26 de marzo de 2025

Mira también: Morgan Quero y la contratación de la hija de su sastre: ¿Puede abrirse una nueva investigación contra el ministro de Educación? Dina Boluarte convoca a elecciones generales para 12 de abril del 2026 Luego de ser censurado por el Congreso de la República , el exministro del Interior Juan José Santiváñez, deberá continuar afrontando las investigaciones que se le siguen por presuntos delitos de corrupción y otros. Uno de los más graves casos en su contra; y donde existen abundantes elementos probatorios que su defensa ha querido arrastrar hacia el terreno de la ilegalidad, es el presunto tráfico de influencias ante el Tribunal Constitucional (TC), el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). La imputación del Ministerio Público contra Santiváñez Antúnez sobre el presunto tráfico de influencias ante el TC se inicia en enero del 2024, con comunicaciones entre el entonces abogado y familiares del sentenciado Miguel Joel Marcelo Salirrosas, un expolicía quien buscaba la anulación de su condena. Nuevo ministro del Interior: ¿Gobierno pierde chance de mostrar compromiso con la seguridad? Tal como lo ha informado públicamente la fiscalía, Santiváñez Antúnez venía gestionando el trámite del hábeas corpus de Marcelo Salirrosas y para ello, habría tenido un “contacto” al interior del TC que le daba indicaciones y le compartía información sobre el estado del expediente. No obstante, para asegurar que todo vaya de acuerdo a los intereses de su patrocinado, el entonces abogado le explicó que además de sus honorarios, que eran S/20 mil, también tenían que pagar otros US$20 mil destinados para “asesores externos”, según lo ha señalado la Fiscalía de la Nación. Este último monto, en dólares, según los testigos protegidos 01-2025 y 02-2025, estaba destinado al supuesto pago de los magistrados del Tribunal Constitucional que resolverían la demanda de Miguel Joel Marcelo Salirrosas. Incluso, Santiváñez señala que el monto en dólares, ya se lo había comentado al “primo” de los patrocinados. Con relación a la probable identidad del “primo”, la Fiscalía de la Nación ha podido determinar que se trataría de Juan Alfonso Mendoza Moreno. Todo lo narrado por los testigos protegidos ha sido corroborado con las conversaciones vía WhatsApp que sostuvieron con Santiváñez Antúnez a través de su teléfono 94XXXXXXX, que hasta el momento mantiene el exministro investigado. También, se han entregado audios y grabaciones que se realizaron cuando conversaban con el censurado exministro del Interior. Estas primeras conversaciones se dieron entre el 8 de enero del 2024 al 19 de enero de ese mismo año. Las conversaciones, que forman parte de la carpeta fiscal y que fueron parte de los elementos presentados para sustentar la existencia de graves y fundados elementos de convicción sobre el caso, detallan el interés del entonces abogado para que le depositen el dinero acordado para que tramiten el expediente en el TC. Incluso, habría enviado a su interlocutor una captura de pantalla de la conversación que sostuvo con una persona identificada como “asistente del TC” para demostrar que estaba detrás de que el caso avance. Además de las conversaciones por WhatsApp, este Diario ha podido acceder a los voucher que muestran el movimiento de dinero que se le habría entregado a Santiváñez Antúnez. El 18 de enero del 2024, a las 18:00:12, se hizo un primer depósito de US$ 10.000 dólares americanos. Luego, el día siguiente, 19 de enero del 2024, a las 10:10:48 horas, se hizo otro depósito por el monto de US$ 9.700 dólares americanos, y a las 10:33, un tercer depósito, por el monto de US$ 300 dólares americanos. Todos estos depósitos se realizaron a una cuenta corriente a nombre de “Santiváñez”. Luego de ello, siguen las conversaciones del investigado con el testigo protegido, en el que le asegura que ya el caso de Marcelo Salirrosas estaba en la lista para ser visto en audiencia y que todo estaba encaminado para salir “positivo”. “Ok. doctor claro tiene que salir bien por eso hay un acuerdo pero igual le pido por favor que tenga bastante interés en esto por favor”, le responde la ahora testigo protegido. Días después, el 23 de enero del 2024, Santiváñez Antúnez le escribe a su interlocutor que ya el caso estaba programado y que el ponente iba a ser el “magistrado Ochoa” – en referencia al César Ochoa Cárdich- sin embargo, como queda plasmado en otra conversación posterior, el investigado le termina informando a sus patrocinados que el ponente será “Helder Domínguez”. En otra conversación del 25 de enero del 2024, el investigado le indica a su patrocinada que la programación de las audiencias eran para el 7, 14 y 21 de febrero de ese año y que recién iban a realizar la distribución del expediente de “Marcelo”. No obstante, le asegura que de todas manera iba a para “audiencia con el mg GGT”. Es decir, en referencia a quien sería el “magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse”. El testigo protegido 02-2025, también ha corroborado la interacción directa que tuvieron con Santiváñez, esta vez en una reunión en el estudio jurídico del entonces abogado ubicado en El Derby de Surco. Allí, el abogado ahora investigado le aseguró que los US$20 mil que le entregaron “serviría para asegurar una resolución favorable en el Tribunal Constitucional respecto al caso de Miguel Joel Marcelo Salirrosas.” La desconocida “asistente” del TC y el uso de su cargo ministerial para extender su “poder” Finalmente, la audiencia se realizó el 7 de febrero del 2024 como se había programado y, como ya se ha conocido, fue el abogado Ronny Santillán quien hizo el informe oral ante la Segunda sala del TC, pues Santiváñez le señaló a los familiares de Marcelo Salirrosas que era “amigo del juez constitucional que nos ha tocado”. Aquí, una nueva revelación proveniente de las conversaciones que tuvo Santiváñez con los ahora testigos protegidos, durante la audiencia ante mencionada Sala y posterior a esta. Y es que en las conversaciones, atribuidas al abogado, este le asegura a su interlocutora que no se preocupe, que estaban en contacto con “la asesora del presidente

El oficial en retiro, quien luego sería comandante general de la PNP entre marzo del 2023 y enero del 2024, declaró ante los jueces de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema que al momento del golpe era jefe del Comando de Asesoramiento de la PNP. Como tal, al momento de la emisión del mensaje golpista de Pedro Castillo se encontraba en el despacho del general PNP Vicente Álvarez. Vicente Álvarez era por entonces el jefe del Estado Mayor. Es decir, el número 2 de la PNP. Sin embargo, el comandante general de la institución, el general Raúl Alfaro, estaba por entonces bajo descanso médico y aislamiento por COVID-19. Por lo tanto, en ese momento, Vicente Álvarez era el comandante general encargado de la institución y Jorge Angulo lo estuvo “acompañando en todo momento” por disposición suya. “Estaba en el despacho del jefe de Estado Mayor y en ese momento se anunció, a través de la TV, el mensaje del entonces presidente”, relató el testigo. Luego, Vicente Álvarez le solicitó que vayan juntos al despacho del propio Raúl Alfaro, quien cumplía allí su aislamiento por la COVID-19. “Él me pidió que lo acompañe. Nos habíamos enterado del discurso y me pidió que lo acompañe”. Una vez en el despacho de Raúl Alfaro junto, el testigo advirtió que este “recibió una llamada telefónica”. “Respondía su interlocutor cuáles eran los motivos de esa orden. Según lo que manifestó el general Alfaro, (el interlocutor) era el presidente de la República”, dijo ante preguntas de la fiscalía. Más adelante, ante preguntas de la propia defensa de Pedro Castillo, el testigo detalló que el general Raúl Alfaro “decía ‘cuál era el motivo’”. “Repetía la pregunta: ¿Que cierre el Congreso? ¿Cuál era el motivo? ¿Qué detenga a la Fiscal de la Nación? ¿Cuál era el motivo?”. Las órdenes iban en línea con lo leído por Pedro Castillo poco antes durante su golpe de Estado: la disolución del Parlamento , que esa misma tarde iba a debatir una moción de vacancia presidencial en su contra, así como la intervención del sistema de justicia, donde se tramitaban investigaciones fiscales contra él mismo y proceso judiciales contra sus familiares y allegados. Jorge Angulo, excomandante general de la PNP, declara en el juicio de Pedro Castillo por el golpe de estado. Al momento de los hechos, era jefe del Comando de Asesoramiento. Foto: GEC / Julio Reaño / JULSREA Julio Reaño Ante una consulta del juez supremo José Neyra, presidente del tribunal, Jorge Angulo explicó que Raúl Alfaro no puso la llamada en altavoz, sino que repetía las preguntas que el presidente le hacía y le preguntaba los motivos detrás de las órdenes que daba. “Cuando terminó, nos hizo un comentario de que el señor presidente había dado esas (órdenes)”, agregó. La versión de Jorge Angulo corrobora lo dicho en este mismo juicio, en la audiencia del pasado 13 de marzo, por el propio Vicente Álvarez. Él también declaró haber presenciado esa llamada entre Jorge Angulo y Pedro Castillo, y dijo que, durante esta, el entonces jefe supremo de la PNP ordenó el cierre del Congreso y la detención de la Fiscal de la Nación. “Alfaro estaba en su despacho. Yo estaba al frente. Lo escucho hablando por teléfono y dice ‘señor presidente, ¿que cierre el Congreso? ¿por qué motivo?, ¿que detenga a la fiscal de la Nación? ¿por qué motivo? ¿que refuerce la seguridad a su casa, la de la ministra Betssy Chávez y el señor Aníbal Torres?’ Él repetía lo que el presidente le estaba informando”, dijo Vicente Álvarez. La existencia de esa llamada también ha sido corroborada por el exministro del Interior Willy Huerta, quien también se encuentra acusado en este juicio. En declaraciones que dio al Congreso para defenderse de su presunta complicidad en el golpe de Estado, reconoció que fue él quien llamó a Raúl Alfaro y que luego le dio su teléfono a Pedro Castillo para que hable con él. Sin embargo, alegó que no supo de qué hablaron porque se retiró y que no le consta que el expresidente haya dado esa orden. El general PNP (r) Vicente Álvarez declara en el juicio de Pedro Castillo por el golpe de estado. Foto: GEC / Alessandro Currarino En su declaración en este juicio, Vicente Álvarez también coincidió en que Alfaro les dijo “que esa era la disposición que había dado el presidente. “Yo le digo que no vamos a cumplir, nos mantenemos en la posición de respeto a la Constitución. En ese momento, le digo que voy a salir, me estaba yendo al Comando Conjunto (de las Fuerzas Armadas)”. La referida reunión fue convocada por Manuel Gómez de la Torre, entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en la sede de su institución. Allí se aprobó emitir un comunicado conjunto de las Fuerzas Armadas (FF.AA). y la PNP para manifestar su respaldo al orden constitucional, en rechazo al mensaje golpista emitido por Pedro Castillo. Los términos de esa reunión y como se realizó ya han sido corroborados en el juicio por el propio Gómez de la Torre, por Vicente Álvarez (quien fue como encargado de la jefatura de la PNP), por el general (r) Walter Córdova como comandante general del Ejército y por el almirante Alberto Alcalá como comandante general de la Marina. A esos testimonios se sumó este jueves el de Alfonso Artadi, entonces comandante general de la Fuerza Aérea del Perú: “La postura que se tomó, a nivel de las FF.AA., con todos los comandantes generales y el jefe del Comando Conjunto, así como la PNP, fue el respeto irrestricto a las disposiciones democráticas que están descritas en la Constitución. Se realizó un comunicado que lo realizó el jefe del CCFFAA con su equipo de asesores”. El general explicó que consideraron esa reunión y ese pronunciamiento como necesario “porque era una situación inusual que estaba viviendo el país, por un asunto de seguridad nacional”. “Es normal convocarnos para tener una sola posición”, agregó. También dijo que normalmente cuando

A más de dos semanas para que venza el plazo, la presidenta de la República, Dina Boluarte, convocó este martes a las elecciones generales para el 12 de abril de próximo año. En un sorpresivo mensaje a la Nación, minutos después de las 12:30 p.m., la abogada se comprometió a entregar los recursos presupuestales que requieran los organismos electorales. Precisamente, Boluarte Zegarra, durante su discurso televisado, estuvo flanqueada por los jefes de las tres entidades que forman el sistema electoral: Roberto Burneo (Jurado Nacional de Elecciones), Piero Corvetto (Oficina Nacional de Procesos Electorales) y Carmen Velarde (Registro de Identificación y el Estado Civil). La jefa de Estado afirmó que el deseo de su gobierno es que la convocatoria a elecciones generales “marque un derrotero y abra un escenario de distensión” en el país. “Los peruanos queremos una campaña electoral basada en propuestas que garanticen el crecimiento, la justicia social y el desarrollo, así como la continuidad de las obras para que el Perú no se paralice”, manifestó. Boluarte subrayó que los ciudadanos esperan que los comicios del próximo año, en el que se elegirá a un nuevo presidente, diputados, senadores y parlamentarios andinos, permitan “poner fin al período de inestabilidad que ha llevado al Perú a tener seis presidentes en los últimos años”. Agregó que esto solo ha generado “división” y “retraso de inversiones”, así como “el incremento de la ola de inseguridad”. Lee también: Morgan Quero y la contratación de la hija de su sastre: ¿Puede abrirse una nueva investigación? La mandataria, en ese sentido, dijo que el país debe “consolidar su sistema democrático respetando los periodos presidenciales”. “Solo así le podremos dar estabilidad y gobernabilidad a la patria”, complementó. Esto en el contexto en que la congresista Susel Paredes (Bloque Democrático Popular) informara que está alistando una moción de vacancia en contra de Boluarte Zegarra. Recordó golpe de Castillo La presidenta, en otro momento, recordó que el exmandatario Pedro Castillo dio un golpe de Estado el 7 de diciembre del 2022 con el que “pretendía socavar el orden constitucional y el sistema democrático”. “Hoy con la perspectiva que ofrece el tiempo, es oportuno preguntarse: ¿qué hubiera sido del Perú si ese golpe de Estado se consumaba, qué hubiera sido de las libertades y de los derechos fundamentales?”, preguntó. Boluarte remarcó que fueron las fuerzas democráticas, las instituciones del Estado y sobre todo los ciudadanos “los que impidieron” que el país “sucumbiera en el caos y la anarquía que promovían los golpistas para conservar sus intereses”. Lee también: Encuesta de Datum: El 70% está a favor de que haya menos partidos en las próximas elecciones Desde el Congreso, el presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), dijo que su grupo ya no aprobará más cambios a las normas electorales. Y que en el pleno solamente está pendiente votar el dictamen que permite a los peruanos en el extranjero votar con su pasaporte. “En la comisión ya no es posible [aprobar más cambios], si aprobamos alguna ley del proceso electoral, ya no alcanzaríamos para que sea ratificada en el pleno y promulgada, ya no da el tiempo. Si se puede aprobar en el pleno algunas propuestas que están pendientes, como la que permite a los peruanos en el exterior votar con pasaporte”, expresó a El Comercio. (Foto: Congreso) / ERNESTO ARIAS El 20 de marzo último, el gobierno de Boluarte promulgó los últimos cambios a las normas electorales realizados por el Parlamento. Por ejemplo, se estableció que las alianzas electorales podrán solicitar su inscripción hasta el 2 de agosto del 2025. Y tendrán hasta el 1 de setiembre para concretar legalmente la coalición. También se determinó que la inscripción de candidaturas para las elecciones primarias se realizará hasta 30 días antes de estos comicios, que se celebrarán el 30 de noviembre. Además, la definición de candidaturas tendrá como plazo máximo el 23 de diciembre de 2025. Lee también: Julio Demartini cobraría S/156 mil del Estado por contrato con Mincetur A su turno, la congresista Norma Yarrow (Renovación Popular) criticó que más de 41 partidos políticos vayan a participar en las elecciones generales del próximo año y exhortó a los organismos electorales a plantear salidas a este problema. Yarrow, en declaraciones a la prensa, dijo que se debe dar vuelta a la página de las elecciones de 2021, donde su partido y Fuerza Popular denunciaron fraude. Por su parte, el portavoz de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, Roberto Sánchez, dijo que, convocadas las elecciones, “Boluarte ya puede irse a rendir cuenta a la justicia”. “Transición democrática y elecciones limpias, apoyaremos la vacancia”, tuiteó. Al respecto, el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi dijo que la convocatoria a elecciones hecha por Boluarte no desactiva la vacancia, “que sigue vigente hasta el 28 de julio del 2026″. “La vacancia es una válvula de escape frente a crisis políticas de alto voltaje. No es que la presidenta llama a elecciones y puede hacer lo que se le da la gana, ella no es objeto de impunidad, la vacancia se mantiene vigente”, sostuvo. En diálogo con El Comercio, Rospigliosi sostuvo que existe una confusión, porque el artículo 134 de la Constitución establece que el presidente de la República no puede disolver el Congreso “en el último año de su mandato”, así le haya negado el voto de confianza en dos oportunidades a un Gabinete Ministerial. “La Constitución no prevé límites temporales a la vacancia de un presidente por permanente incapacidad moral”, añadió. Un estado especial Rospigliosi, además, explicó que, tras la convocatoria a elecciones generales, el Estado peruano ha ingresado a una “situación especial”. “Se prohíbe la publicidad estatal, salvo que el JNE lo autorice”, complementó. “La presidenta Boluarte y sus ministros están obligados a mantener la neutralidad electoral, ella no puede comentar ni a favor ni en contra de una corriente política, sea de izquierda, centro o derecha. Y el JNE es vigilante de que el gobierno no promueva, pero tampoco cuestione a un candidato o partido. El convocar a la