30 de marzo de 2025

Ha surgido un nuevo problema relacionado con el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, cuya inauguración se ha postergado varias veces. A los cuestionamientos por el mantenimiento de la avenida Morales Duárez, a cargo de un consorcio formado por una empresa inhabilitada, se suma otra contratación directa realizada por Provías Nacional (PVN) con el objetivo de mejorar el acceso vehicular al terminar aéreo y el tránsito en esa zona del Callao. El 26 de noviembre del 2024, PVN –entidad ejecutora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)– escogió al Consorcio Elmer Faucett, integrado por Concretta S.A.C. y JJ Engineering Group S.A.C., para que instalara dos puentes elevados temporales en Morales Duárez, los cuales cruzarían la avenida Elmer Faucett. El monto del contrato, firmado el 5 de diciembre, era de S/33’900.000. La contratación directa Provías Nacional justificó la necesidad de la contratación directa en informes internos y en observaciones de la concesionaria del aeropuerto, Lima Airport Partners, que señaló que “un colapso vehicular se producirá entre los meses de abril y mayo del 2025”. PVN escogió al consorcio pese a que en la fiscalía se investigan obras de Concretta ligadas con la gestión del prófugo Juan Silva como titular del MTC. Comunicación de LAP al MTC sobre posible colapso vehicular en mayo del 2025 Según las bases de PVN, en la zona debían instalarse un puente de 60,96 metros (al costado del río Rímac) y otro de 170 metros (dividido en cuatro estructuras de 21, 60, 21 y 60 metros). El plazo para instalarlos era de 120 días, contados a partir de la firma del contrato (5/12/2024). La obra obligaba a que el monumento a la Virgen del Carmen se reubicara (ver foto). (Infografía: Raúl Rodríguez / El Comercio) Sin embargo, los meses de enero y febrero transcurrieron y la obra no se ejecutaba. Hasta que el 13 de marzo, el director ejecutivo de PVN, Iván Aparicio, resolvió el contrato del Consorcio Elmer Faucett a través de una resolución. Alegó que el consorcio incumplió el contrato por no contar con seguros y por no haber subsanado observaciones al plan de ejecución del servicio. Parte de la resolución emitida por el director ejecutivo de Provías Nacional, Iván Aparicio. La anulación se dio un día después de que El Comercio solicitara a PVN su descargo por el informe sobre la contratación directa de la obra de mejoramiento de Morales Duárez, publicado el 16 de marzo. Sobre la anulación, el MTC respondió: “El contratista había incumplido sus obligaciones contractuales, incurriendo en la causal de resolución establecida en la Ley de Contrataciones del Estado”. “Un puente más largo” Representantes de JJ Engineering Group, parte del Consorcio Elmer Faucett, tienen otra versión sobre por qué se rescindió el contrato. En una entrevista con El Comercio, aseguraron que el inicio de la obra se retrasó por observaciones de PVN al plan de trabajo. A eso se añade el pedido de PVN para alargar el puente más grande, algo que no estaba en las bases de la obra. Según la empresa, las diferencias generadas por el pedido para extender el puente fue la razón principal por la que el contrato se anuló. Jauri Gómez Correa, accionista de JJ Engineering Group, señaló que, en una reunión del 3 de febrero en el segundo piso de la sede de PVN, su director de Puentes, César La Rosa, les hizo el pedido adicional. Según Gómez, esa modificación les generaba un sobrecosto de casi S/9 millones. “Ellos al final decían: o lo haces o te rescindo el contrato. Ahí es donde empezó la problemática”. Empresario Jauri Gómez García De acuerdo con JJ Engineering Group, en una segunda reunión, el 19 de febrero, se presentaron los cambios por el puente, pero los funcionarios de PVN no se comprometieron a asumir el desembolso adicional y a pagar el seguro que debía cubrir el material extra. Gómez grabó la conversación de esta cita para tener pruebas de lo que los funcionarios de PVN exigían, algo que no figuraba en el contrato. Imágen preparada en 3D por el Consorcio que mostraba cómo quedarían los dos puentes elevados sobre la avenida Faucett y la reubicación de la Virgen del Carmen Audio de reunión con funcionarios de Provías Nacional «Mire, puede llegarse a resolverles el contrato, imagínense» Parte del audio del diálogo entre Fermín Fernández Susaníbar, de la Dirección de Puentes de PVN, y Jenson Llamoza Llanca, de JJ Engineering Group, que se dio en la reunión del 19 de febrero en la sede la entidad del MTC. Llamoza (Ll): Voy a [tener que] aumentar vías auxiliares, aumentar muro de contención, […] y 40 metros más [de puente]. Fernández (F): Y eso que está corriendo los plazos. Ll: Y todavía achican los plazos. F: Mire, puede llegarse a resolverles el contrato, imagínense. Ll: Eso no les conviene porque lo vamos a ganar en cinco minutos. F: A ustedes tampoco les conviene. Ll: Sí nos conviene porque vamos a ganarle […] por juicio, con cautelar. F: ¿Usted se siente seguro? Provías Nacional agendó una nueva reunión dos días después para superar las observaciones y pasar a la fase de ejecución, pero los directivos del Consorcio Elmer Faucett ya no fueron recibidos. Ante la versión de JJ Engineering Group, El Comercio pidió un nuevo descargo al MTC. No llegó antes del cierre de este informe. Source link

El mismo día que la presidenta Dina Boluarte convocó a las Elecciones Generales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publicó –horas antes, el mismo martes en el diario oficial El Peruano– el nuevo Reglamento de Organizaciones Políticas (ROP). Y cinco días atrás, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) había hecho lo propio, pero con el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios. Ambos instrumentos claves, que recogen, desarrollan y adecúan todo el marco normativo en ambas materias conforme a las modificaciones aprobadas por parte del Congreso, a lo largo de los últimos meses. Algunas de ellas con mayor o menor incidencia en los comicios ahora ya convocados [ver gráfica]. —El registro del JNE— Uno de los aspectos principales cambiados y que ya rige es la notoria flexibilización respecto a la existencia misma de los comités que las agrupaciones deberían tener a nivel nacional. Anteriormente, se estipulaba expresamente como infracción grave y causal de suspensión hasta por un año que una agrupación no cuente con un mínimo de comités en funcionamiento. Ahora, en el nuevo reglamento, y a mérito de la Ley N°32058, solo se contempla como causal de suspensión si es que, seis meses antes de la convocatoria a un proceso electoral, la agrupación no cuenta con el mínimo de afiliados exigido; es decir, 24,800. Y con hasta 60 días hábiles para subsanar ello. “En lugar de fortalecer el sistema de partidos, haciendo que los partidos sean más sólidos con existencia a nivel nacional, lo que hace la norma es flexibilizar la vida partidista”, comentó a El Comercio Fernando Rodríguez Patrón, exdirector del ROP. Lee también: Todavía falta para Julio, una crónica de Fernando Vivas sobre el flamante ministro del Interior En similar idea, Roy Mendoza, especialista en derecho electoral, explicó que con el cambio “se ha relajado la fiscalización a los comités”, puesto que se exigía el funcionamiento de los comités provinciales bajo apercibimiento de suspensión. “Se debió insistir con esa regulación y no cambiarla ni relajarla, teniendo en cuenta el precario sistema partidario”, comentó. Otra de las modificaciones en cuanto a comités es la ampliación del plazo en el que el JNE tiene que informar a una organización política que efectuará su fiscalización. A opinión de Mendoza, ello debería ser de manera imprevista, a fin de analizar la verdadera dinámica de los comités y su funcionamiento. Un cambio adicional –por disposición del ente electoral– es que, en el marco de un proceso sancionador, de manera inédita ahora es el director central de Gestión Institucional el encargado de emitir una sanción, siendo el director del ROP un instructor. “Lo mejor hubiese sido que participe el área de fiscalización en primera instancia y el ROP en segunda; o el ROP en primera y Presidencia en segunda instancia. Pero se está mezclando una unidad orgánica cuyas funciones le son totalmente ajenas a las actividades de los partidos”, comentó Rodríguez. Lee también: Fuerza Popular y País para Todos: ¿Por qué su caso es diferente al de A.N.T.A.U.R.O.? También se adecúa en el reglamento las modificaciones efectuadas de cara a la elección bicameral del Congreso y la valla electoral. No se desarrolla explícitamente, sin embargo, tras la Ley N°32245, si un partido no alcanza la valla en las Elecciones Generales 2026 podrá igualmente participar en las elecciones regionales y subnacionales sin mayor dificultad, pese a no haber tenido representación política. “Aquellos partidos que participen en abril en las generales y no hayan superado la valla, su inscripción se va a cancelar todavía en enero del 2027. Ya sean 41 o 45 los que participen, lo que correspondía era que el ROP se reabra e inmediatamente los cancele (de los partidos que no pasen la valla) y con eso se les bloqueaba la participación a octubre del 2026. Pero la ley saca una disposición transitoria y esa cancelación se va a producir recién en enero del 2027. Por lo cual, esos partidos van a mantener su inscripción vigente y van a poder estar habilitados para participar en octubre del 2026″, explicó Mendoza. En tanto, a opinión de Rodríguez Patrón, exdirector del ROP, la emisión del nuevo reglamento no se dio en la mejor oportunidad, puesto que aún hasta el próximo 12 de abril el Congreso puede efectuar modificaciones a la legislación electoral. “Y no solamente este, sino todos los reglamentos que emita el JNE, de inscripción de candidatos, neutralidad, publicidad y propaganda electoral, todos sus reglamentos, tanto el JNE, ONPE y Reniec pueden verse afectados hasta el 12 de abril. Consecuentemente, si las normas electorales pueden ser modificadas hasta el 12 de abril, la lógica indica que a partir de esa fecha se elabora y se aprueba con celeridad los reglamentos”, incidió. Nuevo Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) Fiscalización de comités Se amplía de dos a 15 días hábiles el plazo para que se informe a la organización en vías de inscripción la fecha de fiscalización de sus comités. En caso de no tener resultados en la primera visita, el fiscalizador realiza incluso otra visita en los diez días hábiles siguientes. Procedimiento sancionador Ahora el director del ROP es el instructor del proceso, el órgano sancionador es el director central de gestión institucional. Anteriormente, un funcionario del ROP actuaba como instructor y el director emitía sanción. Las decisiones son apelables al pleno del JNE. Causal de suspensión de la inscripción Se adecúa la norma y se reducen las causales de suspensión, eliminando como una de ellas que la agrupación tenga comités por debajo del mínimo establecido. Únicamente queda como causal el no mantener el número de afiliados exigido seis meses antes de la fecha límite para la convocatoria a un proceso electoral. Cancelación de inscripción Se adecúa la norma, estableciendo la pérdida de inscripción de no haber accedido a la distribución de escaños en una de las cámaras (diputados o senadores). Y el porcentaje de valla en el caso de alianzas es de 1%, indistintamente de cuántos la integren. También por no participar en una elección general. Y

Las mociones son herramientas con las que disponen los congresistas para fiscalizar al gobierno de turno. A través de una recolección de firmas, estos pueden citar a un ministro para responder un pliego de preguntas (interpelación), remover a un ministro (censura), o vacar al presidente de la República. Una práctica que se ha vuelto recurrente en el actual quinquenio es el retiro de firmas en busca de afectar el trámite de las mociones. Un ejemplo claro es el caso de la moción de interpelación, presentada el pasado 13 de marzo, contra el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, para que responda por la crisis que afronta EsSalud, una entidad adscrita a su despacho ministerial. Una semana después de la presentación, la moción fue archivada tras notificarse el retiro de firmas. En total, se retiraron siete de las 24 firmas registradas inicialmente en la moción. Es decir, solo se quedó con 17 cuando el mínimo requerido para una iniciativa de interpelación es 20 firmas. Lo llamativo es que cuatro de los siete congresistas que retiraron sus firmas provienen de Podemos, la bancada a la que también pertenece el autor de la moción, Juan Burgos. Lee también: Fuerza Popular y País para Todos: ¿Por qué su caso es diferente al de A.N.T.A.U.R.O.? La misma figura, aunque sin tanto éxito, se repite en la última moción de interpelación vigente contra el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, para que responda 43 preguntas sobre inseguridad ciudadana y política económica. En este caso, tres parlamentarios han retirado sus firmas, aunque esto aún no ha conseguido paralizar el trámite, debido a que la moción fue presentada con más de 30 rúbricas. —Nombres repetidos— Los retiros de firmas en mociones provienen de cuatro bancadas en particular: Podemos, Acción Popular, Juntos por el Perú-Voces del Pueblo y el Bloque Magisterial. Entre estos cuatro grupos suman 72 firmas retiradas, lo representa el 68% del total de casos. El congresista que más veces utilizó esta práctica fue Jorge Coayla, representante izquierdista de JPP-Voces del Pueblo, con seis retiros de firma. Le siguen en la lista dos parlamentarios de Podemos (entre ellos, Kira Alcarraz, quien constantemente figura en actividades con ministros) y tres de Acción Popular. Se han retirado más de 100 firmas en busca de bloquear mociones de acción de control político contra el gobierno de Dina Boluarte. —Cuestión de cálculos— Para Martin Cabrera, abogado especialista en temas parlamentarios, el aumento en la práctica del retiro de firmas responde a la atomización del Parlamento. “En la práctica, las bancadas no funcionan como grupos, sino como estaciones donde los legisladores se reúnen. Las negociaciones son más individuales”, explicó Cabrera. Esto coincide con que las bancadas con mayor retiro de firmas están conformadas con legisladores que renunciaron a otros grupos. Lee también: Congreso aprueba pagar la defensa de 5 congresistas investigados: ¿Debe modificarse la ley que lo permite? Cabrera también indicó que las negociaciones individuales con congresistas es una práctica que inició con mayor fuerza al final del gobierno de Ollanta Humala y que se replicó en las siguientes gestiones. “Pedro Castillo terminó de implementarla como una práctica explícita y Dina Boluarte la ha consolidado”, apuntó el especialista. Source link