28 de marzo de 2025

Siete heridos en el mayor ataque de EE UU contra hutíes desde que se ha reanudado la campaña en Yemen Al menos siete personas han resultado heridas, entre ellas dos niños, en 39 ataques de Estados Unidos lanzados durante la madrugada de este viernes contra diversas posiciones de los rebeldes hutíes en el Yemen, lo que representa el mayor número de ataques contra los insurgentes desde que EE UU reiniciara su campaña a mediados de marzo. El portavoz del Ministerio de Salud hutí, Anees al Asbahi, concreta en un comunicado que seis de estos heridos, todos ellos civiles, se han localizado en Saná mientras que el séptimo afectado ha resultado herido en las afueras, al norte de la capital.  Los ataques, según la cadena de televisión dirigida por los hutíes Al Masirah TV, alcanzaron lugares clave en Saná y otras provincias bajo control hutí. En la capital, dos ataques aéreos alcanzaron el aeropuerto internacional, informó la cadena, mientras que otro tuvo como objetivo el mando del ejército hutí en el distrito de Al Tahrir, situado en el corazón de Saná, que causó daños en viviendas civiles adyacentes en la zona densamente poblada. En la provincia septentrional de Saada, bastión del movimiento hutí, cinco ataques aéreos alcanzaron la zona de Al Asaiyd, en el distrito de Kutaf, mientras que otros dos ataques tuvieron como objetivo el distrito de Al Salem, según la televisión. En la ciudad portuaria de Al Hodeidah, situada en el mar Rojo y vital para la costa occidental del Yemen, EEUU lanzó tres ataques aéreos contra el distrito de Al Luhayyah, informó Al Masirah. El distrito de Al Hamimat, en la provincia de Al Yawf, también fue blanco de tres ataques aéreos, según la televisión. Estos ataques se dan después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenara a mediados de marzo retomar las operaciones militares contra los rebeldes del Yemen como represalia a las amenazas de los hutíes de reanudar sus acciones contra barcos israelíes o vinculados a ellos en apoyo a Gaza. (Efe) Source link

La Guardia Civil investiga el homicidio de un hombre de 37 años por heridas de arma de fuego hallado en un camino rural del municipio madrileño de Estremera. A su lado, los agentes encontraron a otro hombre de 44 años, también herido por una bala en su pierna. Los hombres fueron hallados sobre las cinco de la mañana de este jueves, a las puertas de una finca, y por el arma utilizada y el lugar en el que sucedió todo, la principal hipótesis es un ajuste de cuentas. Los servicios de emergencias del Summa 112 solo pudieron certificar la muerte del primero y estabilizar al segundo, cuyo estado era grave, pero no se teme por su vida. La víctima mortal es un hombre de nacionalidad marroquí y el herido es español. Ninguno tenía antecedentes por tráfico de drogas. Los hombres fueron atendidos a las puertas de un terreno cercano al kilómetro 5 de la autopista M-240, en una zona alejada de núcleos de población. La Guardia Civil investiga si la finca pertenece al herido y si el ataque se produjo en ese punto o en otro y después trasladaron allí a los dos hombres. Una de las hipótesis es que los agresores fueran varios. La declaración del superviviente será fundamental para esclarecer los hechos, aunque si se trata de un asunto de drogas cabe la posibilidad de que el hombre opte por guardar silencio. Otra opción es que se haya tratado de lo que se conoce como un vuelco, es decir, un robo de mercancía estupefaciente por parte de unos delincuentes a otros. Los sanitarios del Summa 112 solo pudieron certificar la muerte del varón de 37 años y estabilizar al de 44 para trasladarlo al hospital Gregorio Marañón. El herido presentaba una fractura de fémur, una herida grave. En la operación también participaron efectivos del Servicio de Salud de Castilla La-Mancha (SESCAM) por su proximidad con la otra comunidad autónoma. Agentes del Grupo de Homicidios de la Comandancia de Madrid se han hecho cargo de la investigación de lo ocurrido. El juez de guardia del partido judicial de Arganda del Rey se acercó al lugar para proceder al levantamiento del cadáver, que ha sido enviado al Instituto de Medicina Legal de Valdebebas, donde le realizarán la autopsia. El #SUMMA112 ha confirmado esta madrugada la muerte violenta de un hombre y ha atendido a otro, herido grave, por arma de fuego. 📍 Estremera. En la atención sanitaria ha colaborado el SESCAM.@guardiacivil investiga las causas del suceso. pic.twitter.com/lE9qAAcEHo — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) March 27, 2025 Source link

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) ha propuesto una modificación en sus formularios de solicitud de una green card, o residencia permanente, para exigir a los inmigrantes que proporcionen sus cuentas de redes sociales. La medida forma parte de la serie de polémicas acciones en materia migratoria que ha implementado el presidente Donald Trump desde que asumió el poder el 20 de enero. El USCIS argumentó que el acceso a las redes sociales servirá para “facilitar y ayudar a fundamentar la verificación de identidad, la evaluación, el escrutinio y la verificación de antecedentes en materia de seguridad nacional y pública” de los solicitantes. MIRA: La pesadilla de los González: vivían desde hace 35 años en Estados Unidos y fueron deportados a Colombia “Esta recopilación de datos se utiliza para validar la identidad del solicitante y determinar si la concesión de un beneficio representa una amenaza para la seguridad pública de Estados Unidos”, dijo el USCIS en un comunicado. i AP. La agencia explicó que el análisis de redes sociales abarcará publicaciones, interacciones y conexiones de los solicitantes, con el propósito de identificar inconsistencias entre la información proporcionada en los formularios y su actividad en línea. Si se detectan contradicciones, los oficiales de inmigración podrían considerar dichas señales como factores de riesgo en la evaluación de las solicitudes, según NBC New York. Sin embargo, los críticos de la medida aseguran que esta atenta contra el derecho a la privacidad y la libertad de expresión, pues la publicación de contenidos u opiniones personales en Internet podrían ser interpretadas de manera arbitraria por funcionarios del gobierno y perjudicar a algunos solicitantes de green cards. Univisión Noticias recordó que este requisito ya aplica para quienes solicitan sus visas desde el extranjero. Pero ahora, si finalmente recibe luz verde, también será para las personas que ya se encuentren legalmente en Estados Unidos y que pidan asilo, residencia permanente o naturalizarse en el país. Las personas a quienes se les concede asilo o son admitidas en Estados Unidos como refugiados deben esperar un año antes de poder solicitar la residencia permanente. La propuesta recibirá comentarios de la ciudadanía vía online hasta el 5 de mayo. Según las estimaciones de la prensa estadounidense, si entra en vigor afectaría a entre 2,5 y 3,5 millones de personas al año. Los peligros de la medida El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 3 de marzo de 2025. (Foto de ROBERTO SCHMIDT / AFP). / ROBERTO SCHMIDT Organizaciones defensoras de los derechos civiles advirtieron que esta política podría utilizarse para vetar a inmigrantes por sus opiniones políticas, creencias religiosas o incluso por publicaciones fuera de contexto. Además, señalaron que la falta de claridad sobre los criterios de evaluación abriría la puerta a decisiones arbitrarias por parte de las autoridades migratorias. Desde el ámbito legal, varios abogados migratorios cuestionaron la constitucionalidad de la medida, argumentando que podría violar la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege la libertad de expresión. También señalaron que la propuesta generaría más burocracia y retrasos en los procesos migratorios, pues los funcionarios tendrían que analizar grandes volúmenes de información sin un criterio objetivo claro. La abogada Saira Hussain, de la Electronic Frontier Foundation, una organización sin fines de lucro que defiende los derechos digitales y civiles en Internet, declaró a Newsweek que la iniciativa podría generar un efecto disuasorio en personas que han residido en Estados Unidos durante décadas y buscan la ciudadanía o la residencia permanente. Hussain también advirtió que podría tener un efecto intimidatorio sobre la libertad de expresión, ya que el miedo a que el gobierno revise lo que uno publica en redes sociales podría llevar a la autocensura. “Esta política afectaría de forma desigual a solicitantes musulmanes y árabes que buscan la ciudadanía estadounidense y que han expresado su apoyo a los derechos humanos del pueblo palestino”, dijo al medio The Intercept Robert McCaw, director de asuntos gubernamentales del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas. “Recolectar los usuarios de redes sociales de cualquier solicitante de la green card o de ciudadanía es una forma de silenciar su discurso legal”, agregó. En el plano internacional, organizaciones como Human Rights Watch advirtieron que la política migratoria de Trump parecía estar diseñada para desalentar la inmigración en lugar de garantizar la seguridad nacional. Además, señalaron que la vigilancia de redes sociales podría ser utilizada como un precedente para que otros países adopten medidas similares, restringiendo aún más la movilidad global y la privacidad de los ciudadanos. Guardias del Cecot, trasladando a supuestos miembros de la banda criminal conocida como Tren de Aragua, el domingo en Tecoluca, El Salvador, el 17 de marzo de 2025. (Foto de la Presidencia de El Salvador / EFE) 5 medidas migratorias de Trump desde que ausmió el poder: Trump emitió una orden ejecutiva que suspende de manera indefinida la llegada de refugiados a Estados Unidos a partir del 27 de enero de 2025. Esta medida detiene las admisiones de refugiados durante al menos tres meses, con posibilidad de extensión según evaluaciones de seguridad nacional. El 20 de enero de 2025, se reinstauró el programa Protocolos de Protección al Migrante (MPP), conocido como Quédate en México, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras se resuelven sus casos en tribunales estadounidenses. El gobierno de Trump anunció la cancelación del estatus legal y las visas de trabajo de inmigrantes provenientes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití que llegaron durante la administración anterior. Esta medida afecta a aproximadamente 530.000 personas, quienes deberán abandonar el país en las próximas semanas. El 20 de enero de 2025, la administración Trump desactivó la aplicación CBP One, utilizada por solicitantes de asilo para programar citas en los cruces fronterizos entre Estados Unidos y México. Esta aplicación permitía a los solicitantes ingresar al país bajo “libertad condicional” migratoria. ​ La administración Trump amplió la aplicación de la remoción expedita, permitiendo

El envío de tropas europeas a suelo ucranio tras un hipotético acuerdo de paz se ha convertido un empeño del renovado eje franco-británico. El presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, empujan a sus aliados para crear una “coalición de voluntarios” que permita asegurar la paz en Ucrania desplegando unos 30.000 soldados en tierra, sin descartar también un contingente naval y aéreo. Francia, según una comunicación diplomática, cree que esta experiencia podría constituir un “laboratorio” para testar las modalidades de funcionamiento del pilar europeo de “una OTAN pos-Trump”. Las reuniones preparatorias para la cita de este jueves, en la que participaron 31 países y los líderes de la OTAN y de la UE, permitieron a los diplomáticos encargados del asunto entender mejor los planes de Francia. La idea es acompasar la acción europea a los esfuerzos estadounidenses. Macron, de hecho, habla cada dos días con el presidente Donald Trump y casi a diario con su homólogo ucranio, Volodímir Zelenski. Pero Francia considera seriamente un despliegue de tropas en Ucrania, como confirmó el propio Macron el jueves, así como en países aliados como Rumania, para reforzar su frontera con Ucrania. Keir Starmer junto a Zelenski, en París este jueves. Associated Press/LaPresse (APN) La coalición de voluntarios, según las reuniones preparatorias y esta comunicación diplomática, podría estar constituida bajo el mando y control de la OTAN, y basarse en el modelo de los acuerdos Berlín Plus, adoptados en 2003 y que permiten a la Alianza apoyar operaciones dirigidas por la UE en las que no participa la OTAN en su conjunto. Naturalmente, el acuerdo debería también negociarse con la OTAN, coinciden todos sus impulsores. Pero, en cualquier caso, Francia y el Reino Unido están todavía trabajando en detectar qué países de la UE querrían participar en esta coalición militar. Los británicos, por su parte, querrían que la misión no se limitase al ámbito terrestre, sino que implicase también una cobertura aérea. La idea de la misión sería también una forma de probar un tipo de misiones realizadas por coaliciones de voluntarios europeos y apoyadas en la estructura de la OTAN. Si todo este plan avanzase, opinan fuentes diplomáticas, “podría constituir el embrión de los futuros mecanismos de una OTAN pos-Trump”. Macron anunció este jueves por primera vez y de forma clara que habrá “una coalición de voluntarios” que se desplegará en suelo ucranio para garantizar la paz tras un hipotético acuerdo. La oposición de algunos de los Estados miembros, como Alemania, Croacia o Italia, no sería un problema. “Serán algunos países”, matizó Macron. Pero la dificultad de coordinación es enorme. Por eso podría estar constituida bajo el mando y control de la OTAN. La cristalización de la misión sería también una forma de probar, en un contexto político favorable (especialmente por una hipotética y progresiva perdida de presencia de EE UU y la voluntad del Reino Unido de entrar de nuevo en las estrategias continentales) este tipo de misiones realizadas por coaliciones de voluntarias y apoyadas en la estructura de la OTAN. Si todo este plan avanzase, opinan las mismas fuentes, podría constituir el embrión de los futuros mecanismos de una OTAN con menor presencia estadounidense. Source link

EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí. El avance del desarrollo sostenible en América Latina está en riesgo. De acuerdo con la CEPAL, la evaluación del progreso hacia las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) muestra que la región ha experimentado un retroceso: solamente el 22% de las metas cuya proyección está disponible están encaminadas a cumplirse hacia el 2030, un 3% menos que la evaluación de progreso en 2023. La persistencia de las desigualdades, el estancamiento en la reducción de la pobreza, los niveles de crecimiento insuficientes, el alto costo de la deuda y el reducido espacio fiscal con el que cuentan los Gobiernos plantean retos para la región que, en un contexto internacional desafiante, debe avanzar hacia un desarrollo que sea a la vez productivo, inclusivo, sostenible y resiliente. Con más de 1.500 desastres registrados que afectaron a aproximadamente 190 millones de personas entre 2000 y 2022, América Latina y el Caribe es la segunda región del mundo más propensa a desastres. Los impactos económicos de estos son una amenaza permanente para los avances del desarrollo. De acuerdo con la Coalición Internacional para la Infraestructura Resiliente, las pérdidas anuales estimadas en infraestructura para la región alcanzan los 58.000 millones de dólares. Tomando como referencia los datos del Banco Mundial, esto representa casi el 50% del crecimiento a precios constantes del PIB regional en 2023. Si bien las pérdidas estimadas no necesariamente se materializan año tras año, sí reflejan los altos niveles del riesgo de desastres de la región y, de llegar a suceder, su impacto podría ser devastador. Basta recordar los estragos que tuvo el huracán María en 2017, provocando pérdidas económicas en Dominica por más del 200% del PIB. En ese sentido, el incremento de la frecuencia e intensidad de eventos como las inundaciones, sequías, incendios y tormentas debe colocar la reducción del riesgo de desastres en el centro de cualquier estrategia de desarrollo que pretenda ser sostenible. En otras palabras, avanzar hacia un desarrollo resiliente requiere de un cambio de paradigma en la gestión del riesgo de desastres. Se debe pasar de un enfoque reactivo, centrado en la respuesta posterior (compensatoria), a uno preventivo, que priorice la reducción del riesgo existente (correctiva), y evite la creación de nuevos riesgos (prospectiva). Cada dólar invertido en prevención ahorra unos cuatro dólares en respuesta, lo que convierte a la resiliencia en una inversión costoefectiva. Es una forma de proteger de manera más eficiente las inversiones existentes en desarrollo y, también, libera recursos. Sin embargo, como lo muestra nuestro Informe de Evaluación Regional del Riesgo de Desastres (RAR 2024), los países invierten muy poco de sus presupuestos públicos en la reducción del riesgo de desastres. Los estudios de caso que se presentan en el reporte estiman que los países no llegan a dedicar más del 2,5% del presupuesto público en reducción del riesgo de desastres. De ese porcentaje mínimo, la mayor parte está dedicada a la respuesta, que representa prácticamente el 80% del presupuesto total destinado, frente al 20% dedicado a la prevención de desastres. Es decir, 0,5% del presupuesto total, en el mejor de los casos. Incrementar el financiamiento para la reducción del riesgo de desastres debe ser una prioridad para el desarrollo de la región. En un contexto donde la ayuda oficial al desarrollo para la reducción del riesgo y la adaptación climática representa apenas el 6% del total de la cooperación internacional, y donde se proyecta una disminución de estos flujos, los países deben hacer esfuerzos adicionales para aumentar el presupuesto público destinado a la reducción del riesgo de desastres. Nuestros análisis de etiquetado presupuestario en la región sugieren que hasta el 30% del presupuesto nacional podría contribuir a esta causa, incorporando la perspectiva del riesgo en los programas públicos y aumentando significativamente la inversión en resiliencia. Para enfrentar la reducción de la cooperación internacional, también es clave incorporar instrumentos financieros innovadores que incrementen los recursos para la reducción del riesgo de desastres. Los mecanismos de financiamiento mixto permiten a los gobiernos canalizar financiamiento privado hacia infraestructura y servicios críticos resilientes. Ampliar el uso de bonos verdes o sostenibles y desarrollar bonos de resiliencia son estrategias viables para aumentar los recursos disponibles para la reducción del riesgo con miras hacia un financiamiento más sostenible para el desarrollo regional. A cinco años de 2030, la región debe redoblar esfuerzos para el desarrollo. Apostar por la resiliencia no es una opción, sino una condición indispensable para avanzar hacia un desarrollo que perdure y beneficie a las generaciones presentes y futuras. Nahuel Arenas es jefe de UNDRR, Oficina regional para las Américas y el Caribe Source link