Katrina Armstrong, rectora en funciones de la Universidad de Columbia (Nueva York), ha presentado su dimisión, en medio de una batalla de alto perfil político contra la Administración de Donald Trump sobre la financiación federal de la institución. La renuncia de Armstrong, que sustituía interinamente a la también dimisionaria Minouche Shafik, ha sido adelantada por el diario Wall Street Jounal.

Este martes, en una reunión a puerta cerrada del claustro, Armstrong tuvo que hacer frente a las críticas de numerosos profesores mientras advertía del riesgo “devastador” que para el funcionamiento de la institución tendrían los recortes en su financiación. La rectora se hallaba también bajo presión de la comunidad estudiantil desde que el pasado 8 de marzo fuera detenido por la policía migratoria el posgraduado de origen palestino Mahmoud Khalil, líder de las protestas contra la guerra de Gaza que en la primavera pasada agitaron el campus y, desde allí, se extendieron al resto de universidades del país. A la detención de Khalil se sumó, dos semanas después, la capitulación de la universidad, plegándose a las demandas del Gobierno, para no perder 400 millones en fondos federales, vitales para la supervivencia de la facultad de Medicina. Trump había amenazado una semana antes a Columbia con retirar 400 millones de fondos federales si la institución no tomaba medidas más firmes contra el antisemitismo. Columbia es una de las 60 universidades de EE UU investigadas por este asunto.

Para añadir aún más presión, cerca de 1.000 profesores, académicos y asociaciones lanzaron este miércoles un boicot contra la universidad de la Ivy League, por considerarla “en connivencia con el proyecto del actual gobierno de Estados Unidos de destruir la educación superior y criminalizar la protesta”. “Este boicot está organizado para responder a la traición de la universidad a su responsabilidad fundamental de proteger a los estudiantes, defender la libertad académica y promover un clima de abierta discusión y disenso”, dice la carta, en alusión directa a la asunción por parte de Columbia del “firme combate del antisemitismo” impuesto por la Administración republicana para recuperar los fondos en peligro. “Una universidad libre es parte inherente de una sociedad democrática y justa. Pero la Administración de Columbia está coludiendo con el actual Gobierno de EE UU para destruir la educación superior y criminalizar la protesta”, añade la carta, firmada por numerosos profesores de otras universidades.

Además, varias asociaciones de docentes demandaron esta semana a la Administración de Trump por perseguir y deportar a estudiantes vinculados a Palestina, por considerar que la ofensiva del Gobierno viola la Primera y la Quinta Enmienda de la Constitución de EE UU.

Armstrong, que el pasado 21 de marzo se dirigió a estudiantes y profesores para exponer las nuevas reglas de conducta en el campus, con un mensaje titulado Impulsar nuestra labor de lucha contra la discriminación, el acoso y el antisemitismo en Columbia, es la cuarta rectora que dimite a consecuencia del encendido debate sobre el antisemitismo en los campus, surgido a raíz de las primeras protestas tras el inicio de la guerra de Gaza, en octubre de 2023, de la mano de estudiantes —y donantes— judíos que dicen sentirse amenazados por el supuesto discurso de odio.

Antes que Armstrong, presentaron su renuncia las rectoras de las universidades de Pensilvania, Harvard y Shafik, su predecesora en Columbia. Las dos primeras no lograron superar las consecuencias de su comparecencia ante un comité del Congreso, donde fueron acorraladas, entre otros, por la representante republicana Elise Stefanik por su “tibieza” a la hora de responder a las supuestas manifestaciones de antisemitismo en sus respectivos campus. Shafik aguantó hasta agosto, tras el desalojo policial de dos acampadas consecutivas y la ocupación de un edificio de la sede universitaria.

Entre las demandas de la Casa Blanca asumidas por Columbia, de las que Armstrong dio cumplida cuenta en el mensaje interno, están la prohibición de mascarillas en las protestas (algo habitual entre los manifestantes para evitar ser identificados), reformar el proceso de admisión y reprimir de forma más firme las protestas antiisraelíes, otorgando a 36 agentes de policía del campus recién contratados la potestad de detener a estudiantes. La Casa Blanca ha logrado también otra victoria aún mayor: el nombramiento de un vicerrector principal para supervisar el departamento de Estudios de Oriente Medio, Asia Meridional y África, así como el Centro de Estudios Palestinos.

En las últimas semanas el Departamento de Estado ha revocado la visa de al menos 300 estudiantes extranjeros, por su presunta participación en protestas antiisraelíes. Varios estudiantes e investigadores han seguido la suerte de Khalil y han sido detenidos y amenazados con la deportación, como la doctoranda turca de la Universidad de Tufts Rumeysa Ozturk, cuya detención a plena luz del día y en la calle ha puesto el foco sobre la represión sistemática del discurso crítico con Israel en los campus.