20 de marzo de 2025

El juicio contra Pedro Castillo y tres de sus exministros por el golpe de Estado se reanudó este jueves a las 9 de la mañana en la sala de audiencias del Poder Judicial en el complejo policial Dinoes, contigua al penal de Barbadillo. El proceso es dirigido por los jueces de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. Sigue aquí la audiencia EN VIVO SIGUE AQUÍ LOS DETALLES 09:45 horas El médico legista indica que el resultado de la evaluación de Pedro Castillo sigue siendo de lumbalgia (dolor de espalda) por sus antecedes de hernias en la zona y gastritis crónica, además de mareos. Indica que puede estar en la audiencia, pero no por muchas horas. 09:30 horas A pedido de la defensa de Pedro Castillo, la sala dispone que un médico legista evalúe el estado de salud del acusado de cara a su presencia en la sala de audiencias. Se da un receso. 09:15 horas #AHORA Luego de tres audiencias consecutivos en la que se autorizó su ausencia por motivos de salud, Pedro Castillo asiste a la audiencia de hoy de su juicio por el golpe de Estado. Al momento de la acreditación, sin embargo, se niega a acreditarse @Politica_ECpe pic.twitter.com/Fj8nVb7uoo — Víctor Reyes Parra (@nekroRP) March 20, 2025 Para esta sesión están citados cuatro nuevos testigos de la fiscalía: Alejandro Salas, ministro de Trabajo al momento del golpe; Luis Matkovich Lazarte, exedecán FAP de Pedro Castillo; Luis Mendieta Gavilondo, exjefe del gabinete técnico de asesores de Pedro Castillo; y Juan Navarro Pando, secretario general del Ministerio de Cultura durante la gestión de Betssy Chávez y durante el día del golpe. LEE TAMBIÉN | Exjefe del Ejército afirma que Pedro Castillo buscó cambiarlo antes del mensaje golpista: los detalles de su reunión en el día del golpe En la audiencia previa, el expresidente se ausentó por tercera sesión consecutiva. El director y el médico del penal de Barbadillo indicaron que el reo estaba convaleciente tras ser tratado por una lumbalgia (dolor de espalda), por lo que lo más recomendable era que no acuda presencialmente a la sala. El propio exmandatario firmó un acta indicando ello. La sala concluyó que, ante la nueva ausencia de Pedro Castillo por los motivos médicos alegados, “por ahora no cabe ninguna medida extrema” como la suspensión del juicio o su “conducción compulsiva”. Sin embargo, también se ordenó que sí acuda presencialmente este jueves, para lo que deberá ser llevado de su celda a la sala de audiencias. La fiscalía pide 34 años de prisión para Pedro Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilida de pública. También son acusados la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez; su exasesor principal y exjefe del gabinete, Aníbal Torres; y el exministro del Interior Willy Huerta; además de dos policías. Source link

El Ministerio Público le imputa a Santiváñez, a raíz de la declaración de dos testigos protegidos, haber cobrado, al menos, US$20 mil para ejercer influencias a favor de sus clientes, cuando ejercía el derecho penal, ante el Tribunal Constitucional, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Precisamente, por esta indagación, la Fiscalía de la Nación solicitó a la Corte Suprema de Justicia que dicte una orden de impedimento de salida del país por 18 meses en contra del titular del Mininter. Y sustentó su pedido el último viernes en una audiencia pública, donde el fiscal Luis Alberto Ballón detalló que cuenta con “más de mil mensajes de WhatsApp, 77 audios y 34 imágenes y archivos PDF” que habría intercambiado Santiváñez con una tercera persona vinculada al interno Miguel Marcelo Salirrosas. Lee también: Más de 1.800 homicidios en la gestión de Santiváñez en el Mininter: ¿Cuántos asesinatos se han registrado durante el mandato de Boluarte? De acuerdo con el testigo protegido N°01-2025, el cuestionado abogado le dijo que el dinero era para “asegurar el tema” y como una garantía para que se declare fundado un recurso de Miguel Salirrosas, un policía involucrado en el Caso Los Pulpos. Santiváñez le habría indicado que “no se preocupara, porque tenía contactos en la Segunda Sala del Tribunal Constitucional”. Ballón refirió que de las conversaciones-alcanzadas por un segundo testigo protegido de clave 02-2025-se ha verificado que los depósitos de dinero se hicieron en tres armadas de US$10.000, US$9.700 y US$300. No obstante, luego de la audiencia en el TC, el hoy ministro del Interior se excusó tras conocer que el ponente votaría en contra de sus intereses. El 7 de marzo del 2024 se declaró infundado el recurso de agravio constitucional y posteriormente, en mayo, ocurrió lo mismo con el recurso de aclaración. Según uno de los testigos protegidos, cuando Santiváñez ya estaba al frente del Mininter habría continuado con las negociaciones, por lo menos hasta setiembre último. Esta persona agregó que grabó una reunión en la oficina del ministro, donde este le afirmó que ahora tenía “más posibilidades aprovechándose del cargo con más allegados en el TC”. En la resolución que autorizó el allanamiento a Santiváñez, el juez supremo Juan Carlos Checkley indicó que la medida tiene fines de incautación de bienes muebles, documentos, instrumentos y otros relacionados al proceso penal, constitucional y administrativo (ante el INPE) de Salirrosas. Agregó que estos podían ser agendas, cuadernos, celulares, soportes electrónicos de almacenamiento de datos, entre otros. (Foto: El Comercio) En el documento, al que tuvo acceso El Comercio, el magistrado remarcó que el allanamiento “es razonable”, porque los elementos que puedan ser hallados “pueden contener información relevante” para la investigación en contra del titular del Mininter. Además, Checkley subrayó que, si bien la medida judicial afecta el derecho al secreto de las comunicaciones del cuestionado abogado, “también es cierto que la limitación a dicho derecho es de menor intensidad frente a la obligación del Estado de investigar y sancionar los delitos cometidos por funcionarios públicos”. Rechaza las imputaciones El ministro del Interior rechazó las imputaciones de la Fiscalía de la Nación y dijo que el dinero que le depositaron fueron sus “honorarios” por llevar el proceso de Salirrosas en primera, segunda y tercera instancia en el Poder Judicial e ir al Tribunal Constitucional. Añadió que no conoce a los magistrados del TC y que su recurso fue declarado infundado. “Esta información es absolutamente falsa. Efectivamente, hay un monto que nosotros gestionamos como honorarios profesionales, jamás he gestionado un tema en el Tribunal Constitucional, no conozco personalmente a ninguno de los magistrados y no tengo ninguna relación con ellos”, manifestó en declaraciones a la prensa en las afueras de su domicilio. Lee también: Santiváñez enfrenta cuatro mociones de censura en el Congreso: quiénes fueron los últimos en firmar y cómo votarían las bancadas Santiváñez calificó como “un show mediático” el nuevo allanamiento a su casa. El 3 de marzo se dio la primera diligencia de este tipo, pero fue otra pesquisa: la de presunto abuso de autoridad. El ministro es señalado de tomar represalias contra el capitán PNP Junior Izquierdo, quien fue reasignado a Moquegua como policía comunitario tras difundir audios que lo comprometen. (Foto: Mario Zapata | GEC) En aquella oportunidad, el titular del Mininter recibió el respaldo de la presidenta Dina Boluarte, quien minimizó las investigaciones contra el funcionario, los cuestionamientos a la gestión de este en la lucha contra la criminalidad y arremetió nuevamente contra el Ministerio Público y la prensa. “Pueden allanar la casa de todos los ministros si quieren, pueden allanar el despacho de todos los ministros si así dispone la fiscalía, que está jugando en pared con esta mala prensa para dar un golpe de Estado blanco [sic]”, aseguró la mandataria durante una actividad oficial en Chorrillos y refirió que Santiváñez “continuará siendo ministro del Interior y seguirá limpiando ese ministerio de los caviares que lo habían capturado”. Lee también: Necesaria, pero no suficiente La otra defensa Desde el Congreso, el tercer vicepresidente de la Mesa Directiva, Alejandro Cavero (Avanza País), calificó de “podrido” al Ministerio Público por allanar, por segunda vez en este mes, la vivienda de Santiváñez. A pesar de esta postura, el parlamentario adelantó que votará a favor de la censura de la alta autoridad del Ejecutivo. “El señor Santiváñez no es ningún santo, pero a mí me queda clarísimo cuáles son las prioridades del Ministerio Público en este momento. En lugar de estar allanando las casas de delincuentes, extorsionadores, secuestradores, está allanando nuevamente la casa del ministro del Interior. Entonces, el Ministerio Público está podrido”, manifestó a la prensa en el Parlamento. (Foto: Archivo GEC) Una postura similar tuvo la congresista Adriana Tudela (Avanza País), quien, a través de su cuenta de X, consideró que el allanamiento a la casa del ministro del Interior es un “show ridículo”. “¿Para qué allanar la misma casa dos veces en cuestión de días? Además de ser una admisión de absoluta ineptitud, las

La iniciativa propone modificar los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 y 10 y 11 del Decreto Legislativo N° 1106, que se refiere a la lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado. LEE TAMBIÉN | Adrianzén confía que luego de presentación de Santiváñez se disipe intención de censurarlo El documento de 29 páginas tiene su origen en el proyecto de ley 8342/2023-CR, presentado por Waldemar Cerrón, en julio del 2024. Cabe resaltar que el parlamentario perulibrista es investigado junto a su hermano, el prófugo Vladimir Cerrón, por el presunto delito de lavado de activos. El texto se iba a debatir inicialmente en la sesión de este miércoles 19 de marzo, pero no fue abordado y podría verse la próxima semana. En el artículo 1 del referido decreto legislativo, se pretende que solo se condene por actos de conversión y transferencia de dinero, bienes, etc., a quienes tengan conocimiento de su origen ilícito. Para especialistas consultados por El Comercio, este argumento sería utilizado por aquellas personas implicadas en delitos relacionados con la minería ilegal y les abriría el camino para que puedan librarse de un proceso judicial bajo el argumento que desconocían el origen ilícito del dinero o bien que transfirieron. Propuesta Norma actual Artículo 1º.- Actos de conversión y transferenciaEl que, a sabiendas de su origen ilícito, convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa e inhabilitación de cinco a veinte años de conformidad con los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 del Código Penal. Artículo 1º.- Actos de conversión y transferenciaEl que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa. LEE TAMBIÉN | La exasistente de Dina Boluarte y su papel clave en la investigación por abandono de cargo En el artículo 2, la propuesta es similar: buscan que solo se imponga una pena a quien “a sabiendas de su origen ilícito” adquiere, utiliza, posee, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias. Este delito tiene una condena de pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa e inhabilitación de cinco a veinte años. Propuesta Norma actual Artículo 2º.-Actos de ocultamiento y tenencia El que, a sabiendas de su origen ilícito determinado, adquiere, utiliza, posee, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa e inhabilitación de cinco a veinte años de conformidad con los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 del Código Penal. Artículo 2º.-Actos de ocultamiento y tenenciaEl que adquiere, utiliza, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa. La modificación al artículo 3 va en la misma línea. Propone que solo sean sancionados quienes transportan o trasladan consigo o por cualquier medio dentro del territorio nacional dinero en efectivo o instrumentos financieros negociables “conociendo su origen ilícito determinado”. Propuesta Norma actual Artículo 3º.-Transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de dinero o títulos valores de origen ilícito El que transporta o traslada consigo o por cualquier medio dentro del territorio nacional dinero en efectivo o instrumentos financieros negociables emitidos “al portador”, conociendo su origen ilícito determinado, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso; o hace ingresar o salir del país consigo o por cualquier medio tales bienes, cuyo origen ilícito conoce, con igual finalidad, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa e inhabilitación de cinco a veinte años de conformidad con los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 del Código Penal. Artículo 3º.-Transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de dinero o títulos valores de origen ilícitoEl que transporta o traslada dentro del territorio nacional dinero o títulos valores cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso; o hace ingresar o salir del país tales bienes con igual finalidad, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa. Predictamen también plantea establecer nuevas reglas en el proceso de la investigación por lavado de activos. Por ejemplo, el fiscal solo podrá solicitar al juez el levantamiento del secreto bancario, la reserva tributaria y la reserva bursátil, así como requerir el levantamiento del secreto de las comunicaciones “previa acreditación de la concurrencia de evidencias ilícitas”. Además, dispone que la autorización judicial emitida debe estar “debidamente motivada” y “podrá ser objeto de nulidad una vez que obligatoriamente se corra traslado a la parte investigada de todo el contenido de la información obtenida después de cinco días de haberse obtenido la última información de indagación requerida, bajo nulidad”. “La información obtenida en estos casos sólo será utilizada en relación con la investigación de los hechos que la motivaron”, añade.