MIRA: Nuevo testigo corrobora en juicio que Pedro Castillo ordenó a la PNP ejecutar el golpe y más declaraciones apuntan hacia Betssy Chávez El plan, presentado este miércoles en la sede de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), fue elaborado por expertos en seguridad de diversas agrupaciones, siendo suscrito por el Partido Popular Cristiano (PPC), Avanza País, el Partido Aprista Peruano, Fuerza Moderna y Unidad y Paz, y cuenta con el respaldo de Fuerza Popular. El analista político Jaime de Althaus, articulador de esta iniciativa, calificó el documento como “un esfuerzo inédito en el Perú”, en donde un conjunto de partidos políticos se ha unido “para elaborar una propuesta común de política de lucha contra la criminalidad”. “Es un documento abierto a la adhesión de otras fuerzas políticas, incluso organizaciones de la sociedad civil, y a la inclusión de más aportes para ir perfeccionándolo cada vez más. Va a ser un documento vivo, un documento semilla, que va a permitir ir gestando una política eficaz de lucha contra la criminalidad”, agregó. En la Cámara de Comercio de Lima, se presentó la propuesta titulada Política de Seguridad y Lucha contra la Criminalidad, suscrito por el PPC, el Apra, Unidad y Paz, Avanza País y Fuerza Moderna, con el respaldo de Fuerza Popular. (Foto: Eduardo Cavero para El Comercio) / EDUARDO CAVERO SIBILLE Una política contra el crimen El documento empieza haciendo un diagnóstico, advirtiendo el grave desborde criminal que amenaza, incluso, con la estabilidad propia del país, con una alta tasa de homicidios y la penetración en la sociedad de organizaciones criminales extranjeras y trasnacionales que han traído consigo, a su vez, nuevas modalidades delictivas, entre otras situaciones. “La ciudadanía reclama una política de Estado unificada, coherente y estable para enfrentar una ola de crimen sin precedentes, que ya no es un tema solo de seguridad ciudadana, sino de seguridad nacional. (…) Como nunca antes el crimen organizado está desbordado”, expresó Juan Villarán, consultor en seguridad pública, representante del PPC y quien fue el encargado de presentar los principales ejes de la política. En la propuesta, se destaca la necesidad de un “comando unificado o estado mayor” contra la criminalidad, con carácter ejecutivo y con las autoridades directamente responsables. Es decir, la presidenta, el primer ministro, los ministros del Interior y de Defensa, los jefes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el jefe del INPE y del director de Inteligencia. En un segundo y tercer círculo, las otras autoridades —como los titulares del Congreso, el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación— para acompañar las acciones adoptadas. Se plantea que este ‘comando unificado’ esté establecido en una nueva ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, la cual —se incidió— “no ha cumplido su función”. Además, se apunta hacia una reforma de la Policía Nacional, fortaleciendo y modernizando las comisarías, incrementando el número de policías en las calles eliminando el sistema de turnos de 24 x 24 y también reorientando esfuerzos, entre otras medidas. Incluso, se plantea la posibilidad de invitar a licenciados de las Fuerzas Armadas y de la PNP a retornar al servicio para reforzar a la policía comunitaria. También se menciona la reestructuración del sistema penitenciario, separando a los reclusos por tipo de delito, por gravedad y por nacionalidad, así como construyendo nuevos pabellones en las cárceles existentes y edificando un “mega penal” destinado a contener 20 mil internos. Ello con el fin de que las cárceles dejen de ser “universidades del crimen, centros de planificación y captación de más delincuencia”, tal como apuntó Villarán. Las acciones propuestas en el plan también apuntan hacia el “cortar la cadena de suministro” de las economías ilegales. Por ejemplo, en el caso del narcotráfico, controlando toda la cadena de insumos químicos. Igualmente, se plantea modificar el Código Penal para instaurar penas más severas para los jefes y subjefes de las redes criminales, con cadena perpetua y sin beneficios. El documento incluye también un plan de emergencia, con el que se propone una solicitud de delegación de facultades legislativas al Congreso en materia de seguridad ciudadana por 60 días. “El Estado siempre será más fuerte que el crimen, pero para ello es requisito se encuentren sus instituciones unidas ante este enemigo que es el que más se beneficia en estos desencuentros”, subrayó también Juan Villarán. Puntos de vista y reflexiones El excongresista y militante aprista Jorge del Castillo incidió en la trascendencia de que un grupo de partidos políticos, que no son una alianza ni una coalición, se ponen de acuerdo y generan consensos para construir una política de Estado de seguridad ciudadana contra la criminalidad. Sobre las propuestas, Del Castillo destacó la decisión política, como un punto de partida para combatir al crimen que golpe al país. Indicó que “si no hay decisión política, no hay nada”. También resaltó la dotación del presupuesto necesario con miras a ese fin. “El presupuesto para combatir el crimen es muy poco, insuficiente. Si se tiene el presupuesto, se puede hacer inteligencia, equipamiento, podemos dotar de tecnología y de personal [a la Policía]”, acotó. Del Castillo explicó que esta política surgió con el objetivo de que la agrupación que gane las próximas Elecciones Generales 2026 y haya suscrito el documento, la implemente, con el respaldo de las otras fuerzas políticas. Ello sin perjuicio de que, si el actual gobierno quiere recoger las propuestas, lo implemente. Por su parte, Carlos Neuhaus, presidente del PPC, sostuvo que la elaboración de esta propuesta es una demostración de que se pueden llegar a consensos. También comentó la necesidad de que las autoridades depongan sus diferencias y “no dejen de lado lo importante, que es el ciudadano”. “Es un plan dirigido para el Perú y la idea es que las autoridades que en este momento están en funciones empiecen a trabajar sobre esto. Esta es una propuesta de base. Es bastante importante. Hemos buscado un consenso y esto es una demostración de que cuando alguien quiere trabajar por el bien del Perú, se pone de acuerdo.
