1 de abril de 2025

El Ministerio Público aceptó la renuncia de la fiscal adjunta suprema Galinka Meza, quien estuvo a cargo hasta hace pocos días de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Anticorrupción, desde la cual sustentó la acusación contra Pedro Castillo por el golpe de Estado del 2022 ante el Poder Judicial. La formalización de su salida del cargo se dio con la publicación del boletín de normas legales de El Peruano este 1 de abril, pero es de efectividad retroactiva desde el 20 de marzo. LEE TAMBIÉN: “Tenían la orden de no dejar ingresar a nadie”: Policías impidieron acceso de legisladores al Congreso tras mensaje de Pedro Castillo La resolución Nº 955-2025-MP-FN recuerda que la fiscal Galinka Meza fue nombrada como adjunta suprema provisional transitoria desde el 16 de setiembre del 2022 y, luego, destacada al Segundo Despacho de la Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos El texto señala que la abogada presentó su renuncia el 19 de marzo “por motivos personales” y solicitó que sea efectiva desde el 20 de marzo. La fiscal Galinka Meza presentó su renuncia ante el MInisterio Público días después de la instalación del juicio oral contra Pedro Castillo. La Junta de Fiscales Supremos aceptó la renuncia de Meza Salas en estas condiciones. Por esto, la resolución además de aceptar su renuncia, precisa que tiene vigencia desde el 20 de marzo y precisa que debe hacer la entrega del cargo cumpliendo con las normas vigentes. LEE TAMBIÉN: EN VIVO | Martha Moyano declara como testigo en juicio a Pedro Castillo por golpe de Estado El texto tiene la firma de Zoraida Ávalos, encargada del despacho de la Fiscalía de la Nación mientras duren las vacaciones de Delia Espinoza. Por disposición del tribunal, la fiscal adjunta suprema Galinka Meza Salas expone su acusación (hechos, delitos y circunstancias) contra los siete acusados. pic.twitter.com/SYB4Pc1n5E — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) March 4, 2025 Galinka Meza estuvo a cargo de diversos procesos en los últimos años, y el más reciente de ellos fue su participación en las primeras sesiones de instalación del juicio oral contra Pedro Castillo, Betssy Chávez, Aníbal Torres y otros por el golpe de Estado del 2022. Source link

El Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) programó para este jueves 3 de abril, la audiencia pública en la que escuchará los descargos de su integrante, el consejero Rafael Ruiz Hidalgo, quien enfrenta un proceso de vacancia en el cargo por no consignar información al momento de su postulación. Fuentes de El Comercio señalaron que los seis integrantes del Pleno, así como la defensa legal de Ruiz Hidalgo, ya fueron notificados para la sesión que se realizará a partir de las 10 de la mañana. El pasado 17 de marzo, la JNJ decidió iniciar un proceso de vacancia contra Ruiz Hidalgo, por haber postulado a la Junta Nacional de Justicia, pese a que en el 2013 fue condenado a tres años de pena suspendida por el delito de prevaricato en su actuación como juez suplente del 13 Juzgado Laboral de Lima. Cabe precisar que el PJ ha remitido un informe a la JNJ confirmando todo el proceso y la sentencia impuesta a Ruiz Hidalgo. La sentencia fue apelada por el ahora consejero; sin embargo la Sexta Sala Superior de Lima confirmó la condena suspendida en su contra y dispuso también su inhabilitación para el ejercicio de un cargo público. No solo eso, ante otro recurso interpuesto por Ruiz ante la Corte Suprema que en octubre del 2013, rechazó el pedido del ahora miembro de la JNJ para anular dicha condena. Su paso por el Poder Judicial, como juez suplente en el subsistema laboral, no fue consignada en su Declaración Jurada de Intereses. No obstante, sí consignó su designación como asesor de Derecho Constitucional de la Presidencia del Poder Judicial, durante la gestión del juez supremo Javier Arévalo, entre 2023 y 2024. Incluso, fue designado como representante alterno del Poder Judicial ante el “Grupo de trabajo multisectorial para la mejora y actualización de la normativa que regula el arbitraje” y ante el “Consejo Nacional de Adopciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables”. Ruiz Hidalgo renunció al cargo de asesor en el PJ para asumir sus funciones luego de ser electo como miembro de la JNJ el pasado 21 de enero. Sin embargo, tal como lo ha señalado este Diario, las bases del Concurso Público de Méritos para la elección de los miembros de la JNJ, aprobada por Resolución N.° 002-2024-CE, establecieron los requisitos e impedimentos para los postulantes. Entre las bases, en su artículo 11, se señaló textualmente que están “impedidos para ser elegidos miembros de la Junta Nacional de Justicia” toda persona sentenciada por “delito doloso”, incluyendo aquellas que se hayan rehabilitado o cumplido la condena. “Los condenados con sentencia consentida o ejecutoriada por la comisión de delito doloso. El impedimento se extiende a los casos de procesos con reserva de fallo condenatorio por delito doloso. La rehabilitación, luego de cumplida una sentencia condenatoria no habilita para el desempeño del cargo.” Bases del Concurso para integrar la JNJ ¿Cuál es el procedimiento tras la audiencia de informe oral? El proceso de vacancia iniciado en contra de Rafael Ruiz, se enmarca en el artículo 22 del Reglamento del Pleno de la JNJ. Según dicho documento, el consejero de la JNJ podrá hacer uso de la palabra directamente y también puede estar acompañado de un abogado quien también puede intervenir. El Comercio se comunicó con el abogado Iván Paredes , defensa de Ruiz Hidalgo, quien prefirió no pronunciarse sobre el tema, pero aseguró que acudirá a la audiencia junto a su patrocinado. Culminada la audiencia pública, se precisa en el reglamento, el Pleno se reúne para adoptar la decisión. El consejero cuya vacancia se solicita y, de ser el caso, el miembro peticionante, no pueden participar del debate ni de la votación. Hasta el momento, los otros seis integrantes del Pleno se encuentran habilitados para asistir a la audiencia. Ello, debido a que el proceso de vacancia se inició a pedido del ciudadano Elías Domínguez López y del congresista de la República, Edwin Martínez Talavera (Acción Popular). El reglamento señala que el miembro cuya vacancia se solicita, es decir Ruiz, podrá seguir ejerciendo sus funciones hasta que se defina su situación, salvo que el Pleno de la JNJ -por resolución debidamente motivada- lo suspenda por 90 días prorrogables. Sin embargo, si el Pleno considera que existe una causal de fondo, la decisión puede adoptarse en la misma sesión tras la audiencia pública de informes orales o puede postergarse para una siguiente, que debe llevarse a cabo en un plazo no mayor a 5 días hábiles. En este caso, si la JNJ considera que existen elementos para declarar la vacancia de su homólogo, lo deberá hacer como máximo, hasta el 10 de abril. Finalmente, el reglamento establece que para declarar la vacancia del cargo de un miembro “se requiere del voto conforme de los dos tercios del número legal de miembros de la JNJ”. Teniendo en cuenta que son seis integrantes los que participarían en la sesión y están habilitados, se requerirían cuatro (4) votos de los miembros del Pleno de la JNJ, como mínimo, para declarar la vacancia. “Contra la resolución que declara la vacancia solo procede recurso de reconsideración, el mismo que se interpone en el plazo de cinco (5) días hábiles. El Pleno resuelve el recurso en un plazo no mayor de quince (15) días.” Reglamento de la JNJ Source link

La convocatoria a las Elecciones Generales de 2026, realizada por la presidenta de la República, Dina Boluarte, no es un mero acto protocolario. A partir de este anuncio, efectuado el pasado martes 25 de marzo, se activan diversos mecanismos normativos y legales con influencia en el desarrollo del proceso electoral, tanto desde su inicio hasta su culminación. Entre ellos, destaca la entrada en vigor de diversas prohibiciones que regulan la contienda, a las cuales se van implementando otras de manera progresiva, conforme avanza el proceso electoral. Según explicó a El Comercio Roy Mendoza, abogado especialista en derecho electoral, todas estas prohibiciones que se activan buscan que se llegue a garantizar la transparencia que debe caracterizar todo el proceso electoral. “Básicamente, es tratar de preservar la transparencia y la legitimidad en el desarrollo de los procesos electorales, de tal forma que no tengan ninguna repercusión negativa en los futuros resultados”, comentó Mendoza. Esta serie de prohibiciones van a regir a durante todo el período electoral, el cual abarca desde la convocatoria misma a elecciones como hasta que estas son declaradas cerradas de manera oficial, a través de una resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Estas prohibiciones están contenidas en la Ley Orgánica de Elecciones (LOE) y reglamentos respectivos.  Neutralidad, propaganda y publicidad estatal  Una de estas prohibiciones que ni bien tienen efecto tras la convocatoria a los comicios es la de neutralidad electoral, la cual está dirigida al funcionario o servidor público. “Es un deber de abstención que se les impone; es decir, no direccionar, no obligar o inducir a tal o cual postura política, no pueden hacer proselitismo político”, apuntó Mendoza. Justamente, con motivo de ello, el JNE exhortó hace unos días a las autoridades a que respeten la normativa de neutralidad electoral, acotando que de ocurrir infracciones estas serán puestas en conocimiento tanto al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República, como a la misma entidad de la que forme parte el transgresor. “En cuanto a neutralidad, las autoridades o funcionarios públicos en general no pueden, por ejemplo, salir con el logo de un partido, no pueden favorecer alguna determinada candidatura o virtual candidatura, porque dentro del marco de estas normas están prohibidos. Desde la convocatoria elecciones, todas estas reglas ya entran en vigencia y han sido socializadas y vamos a hacer una campaña fuerte para que se entiendan y también para poder fortalecer el conocimiento de estas”, comentó Roberto Burneo, presidente del JNE, en una conferencia llevada a cabo este lunes. El exministro José Tello, especialista en temas electorales, comentó en diálogo con este Diario que, como parte de la neutralidad requerida, los funcionarios públicos que postulan a un cargo de elección popular deben también evitar hacer proselitismo político en la inauguración e inspección de obras; así como repartir bienes adquiridos con dinero del Estado, noventa días antes de la elección. Esta prohibición, precisó Tello, comprende también, por ejemplo, a aquellos congresistas que postularán a ahora la reelección. “En el 2021, se dieron situaciones un poco especiales. Porque no iban a la reelección, varios entraron abiertamente a hacer campaña política y, claro, tuvieron su llamada de atención pública. Pero en este caso no podrían participar”, señaló. Tipo de infractor Prohibiciones de neutralidad electoral Infracción o sanción Autoridades Políticas Intervenir en el acto electoral para coactar, impedir o perturbar la libertad del sufragio, utilizando la influencia de su cargo o los medios de que estén provistas sus entidades Se dispondrá la remisión de los actuados al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y a la entidad estatal en la que presta servicios el funcionario o servidor público, para que actúen conforme a sus atribuciones Practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinada organización política o candidato. Interferir, bajo algún pretexto, en el normal funcionamiento de las mesas de sufragio. Imponer a personas que estén bajo su dependencia la afiliación a determinadas organizaciones políticas o el voto por cierto candidato, o hacer valer la influencia de sus cargos para coactar la libertad del sufragio. Formar parte de algún comité u organismo político o hacer propaganda a favor o campaña en contra de alguna organización política o candidato. Demorar los servicios de correo o de mensajería que transporten o transmitan elementos o comunicaciones oficiales referentes al proceso electoral. Funcionarios o Servidores públicos  Imponer a las personas que estén bajo su dependencia la afiliación a determinadas organizaciones políticas  Imponer que voten por cierto candidato.  Hacer valer la influencia de sus cargos para coactar la libertad del sufragio  Hacer propaganda a favor de alguna agrupación política o candidato, o campaña en su contra.  Funcionarios públicos que postulan a cargos de elección popular, aplicable solo a partir de los 90 días anteriores al día de la elección (12 de enero) Hacer proselitismo político en la inauguración e inspección de obras públicas. Tratándose de elecciones municipales, quedan prohibidos de participar en estas actividades.  Advertencia de abstenerse cometer otra infracción.  Si luego de la primera infracción, presuntamente comete una nueva infracción, se da inicio a esta etapa, en el cual se envía todo lo actuado a la Contraloría Generar, así como a la entidad del funcionario, asimismo, se le impone una multa no menor de 30 UIT ni mayor a 100 UIT al candidato.  Repartir a personas o entidades privadas bienes adquiridos con dinero del Estado o como producto de donaciones de terceros al gobierno central. Tratándose de elecciones municipales, se refiere a bienes adquiridos con dinero de la municipalidad o como producto de donaciones de terceros al gobierno local. Asimismo, el regidor y consejero regional que postule para su reelección está prohibido de referirse directa o indirectamente a los demás candidatos u organizaciones políticas en sus disertaciones, discursos o presentaciones públicas oficiales. Además de ello, entran a tallar también la serie de prohibiciones y parámetros que se establecen respecto a la propaganda electoral. Entre estas, está que no se pueden utilizar oficinas públicas, colegios, iglesias, entre otros, para hacer reuniones o actos a favor o