25 de marzo de 2025

La ceremonia se realizó este lunes por la tarde en Palacio de Gobierno, tres días después de que el Congreso censuró a Juan José Santiváñez por sus malos resultados en la lucha contra el desborde de la inseguridad ciudadana en el país. En el evento, al que no se convocó a la prensa, estuvo presente el censurado exministro. Este lunes era el día límite para que la presidenta acepte la dimisión del censurado exministro, acto que se hizo oficial en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano. En medio del desborde de la delincuencia, la presidenta esperó al tercer día para nombrar a la nueva cabeza del sector encargado de la seguridad ciudadana. Julio Díaz Zulueta no es ajeno al sector ni a la gestión del ministro censurado. Y como Juan José Santiváñez, tampoco es ajeno a controversias, vínculos con la política y a las investigaciones fiscales. Fue militante de Alianza para el Progreso (partido aliado del actual gobierno) en el 2021 y 2023, intentó ser candidato a regidor con la agrupación de César Acuña en las últimas elecciones municipales, ha estado involucrado en procesos por alimentos y se le abrió una investigación por presunta corrupción durante el año pasado. Foto: Presidencia. Investigación conjunta El nuevo integrante del gabinete venía desempeñándose como viceministro de Seguridad Pública desde enero del 2024, cargo en el que fue nombrado por la presidenta y por el entonces titular del Ministerio del Interior (Mininter), Víctor Torres Falcón. En esa misma gestión, Juan José Santiváñez fue designado al mes siguiente como jefe del gabinete de asesores. Entre abril y mayo del 2024, durante la breve gestión como ministro de Walter Ortiz, Díaz Zulueta y Santiváñez fueron viceministros en conjunto: el primero de Seguridad Pública y el segundo de Orden Interno. Luego, el abogado fue nombrado ministro por Dina Boluarte, desarrollando una polémica gestión de diez meses hasta su censura por parte del Poder Legislativo. Mientras Juan José Santiváñez fue titular de la cartera, mantuvo a su eventual sucesor como viceministro. Durante ese tiempo, fueron frecuentes las reuniones de Díaz Zulueta como representante del sector con distintos alcaldes en Lima y en regiones. También hizo noticia por -según informó Canal N- ser uno de los personajes condecorados por la revista Vip Diplomático, ligado a Andrés Hurtado, presentador de televisión investigado por presuntos actos de corrupción de funcionarios y lavado de dinero. El entonces viceministro también generó polémica en marzo del 2024, cuando dijo, en un encuentro con juntas vecinales en Huancayo, que “el pueblo peruano es de los mejores pueblos en seguridad ciudadana en América Latina”. “¿Tenemos los mejores alcaldes de América Latina o no? ¿Tenemos la mejor policía de América Latina?”, preguntó. Ante el “no” del auditorio, replicó que “en cuanto a seguridad ciudadana, somos los mejores”, aseguró. El video fue difundido por Panamericana TV. Resolución de secretaría del Mininter, de septiembre del 2014, donde se da cuenta de la investigación iniciada al entonces viceministro y luego se aprueba costear su defensa legal. Pero los problemas de Díaz Zuloeta también tienen que ver con las investigaciones del Ministerio Público. En junio del 2024, la Fiscalía Anticorrupción le inició una investigación preliminar por el plazo de 120 días junto al entonces ministro Juan José Santiváñez y al secretario general del Mininter, Anatoly Bedriñana Córdova. Así se informa en una resolución emitida meses después por el sector para aprobar que el Estado pague su defensa legal por ese caso. El documento no precisa qué hechos se le imputan al hoy ministro. Solo indica que es por el delito de negociación incompatible (aprovechamiento indebido del cargo) y que la carpeta tiene que ver con “omisiones, acciones o decisiones adoptadas o ejecutadas” en su cargo de viceministro de Seguridad Pública. En diciembre pasado, la gestión de Juan José Santiváñez firmó un contrato por S/ 80 mil para costear la defensa de Díaz Zulueta por el plazo de un año. El Comercio contactó a la oficina de imagen del sector para conocer sus descargos frente a esta investigación y cuál su estado. También se buscó la versión del exministro Juan José Santiváñez. Hasta el cierre de esta nota, no hubo respuesta. Parte del ontrato por S/ 80 mil para la defensa del actual ministro del Interior. Para jurar como ministro, el general (r) debió presentar una declaración jurada para consignar -si las tuviese- sus investigaciones fiscales, sentencias y sanciones administrativas. Por ley, dicho documento debe ser publicado en los próximos días por la Presidencia del Consejo de Ministros. Sin embargo, cuando asumió como viceministro en enero pasado, Díaz Zulueta ya presentó una primera declaración jurada de ese tipo, a la que accedió El Comercio. Allí, el hoy titular del sector declaró que tiene investigaciones archivadas por usurpación agravada, abuso de autoridad, concusión y lesiones, así como un proceso disciplinario de la PNP archivado. En el 2020, cuando era jefe de la Macroregión Policial Lambayeque, el general PNP fue separado del cargo por su institución tras verse involucrado en un caso de presuntas irregularidades en compras de equipos de bioseguridad frente al COVID-19. El tema fue investigado por el Ministerio Público y por el órgano disciplinario de la Policía, que le inició en mayo de ese año un proceso disciplinario y lo suspendió temporalmente. La sanción fue apelada por Diaz, pero nunca encontró respuesta. A fines del 2020, cuando seguía suspendido, Diaz Zulueta fue uno de los más de 19 generales pasados al retiro al inicio de la gestión presidencial de Francisco Sagasti, hecho por el cual el exmandatario hoy enfrenta una acusación constitucional. De acuerdo con un pronunciamiento del Instituto de Defensa Legal (IDL) en el que se cuestiona su pase al retiro, la fiscalía no halló elementos que lo vincularan al caso. Parte de la imputación en el proceso disciplinario que abrió la PNP al hoy ministro por presuntas irregularidades en una compra. Ello derivó en su seperación temporal a mediados del 2020. A fines de ese año, el gobierno de Francisco Sagasti lo pasó al retiro. Aventuras

Como se ha revelado, Jhoany Yomona, hija de Pedro Yomona, encargado de confeccionarle los sastres al actual titular del Minedu, ha mantenido órdenes de servicio desde junio del 2024 hasta el último domingo que presentó su renuncia. En total percibió S/32 mil soles desde que fue contratada en el Minedu, luego de que su padre se reuniera con el ministro, a quien le habría solicitado un puesto para su hija, según reconoció Yomona. MIRA: Gobierno designa a nuevo ministro del Interior: ¿Quién es Julio Diaz Zulueta, el reemplazante de Juan José Santiváñez? No sería la primera vez que Quero Gaime, se ve implicado en actos cuestionables. A fines del 2024, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación en su contra por el presunto delito contra la humanidad, en la modalidad de discriminación, en agravio de las víctimas por las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Esto, por haber afirmado que “los derechos humanos son para las personas, no para las ratas”, luego de consultado por los fallecidos en las protestas contra Boluarte Zegarra. Ante de ello, también recibió duras críticas por justificar que las violaciones sexuales contra niñas de la comunidad awajún era una “práctica cultural”. El ministro tuvo que disculparse por dichas afirmaciones. ¿Favorecimiento a su entorno amical? El nuevo caso contra el titular del Ministerio de Educación (Minedu), Morgan Quero, fue revelado por Cuarto Poder, luego de recoger la versión de Pedro Yomona, quien es sastre personal del ministro. Según el registro de visitas, el sastre se reunió con Quero el 17 de mayo del 2024 en el despacho ministerial por espacio de 20 minutos. Si bien, en e registro electrónico de visitas se consigna “Despacho Ministerial, jefe de Gabinete de Asesores”, Yomona reconoció que se entrevistó con Quero en su despacho y allí le solicitó trabajo para su hija. “Ah, sí. Una vez [lo visité en su despacho] pidiéndole un favor al ministro para que (mi hija) ingrese a trabajar. Para que vea si hay posibilidades de trabajo”, narró. Luego de ello, desde junio del 2024 hasta el último domingo, Jhoany Yomona obtuvo órdenes de servicio que suman más de S/32 mil en total. Es decir, recibía una remuneración mensual de S/3.200 sin tener título profesional y siendo aún estudiante universitaria. Se trata de cuatro órdenes de servicio entre el 2024 y lo que va del 2025, por “Servicio de asistencia administrativa para la gestión de servicios y trámites” recibiendo S/9,600.00, S/3,200.00, S/9,600.00 y 9,600.00. Posibles consecuencias penales Según los abogados especialistas en derecho Penal, Ricardo Elías y Miguel Reyes, existirían indicios suficientes para que la Fiscalía de la Nación pueda abrir una investigación penal en contra del ministro Morgan Quero. Este Diario consultó con la Procuraduría General del Estado, a cargo de la doctora María Carhuajulca, pero no obtuvimos respuesta hasta el cierre de este informe. El penalista, Miguel Reyes señaló a El Comercio que los contratos de “locación de servicios” muchas veces se usan para “sacarle la vuelta al Estado” y poder hacer contrataciones dirigidas. Por ello, señaló que el Estado debería contratar personal a través del CAS u otros regímenes laborales que permitan el concurso de méritos. “La contratación en el Estado no debería ser por locación de servicio. Para ingresar al Estado se debería concursar ¿Por qué se contrata bajo locación de servicios? Precisamente para sacarle la vuelta a la norma y ajustarla y allí viene esta tipos de contratacion a dedo”, señaló. Sobre la contración de la hija del sastre de Quero en el Minedu, el abogado señaló que la irregularidad comienza desde la reunión entre el padre y el ministro, cita que fue admitida por Pedro Yomona. Además, se tendría que incluir a los funcionarios que accedieron a la contratación de la beneficiada. “Si eres el titular del pliego, estás beneficiando directamente de una manera indebida a esa persona, porque así se presenten cien personas, yo ya tengo elegida a la persona, porque hay un vínculo de amistad. Es decir, estás usando tu poder en el cargo para beneficair a una persona que es allegada a ti, no por un vinculo de sangre; sino por vínculo de amistad”, remarcó. En esa línea, señaló que se podría haber configurado el delito de colusión y esta podría ser considerada agravada puesto que se usó dinero del Estado para pagar el sueldo de la persona favorecida como locadora de servicio. Y, en el caso de Morgan Quero podría ser calificado como “autor mediato o instigador” del delito. “Lo que allí habría sería más una colusión. El ministro vendría a ser una especie de autor mediato o instigador porque no participa directamente en la contratación, porque él lo que tuvo que hacer es haber dado la orden a algún personal o gerente (para el contrato). Los autores directos son los que han participado en la contratación” Miguel Reyes, abogado penalista Explicó que el presunto delito de colusión simple se sanciona en el Código Penal con una condena no menor de tres años ni mayor de seis años; y en su condición agravada, es no menor de seis años ni mayor de 15 años de cárcel. “Pero aquí, sí hubo pagos a la señorita y si se demuestra el perjuicio particular. A mi modo de ver sí habría un perjuicio, porque nunca debió darse esa contratación ¿Por qué no la contrataste por CAS, por la 276 o 728? Porque seguro no existía ese puesto o el Minedu, en realidad, no necesitaba esos servicios y se lo crearon. Entonces, al crear ese puesto que no se necesitaba, estás generando un gasto perjudicando al Estado”, concluyó. De otro lado, el abogado penalista Ricardo Elías, explicó que Pedro Yomona, durante sus descargos a Cuarto Poder, en realidad está “confesando una contratación irregular”. “En este caso, el delito lo comete el funcionario público, y en este caso sería el ministro. Es decir, el ministro tendría responsabilidad por el posible delito de negociación incompatible. Esto es aquel funcionario que se interesa en la contratación de una persona. En

Dina Boluarte no habría necesitado llegar a la censura de su ministro del Interior, Juan José Santiváñez, pagando ambos un alto precio político, si antes hubiera tenido resuelto, como lo debe tener ahora, cuál es su papel como jefa del Estado frente a la mayor escalada de la violencia criminal de los últimos tiempos. Ese papel consiste en colocarse por encima de la organización política del país, respetando, por supuesto, las competencias de todos y cada uno de los poderes que lo integran. Si la propia mandataria reconoce que el problema de la inseguridad nacional desborda las competencias del sector Interior, la decisión y la acción siguientes no pasan, como ella dice, por designar a un nuevo ministro “tan leal y valiente” como Santiváñez. La decisión y acción siguientes, en una real y efectiva vuelta de página, pasan por tener ella que asumir definitivamente el liderazgo de Estado de una nación peligrosamente amenazada en su paz social, como en el tiempo del terrorismo. Boluarte tiene que romper con el viejo complejo de prescindir de la jefatura del Estado en circunstancias en que esta debe adoptar decisiones y acciones del más amplio espectro político. De ahí que no tengamos políticas públicas de largo plazo ni emprendamos batallas conjuntas contra amenazas que nos conciernen a todos. No son para menos la conmoción social que provoca a diario la ola de homicidios y el justo reclamo ciudadano por una respuesta de Estado que no sea la de las lamentaciones de siempre. ¿Cuál es el temor de Boluarte de adoptar decididamente el mando de Estado que le dan sus prerrogativas constitucionales? ¿No hay un solo cuadro burocrático que pueda construir eficientemente con ella ese mando? ¿No están capacitados para ello su primer ministro, Gustavo Adrianzén, y su ministro de Justicia, Eduardo Arana? ¿Qué le inhibe a ella tratar cara a cara con la fiscal Delia Espinoza y la magistrada Janet Tello Gilardi la supuesta liberación de criminales capturados por la policía? La presidenta debe y tiene que romper el hielo institucional dentro del Estado que ella misma aglomera con sus declaraciones de confrontación. La llamada Sala de Guerra que Boluarte dispone en Palacio de Gobierno tiene que reunir no solo a los ministros del Interior y Defensa y a los altos mandos militares y policiales, como parte del Ejecutivo, sino a los demás poderes del Estado involucrados directa y responsablemente en el combate contra la criminalidad, como el Congreso, la fiscalía y el Poder Judicial, no importa si bajo el nombre de un Consejo de Estado o de una alta instancia de coordinación intersectorial. Todos los allí representados tendrán que ponerse por encima de sus pequeños territorios de poder, influencia y conflicto. No hay mejor lugar que este Consejo de Estado o lo que se llame para ofrecerle al país un referente de confianza, más allá de los discursos de confrontación y de los pleitos burocráticos por estas o cuáles competencias. Un liderazgo de Estado podría cambiarle la vida y la suerte a Boluarte. *El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta. Source link