26 de marzo de 2025

La Dirección General de Tráfico (DGT) bonificará desde este miércoles a las personas conductoras de ciclomotores, motos y coches que superen de forma voluntaria un curso de conducción segura y eficiente con dos puntos en el carné de conducir hasta un máximo de 15. Los nuevos cursos serán voluntarios para los conductores que quieran mejorar su conducción. Están regulados en una orden publicada el 6 de marzo en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Hay dos modalidades, una para quienes manejen turismos y otra para quienes conduzcan motos y ciclomotores. En este segundo se incluyen dos modalidades en función del tipo de vía: cursos de conducción segura y eficiente en zona urbana y otro para carretera convencional. El objetivo de estas formaciones voluntarias es formar a los conductores para que sean capaces de evitar siniestros y reduzcan el consumo de combustible y las emisiones contaminantes de sus vehículos. La DGT se propone que quienes manejan un coche, una moto o un ciclomotor estén preparados para reaccionar ante situaciones de peligro y no incurran en malas prácticas durante la conducción, así como evitar cualquier conducta de riesgo al volante. Las formaciones de la DGT serán accesibles para todo el que tenga un permiso de conducción válido y en vigor para manejar turismos, motos y ciclomotores y que posean un saldo positivo de puntos en el carné. Quienes superen el curso, obtendrán una bonificación de dos puntos adicionales hasta un límite de 15. Solo se podrá realizar un curso de cada tipo cada dos años. Para aprobarlos, los conductores deben superar una parte teórica y una práctica. La formación teórica tiene una duración de mínimo una hora y 45 minutos que se tiene que distribuir obligatoriamente a lo largo de todo el curso; la parte práctica dura al menos cuatro horas y 15 minutos se realizará tanto en circuitos cerrados como en vías abiertas a la circulación, y se compone de maniobras y ejercicios de conducción que se pueden completar en una o dos sesiones. Source link

EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí. “Parece que el diablo está planchando”, suelen decir en mi ciudad natal, ubicada en pleno desierto, cuando el calor se vuelve insoportable. Al rebasar los 35 grados en Chihuahua, probablemente el primer impulso sea encender el aire acondicionado, prender el abanico o el ventilador, o al menos abrir una ventana. Pero imagina que ninguna de estas opciones existe: estás atrapado en una casa convertida en horno, sin aire frío ni posibilidad alguna de escapar del calor. Esta es la realidad cotidiana de millones de personas en América Latina, una región que presume haber alcanzado el 97% de cobertura eléctrica, pero donde tener electricidad no siempre significa disfrutar de bienestar. Como han señalado científicas y científicos latinoamericanos, la pobreza energética no se acaba con el acceso a la energía (electricidad y gas); las personas requieren acceder a servicios energéticos adecuados para satisfacer sus necesidades. Una de estas necesidades es el confort térmico frente a temperaturas extremas. En la sierra del norte de México, durante los inviernos helados, cada año decenas de familias mueren dormidas en sus casas por inhalar monóxido de carbono emitido por calentadores de gas. La falta de opciones seguras y la pobreza energética obligan a muchos hogares a utilizar estos calentadores para protegerse del frío, a pesar de sus riesgos. Por otra parte, ante el calor extremo, la falta de acceso a sistemas de refrigeración también se convierte en un asunto de vida o muerte. En 2024, la temperatura promedio global aumentó 1,46 °C respecto a los niveles preindustriales (1850-1900) y, en algunas áreas específicas, superó los cuatro grados. Este mes, el servicio meteorológico de Chile emitió una alerta por una inusual ola de calor, con temperaturas de hasta 36°C en varias regiones del país. Con el cambio climático, las olas de calor son cada vez más intensas y prolongadas, y la mayoría de los hogares y ciudades latinoamericanas no están preparadas para enfrentarlas. Más de 185 millones de personas en Latinoamérica están en una situación de riesgo medio o alto al no contar con sistemas de refrigeración adecuados para garantizar el confort térmico, conservar alimentos, productos agrícolas y medicamentos, en medio de condiciones climáticas cada vez más extremas. La falta de acceso a electrodomésticos eficientes y a precios accesibles agrava esta desigualdad. Ante la imposibilidad de pagar al contado, muchas familias deben recurrir a créditos con altísimas y abusivas tasas de interés, que oscilan entre el 25% y el 65%. Por ejemplo, en la tienda Elektra de México, que cuenta con más de 20 millones de clientes, un aire acondicionado no eficiente cuesta 7.799 pesos (360 euros) al contado. Sin embargo, con un financiamiento a un año, las personas terminan pagando 12.342, es decir, un 63,19% más. La necesidad de estos electrodomésticos críticos perpetúa ciclos de endeudamiento y exclusión, principalmente para las mujeres, ya que el trabajo doméstico sigue recayendo sobre ellas. En promedio, trabajan tres veces más que los hombres, unas 20 horas a la semana en tareas domésticas como la crianza, el cuidado de personas enfermas, la limpieza, la preparación de alimentos y el mantenimiento del hogar. Todo esto requiere servicios energéticos —como refrigeradores, estufas, lavadoras, sistemas de calefacción o refrigeración— que han sido históricamente ignorados y subfinanciados. Aun cuando las familias logran acceder a electrodomésticos críticos como sistemas de refrigeración, deben destinar una cantidad significativa de sus ingresos al pago de electricidad. En Uruguay, las personas en los quintiles de menores ingresos destinan 19% de gasto a energía. Muchas familias -especialmente aquellas encabezadas por mujeres, que representan una de cada tres en la región- se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad por tener ingresos más bajos. Un niño toma un baño en un asentamiento irregular con poco acceso a servicios básicos, en la zona de Puente Alto en las afueras de Santiago de Chile, en agosto de 2022. IVAN ALVARADO (Reuters) Si la política energética sigue enfocándose en el espacio público y en las necesidades de los hombres, sin voltear la mirada hacia los hogares, ni promover esquemas de financiamiento e inversiones que faciliten su acceso a servicios de electricidad, entonces, las mujeres, el resto de la población y el planeta terminarán perdiendo. Las personas seguirán comprando electrodomésticos poco eficientes porque son más accesibles que los productos de alta eficiencia energética, con lo que la demanda de electricidad aumentará. Las tasas de interés abusivas a las que se enfrentan para comprar estos productos, sumados a los costos de la electricidad, continuarán sumiéndolas en un círculo vicioso de pobreza. Y a pesar de todo esto, las políticas energéticas continúan ignorando estas realidades cotidianas. Un indicador sobre energía y género del Banco Mundial mide los subsidios eléctricos para hogares encabezados por mujeres; sin embargo, permanece vacío para prácticamente todos los países de Latinoamérica. Impulsar el acceso a electrodomésticos eficientes a un precio razonable es un asunto de interés público porque la carencia de estos pone en riesgo a millones de personas. Debemos poner a las mujeres y su trabajo en los hogares que sigue invisibilizado, al centro de las iniciativas del cambio climático. Para lograrlo, se requieren políticas gubernamentales claras: adoptar estándares regionales obligatorios de eficiencia energética; promover incentivos económicos para la adquisición de electrodomésticos eficientes, regular las tasas de interés abusivas para su compra y adoptar subsidios específicos dirigidos a hogares encabezados por mujeres, quienes enfrentan una situación de mayor vulnerabilidad energética. Si en la región seguimos celebrando la cobertura eléctrica mientras ignoramos para qué y para quién sirve esa electricidad, seguiremos atrapados en una paradoja. ¿De qué sirve tener acceso a la electricidad si no garantiza la vida y el bienestar de quienes más la necesitan? Laura Aragón Castro es politóloga, especialista en políticas para el empoderamiento de las mujeres y energía. Source link

En el grupo de 238 personas que fueron deportadas por Estados Unidos a El Salvador, la mayoría venezolanos, estaba un cabecilla de la Mara Salvatrucha (MS-13) que fue acusado en Nueva York de terrorismo y aguardaba juicio. Pero antes de su expulsión, a César Humberto López Larios, alias el ‘Greñas de Stoner’, se le retiraron los cargos. Es considerado uno de “los doce apóstoles del diablo”, en referencia a los fundadores originales de la MS-13. ¿Por qué es importante este personaje y qué información comprometedora tiene sobre el Gobierno de Nayib Bukele? En total, el gobierno de Donald Trump devolvió a El Salvador en la madrugada del 23 de marzo a 23 miembros de la Mara Salvatrucha, entre los que se encuentran dos cabecillas que estaban acusados en Estados Unidos por actos de terrorismo. MIRA: ¿Qué leyes internacionales estarían violando EE.UU. y El Salvador al recluir a migrantes en la megacárcel de Bukele? Todos los deportados fueron internados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la mundialmente conocida megacárcel que mandó a construir el presidente Nayib Bukele para los criminales más peligrosos. El cabecilla pandillero César Humberto López Larios el día de su deportación a El Salvador desde Estados Unidos. De acuerdo con el medio digital salvadoreño El Faro, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York renunció a la acusación de López Larios en Estados Unicos a cambio de que sea juzgado en El Salvador; alegó que lo hizo por “razones geopolíticas y de seguridad nacional”. El Faro informó que López Larios estaba recluido en el ala de Alojamiento Especial (SHU) del Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn. Había sido enviado a ese lugar por “amenazas específicas y creíbles tanto de la MS-13, su propia organización criminal, como de otras organizaciones criminales rivales, incluyendo la Mafia Mexicana y los Sureños”, según un documento del 22 de noviembre de 2024. ¿Quién es el ‘Greñas de Stoner’? César López Larios, cabecilla de la Mara Salvatrucha MS-13 que fue deportado por Estados Unidos a El Salvador. El ‘Greñas de Stoner’ tiene 47 años. Nació en en la ciudad de Santa Ana, El Salvador. En su país tiene antecedentes por resistencia, homicidio simple, homicidio agravado, extorsión y agrupaciones ilícitas, indicó El Faro. Vivió en Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles, pero en 1999 fue deportado. En El Salvador fundó la clica Stoners Locos. En el 2002, junto a otros líderes históricos, fundó la Ranfla Nacional de la pandilla, el máximo organismo de dirección de la MS-13 que con el paso del tiempo extendió su influcencia a México y la costa este de Estados Unidos. López Larios purgó prisión en El Salvador por homicidio simple y salió libre en el 2011. En enero del 2013, fue detenido por extorsión imperfecta en Chalatenango, pero fue liberado ese mismo año y huyó a Estados Unidos donde, según la Fiscalía de ese país, cometió extorsiones transnacionales desde North Hollywood. Amenazaba a salvadoreños en Estados Unidos y en El Salvador. Fue capturado y deportado en el 2017 a El Salvador. En su país fue recluido en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. El Faro precisó que desde diciembre del 2020, López Larios estaba acusado en Estados Unidos de conspiración para proporcionar y ocultar el apoyo material para terroristas, conspiración para cometer actos de terrorismo que trascienden las fronteras nacionales, conspiración para financiar terrorismo y conspiración para el narcoterrorismo. Fue arrestado el 9 de junio del 2024 en la ciudad de Arriaga, en el estado mexicano de Chiapas. Las autoridades mexicanas lo enviaron a Houston, Texas, donde fue entregado al FBI y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. El pacto con Bukele El Faro explicó que el 2019 se presentó en Estados Unidos la primera acusación contra algunos líderes de la MS-13, inlcuido López Larios. Luego, en el 2020, el departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó formalmente la persecución contra la Ranfla Nacional de la Mara Salvatrucha. El 14 de enero del 2021 la Fiscalía de Nueva York presentó un documento de acusación por terrorismo contra 14 pandilleros salvadoreños creadores de la Ranfla Nacional. En esa acusación figuraba César Antonio López Larios, indicó El Faro. Según la acusación, el departamento de Justicia de Estados Unidos consideró demostrado que el Gobierno de Bukele negoció en secreto desde el 2019 con la Mara Salvatrucha, y que ofreció a los principales líderes pandilleros beneficios financieros y facilidades de comunicación para que mantuvieran control territorial y de sus estructuras durante la duración de ese acuerdo. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, hace un gesto mientras pronuncia un discurso ante estudiantes de secundaria el 15 de marzo de 2025. (Foto de Marvin RECINOS / AFP). / MARVIN RECINOS El pacto incluyó condiciones carcelarias menos restrictivas e incluso reducciones de pena. A cambio, según fiscales federales estadounidenses, la MS-13 apoyó al partido Nuevas Ideas en las elecciones municipales y legislativas del 2021, y mantuvo bajos los niveles de homicidios al menos hasta marzo del 2022, cuando el pacto se rompió, algo que fue confirmado en audios publicados por El Faro por el director de reconstrucción de Tejido Social, Carlos Marroquín. Tras formalizar la acusación, Estados Unidos pidió a El Salvador la extradición de los cabecillas pandilleros. De acuerdo con El Faro, en los documentos judiciales de las autoridades estadounidenses se menciona que parte del pacto entre el Gobierno de Bukele y las pandillas implicaba bloquear las extradiciones. El Faro hizo notas que desde mayo del 2021, la Corte Suprema de El Salvador, controlada por Bukele, negó al menos cuatro peticiones de extradición de los líderes criminales salvadoreños. Uno de ellos, Élmer Canales Rivera, alias Crook, fue liberado ilegalmente por las autoridades salvadoreñas en noviembre del 2021, meses antes de que la tregua se rompiera y Bukele decretara en marzo del 2022 su régimen de excepción que sigue vigente. Crook fue capturado por el FBI en México y enviado a Estados Unidos. El Faro informó que en su desesperación por recapturar a Crook, el Gobierno Salvadoreño llegó a negociar

EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí. En la plaza principal de Peine, un pueblo de casas bajas y calles de tierra del Desierto de Atacama, en el norte de Chile, apenas hay movimiento. Es mediodía y el sol se asoma en el cielo sin nubes. De vez en cuando, un camión rompe el silencio mientras trepa sus pendientes agrietadas. Pero no siempre es así de tranquilo. Aunque esta localidad tiene poco más de 300 habitantes, su población puede cuadruplicarse después de las seis de la tarde, cuando regresan a descansar los trabajadores del litio. Este mineral ha convertido a este rincón remoto en un eslabón crucial de la transición energética global. Peine se ubica en el borde del Salar de Atacama, que abarca cerca de 3.000 kilómetros cuadrados. Bajo su superficie, disuelto en aguas salinas subterráneas conocidas como salmuera, se encuentra una de las mayores y más concentradas reservas de litio del planeta. Este mineral se utiliza en el aire acondicionado, computadores y medicamentos estabilizadores del ánimo, hasta, más recientemente, en baterías de autos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía renovable. A medida que gobiernos e industrias en todo el mundo adoptan tecnologías más sostenibles, la demanda de litio se ha disparado. El Salar de Atacama es epicentro de este auge. Se estima que contiene unos 8,3 millones de toneladas de litio y actualmente abastece el 30% de la demanda global. Chile tiene un plan nacional para aumentar aún más su producción. Pero este boom ha transformado el frágil ecosistema del desierto y la vida de las 18 comunidades indígenas que rodean el salar, donde reside el pueblo Lickanantay, también conocidos como atacameños. Hoy, camiones, maquinaria pesada y tuberías cruzan el paisaje desértico, transportando salmuera rica en litio desde pozos subterráneos hacia una red de piscinas de evaporación. Bajo el sol de Atacama, el agua se evapora y deja tras de sí montículos de sal y litio. El cloruro de litio se carga en camiones que recorren el desierto rumbo a la ciudad de Antofagasta, donde el material es refinado en una planta química para obtener carbonato e hidróxido de litio. Luego se transporta 60 kilómetros al norte hasta el puerto de Angamos, en Mejillones, y desde ahí se exporta a destinos como China, Corea, Japón y Estados Unidos. Peine, antes un lugar de “vida tranquila y sana”, según su presidente comunitario, Sergio Cubillos, se ha convertido en un corredor de vehículos de contratistas al atardecer. Por seguridad, los vecinos han instalado rejas. “Hay consumo de drogas y alcohol”, dice Cubillos. Algunas casas exhiben banderas negras en señal de descontento. En varias comunidades del Salar de Atacama las banderas negras en viviendas o construcciones reflejan el descontento de los residentes con el futuro de la extracción de litio.Muriel Alarcon (Grist) Pero el problema más crítico es el agua. La minería en el norte de Chile “usa volúmenes comparables a los caudales del río Loa”, el más largo del país y principal fuente hídrica de la región, explica Christian Herrera, experto en hidrogeología en zonas áridas de la Universidad Católica del Norte. Un estudio reciente reveló que la zona del Salar de Atacama, donde se extrae salmuera rica en litio, está hundiéndose hasta dos centímetros por año, y que están disminuyendo los niveles de aguas subterráneas. Los pueblos aledaños han visto cómo se reduce su ya escasa agua potable. En Peine, el agua se corta en las noches para recargar sus estanques. Cubillos comprende que el litio es clave para un mundo sin combustibles fósiles, pero exige mayor regulación. “No queremos que llegue el momento en que se diga: ‘¿Sabe qué? Va a tener que emigrar de Peine porque ya no tiene agua, no le queda territorio’”. *** Los Lickanantay han habitado el desierto no polar más seco del mundo durante milenios. Han sido cazadores, pastores y agricultores. En kunza, su lengua ancestral, la tierra o Madre Tierra se llama Patta Hoiri y el agua, Puri. La región en la que viven es rica en minerales: hace millones de años, la actividad volcánica y magmática los depositó en el subsuelo, y el clima árido los ha preservado. Las compañías mineras llegaron a la zona a comienzos del siglo XX en busca de cobre. Pronto surgieron pueblos alrededor de los yacimientos. En Peine, la industria inyectó recursos a la economía rural: ayudó a construir la capilla de la iglesia San Roque, la escuela local y una cancha de fútbol. También ha sido una fuente clave de empleo formal. Pero la demanda reciente de litio ha superado con creces los niveles históricos de extracción. El Estado chileno, a través de la agencia estatal Corfo, es dueño de los derechos mineros del Salar de Atacama. Corfo gestiona los contratos de explotación con empresas que operan en la zona: Albemarle y SQM, con participación accionaria de la firma china Tianqi Lithium y la familia Ponce Lerou, vinculada al exdictador Augusto Pinochet. Una nueva alianza público-privada entre SQM y la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) también operará en el salar entre 2025 y 2060, con Codelco como socio mayoritario (50 % más una acción). Según la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), la demanda global de litio alcanzará 3,8 millones de toneladas métricas de carbonato de litio equivalente en 2035 —frente a 310.000 toneladas en 2020—; se multiplicará por 12. En 2023, el presidente Gabriel Boric presentó la Estrategia Nacional del Litio, con la meta de aumentar la producción del país en un 70% al 2030 y devolverle a Chile el liderazgo mundial del mercado, perdido en 2017 ante Australia. “Nadie desconoce que ha existido un desarrollo”, dice Cubillos. “Pero lo que más se reclama es que hay un abandono estatal”. Según el presidente de la Comunidad de Peine, Sergio Cubillos, esta localidad se ha convertido en una vía de paso para camiones y autobuses de contratistas.Muriel Alarcon (Grist) A diferencia de Australia, donde el

Solo hubo una vez, en toda la polémica carrera política de Cuauhtémoc Blanco, en que Morena le dio la espalda. El año pasado, el gobernador de Morelos entre 2018 y 2024 quiso contender para la alcaldía de Ciudad de México. El entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, le paró los pies. Tenía otra idea para el futuro de la capital. Más allá, la historia del exfutbolista con el partido ha estado marcada por un respaldo ciego y constante pese a las repetidas acusaciones de corrupción, acercamientos al crimen organizado y, el que muchos pensaban que sería el último clavo en su ataúd: la acusación de violación por parte de su hermanastra, Nidia Fabiola Blanco. El exdelantero ha vuelto a salvar la piel en el tiempo de descuento este martes, cuando el Congreso ha votado en contra del desafuero que habría permitido que fuera investigado. Entre todo lo que Claudia Sheinbaum heredó de López Obrador, líder espiritual de una nueva izquierda mexicana que todavía arrastra las costumbres del viejo PRI, también se incluye el blindaje a Blanco. El tiempo dirá cómo encaja Morena, un partido que ha hecho de la lucha feminista y la guerra contra la impunidad dos de sus eslóganes más repetidos, la decisión de blindar contra la ley a un diputado acusado de violar a una mujer y robar dinero público. Sheinbaum se hizo con el poder asegurando que, junto a ella, al Palacio Nacional llegaban todas las mujeres. El caso de Blanco, como señala el movimiento feminista y la oposición, se erige contra aquella promesa de campaña. El exgobernador de Morelos ha salido indemne con 291 votos a favor —frente a 158 en contra y 12 abstenciones— gracias al apoyo de la mayor parte de Morena, que ha ignorado a las 35 legisladoras de su partido que pedían hacer honor a su discurso y tumbar el blindaje contra Blanco, el Partido Verde y el PRI. El histórico partido, hoy muy disminuido, los ha respaldado esta vez con el telón de fondo de la delicada situación de su dirigente, Alejandro Alito Moreno, que busca también esquivar un desafuero como el que exigían al exfutbolista, acusado, como él, de enriquecimiento ilícito y malversación de fondos. Blanco ha entrado este martes por la puerta de atrás del Congreso de México, donde es diputado por Morena desde las últimas elecciones, ya iniciada la sesión. El exgobernador de Morelos parecía vivir sus horas más bajas. Después de haber sorteado un puñado de acusaciones de corrupción y alianzas con el crimen organizado a lo largo de los años, la Fiscalía de Morelos solicitó en febrero la retirada de su fuero federal, una protección que impide que sea juzgado como el común de los mexicanos, después de que su hermanastra, Nidia Fabiola Blanco, lo acusara de intento de violación. El Cuauh ha subido a la tarima para hablar entre gritos e insultos. Lo acuerpaban una decena de diputadas, que aplaudían y gritaban: “No estás solo”. “Mi conciencia está muy tranquila”, se ha justificado él. La Cámara lo ha considerado suficiente. Ha sido un inusual día en la inusual carrera de Blanco, que ha anunciado que acudirá voluntariamente a declarar a la Fiscalía de Morelos sobre las acusaciones de violación. Claro: como diputado federal, inmune ante un Ministerio Público estatal. “Yo no tengo miedo, aquí estoy parado ante ustedes, de frente, dándoles la cara”, ha intentado decir, en un discurso de un minuto interrumpido por los gritos de los diputados opositores. El exfutbolista fue denunciado por su hermanastra, Nidia Fabiola Blanco, en octubre de 2024. Según el relato del abogado de la mujer, Rodrigo Dorantes —fiscal de Morelos entre 2013 y 2015—, el exgobernador intentó violarla en diciembre de 2023. Ambos vivían juntos en Residencia Morelos, la casa oficial para gobernadores, desde 2021. Dos años antes, Blanco la había enchufado como directora de apoyo a pequeñas y medianas empresas, de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado. Fabiola Blanco contó que, una noche, él subió hasta su habitación “con aliento a alcohólico” e intentó violarla. “Me empezó a tocar los senos y a tratar de arrancarme la pijama”, relató. Como habitante de Residencia Morelos, según Dorantes, la mujer fue testigo de “ciertas conductas de esta persona [Blanco] con sus amigos y allegados” que implicaban fiestas habituales, consumo excesivo de alcohol, “muchachas” y relaciones con “gente peligrosa”. Esa gente peligrosa apareció fotografiada con el exfutbolista en la portada del periódico local El Sol de Cuernavaca en enero de 2022. En la imagen, el entonces gobernador se abrazaba en posición amistosa con Irving Eduardo Solano, de Guerreros Unidos y el Cartel Jalisco, Homero Figueroa Meza, de Comando Tlahuica y Raymundo Isidro Castro, también del Cartel Jalisco. De los tres, uno está preso y sentenciado, otro prófugo y el tercero fue asesinado en una cárcel de Morelos. Blanco salió al paso con una de sus famosas cuauhtemiñas, una jugada más práctica que elegante en la que agarraba el balón con los dos pies y saltaba para esquivar las piernas de sus rivales: claro, vino a decir, alguien tan famoso como yo está todo el día tomándose fotos con sus fans, ¿de verdad pretenden que le pregunte a todos por su currículum? Ahí quedó la cosa aquella vez. Así ha sido, en general, su carrera política y futbolística: una huida hacia delante plagada de oportunismo. Del América a la política local Blanco nació en 1973 en Tlatilco, una colonia humilde del entonces Distrito Federal, y vivió un tiempo en Azcapotzalco, en un cuarto que sus padres le rentaban a una tía, hasta que tuvieron problemas entre ellos y la familia acabó en una chabola de lámina en el barrio bravo de Tepito, símbolo de la calle, la supervivencia y la inseguridad en la capital. Ni siquiera tenían cama: los seis hermanos dormían en el suelo, “en una alfombra, ni pavimentada, con picos y todo”, como recordó el exgobernador en Imagen Televisión. Allí estuvieron hasta que consiguieron una casa más decente, años después, a poca distancia. Trabajó como vendedor

Las últimas dos semanas en el Catatumbo, en el nororiente de Colombia, han estado marcadas por la zozobra ante el escalamiento de la violencia. En la noche del 9 de marzo, cinco personas fueron asesinadas en Ocaña, en hechos que aún están en investigación. Unos días después, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la disidencia de las extintas FARC conocida como Frente 33 comenzaron una serie de enfrentamientos en la zona rural de Tibú, el municipio más poblado de la región. El 19 de marzo, este último grupo secuestró al líder campesino Joaquín Enrique Villamizar y lo acusó de ser un colaborador de sus rivales. Casi en simultáneo, recuperó el control del poblado de Versalles, también en Tibú. Mientras se calcinaba una bandera del ELN, quedaba claro para las comunidades locales que la disputa territorial está lejos de terminar. Lina Mejía, coordinadora de Derechos Humanos de la oenegé Vivamos Humanos, describe la situación como “una guerra declarada 2.0”. Explica por teléfono que hay “una contraofensiva de las disidencias” para recuperar el control de zonas que el ELN les arrebató en enero, cuando lanzó una ofensiva, asesinó a decenas de civiles y produjo el desplazamiento masivo más grande del que se tiene registro en Colombia (unas 60.000 personas al 25 de marzo). “Las disidencias no habían respondido tan de frente, habían tenido un rol pasivo. Pero ahora están disputando el control, sobre todo en Tibú, que era su retaguardia”, comenta. Las declaraciones de Andrey Avendaño, comandante del Frente 33, evidencian la creciente tensión. Aunque niega que el grupo tenga “pretensiones territoriales”, su tono no da lugar a dudas: acusa al ELN de “nuevas acciones ofensivas” y justifica el secuestro del líder campesino. “Villamizar tenía bajo custodia municiones de diverso calibre (…) [tenía] material de guerra que pertenecía al ELN”, se lee en un mensaje publicado el 20 de marzo en X. Luis Fernando Niño, alto consejero para la Paz de la Gobernación de Norte de Santander, departamento que incluye al Catatumbo, aclara por teléfono que el campesino, ya liberado, no tenía opción en caso de que la acusación sea cierta. “La gente en el territorio quedó bajo el dominio territorial del ELN. Los obligan a acogerse a sus directrices”, remarca. Tanto Niño como Mejía enumeran varias facetas del escalamiento. El consejero cuenta que las disidencias han sumado unos 150 hombres a sus tropas en el Catatumbo, provenientes de otras regiones del país, como el Magdalena Medio. También señala que las comunidades temen que haya más asesinatos selectivos, como los que ejecutó el ELN, y que las persecuciones llegan a los albergues de desplazados, donde hay denuncias de infiltraciones de los armados. Mejía, por su parte, apunta que los números de desplazados hablan por sí solos: “Pensamos que era imposible que la cifra siguiera aumentando. Pero en menos de un mes sumamos más de 5.000 personas y llegamos a 60.000. Eso implica unas 1.000 personas por semana”. Otra “alerta bastante diciente”, explica Mejía, fue el ataque del pasado 20 de marzo contra caciques del pueblo indígena Barí. Tras dispararle al carro en el que viajaban, en la carretera entre Tibú y El Tarra, unos 20 hombres armados los rodearon para intimidarlos. Mejía recuerda que hasta ahora los Barí suscitaban cierto respeto que los mantenía al margen de la violencia. “Son los guardianes del territorio. Si no los respetan a ellos, no van a respetar a nadie. Si la cogen contra los Barí, es porque ya hay una degradación total del conflicto”, enfatiza. Algo similar opina una autoridad indígena del resguardo Motilón-Barí, que pide mantener su identidad bajo reserva por seguridad. “La voz del cacique ya no se está teniendo en cuenta y eso nos afecta a todos. Lo que pasó en estos días es una forma de amedrentarnos, amenazarnos, intimidarnos”, dice por teléfono. Comenta que han optado por no responsabilizar a ninguno de los grupos. “Tememos por nuestra vida, por la integridad de los caciques. No invitamos a la guerra, no incitamos a la violencia. Les pedimos que cesen los enfrentamientos, que haya una convivencia pacífica y que la armonía vuelva al territorio”. Residentes de la región de Catatumbo acampan en la plaza de Bolívar en Bogotá, Colombia, en enero de 2025.Fernando Vergara (AP) Descontento con el Gobierno La autoridad indígena señala que sus reclamos también son contra el Gobierno nacional. “Apostábamos a que el Gobierno del cambio iba a ser uno de inclusión, pluralista. Pero no hay recursos para el pueblo barí”, afirma. Dice que la ayuda se ha limitado a unas donaciones de alimentos en febrero, algo preocupante cuando tienen 23 comunidades confinadas por la violencia de los armados. “No podemos salir a cazar o pescar, y tenemos un problema de seguridad alimentaria”, cuenta. Asimismo, cuestiona que aún no se cumpla una sentencia de la Corte Constitucional que obliga al Estado a estudiar la ampliación del resguardo, y señala que se sienten excluidos de los programas que anunció el Ejecutivo para titular predios a nombre de campesinos. “A los indígenas no nos dan un centímetro de tierra”, apunta. Juan Carlos Quintero, directivo de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), coincide en la falta de mejoras por la conmoción interior y el Plan Catatumbo, un programa de inversiones sociales. “Lo único que se ve es la militarización. El Ejército ha entrado como un tercer actor y eso, además de bajas en los grupos armados, ha implicado afectaciones a la población civil”, comenta por teléfono. Para él, la prioridad debería estar en las medidas para mejorar la distribución de tierra y las condiciones educativas y sanitarias. “Sabemos que el Gobierno tiene el deber constitucional de asegurar el control institucional del territorio. Y por eso no nos oponemos a la militarización. Pero sabemos que la fórmula no es efectiva por sí sola”, dice. El defensor de derechos humanos Edward Álvarez, por su parte, considera que los recursos en el Plan Catatumbo “son migajas” que aún no llegan. Reclama un mayor rol de la Cancillería en manejar la frontera con