Tres aviones aterrizaron en El Salvador con 238 venezolanos y con 23 supuestos pandilleros salvadoreños de la Mara Salvatrucha (MS-13). La Presidencia salvadoreña divulgó un video de tres minutos con música de película de acción que muestra el traslado a la prisión de máxima seguridad. A los venezolanos se les ve eposados y con cadenas en las piernas. Antes de entrar en sus celdas fueron rapados. Bukele señaló que todos los venezolanos eran del Tren de Aragua.

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Las autoridades de Estados Unidos han informado que los 137 venezolanos acusados de ser miembros del Tren de Aragua fueron deportados a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma hecha para tiempos de guerra.

La deportación se llevó a cabo el mismo día en que el juez estadounidense James Boasberg bloqueó de manera temporal la capacidad del Gobierno de Trump para usar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar y dispuso el regreso de los aviones que iban a El Salvador, algo que no sucedió.

Según el acuerdo firmado entre Estados Unidos y El Salvador, los deportados permanecerán detenidos en el Cecot un año, tiempo que podría extenderse.

El caso de las personas que no han sido siquiera imputadas de delito alguno podría generar problemas legales tanto a EE.UU. como a El Salvador.

Consultado por El Comercio, Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano, dijo que en princio sí se están violando leyes internacionales que protegen a las personas.

“No se puede decir con certeza cuántas leyes internacionales se están violando, porque se desconcen los detalles de cada caso. Se sabe que 101 de ellos no eran criminales sino inmigrantes irregulares. En principio, por parte de Estados Unidos se estan violando la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, sostuvo Orozco.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todas las personas tienen derecho a no ser detenidas de manera arbitraria. Los migrantes tienen los mismos derechos humanos que los ciudadanos, sin discriminación alguna.

Específicamente, sobre los migrantes señala:

• Los Estados deben evitar la detención arbitraria, la tortura y las expulsiones colectivas.
• Los Estados deben tomar medidas para proteger a los migrantes de la violencia y los abusos.
• Los Estados deben aplicar medidas alternativas a la reclusión.

“También se deben estar violando leyes de El Salvador, ya que estas siguen el mismo principio del derecho humano. El Gobierno no ha informado sobre sus identidades. No han tenido derecho a un abogado y se les está privando de libertad. Son muchas las violaciones que han cometido tanto Trump como Bukele”, anotó Orozco.

En El Salvador, Cristosal, una ONG de defensa de los derechos humanos y de la democracia, advirtió en un comunicado que el encarcelamiento de los migrantes “podría constituir desapariciones forzadas de corta duración”, ya que “la detención de estas personas en suelo salvadoreño carece de fundamento jurídico”.

Cristosal explicó que “en esta situación los migrantes quedan aislados, sin que sus familias reciban información sobre su paradero, situación jurídica o estado de salud, a merced de un sistema carcelario ampliamente denunciado por violaciones a los derechos humanos”.

Agregó que la desaparición forzada es una grave violación de derechos humanos y un delito internacional reconocido en diversas convenciones. Sostuvo que las desapariciones forzadas de corta duración ocurren cuando “una autoridad o un actor que actúa con su consentimiento priva de libertad a una persona y se niega a reconocer su detención o a proporcionar información sobre su paradero, generando incertidumbre sobre su vida e integridad”.

“El principio de no devolución prohíbe a los Estados transferir o expulsar a una persona de su jurisdicción o control efectivo cuando existan razones fundadas para creer que enfrentará violaciones graves a sus derechos humanos”, señaló Cristosal.

Indicó que las personas afectadas o sus familiares pueden recurrir a mecanismos como el habeas corpus ante la justicia constitucional de El Salvador o presentar una comunicación al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas.

“El traslado de personas entre países, así como su detención en condiciones de total opacidad, no solo vulnera sus derechos fundamentales, sino que también sienta un peligroso precedente a nivel mundial”, advirtió Cristosal.

El Salvador está en régimen de excepción

desde el 27 de marzo del 2022. Se permite la detención de personas sin necesidad de informarles de inmediato los motivos ni garantizarles asistencia legal desde el inicio del proceso.

¿Cuándo una persona puede ser deportada?

La mundialmente conocida megacárcel de Bukele fue inaugurada el 31 de enero del 2023. Tiene una capacidad para 40.000 personas y fue construida para recluir a los “más peligrosos” pandilleros que operaban en El Salvador de las maras Salvatrucha y Barrio 18. En la actualidad hay al menos 14.500 reos.

En Estados Unidos, Donald Trump afirmó este viernes que los migrantes venezolanos deportados a El Salvador fueron sometidos a un proceso “muy riguroso” para verificar que formaban parte de la banda de crimen transnacional Tren de Aragua.

“Me dijeron que pasaron por un proceso de revisión muy riguroso y que eso continuará en El Salvador”, dijo Trump en declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca. No se refirió a los migrantes indocumentados sin antecedentes que fueron enviados al Cecot.

Manuel Orozco explicó a El Comercio cuáles son las condiciones que se deben cumplir en Estados Unidos para que una persona sea deportable.

Dijo que primero están aquellos que estando de manera irregular en Estados Unidos ya han recibido una orden de deportación. Estas personas aún tienen la opción de tener una audiencia judicial para apelar su deportación.

En segundo lugar están las personas con antecedentes criminales que han recibido una orden de deportación que debe ejecutarse de manera expedita. “Hay en el país mas de 400.000 personas con algún antecedente (muchos desde 1940) y con orden de deportación”, sostuvo Orozco.

En tercer lugar están aquellos que han sido detenidos en la frontera o han estado al menos 14 dias en el territorio estadounidense. “Estos son expulsados de inmediato”, dijo Orozco.

Sobre el grupo de 137 personas señaladas de pertenecer al Tren de Aragua, Orozco manifestó que hasta ahora no hay información oficial sobre las pruebas en su contra para que se determine si el debido proceso se ha cumplido o no.

“Se desconoce si estas personas eran individuos con antecedentes criminales cumpliendo condena, si era individuos que habían cumplido su condena y en vez de retornarlos a su país natal les extienden la sentencia en un tercer país. O si eran individuos que fueron capturados en la frontera y se determinó que eran miembros del Tren de Aragua”, explicó.

Orozco dijo que en el último caso, el de la detención en la frontera, el Gobierno tiene que llevar a las cortes pruebas de que la persona fue un individuo con referencia o antecedente criminal.