Este domingo, el día en el que los muertos bajo ataques israelíes en Gaza en el último año y medio han superado los 50.000, según el balance de las autoridades locales, el Gobierno de Israel ha esbozado lo que pretende que sea el armazón legal y administrativo con el que llevar a cabo el plan de deportación de los habitantes de la Franja palestina. Una operación de limpieza étnica, según el Derecho internacional. Así lo ha aprobado de madrugada el gabinete de seguridad, que toma las principales decisiones de la guerra. Al tiempo, cientos de gazatíes siguen muriendo como parte de la nueva ofensiva desatada desde que el martes el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenara de forma sorpresiva la ruptura del alto el fuego alcanzado en enero con Hamás. Entre los fallecidos en las últimas horas se encuentra un relevante líder de la milicia islamista, Salah al Bardaweel, de 66 años, según ha comunicado Hamás —no así las autoridades de Israel—, que detalla que ha perecido junto a su mujer bajo las bombas en la localidad sureña de Jan Yunis. A propuesta del ministro de Defensa, Israel Katz, el gabinete de Netanyahu ha sacado adelante la propuesta de establecer un nuevo organismo dentro de ese ministerio que será el encargado de intentar que los palestinos abandonen Gaza, según un comunicado publicado por medios locales. Pese a todos los argumentos en contra, Katz defiende que se trata de una iniciativa dentro del Derecho israelí e internacional. El objetivo, según el texto, es “preparar y permitir el paso seguro y controlado de los residentes de Gaza para su salida voluntaria a terceros países”. Eso incluye “asegurar su movimiento, establecer rutas de movimiento, controlar a los viandantes en los cruces designados en la Franja de Gaza, así como coordinar la provisión de infraestructura que permitirá el paso por tierra, mar y aire a los países de destino”. El máximo responsable de esta operación será anunciado por Katz en breve, añaden medios israelíes citando la misma fuente. Además de la ilegalidad de esa operación y del rechazo generalizado que ha mostrado la comunidad internacional a la expulsión de los gazatíes, el Ejecutivo israelí no ha encontrado aún países de destino para esos cientos de miles de ciudadanos. Lo ha intentado, primero, con Jordania y Egipto, y después, con Sudán, Somalia y la autoproclamada república de Somalilandia. Tampoco ofrece detalles el Gobierno sobre cómo llevará a cabo esas expulsiones disfrazadas bajo el eufemismo de salidas voluntarias del territorio. Más información El plan de deportación supone otra estrategia de presión que se une a la militar. Muy pocos, en todo caso, ven dentro y fuera de Israel como realizable esa “limpieza” del enclave palestino, donde viven 2,3 millones de personas, pese a que haya sido ampliamente comentada y defendida por propio Netanyahu y por el principal responsable de la iniciativa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. De hecho, Katz ha recordado que lo aprobado por el gabinete de seguridad este domingo se hace “conforme a la visión del presidente de Estados Unidos” y para “permitir que cualquier residente de Gaza que quiera mudarse a un tercer Estado lo haga”. El líder republicano llegó a decir, nada más tomar posesión en enero, que su intención es vaciar Gaza, que Washington tome el control de la Franja y rehabilitar ese territorio de 365 kilómetros cuadrados para convertirlo en algo así como un paraíso turístico a orillas del Mediterráneo. Mientras, se extiende la operación terrestre del ejército israelí, que ya golpea el norte, centro y sur de la Franja sin que los países mediadores (Qatar, Egipto y Estados Unidos) logren imponer la negociación frente a la maquinaria bélica y sin que la comunidad internacional actúe. En las últimas horas los militares han extendido su presencia a la localidad septentrional de Beit Hanun, vecina de Beit Lahia, ocupada ya esta semana, en un intento, según los portavoces castrenses, de evitar amenazas y ataques desde allí sobre territorio israelí. Las tropas de ocupación siguen operando también en el corredor Netzarim, que divide en dos el enclave, y en la más meridional de las localidades, Rafah. Se trata de zonas que Israel había abandonado desde la entrada en vigor del alto el fuego acordado el pasado 19 de enero con Hamás. Ahora, junto a los bombardeos desde el aire y el avance de la infantería y los carros de combate, el estamento militar está ordenando también de forma cotidiana movimientos forzosos de la población. Este domingo han lanzado amenazas a vecinos del barrio de Tel Sultán, en Rafah, que las tropas dan por rodeado dentro de una campaña que consideran “antiterrorista”. Israel, sin embargo, no ha informado de la muerte de Salah al Bardaweel, considerado un histórico líder de Hamás en la Franja y hombre próximo al líder del movimiento, Yahia Sinwar, muerto en combate el pasado octubre. En medio de esa violencia, los muertos en Gaza bajo ataques de las tropas de ocupación de Israel han alcanzado los 50.021 y los heridos son ya 113.274, según el Ministerio de Sanidad palestino. Son las cifras de la masacre desde que comenzó la guerra el 7 de octubre de 2023 con la matanza de unas 1.200 personas liderada por Hamás en territorio israelí. Hay aparte, según añaden las autoridades locales, miles de víctimas más que no engrosan todavía esa lista porque corresponden a personas declaradas desaparecidas mientras no se rescaten sus cuerpos de entre los escombros o se aclare su paradero. La calle presiona contra Netanyahu En Israel siguen registrándose manifestaciones a las que acuden decenas de miles de personas, sobre todo en Tel Aviv y Jerusalén, para exigir el fin de la guerra, un acuerdo con Hamás para liberar a los 59 rehenes (vivos o muertos) que aún están retenidos en la Franja y que el Gobierno ponga fin a lo que consideran una deriva antidemocrática de la coalición ultraderechista. La ruptura del alto el fuego, el intento de responsabilizar a Hamás de la nueva escalada, el bloqueo de