policía Nacional para que preste seguridad a las instituciones públicas y privadas al ingreso y salida de los estudiantes, “priorizando las zonas d mayor riesgo”. Lee también: El 52% considera que la calidad de enseñanza en el país empeoró durante gobierno de Boluarte Los tres patrones De los 12 pronunciamientos tras las reuniones del “cuarto de guerra”, Boluarte ha participado en 11. Solo el domingo 30 de marzo no estuvo presente [ver recuadro]. La presidenta, en sus discursos políticos, ha repetido tres patrones: critica de manera constante al Ministerio Público y al Poder Judicial, a los que denomina una “puerta giratoria”. ¿La razón? Los acusa por la liberación de delincuentes que son capturado por la Policía Nacional. El viernes 21 de marzo, tras la censura a Santiváñez, la jefa de Estado dijo que su gobierno aceptaba la decisión del Parlamento. Y cuestionó al sistema de justicia. “La Policía y el gobierno central los detiene [a los delincuentes] y, por otra puerta salen. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De nosotros que capturamos o de aquellos que los dejan en libertad?”, remarcó. Otro patrón de los mensajes de Boluarte es que responsabiliza a los gobiernos anteriores de los altos índices de criminalidad. Esto por haber permitido “el ingreso de extranjeros indiscriminadamente” y sin que estos hayan cumplido “los mínimos requisitos de control migratorio”. Y, por último,

Lo que comenzó como la demanda de un recluso enfermo del penal de Tacna que dormía en el piso terminó con una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el hacinamiento en los penales del país. En mayo del 2020, el TC estableció en un fallo que “existe un estado de cosas inconstitucional respecto del permanente y crítico hacinamiento de los establecimientos penitenciarios y las severas deficiencias en la capacidad de albergue”. Además, el TC declaró que, si en cinco años no se adoptaban medidas para superar ese estado, las prisiones debían cerrarse, empezando por las seis más sobrepobladas cuando el plazo venciera. La decisión implica “el cierre temporal del establecimiento penitenciario para el ingreso de nuevos internos, el cierre temporal […] con traslado de los internos a otros establecimientos penitenciarios sin hacinamiento, entre otras medidas”. El período debe cumplirse en mayo de este año y, si la decisión del TC no se acata, deben asumir “la responsabilidad de omisión o deficiencia las respectivas instituciones públicas, empezando por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, que desde setiembre del 2023 está a cargo de Eduardo Arana. Abrieron fuego contra todos los pasajeros: el ataque de sicarios a familia en Comas que dejó un muerto y a niño grave Esta situación se da mientras el país enfrenta una ola criminal, sobre todo por las extorsiones y el sicariato, y con cifras alarmantes de hacinamiento en las cárceles. Según un informe de enero del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en las 68 prisiones del país hay 94.911 reclusos, cuando la capacidad de albergue es de 41.019. La sobrepoblación penitenciaria es de 53.892. En entrevista con El Comercio, Marianella Ledesma, expresidenta del TC y quien fue ponente del fallo en cuestión, señaló: “Evidentemente, las sentencias existen para que se cumplan, no para que estén de adorno o sean una decoración, y quien está llamado […] a cumplir es el Ministro de Justicia”. “El titular del pliego, en este caso el ministro de Justicia, tendría una responsabilidad penal por omitir el cumplimiento de sus funciones que, por un mandato judicial, se ha encargado a su sector”, remarcó. Extorsionadores ya controlan más de 300 kilómetros de rutas de transporte en Lima [MAPA] Ernesto Blume,exmagistrado del TC que también firmó la sentencia, dijo que, de no cumplirse los fallos del TC, se incurre en desacato porque “son de obligatorio cumplimiento” y “existen plazos”. “Si en el plazo de cinco años […] no se han adoptado las medidas suficientes, […] deberán ser cerrados por la autoridad administrativa”. La situación de las cárceles La decisión del TC partió del hábeas corpus que un interno del penal de Pollocay (Tacna) presentó en el 2014, en que alegó que la gripe y bronquitis que sufría se agravaron por su reclusión, y que no podía recuperar su salud porque pernoctaba en el piso. Su reclamo se elevó por las instancias judiciales hasta que en octubre del 2014 llegó al TC, que en su sentencia del 2020 se pronunció sobre el caso, pero también sobre el hacinamiento y situación de los penales. Lo hizo a través del llamado estado de cosas constitucional, usado para “brindar una tutela a los derechos fundamentales cuando el caso evidencie efectos lesivos respecto de un grupo importante de personas”. Para cuando el fallo se dictó, las seis cárceles más pobladas eran: Chanchamayo (553% por encima de su capacidad), Jaén (522%), Callao (471%), Camaná (453%), Abancay (398%) y Miguel Castro Castro (375%). Según un documento del INPE de fines de febrero, que El Comercio revisó, ahora la más sobrepoblada es la cárcel del Callao, conocida como Sarita Colonia, con 3.363 reclusos, cuando su capacidad es de 572. Su sobrepoblación es de 2.791 internos (488%). En el país, Castro Castro (404%), en San Juan de Lurigancho, es la segunda cárcel con más reclusos en total (5.750 hasta febrero, cuando su capacidad es de 1.142). Desde mayo del 2024, ya no recibe más presos. Para este informe, El Comercio ingresó a los penales del Callao y Castro Castro. El TC ha pedido que seis penales se cierren debido al hacinamiento. El Comercio visitó el penal Sarita Colonia, uno de los más sobrepoblados del país. (Foto: Joel Alonzo) / Joel Alonzo En Castro Castro, los internos duermen en los pasillos de todos los pabellones. Además, en los camarotes de las celdas, que son para dos personas, pernoctan hasta siete. Y en la puerta de cada celda lo hacen hasta tres presos. En el penal Miguel Castro Castro los reos duermen como se ve en la imagen. Esta cárcel ya no recibe más internos. (Foto: Joel Alonzo) / Joel Alonzo En Castro Castro, los reos duermen en los pasadizos debido al hacinamiento. (Foto: Joel Alonzo) / Joel Alonzo El hacinamiento se repite en la mayoría de las cárceles del país. Hasta enero de este año, estaban sobrepoblados 49 de los 68 penales que el INPE administra. Para Ledesma, si un penal ya se desbordó, “no vas a seguir incorporando más”. “Esos [los más hacinados] ya están en una situación de superemergencia”, recalcó. Asimismo, dijo que, de acuerdo con la sentencia del TC, “el cierre implica ya no seguir recibiendo más población penitenciaria en esos penales”. “En cinco años [las autoridades] deben haber construido nuevos penales, habilitado nuevos espacios en otras áreas de otros penales para que se trasladen [a los presos] o haber hecho una redistribución de la población carcelaria”. ¿Qué se ha hecho? El presidente del INPE, Luis Llaque, indicó que el TC declaró estado de cosas inconstitucional porque en el 2020 “no se construía un solo penal desde el 2015”. “Verificaron que en varios penales era una situación casi insostenible”, recordó a este Diario. Precisó que, desde el 2020, “por la pandemia y otros temas”, no se pudo “construir [más cárceles o pabellones]”. Llaque dijo que ya se han retomado algunas obras. “El año pasado hemos inaugurado tres pabellones: uno en Lampa [Puno], otro en la misma región y otro en Iquitos. No son muy grandes […] entre todos son 700