1 de abril de 2025

La intención del gobierno de la presidenta Dina Boluarte de obligar a los medios de comunicación a informar sobre los actos que realiza el Ejecutivo en la lucha contra la inseguridad ciudadana durante los estados de emergencia “es inconstitucional” y antidemocrático, según advirtieron exministros de Justicia y ex titulares del Tribunal Constitucional. El último domingo, tras una nueva sesión del llamado “cuarto de guerra”, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, informó que su oficina está trabajando en un proyecto que modifica la Ley de Radio y Televisión. ¿El objetivo? Crear una “franja informativa mediante la cual los medios de comunicación tendrán que difundir en estados de emergencia las acciones y actividades que viene realizando el Ejecutivo en contra de la delincuencia”. Tras presentar un shock de inversiones, el jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, confirmó este lunes la intención de la administración de Boluarte de instaurar esta “franja”. “Creemos que la lucha contra la delincuencia urbana y el crimen organizado debe ser una tarea de todos y, por eso, lo que se ha hecho es invitar a la prensa para que pueda participar en la visibilización de las acciones que desde el gobierno llevamos adelante, constantemente”, manifestó. Adrianzén refirió que “se tiene prevista esta idea” durante los estados de emergencia, “donde no solamente hay que comunicar las acciones del Gobierno, sino también las medidas que se sugieren que la población adopte en este espacio”. Lee también: Dina, no sé cómo adularte, la crónica de Fernando Vivas En una entrevista en RPP Noticias, el viceministro de Justicia, Juan Alcántara, brindó mayores detalles de los cambios que se pretenden hacer. Por ejemplo, dijo que el artículo 6 de la Ley de Radio y Televisión establece que los medios de comunicación “colaboran con las autoridades”, cuando se dé un régimen de excepción, para proteger la vida y mantener el orden público. Agregó que el proyecto de ley anunciado por Arana buscará regular este artículo para que se dé “una colaboración efectiva”. En ese sentido, sostuvo que ya se han definido tres aspectos para la llamada franja: el primero es que sería entre las 6 p.m. y 11 p.m., es decir en el horario estelar de los canales de televisión, otro aspecto es que solo será para informar sobre la lucha contra la inseguridad, cuando haya catástrofes naturales y sobre salubridad. Y el último punto, es que tendrá una duración de hasta 40 minutos, y que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) definirá “la modalidad” de su ejecución. Alcántara dijo que el gobierno no intenta coactar la libertad de prensa con esta iniciativa y refirió que “no tendría que haber ninguna sanción” en contra de los medios de comunicación que se nieguen a emitir esta franja. Aunque no supo precisar si eso se dejaría claro en el proyecto. (Foto: Presidencia) / Ricardo Cuba Tras una nueva sesión en el “cuarto de guerra”, la presidenta Boluarte afirmó, en aparente referencia a la iniciativa de su gobierno, que “es importante que los peruanos conozcan cada día, cada hora” las acciones en la lucha contra la criminalidad. Fuentes cercanas al Ejecutivo indicaron a este Diario que, tras la ola de cuestionamientos, el gobierno estaría evaluando dar marcha atrás con este proyecto, que se tenía previsto que se debata y vote el miércoles en el Consejo de Ministros. Lee también: Carlos Neuhaus: “No esperemos al 2026, estos cambios tienen que empezar desde ahora” “Esto nos asemeja a Venezuela” Al respecto, el ex jefe de Gabinete Ministerial y exministro de Justicia Juan Jiménez Mayor consideró que la iniciativa del gobierno de Boluarte para obligar a los medios de comunicación a transmitir una franja “nos asemeja” a países, como Venezuela, donde las administraciones de corte autoritario han buscado el control de los canales, radios, diarios y otros. “En la época de Hugo Chávez, en Venezuela se aprobó la ley de responsabilidad social en radio y televisión, se conoció como la Ley Resorte, que obligó a los medios de comunicación a transmitir los mensajes que el gobierno chavista establecía. Esto [el proyecto] afecta a la libertad de información y por supuesto en las circunstancias en las que estamos no es lo más conveniente”, manifestó. En comunicación con El Comercio, Jiménez Mayor sostuvo que existe un error de percepción en el gobierno. “Ellos creen que su situación precaria en legitimidad y la baja popularidad de la presidenta se deben a los medios y no a sus continuos errores y denuncias”, complementó. Lee también: Dina Boluarte: ¿Qué viene ahora tras la convocatoria a elecciones generales para el 2026? El ex titular de Justicia indicó que no existe voluntad de la administración de Boluarte por acercarse a la prensa y que una muestra de ello ha sido su negativa a firmar la Declaración de Chapultepec. “El gobierno no debe ir por ese camino, un camino de gobiernos que no respetan la democracia, como Venezuela, esto [la franja] no es una buena foto a nivel internacional”, remarcó. Jiménez afirmó que este proyecto “sin duda afectaría a la Constitución” y si se llega a aprobar en el Ejecutivo y luego en el Congreso tendrá que ser “impugnado en el Tribunal Constitucional”. Lee también: El 52% considera que la calidad de enseñanza en el país empeoró durante gobierno de Boluarte Una postura similar tuvo el expresidente del TC y exministro de Justicia Víctor García Toma, quien sostuvo que, si los cambios a la Ley de Radio y TV se llegan a concretar en la línea marcada por el Ejecutivo, cabe una acción de inconstitucionalidad y una acción de amparo en su contra. “Yo no le veo futuro a este proyecto de ley, el Congreso probablemente lo rechace. Y sí, es claramente inconstitucional, porque afecta a derechos fundamentales vinculados con la libertad de expresión, de información y restringe principios y valores del sistema democrático”, subrayó. En diálogo con este Diario, García Toma recordó que en tiempos recientes desde el gobierno se brindó “información falsa” sobre seguridad ciudadana y puso como ejemplo cuando el

Caso “Los Niños”: Fiscalía de la Nación pide levantar secreto bancario de Pedro Castillo y 13 congresistas, las razones de la medida y los detalles del caso | Congreso | Fiscalía | Poder Judicial | Secreto bancario | Produce | POLITICA | EL COMERCIO PERÚ Source link

Llama poderosamente la atención que en la fragilidad de sus condiciones la democracia peruana se dé el lujo de permitir que el frecuente manoseo de delicados mecanismos constitucionales, políticamente fulminantes, convierta la relación entre los poderes del Estado en un autodestructivo campo de batalla. Esta descontrolada medición de fuerzas entre el gobierno, el Congreso, la fiscalía, la administración judicial y hasta el Tribunal Constitucional ha creado, inexplicablemente, nuevas fuentes de poder de facto sobre las legales y constitucionales, al punto que pronto los peruanos vamos a tener que aceptar que esta anormalidad descomunal es, oh paradoja, la normalidad institucional real. Lo peor de todo es que los mecanismos constitucionales de control y sanción han derivado en vulgares cuchillos largos. La facultad del Congreso de vacar al presidente bajo la indescifrable causal de incapacidad moral permanente y la facultad del gobierno de provocar contra sí hasta dos negaciones de confianza consecutivas del Congreso como motivo suficiente para disolverlo son ahora armas políticas perfectas no para defender el Estado de derecho sino para transgredirlo alegre y violentamente. Dentro de este uso inescrupuloso del poder, el expresidente Martín Vizcarra apeló osadamente en su momento al rebuscado ilegal argumento de la “denegación fáctica de la confianza” para disolver el Congreso, como ahora congresistas y operadores políticos intentan exculpar su votación por Pedro Castillo y Dina Boluarte en las elecciones del 2021, buscando que la sobreacumulación de carpetas fiscales penales contra ella se convierta en la “razón fáctica” para desaforarla de la presidencia. Del régimen de Castillo hacia acá, el Congreso ha adquirido, precisamente en el manejo por omisión o comisión de los cuchillos largos constitucionales de la “vacancia presidencial”, de la “disolución parlamentaria” y de otros coercitivos, el poder de peso, contrapeso y hasta el dominio absoluto del complejo juego político de sucesivas coyunturas. La sola amenaza de aplicación de la “vacancia presidencial” o de la “disolución del Congreso”, o la sola demanda fiscal y judicial contra, por ejemplo, los partidos o adversarios políticos, bajo el filo de los cuchillos largos de cualquier interés subalterno o propósito venal, basta para generar las suficientes dosis de presión y psicosis política y social desde cualquiera y sobre cualquiera de los poderes del Estado o instituciones involucrados. Así las cosas, la aproximación a nuevos cambios de mando presidencial y parlamentario el 2026, despierta la natural suspicacia de que quienes aspiran al poder ya no lo hacen porque deseen gobernar o legislar de verdad o porque simplemente quieran ganar las elecciones, sino porque saben que en medio de la inestabilidad y anarquía institucional pueden construir nuevas fuentes de poder que las delegadas por el voto ciudadano. ¿Por qué no se quieren cambiar y rectificar muchas cosas ni en la presidencia ni en el Congreso ni en la fiscalía ni en el Poder Judicial? Por la sencilla razón de que los usufructuarios de esas elevadas instancias han descubierto que una institucionalidad en crisis sistémica sirve más a sus fines políticos que una institucionalidad normalizada. *El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta. Source link

El 27 de julio de 1974, la dictadura militar incautó los diarios, entre ellos El Comercio, consumando un asalto que comenzó en 1970 con la ocupación de Expreso y Extra, y luego en 1971 con la Ley General de Telecomunicaciones. Recordamos estos hechos que nunca deben repetirse. Todo empezó con el “Estatuto de la Libertad de Prensa” contenido en el Decreto Ley 18075 del 30 de diciembre de 1969. La Oficina Central de Información del gobierno militar dio a conocer tal documento, que alcanzaba no solo a los diarios y revistas sino también a las emisoras radiales y televisivas. LEE TAMBIÉN: Golpes de Estado: la historia de los quiebres de la democracia en el Perú | FOTOS Al día siguiente El Comercio denunció en su portada que aquello no era un estatuto sino una ley cuyo fin era conculcar la libertad de prensa en el Perú. En ese marco, otro decreto, el 18169 del 4 de marzo de 1970, expropió los diarios Expreso y Extra. Por disposición del régimen, Expreso fue entregado a su sindicato para, según expresión de la dictadura, actuar como “mastines de la revolución”. Lima, 28 de julio de 1974. Fue el día siguiente de la confiscación del diario decano por el régimen militar. Según ellos, El Comercio pasaría a manos de las comunidades campesinas. Pero eso no ocurrió. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO A través de un nuevo editorial, El Comercio rechazó esta medida confiscatoria e injustificada, instando al gobierno a reconsiderar su acción y evitar restricciones a la libertad de prensa. Lo que vendría después serían más incautaciones, periodistas de portados y medios de comunicación silenciados. LA RADIO Y LA TV. El 9 de noviembre de 1971, la dictadura militar publicó la “Ley General de Telecomunicaciones”, según la cual el Estado participaría “con no menos del 51% de acciones de canales de TV y el 25 % en emisoras radiales”. MIRA ADEMÁS: La colecta nacional que El Comercio inició y que trajo el segundo buque Grau al Perú en 1960 Los velasquistas se regodeaban con expresiones altisonantes: “Ley de necesidad, utilidad y seguridad públicas y de preferente interés nacional”. Puntualmente señalaban que Entel Perú era la destinada a explotar “los servicios públicos de telecomunicaciones del país”. El 27 de julio de 1974, la dictadura velasquista colocó en la dirección de El Comercio a Héctor Cornejo Chávez, ex senador, líder de la Democracia Cristiana (DC) y partidario de Velasco Alvarado. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO Asimismo, le dio el poder de “otorgar en concesión la explotación de los servicios públicos de telefonía local y distribución por circuito cerrado a empresas estatales asociadas”. La radiodifusión fue controlada por el Estado bajo el argumento de que eran “medios de educación masiva” y también “por razones de seguridad”. La ley planteaba diversas justificaciones para expropiar, ya sea a favor del Estado o de las “empresas que explotan servicios públicos”, desde inmuebles e instalaciones hasta sus acciones. Era la segunda ola de una maquinaria confiscatoria. SEPA TAMBIÉN: Día del Periodista: cuando Velasco Alvarado confiscó El Comercio y otros medios de prensa en 1974 [FOTOS] EL COMERCIO La dictadura de Juan Velasco Alvarado se enfocó en capturar a diarios como Correo, Ojo, Última Hora, La Prensa, y especialmente El Comercio. El 27 de julio de 1974 fue la fecha infausta. Dos días antes, el régimen había decretado prisión domiciliaria a Luis Miró Quesada de la Guerra, director del decano. A las 2 y 10 de la madrugada, efectivos de Seguridad del Estado tomaron por asalto el diario. Con el respaldo del Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (Sinamos) y la Oficina Central de In[1]formación, intimidaron a periodistas y propietarios y coparon el hall del edificio con pancartas al servicio del gobierno militar. Una hora después, la Policía de Investigaciones retiró a los directivos. El 27 de julio de 1974, Cornejo Chávez habló en el hall, acompañado de sus partidarios y gente del sindicato de trabajadores del periódico. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO Héctor Cornejo Chávez, quien había sido senador, se prestó al servicio de la dictadura al asumir indebidamente la dirección de El Comercio. Esa misma noche ya tenían listo el editorial titulado “El Comercio en la hora de la Revolución”, que era una especie de proclama en que se exponían los puntos principales de la “nueva etapa” y se aseguraba con desparpajo la “crítica” al gobierno. LEE ADEMÁS: Día del Periodista: los momentos claves en la defensa de la libertad de expresión en el Perú Así, los diarios fueron arrebatados a sus legítimos dueños y entregados a supuestas organizaciones de base de los sectores productivos. El Comercio pasaba a las organizaciones campesinas; La Prensa a manos de las comunidades industriales; Ojo y Correo a las organizaciones profesionales y culturales; Expreso a las asociaciones educativas; y Última Hora se entregaba a mutuales, bancos y transportistas. Una farsa total porque jamás se entregaron los medios a la sociedad organizada y a los gremios. El gobierno dictatorial era el que nombraba a los directores y el que decidía qué cosas se publicaban. Debieron pasar seis años para ver esta postal. El 29 de julio de 1980, el presidente Belaunde devolvió los medios de prensa a sus legítimos propietarios. Así, Alejandro y Aurelio Miró Quesada pudieron volver como directores repuestos, en medio de una gran emoción. Se hizo justicia. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO El 29 y 30 de julio, en el Centro de Lima y en Miraflores grupos de ciudadanos protestaron contra la incautación y varios terminaron presos en el local policial de El Potao, en el Rímac. Pero los jóvenes protestantes no pudieron impedir lo que sobrevendría: seis años de una prensa parametrada, direccionada y complaciente con el régimen militar. MIRA TAMBIÉN: El Comercio y su tenaz campaña antiesclavista: cuando “La cabaña del tío Tom” se publicó en folletín hace 170 años TRIUNFA LA DEMOCRACIA En la segunda fase del gobierno militar -ya