28 de marzo de 2025

Katrina Armstrong, rectora en funciones de la Universidad de Columbia (Nueva York), ha presentado su dimisión, en medio de una batalla de alto perfil político contra la Administración de Donald Trump sobre la financiación federal de la institución. La renuncia de Armstrong, que sustituía interinamente a la también dimisionaria Minouche Shafik, ha sido adelantada por el diario Wall Street Jounal. Este martes, en una reunión a puerta cerrada del claustro, Armstrong tuvo que hacer frente a las críticas de numerosos profesores mientras advertía del riesgo “devastador” que para el funcionamiento de la institución tendrían los recortes en su financiación. La rectora se hallaba también bajo presión de la comunidad estudiantil desde que el pasado 8 de marzo fuera detenido por la policía migratoria el posgraduado de origen palestino Mahmoud Khalil, líder de las protestas contra la guerra de Gaza que en la primavera pasada agitaron el campus y, desde allí, se extendieron al resto de universidades del país. A la detención de Khalil se sumó, dos semanas después, la capitulación de la universidad, plegándose a las demandas del Gobierno, para no perder 400 millones en fondos federales, vitales para la supervivencia de la facultad de Medicina. Trump había amenazado una semana antes a Columbia con retirar 400 millones de fondos federales si la institución no tomaba medidas más firmes contra el antisemitismo. Columbia es una de las 60 universidades de EE UU investigadas por este asunto. Para añadir aún más presión, cerca de 1.000 profesores, académicos y asociaciones lanzaron este miércoles un boicot contra la universidad de la Ivy League, por considerarla “en connivencia con el proyecto del actual gobierno de Estados Unidos de destruir la educación superior y criminalizar la protesta”. “Este boicot está organizado para responder a la traición de la universidad a su responsabilidad fundamental de proteger a los estudiantes, defender la libertad académica y promover un clima de abierta discusión y disenso”, dice la carta, en alusión directa a la asunción por parte de Columbia del “firme combate del antisemitismo” impuesto por la Administración republicana para recuperar los fondos en peligro. “Una universidad libre es parte inherente de una sociedad democrática y justa. Pero la Administración de Columbia está coludiendo con el actual Gobierno de EE UU para destruir la educación superior y criminalizar la protesta”, añade la carta, firmada por numerosos profesores de otras universidades. Además, varias asociaciones de docentes demandaron esta semana a la Administración de Trump por perseguir y deportar a estudiantes vinculados a Palestina, por considerar que la ofensiva del Gobierno viola la Primera y la Quinta Enmienda de la Constitución de EE UU. Armstrong, que el pasado 21 de marzo se dirigió a estudiantes y profesores para exponer las nuevas reglas de conducta en el campus, con un mensaje titulado Impulsar nuestra labor de lucha contra la discriminación, el acoso y el antisemitismo en Columbia, es la cuarta rectora que dimite a consecuencia del encendido debate sobre el antisemitismo en los campus, surgido a raíz de las primeras protestas tras el inicio de la guerra de Gaza, en octubre de 2023, de la mano de estudiantes —y donantes— judíos que dicen sentirse amenazados por el supuesto discurso de odio. Antes que Armstrong, presentaron su renuncia las rectoras de las universidades de Pensilvania, Harvard y Shafik, su predecesora en Columbia. Las dos primeras no lograron superar las consecuencias de su comparecencia ante un comité del Congreso, donde fueron acorraladas, entre otros, por la representante republicana Elise Stefanik por su “tibieza” a la hora de responder a las supuestas manifestaciones de antisemitismo en sus respectivos campus. Shafik aguantó hasta agosto, tras el desalojo policial de dos acampadas consecutivas y la ocupación de un edificio de la sede universitaria. Entre las demandas de la Casa Blanca asumidas por Columbia, de las que Armstrong dio cumplida cuenta en el mensaje interno, están la prohibición de mascarillas en las protestas (algo habitual entre los manifestantes para evitar ser identificados), reformar el proceso de admisión y reprimir de forma más firme las protestas antiisraelíes, otorgando a 36 agentes de policía del campus recién contratados la potestad de detener a estudiantes. La Casa Blanca ha logrado también otra victoria aún mayor: el nombramiento de un vicerrector principal para supervisar el departamento de Estudios de Oriente Medio, Asia Meridional y África, así como el Centro de Estudios Palestinos. En las últimas semanas el Departamento de Estado ha revocado la visa de al menos 300 estudiantes extranjeros, por su presunta participación en protestas antiisraelíes. Varios estudiantes e investigadores han seguido la suerte de Khalil y han sido detenidos y amenazados con la deportación, como la doctoranda turca de la Universidad de Tufts Rumeysa Ozturk, cuya detención a plena luz del día y en la calle ha puesto el foco sobre la represión sistemática del discurso crítico con Israel en los campus. Source link

La Administración Trump lleva a Disney su guerra contra las políticas de diversidad e inclusión. Brendan Carr, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por las siglas en inglés), el regulador de los medios en Estados Unidos, ha abierto una investigación contra la empresa por estas. Carr admite que la compañía ha dado marcha atrás a algunos de sus programas, que alguna vez fueron un referente dentro de la industria del entretenimiento. Pero esto no es suficiente para alegrar a la Casa Blanca. “Todavía tenemos serias preocupaciones”, indica Carr en una carta enviada a Bob Iger, el consejero delegado de Disney. Carr señala en el documento, publicado en las redes sociales, que la empresa centenaria era exitosa hasta “que algo cambió“. ”Disney se ha visto envuelta en una serie de polémicas relacionadas con sus políticas de diversidad e inclusión», escribe la cabeza de la FCC. El funcionario recuerda que la ley prohíbe a las empresas reguladas cualquier tipo de discriminación basado en raza, color, nacionalidad, edad o sexo. La cruzada de la Administración para eliminar estas medidas de las empresas es percibida como una ofensiva contra la discriminación de los blancos. La investigación coincide con el estreno del más reciente proyecto de Disney en las salas, la versión en vivo de Blancanieves, la cinta de 1937 que puso los primeros cimientos del imperio que es hoy el conglomerado mediático global. Rachel Zegler, una actriz de origen latino, es la protagonista de la cinta, que incluye también a siete enanos fabricados con herramientas de animación digital. Esto ha alimentado una polémica que ha envuelto a la cinta en sus primeros días en los cines. Un portavoz de Disney ha señalado a The Wall Street Journal que están a la espera de que la FCC los contacte para así poder responder a sus preguntas. Esta es la segunda investigación que Carr abre contra una empresa de medios desde que inició la segunda presidencia de Trump. El organismo anunció en febrero una pesquisa similar en Comcast, la empresa matriz de NBCUniversal, por “promover valores de inclusión y diversidad” que no se alinean con las líneas del regulador, que supervisa desde las señales de telecomunicaciones hasta los contenidos de los programas infantiles. Brendan Carr, el comisionado presidente de la FCC.Alex Wong (AP) En su carta, Carr señala algunos de los puntos que le “preocupan”. Cita criterios de decisión basados explícitamente en raza o sexo, campañas internas contra el “privilegio blanco” y el lanzamiento de la iniciativa “Reimaginar el mañana”, un sitio digital enfocado en los empleados de Disney del colectivo LGTBIQ. Esta web fue sacrificada a inicios de febrero en un esfuerzo de la compañía por alienarse con los nuevos tiempos de la Casa Blanca. Empresas como Target o Alphabet (Google) también han rebajado sus mensajes de inclusión. Otras, como Apple, las han reafirmado ante el desafío. El comisionado también cargó contra ABC, el canal de televisión de Disney, por haber adoptado estándares de inclusión que exigen que la mitad de sus personajes en sus contenidos sean ocupados por “grupos subrepresentados”. “Esto habría forzado a tener cuotas identitarias y de color en todos los niveles de producción”, escribe el comisionado. Bajo su cargo, la FCC también había reabierto una investigación contra la cadena por el comportamiento de sus periodistas, David Muir y Linsey Davis, en el debate presidencial de septiembre, que enfrentó a Trump con la entonces vicepresidenta, Kamala Harris. La campaña del republicano había acusado a los moderadores por una supuesta “falta de objetividad” al verificar en directo los dichos de Trump, quien aseguró que los inmigrantes haitianos en Ohio estaban comiendo perros y gatos. Carr, un abogado especializado en telecomunicaciones, forma parte de la FCC desde 2017, cuando se integró al pleno de cinco comisionados de la institución. Es el integrante que más coincide ideológicamente con el nuevo conservadurismo instaurado por Donald Trump, quien lo eligió en noviembre como presidente del organismo. Carr es también uno de los autores del Proyecto 2025, el manual ultraconservador de la nueva Administración para los primeros 180 días de la presidencia. Decisión judicial contra Trump Al mismo tiempo en el que Carr se esfuerza por llevar al sector privado la ofensiva de Trump contra la diversidad, un juez federal ha dado un golpe a la Administración. Matthew Kennelly, un togado del tribunal de distrito del norte de Illinois, bloqueó esta semana partes de la orden ejecutiva que frena las políticas de inclusión en todo el Gobierno federal. El fallo de Kennelly, emitido el jueves, prohíbe al Departamento del Trabajo exigir certificados a sus contratistas en los que indiquen que no cuentan con programas de diversidad e inclusión. Las empresas y compañías que dan servicios al Ejecutivo se habían quejado en los tribunales de que la orden de Trump es demasiado amplia y vaga, lo que hace difícil su cumplimiento. Esto hizo que una organización de Chicago especializada en el entrenamiento de mujeres en el sector de la construcción acudiera a los tribunales para no perder sus contratos con el Departamento de Trabajo. El ministerio había advertido que los negocios que no mostraran sus certificados antidiversidad se exponían a varias multas. El juez ha suspendido este requisito hasta el próximo 10 de abril, cuando se llevará a cabo una audiencia sobre el caso. Source link

Un nuevo avión procedente de Honduras con 178 migrantes venezolanos deportados de Estados Unidos, entre ellos mujeres, aterrizó la madrugada de este viernes en Venezuela, como parte del restablecimiento de los vuelos de deportaciones acordados con Washington tras un mes de suspensión.   El grupo es el segundo en llegar a Venezuela tras la reanudación de estos vuelos el pasado fin de semana.   Venezuela y Estados Unidos, con relaciones rotas desde 2019, se acusaban de boicotear el acuerdo de deportaciones alcanzado en enero y que llevó a la coordinación de tres vuelos con 366 deportados en febrero.   «Este vuelo trae 178 de los compatriotas que han sido (…) en los Estados Unidos estigmatizados», dijo el ministro de Interior, Diosdado Cabello, a la prensa desde el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas.   En el grupo hay «13 mujeres», añadió.   La reanudación de los vuelos también se dio luego de que Estados Unidos acusara a 238 venezolanos de pertenecer a la temida banda Tren de Aragua y los enviara al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, invocando una ley de 1798.   «Nosotros seguimos exigiendo la libertad de esos compatriotas que están allá en El Salvador, que están secuestrados en El Salvador», insistió el ministro.   El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, defendió el jueves la deportación masiva a El Salvador.   «Tenemos razones para creer que en realidad estaban siendo empujados hacia Estados Unidos en grandes cantidades por el régimen de Venezuela», dijo a periodistas mientras volaba a su ciudad natal de Miami desde una gira por tres países del Caribe.   El primer grupo de venezolanos deportados de Estados Unidos llegó el 11 de febrero con 190 hombres procedente de El Paso, Texas, y nueve días después arribaron 176 que llegaron de Honduras tras salir de la base militar de Guantánamo.   Pero Washington cuestionó el ritmo de deportaciones. Como represalia, revocó la licencia que permitía a la petrolera estadounidense Chevron operar en Venezuela.   Venezuela denunció que el Departamento de Estado estadounidense estaba «bloqueando» los vuelos.   Otros dos vuelos con 553 migrantes procedente de México han llegado en el último mes a Venezuela, en principio con venezolanos que no pudieron llegar a Estados Unidos.   Según la ONU, casi 8 millones de venezolanos han dejado su país huyendo de una crisis económica que comenzó a revertirse en 2021. El gobierno asegura que más de un millón 200 mil han regresado. Source link